Month: December 2014

Definiciones en el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal

Sospechoso identificadoPrueba admisible: Característica necesaria del elemento de prueba para su incorporación al proceso sobre la base de su legalidad, utilidad, pertinencia y relevancia.

Acreditación: Mecanismo utilizado durante una audiencia para la autenticación o identificación de los medios de prueba recibidos y exhibidos con el propósito de convencer al juez o tribunal respecto a su credibilidad.

Autenticación: Mecanismo mediante el cual se sientan las bases para la admisión como prueba de un objeto o documento.

Base probatoria: Mecanismo utilizado durante la audiencia mediante la declaración de un testigo o perito a fin de incorporar objetos, documentos y otros medios de prueba.

Calificación de perito: Mecanismo utilizado por las partes a fin de proporcionar al tribunal la información necesaria para establecer la calidad habilitante respecto del tema de tipo científico o técnico para el cual ha sido propuesto el testigo pericial.

Conocimiento personal: Condición necesaria para admitir la relación de hecho presentada a través de prueba testimonial no pericial.

Declaración: Exposición de la existencia o inexistencia sobre un hecho o situación de derecho.

Defensa de coartada. Aquella que mediante evidencia clara y convincente logre establecer la imposibilidad material de que el imputado sea autor, coautor o cómplice del hecho que se le atribuye.

Elementos de prueba: Conjunto de indicios y/o evidencia física que sostiene la pretensión de una parte.

Estipulación: Acuerdo bajo supervisión judicial que implica un desistimiento formal de las partes de hacer oposición sobre la cuestión tratada.

Evidencia física: Cualquier cosa, desde objetos a trazas microscópicas que pueda ofrecer cualquier tipo de indicio relevante para la investigación.

Impugnación: Técnica utilizada por las partes a fin de afectar de forma negativa la credibilidad del testigo o perito u otro medio de prueba, o para lograr su exclusión del debate.

Acreditación de la pruebaIncorporación de pruebas: Acto judicial de introducir los elementos de prueba obtenidos por las partes.

Integridad de la prueba: Condición necesaria para la admisibilidad de una evidencia física mediante el establecimiento de una cadena de custodia.

Interrogatorio: Se refiere al examen de testigos o peritos a través de preguntas dirigidas a establecer la existencia de un hecho alegado.

Legitimación de la prueba: Admisión por parte del tribunal de los elementos de prueba aportados por las partes, luego de un examen previo respecto a su legalidad y pertinencia.

Materia privilegiada: Se trata de derechos de confidencialidad que tiene el testigo para negarse a prestar información considerada secreta por haber sido recibida con expectativa de confidencialidad, siempre que la ley le acuerde tal derecho.

Objeción: Es el mecanismo legal que puede ser utilizado por las partes durante el conocimiento de una causa a los fines de manifestar su oposición a la formulación de una pregunta o respuesta, argumento, actitud de los sujetos procesales considerada indebida o a la presentación de evidencia inadmisible y cualquier otra actuación contraria a la reglamentación procesal.

Oferta de pruebas: Se refiere a la acción material de una parte de poner en conocimiento de las demás, la prueba que habrá de presentar en la audiencia correspondiente.

Prueba circunstancial: Se refiere a aquella que prueba un hecho del cual se infieren otros.

Prueba demostrativa o ilustrativa: Se refiere a aquella utilizada para explicar, clarificar o visualizar un hecho a través de cualquier medio ilustrativo.

Prueba directa: Aquella que por sí sola demuestra la existencia de un hecho en controversia.

Prueba preconstituida: Se refiere a aquella prueba elaborada por la parte que la presenta con miras a su utilización en la eventualidad de un proceso posterior.

Prueba real: Aquella que forma parte de los hechos del caso.

Rehabilitación de testigo: Mecanismo mediante el cual la parte que presentó a un testigo impugnado procura reestablecer su credibilidad o la de su testimonio.

Testigo reticente: Persona citada a declarar como testigo que no comparece o que se niega a satisfacer el objeto de la citación.

Testigo hostil: Testigo o persona que al prestar declaración, varía su testimonio respecto de otro que haya formulado anteriormente, ya sea por ante otra autoridad o jurisdicción, como al proponente.

Síndrome de la mujer maltratada: Afección de tipo psicológico, provocada en la mujer por su pareja, por medio de violencia ejercida sobre ésta como patrón de conducta, que por su frecuencia e intensidad ha disminuido su autoestima y anulado su capacidad de percibirse a sí misma como un ente con los valores y derechos inherentes a su condición humana, provocándole una obnubilación total o parcial de sus sentidos.

Supuestos exculpatorios: Conjunto de circunstancias utilizadas por el imputado como medio de defensa, con el propósito de desvirtuar la acusación sobre la base de la legitimidad y justificación de su actuación.


