Month: October 2015

Prevención y control de la violencia

Una vida sin violencia

La violencia suele expresarse en muy diferentes formas del comportamiento de las personas y en ámbitos también diversos. Si bien se trata de un problema que se inscribe dentro de la fenomenología latinoamericana, ello no relativiza ni le quita dramatismo a la cuestión en nuestro país, pues tanto la violencia intra-familiar como la violencia social presentan un alarmante crecimiento, maximizando la sensación de inseguridad de la población.

Pese a la preocupación que genera la violencia y a su impacto real en la interacción social, sus factores desencadenantes no han sido estudiados en nuestra realidad en forma satisfactoria. Por ejemplo, es bastante frecuente mencionar el uso de alcohol o de estupefacientes asociado a ciertos delitos violentos (homicidios, robos, muertes por imprudencia, etc.), pero no existen estudios serios sobre la incidencia real de estos factores. Lo mismo ocurre con la tenencia legal o ilegal de armas.

Por otra parte, los estudiosos suelen remarcar la multicausalidad de la violencia, que es propia de las sociedades modernas, en especial en las grandes ciudades. El origen a veces está en el mismo ámbito familiar (en el que se producen y reproducen conductas violentas); en otros casos, aparece y se aprehende en la escuela o se manifiesta en otros ámbitos de la vida social.

Para poder prevenir los hechos de violencia deviene necesario conocer con mayor profundidad este fenómeno, a fin de poder encarar acciones de promoción de formas de convivencia pacífica y de tolerancia. Las grandes ciudades suelen maximizar y diversificar las manifestaciones violentas.

Entre las prioridades en relación a la violencia destacamos la necesidad de encarar acciones orientadas a: a) la violencia intrafamiliar: a fin de prevenir y limitar, los abusos de diversa índole (físico, sexual y psicológico) que se manifiestan en el ámbito familiar (programas para la pareja, programas de detección temprana de abuso en niños, programas de protección, etc.); b) la violencia en las escuelas, a efectos de desarrollar mecanismos de prevención anticipatorios de situaciones graves y para llevar programas de educación que contemplen la resolución pacífica de los conflictos ; c) la violencia en las calles y en los espacios públicos, en miras a otros escenarios donde se proyecta la violencia, en los que suele aparecer asociado al porte de armas, la ingesta de alcohol o de drogas, o el accionar de pandillas o bandas. El Plan de Seguridad Democrática coincide con esta visión y contempla líneas de acción específicas para prevenir la violencia en estas áreas.

En esta materia, especialmente en lo concerniente a la violencia intra-familiar, resulta importante introducir la perspectiva de género, pues no puede ignorarse que la mujer representa un grupo vulnerable específico y que el sexismo en la administración de justicia suele favorecer la impunidad y la victimización. Garantizar los derechos humanos exige asegurar la igualdad y, en éste cometido, la justicia penal debe contribuir a asegurar la paz y el orden y reparar las situaciones de desigualdad, tutelando especialmente a las personas más débiles. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que “entre el 16 % y él 52 % de las mujeres experimentan violencia física de parte de sus compañeros, y por lo menos una de cada cinco mujeres son objeto de violación o intento de violación en el transcurso de su vida”, destacando que “la violencia anula la autonomía de la mujer y mina su potencial como persona y miembro de la sociedad”.

Por último, resulta prioritario considerar el rol que juegan los medios de comunicación como productores o reproductores de violencia, y también la importancia que pueden asumir en las estrategias preventivas. Debemos tener en cuenta que los medios cumplen una función social fundamental, pues contribuyen a moldear opiniones, valores y formas de reacción. Además su influencia en los niños suele ser aún mayor, especialmente de la televisión, por la fascinación que ejerce desde edades tempranas y la posibilidad de transmisión de imágenes o comportamiento violentos.

Participación de la Comunidad y descentralización de la gestión

El aumento de la criminalidad y la violencia y del temor al delito depende en cierta medida de la intervención estatal, pero también de la sociedad y de su capital social. Esto implica reconocer que la acción gubernamental tiene ciertos límites y asumir que es necesaria la participación de la comunidad; pero también resulta indispensable democratizar las políticas públicas, y la participación se inscribe en ese plano.

