Concepto del delito político en el derecho internacional

Delito Político Internacional

En cuanto respecta a la ley penal es delito político todo aquel que ofende un interés político del Estado o un derecho del ciudadano. Se considera también delito político el delito común total o parcialmente determinado por motivos políticos.

De la disposición antes aducida se infiere, ante todo, que el delito político puede ser directo o indirecto.

Es delito político directo el que ofende un interés político del Estado. Por interés político del Estado debe entenderse el interés que es propio del Estado, como tal, globalmente considerado; en otras palabras, el que atañe a la vida del Estado en su esencia unitaria (integridad del pueblo y del territorio, independencia y honor del Estado, paz exterior, forma de gobierno, etc.). No entran, por tanto, en esta categoría los delitos que ofenden los intereses del Estado como poder administrativo (organización y actividad de la administración estatal) y como poder judicial (ordenamiento y función judicial).

Son delitos políticos indirectos, en cambio, los que ofenden un derecho político del ciudadano, es decir, el poder jurídico (derecho y no simple interés) que tenga el ciudadano de participar inmediata y activamente en la vida del Estado, desempeñando un cargo público o cumpliendo una función pública (ejemplo: el derecho al cargo de un senador, el derecho electoral).

A los delitos políticos propiamente dichos se equiparan (se “consideran” políticos, dice el Código) los delitos comunes total o parcialmente determinados por motivos políticos (delito subjetivamente político). El motivo, esto es, la finalidad por la que ha obrado el individuo, es político cuando atañe a la existencia, constitución y funcionamiento del Estado. No basta una finalidad puramente social, razón por la cual una huelga, por ejemplo, con finalidades económicas, que culminara en manifestaciones de violencia, no podría dar lugar a un delito político.

En esta última categoría quedan comprendidos sin duda alguna los delitos anárquicos o terroristas, naturalmente cuando no se trate de delitos objetivamente políticos, como, por ejemplo, el atentado contra el jefe del Estado.

Obsérvese que para considerar político un delito común no se exige que el hecho haya sido exclusivamente determinado por un motivo político: basta que lo haya sido solo en parte.

Agréguese que un delito no pasa a ser político solo porque haya sido cometido con ocasión de tumultos políticos, sino que se necesita que sea el medio con que se persigue una finalidad política.

Mariano Ruiz Funes, en su hermoso libro Evolución del delito político, ha tratado de su concepto con máxima erudición y elevado sentido liberal. Harto sabido es que existen varios criterios para definirlo. El que atiende al bien jurídico lesionado, y que es meramente objetivo, y el que explora el móvil, adoptando así principios, subjetivos. Ordinariamente se vincula a la Escuela positiva la doctrina del móvil en el delito político, cuando en realidad podemos decir que se trata de una tradición francesa y que viene de los tiempos revolucionarios. En la ley interior de Francia sobre el tema de extradición, dictada en 1927, se atiende apreciar el Estado requerido.

Con todo, no ha sido fácil hallar una definición que a todos contente. Cuando se preparaba la Conferencia de Copenhague, que se celebró en 1935, formamos un comité Internacional para formular el concepto de delito político, principalmente referido a la extradición tradición. A pesar de que hubimos de buscar el criterio sincrético, lo cierto es que, en el instante del voto, abrió paso la noción del móvil.

Como es sabido, no sólo se exceptúa de la entrega al delincuente político, sino también cuando la demanda tiene como fin perseguirle por una infracción política. En esto se amparó Holanda para negar la entrega del Káiser cuando le fue pedida por los aliados.

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