Valor probatorio:
El peso que merece al juzgador determinada evidencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todos los elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y pertinencia, de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal.

Interrogatorio Re-directo: Segundo interrogatorio realizado por la parte proponente del testigo o perito, a los fines de rehabilitar su credibilidad, luego de este haber sido sometido al contra-interrogatorio por la parte adversa.

Re-Contra interrogatorio: Segundo interrogatorio realizado al testigo o perito, por la adversa al que lo propone a los fines de reafirmar su impugnación.

Fuente: Resolución No. 3869-2006 Suprema Corte de Justicia

Garantías del debido proceso

Debido Proceso
Garantías del debido proceso

El debido proceso, entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley en cada caso concreto, se rige, en un Estado constitucional y democrático de derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguran la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva, en un juicio justo para las partes.

En el marco de un Estado de derecho el debido proceso está sustentado también en otros principios jurídicos, a saber: principios de bilateralidad; contradicción; moralidad del debate; y economía procesal, entre otros.

El derecho internacional reconoce principios y garantías del debido proceso que son comunes a ambas partes en el proceso judicial, algunas de las cuales tienen carácter de garantías inderogables no susceptibles de suspensión o limitación en ninguna circunstancia.

Entre los principios, derechos y garantías comunes se pueden mencionar los siguientes:

Principio de legalidad;

Principio igualdad ante la ley y los tribunales de justicia;

Principio de publicidad procesal;

Derecho de acceso a la jurisdicción;

Derecho a un juez competente, independiente e imparcial;

Derecho a un juez natural, predeterminado por la ley;

Derecho a la tutela judicial efectiva;

Derecho a un juicio justo;

Derecho a un trato humano;

Derecho a la celeridad judicial; y

Derecho a un recurso efectivo.

Fuente: Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia, Estudio Constitucional Comparado, por Florentín Meléndez, Pag. 44, 45 y 46.

 

JCE fija hasta 10 enero 2015 validez vieja cédula identidad

Documento de identidad República Dominicana
Nueva cédula República Dominicana

La Junta Central Electoral informó que la vieja Cédula de Identidad y Electoral, cuya expedición inició en el año 1998, caducará a partir del próximo 10 de enero del año 2015, por lo que a partir de esa fecha sólo tendrá validez el nuevo documento de identidad que se expide en el país desde abril del presente año.

La decisión fue adoptada por el Pleno de la Junta Central Electoral, mediante Resolución No.05-2014, aprobada en sesión ordinaria celebrada este lunes 15 de los corrientes, cuyos resultados fueron ofrecidos en el transcurso de una rueda de prensa por el periodista Félix Reyna, director de Comunicaciones, en representación del Presidente de la institución, Magistrado Roberto Rosario Márquez.
Explicó que para emitir la referida resolución, el Pleno de la Junta Central Electoral tomó en consideración el Artículo 1 de la Ley 26-01, de febrero del año 2001, que señala que “se modifica el Artículo 5 de la Ley No. 8-92, que establece la Cédula de Identidad y Electoral, para que a partir de la promulgación de la presente, la Cédula de Identidad y Electoral tenga una validez de diez años, desde el año de su expedición hasta la fecha de su próximo cumpleaños, dentro del mismo año calendario”.
En ese sentido, el artículo Primero de la citada normativa declara la caducidad o vencimiento del actual documento de Identidad y Electoral, vigente, cuya emisión data del año 1998 (Cédula Amarilla), utilizado por sus portadores para la realización de los actos de la vida civil. No obstante todos los centros de cedulación en el país y el exterior continuarán expidiendo el nuevo documento para que las personas que hasta la fecha no han podido obtenerlas.La fecha límite para la vigencia de dicho carnet es el día diez (10) de enero del 2015, fecha a partir de la cual la única Cédula de Identidad y Electoral que tendrá validez será el nuevo documento Biométrico de Identidad que se está expidiendo en todos los centros de cedulación de la Junta Central Electoral, diseminados en toda la geografía nacional y en las ciudades de diferentes países donde residen importantes comunidades en el exterior.

Recuerda la medida “Que la Cédula de Identidad y Electoral es el único documento de Identificación legalmente emitido con el cual los ciudadanos y ciudadanas dominicas así como los extranjeros con residencia legal en el país, realizan los actos y actividades de la vida civil, así como el ejercer su derecho al voto, para el caso de los que poseen el documento correspondiente”.

La referida Resolución dispone que las oficinas y centros de cedulación continúen brindando el servicio de renovación y expedición de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, para los casos de los ciudadanos y ciudadanas que no hayan acudido en el tiempo previsto.

El maestro de cedulados, que incluye a militares, policías, menores entre 16 y 18 años y extranjeros residentes legalmente en el país, tiene en la actualidad 7,373,568 de personas inscritas, de las cuales ya se han atendido un total de 4,694,330, para un (63.66) por ciento.