El capital social está representado por las organizaciones, grupos, redes y afiliaciones sociales basadas en la confianza y en las normas de reciprocidad; pueden ser formales o informales (iglesias, sindicatos, clubes, cooperativas, juntas vecinales, etc.). El capital social ofrece infinidad de respuestas a los conflictos, contribuyendo a evitar, reducir y limitar sus efectos.

Los estudios destacan que “el establecimiento y fortalecimiento del sentido de comunidad y de la interacción social entre los habitantes actúa como un importante inhibidor del crimen. En la medida en que el ciudadano sienta mayor sentido de pertenencia a su comunidad, crecerán su compromiso y participación, uniéndose con otros ciudadanos para la planificación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad”. Por otro lado, no puede desconocerse que las políticas de solución de problemas basadas en la comunidad son más sensibles a las necesidades de las víctimas, pues reducen el riesgo de doble victimización.

Se ha dicho que “Las estrategias comunitarias se basan en la premisa de que la ciudadanía tiene una responsabilidad directa en el sostenimiento de los valores y normas que llevan a uña deseable organización social. Una política de prevención comunitaria se dirige a activar los recursos sociales de varias maneras. En primer lugar promueve la acción de los controles sociales informales ajenos al sistema de justicia formal. En segundo lugar hace de puente entre los problemas cotidianos de la gente y la estructura formal de las instituciones públicas. Tercero, concentra la adhesión al orden establecido y la capacidad de solidaridad de la mayoría, y lo pone a trabajar de manera operativa en el incremento de la seguridad común. Cuarto, dado que todos somos dependientes de los servicios que brinda la comunidad: médicos, educativas, policiales, etc., y que ello suscita una tendencia retributiva, un programa de prevención comunitario puede sacar ventaja del accionar de los servicios sociales ya operantes. Una premisa básica de esta orientación, es que sólo el Estado está en posición adecuada para otorgar dirección y coordinar el trabajo de la compleja red de organizaciones, que brindan servicios en una sociedad pluralista”.

La estrategia de la acción comunitaria esta intrínsecamente destinada a operar sobre las actitudes y hábitos de conductas, orientándose a evitar los ataques delictivos potenciales, trabajando sobre los eventuales victimarios y conjurando las condiciones para que las propias víctimas contribuyan a reducir los riesgos de victimización.

Es muy importante tener en cuenta que a través de las estrategias comunitarias se incursiona en un terreno muy fértil pero a la vez muy complejo, donde la experiencia acumulada en otros países, aún en aquellos que cuentan con una amplia trayectoria en acciones comunitarias en el campo de la educación, la salud y de la defensa civil, ha demostrado que ese medio puede dejar de ser fértil si no se delimitan con claridad sus alcances y objetivos, si no se parte de una percepción realista de las organizaciones sociales involucradas, si no se cuentan con los recursos necesarios y si falta coordinación y una adecuada supervisión.

La orientación comunitaria, por otra parte, exige un nivel de descentralización de la política criminal pues el ámbito local suele ser el medio de intervención más eficaz y sustentable de las acciones preventivas. En el mencionado X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del deliro y Tratamiento del Delincuente se ha dicho al respecto: “Las ciudades han sido señaladas como el centro de interés de la seguridad comunitaria. Si una ciudad se siente segura y es segura, las personas residirán en ella, la vida económica florecerá y la ciudad será atractiva. Las ciudades están en una situación excepcional para reunir agentes clave en torno a los problemas locales, pero a menudo requieren apoyo de otros niveles de gobierno para lograrlo. La acción a nivel local es generalmente el medio más eficaz de abordar los retos y los problemas”.

En esa dirección, ya existen iniciativas en nuestro medio que deben acompañarse y fortalecerse, tales como el Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago (VOSES) y algunos consejos organizados de vecinos que ya funcionan en Santo Domingo.

Conocer el capital social representa una de las principales prioridades para un plan que pretenda hacer de la participación ciudadana un eje central. Debe hacerse un mapeo de los recursos comunitarios en cada región o distrito, de los proyectos existentes y de las experiencias concretadas o frustradas. Ello permitirá definir las formas de la participación de la ciudadanía, que puede asumir un carácter consultivo (provisión de información), decisional (participa en ciertas resoluciones con los órganos estatales), ejecutiva (se hace cargo de la implementación de programas o medidas) y fiscalizadora (controla la ejecución de las medidas).

Dentro de este contexto, vale la pena destacar las líneas de acción propuestas en el Plan de Seguridad Democrática de la República Dominicana, tendientes a la creación de una Policía Comunitaria. El principal objetivo de esta medida es “mantener una presencia permanente en las calles y en los barrios para establecerse como parte integral de la misma comunidad y no como una parte aislada. Se redefine el concepto de patrulla en los barrios no solo como vigilancia sino como prevención y recuperación del espacio público”.

Residencia definitiva República Dominicana

1.-Comunicación dirigida al Departamento de Extranjería de la  Dirección General de Migración, solicitando  sea concedida la Residencia Definitiva, por cumplir con el requisito establecido en el artículo 46 de la ley 285-04 sobre Migración  de tener más de diez (10) años con una  Residencia Permanente.

2.-Formulario de Solicitud de Residencia Definitiva, debidamente llenado en letra de molde, firmado y huellas dactilares ante oficial de extranjería (anexar 4 copias del mismo después de lleno) .

3.-Certificación de NO antecedentes penales de la República Dominicana, emitido por la Procuraduría General de la República.  (4 copias)

4.- Tres (3) fotografías de frente y Tres (3) de perfil derecho, recientes tamaño 2 x 2 , sin joyas o accesorios y las orejas descubiertas; con el fondo blanco, las fotografías deben ser el mismo juego completo de frente y de perfil.

5.-Pasaporte con dieciocho (18) meses mínimos de vigencia; la DMG es flexible con el tema y considerara en cada caso la realidad de cada país y el rigor de sus normas  en la expedición de los pasaportes (anexar 4 copias de la cara digital del mismo).

6.-Presentación del Carnet de Residencia Permanente Original emitido por la D.G.M (anexar 5 copias del mismo)

7.-Presentación de la Cédula de Identidad Personal emitida por la J.C.E (anexar 5 Copias de la misma)

8.-Prueba de solvencia económicaa nombre del solicitante, pueden ser una de estas pruebas:Carta de Banco donde indique que tiene un balance en los últimos seis meses de más de CIEN MIL PESOS (RD$100,000.00) , Matricula de Vehículos de fabricación del año 2005 en adelante, esta matricula no puede tener oposición ni ser exonerada, , Título de propiedad que este solamente a nombre del extranjero, debe traer el original para verificar validez del mismo, certificación mercantil de Negocio, ( anexar 4 copias).

Nota 1: Si la persona es mayor de edad que depende de algún familiar económicamente, este familiar responsable  debe avalar la solvencia económica de este extranjero  sirviendo como  garante ante la D.G.M, por esta razón debe de realizar una  carta de garantía  mediante la cual se responsabilice respecto a las condiciones morales y económicas, gastos de manutención y repatriación, si fuere necesario, del solicitante, legalizada por la Procuraduría General de la República.

Nota 2: Para aplicar para esta residencia  el extranjero debe tener más de diez (10) años con residencia permanente.

Requisitos para obtener residencia permanente en la República Dominicana

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Folder No.1

1.-Realizarse un examen médico autorizado por la  Dirección General de Migración.

El examen médico es autorizado en el Departamento de Extranjería de la Dirección General de Migración donde debe presentar los siguientes documentos:

Para realizar la autorización de este examen médico el extranjero debe traer:

a)   Presentar  carnet de Residencia Permanente original

b)  (2)   Fotocopias de la cara del  Pasaporte donde están los datos personales

c)    (2)   Fotocopias del carnet de Residencia Permanente

d)    (2)   Fotocopia de la Cédula de Identidad Personal

e)   La ausencia de cualquiera de estos documentos deberá ser avalada por una Denuncia de la Policía Nacional, con las especificaciones de lugar.