Mientras, que el total de Cédulas retiradas asciende a unos 4,471,194 personas, para un 60.64 por ciento, en tanto que 71,046 documentos de Identidad y Electoral están a la espera de ser retiradas por ciudadanos y ciudadanas que ya aportaron sus datos biométricos y otras informaciones necesarias para esas expediciones.

Al mismo tiempo, la Junta Central Electoral informó que un total de 2,888,284 millones de personas actualizaron sus direcciones, 2,115,806, actualizaron su tipo de sangre y la cantidad de 1,112,942 actualizaron sus ocupaciones. Además otro dato importante es que 256,736 personas actualizaron su Estado Civil, mientras que la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que agregaron datos de Actas asciende a 95,184. Actualizaron sus datos del sexo unas 3,935.

Se destaca también que los diez Municipios con mayor cantidad de renovaciones de sus habitantes son Jaquimeyes con un 73.21 por ciento, Las Salinas con 72.56 y Las Terrenas 72.09 por ciento. Además Cristóbal con el 71.68 por ciento; Fundación, con 71.13 por ciento y San Antonio de Guerra, de la Provincia de Santo Domingo, con el 69.77 por ciento de sus habitantes cedulados a la fecha.

En tanto, que los Centros de Cedulación en el exterior han atendido un total de (68,626) ciudadanos y ciudadanas, destacándose que en la ciudad de Nueva York 19,651 criollos han obtenido su nueva cédula para un (20.25) por ciento. En Madrid, España 8,073, para un 12.95 por ciento, en tanto que en New Jersey, 7,812 personas para un 12.53 por ciento. En San Juan, Puerto Rico 7,228 para un (11.59) por ciento.

Además, en Miami, Florida, Estados Unidos han sido empadronados unos 2,736, para un 4.39 por ciento. En Zurich, Suiza, 1,334, un 2.14 por ciento. Panamá (1,142), (1.83). En Milano, Italia, (300), (0.48) por ciento. Philadelfia 274 , un 0.44 por ciento.

Fuente: JCE

Dirección de Comunicaciones

TC anula artículo 32 de la ley 10-04 de Cámara de Cuentas

El Tribunal Constitucional dispuso la nulidad, por  violar la Carta Magna,  del artículo 32 de la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, que obliga a las instituciones  y organismos del Estado a pedir autorización a ese órgano fiscalizador para contratar firmas privadas seleccionadas mediante concurso.

El TC acogió una acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el Banco Central el 25 de septiembre del 2005, contra los artículos 32 y 35 de la ley 10-04, sobre la Cámara de Cuentas, del 20 de enero de 2004.

El Banco Central (BC) solicitó al TC que anule el artículo 32 de esa ley, por considerar que exigirle legalmente que obtenga una autorización de otro órgano constitucional (en este caso la Cámara de Cuentas) para poder contratar una firma privada que fiscalice externamente sus operaciones y gestión, como establece el artículo 16.b de la Ley Monetaria y Financiera,  constituye una vulneración a la autonomía que le ha conferido el artículo 111 de la Constitución de 2002 y mantenida en el 225 de la Constitución de 2010.

El TC señaló que la acción en inconstitucionalidad fue sometida por el BC por ante la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, a consecuencia del requerimiento realizado por la Cámara de Cuentas de dar cumplimiento a los artículos 32 y 35 de su ley orgánica, de la obligación de sujetarse a la autorización previa y expresa para contratar firmas privadas que realicen auditorías externas de sus operaciones.

Según el expediente, el BC procuró hacer valer ante la Cámara de Cuentas, por vía de intercambio de comunicaciones, que el contenido de tales artículos no aplica para aquellas instituciones que,  como el BC, son de carácter autónomo por disposición del orden constitucional. Agrega que esa forma de entender la autonomía constitucional no fue asumida por la Cámara de Cuentas, que reiteró al BC su facultad exclusiva para ejercer a través de la auditoría gubernamental el control externo de las instituciones del Estado.

El TC también declaró no conforme con la Constitución, la siguiente expresión del artículo 35 de la Ley No. 14-04:  “Las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público”.

Información Pública
Además, el TC estableció, por otra parte, que  el ámbito de aplicación de la Ley  200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, no solo concierne a las entidades públicas que reciben fondos públicos, sino también a las entidades privadas que ejerzan funciones públicas o que puedan ser beneficiarias de subvenciones suministradas por el Estado dominicano.

Consideró que el artículo 6 de la ley solo exime a esos organismos e instituciones de derecho privado,  de asignar un responsable de acceso a la información (RAI) y de organizar una oficina de acceso a la información (OAI).

Fuente: Listin Diario 19 Diciembre 2014,

Por Wanda Méndez