Autorizado el examen médico el extranjero deberá ir al laboratorio indicado y autorizado por esta Dirección General de Migración a realizarse los exámenes médicos.

Inmediatamente realizado el examen médico debe depositar un expediente que  debe contener los siguientes documentos:

Folder No.2

Formulario de solicitud de cambio de categoría de temporal a Permanente;

Certificación de no antecedentes penales, emitida por la Procuraduría General de la República  con treinta (30) días de vigencia.

Presentar el carné de Residencia temporal.

Copia de la Cédula de Identidad, y presentar el original, la cual será verificada por la D.G.M. con la Junta Central Electoral.

Seis (6) fotografías recientes tamaño 2 x 2 de frente y Seis (6) de perfil derecho, sin joyas o accesorios y las orejas descubiertas; fondo blanco, las fotografías deben ser el mismo juego de frente y de perfil derecho.

Pasaporte con dieciocho (18) meses mínimos de vigencia; la D.G.M. es flexible con el tema y considerara en cada caso la realidad de cada país y el rigor de sus normas  en la expedición de los pasaportes.

Si solicita Residencia Permanente para cónyuge o conviviente, pasaporte, acta de nacimiento, acta de matrimonio o prueba de convivencia, según aplique, debidamente apostillada o legalizada, según corresponda;

Si solicita Residencia Permanente para hijos  menores de edad, pasaportes, actas de nacimiento correspondientes, debidamente apostilladas o legalizadas, según corresponda

Prueba de solvencia económica(Carta de Banco donde indique que tiene un balance en los últimos seis meses de más de CIEN MIL PESOS (RD$100,000.00) , Matricula de Vehículos de fabricación del año 2007 en adelante, esta matricula no puede tener oposición ni ser exonerada, , Título de propiedad que este solamente a nombre del garante, debe traer el original para verificar validez del mismo, certificación mercantil de Negocio, Carta de trabajo donde especifique tiempo laborando y sueldo); en el caso de ser jubilado o pensionado o de ser rentista, constancia de la pensión o renta o de depósitos bancarios de que dispone para su manutención en la República Dominicana;

*En el caso de que un extranjero mayor de edad, soltero,  económicamente dependiente por razones de estudios o discapacidad  de sus padres, pueden  ser avalados económicamente por éstos,  quienes deberán hacer una carta de garantía especificando que es hijo mayor de edad  aun dependiente económico, por eso su decisión  de ser su garante. (Debe depositar declaración de solvencia económica y prueba de garantía).

El solicitante será citado para que comparezca a la D.G.M. a una entrevista ante un Oficial de Migración.

 11.-Recibo del médico realizado en el departamento de extranjería de esta Dirección General de Migración.

Todos los documentos depositados en la D.G.M. se presentan en idioma español, acompañados de cuatro (4) juegos de copias en un folder de preferencia 8 ½ x 11,  a los fines de archivo y depuración por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policía Nacional. El original reposará en la D.G.M.

ESTE SERVICIO DEBE DE SER SOLICITADO EXCLUSIVAMENTE POR EL EXTRANJERO INTERESADO O POR REPRESENTACIÓN MEDIANTE PODER DEBIDAMENTE LEGALIZADO, (ARTÍCULO 125 DEL REGLAMENTO 631-11 PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 285-04 SOBRE MIGRACIÓN).

Multiplicidad de campos de actuación y pluralidad de actores

La complejidad de la criminalidad a la que se ha hecho referencia anteriormente explica la multiplicidad de campos de actuación de la política criminal y también la extraordinaria variedad de acciones de prevención imaginables. Resulta insostenible en nuestro tiempo pensar que la inseguridad ciudadana pueda ser sólo un problema de la Policía y de la justicia Penal. Es menester tener una visión más integral de la cuestión, pero también la suficiente claridad como para reconocer las distintas dimensiones del fenómeno y los diversos campos de actuación.

Como se ha señalado en el X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente, “toda medida eficaz de prevención del delito y justicia penal requiere la participación, como asociados y protagonistas, de los gobiernos, las instituciones nacionales, regionales, interregionales e internacionales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y los diversos sectores de la sociedad civil, incluidos los medios de información y el sector privado, así como en reconocimiento de sus respectivas funciones y contribuciones”. En la misma Declaración, se expresa además: “Reconocemos que las amplias estrategias de prevención del delito en los planos nacional, regional y local deben abordar las causas profundas y los factores de riesgo relacionados con la delincuencia y la victimización mediante la adopción de políticas sociales, económicas, de salud, educacionales y judiciales. Encarecemos la elaboración de esas estrategias, conscientes del éxito demostrado de las iniciativas de prevención en numerosos Estados y confiados en que la delincuencia puede reducirse aplicando y compartiendo la experiencia colectiva”.

La prevención primaria del delito y la violencia se desenvuelve en espacios distintos de la prevención secundaria y la terciaria, con intervenciones de organismos estatales diferentes, actualmente sin ninguna o muy deficiente articulación, muchas veces con diagnósticos inexistentes y orientaciones divergentes.

Existen ámbitos de actuación propios de la prevención social y de la prevención primaria que se vinculan con la salud pública (detección de la violencia familiar, adicciones, etc.), la educación (violencia escolar, detección de abusos, etc.), el transporte (seguridad vial, medios de transporte público, etc.), el empleo (lucha contra la desocupación, empleos informales en la vía pública, trabajo infantil, etc.), el desarrollo urbanístico (el impacto de grandes centros de concentración, como estaciones, mercados, etc.; o la seguridad de plazas y paseos), el comercio (control de la venta de bebidas alcohólicas, restricciones para el ingreso de menores de edad, etc.); la acción social o el desarrollo humano (atención de emergencias sociales, pobreza, atención a víctimas, etc.), la autoridad migratoria y aduanera (control de la frontera, ingreso de ilegales y deportados, contrabando, etc.) y las autoridades financieras (lavado de dinero, movimientos sospechosos de capitales, control de entidades financieras, etc.), entre otras.

Además de estos sectores, están los ámbitos correspondientes a los organismos policiales y de seguridad, el Ministerio Público y los órganos de la administración de justicia, con una incidencia específica y un campo de actuación propio.

Es indispensable plantear un escenario de trabajo que permita reunir y coordinar las acciones públicas. Para ello resulta necesario hacer un mapeo de programas y de medidas vinculadas con la prevención delictiva o de la violencia. La reunión y dinámica de las distintas instituciones involucradas no puede quedar librada al azar y a la buena voluntad de algunos funcionarios. Por lo general suelen aparecer dificultades en la interrelación de los órganos estatales que conviene prevenir adecuadamente.

La interagencialidad, entendida como forma de actuación coordinada de los diversos actores gubernamentales, pretende aprovechar y optimizar los recursos públicos, evitar la superposición y neutralización de acciones en algunos casos y, en otros, reforzar la efectividad de otras. La interagencialidad, no puede quedar en el plano de los niveles directivos de cada organismo involucrado, sino que debe penetrar al interior de cada una de las instituciones, para que pueda incidir en el campo operativo.

Métodos alternos de solución de conflictos

La Ley No. 75-02 ó Código Procesal Penal Dominicano (CPP), entró en vigen­cia el 27 de septiembre del año 2004 y trajo consigo todas las reglas para enjuiciar a los ciudadanos acusados de cometer algún delito.

Este código procura ser un instrumento idóneo a través del cual el Estado interviene para solucionar los conflictos que tienen relevancia penal. Es así como las partes envueltas en esos conflictos hacen valer sus derechos en la fase de investigación, juicio y en la fase de ejecución de la pena.

Cuando se piensa en palabras como delitos, juicios, procesos penales, etc; asu­mimos todo esto como situaciones interminables o de extensa duración y para vencer esta realidad, el Código Procesal Penal de la República Dominicana ha organizado salidas o soluciones alternas a los conflictos, dese­chando la clásica judicialización de los problemas a los cuales se enfrentan los ciudadanos.

En la mayoría de los países de América Latina se utiliza la expresión de Salidas Alternativas, entendiéndolas como las formas de ponerle fin a un conflicto que no sea la persecución tradicional, es decir soluciones penales alternativas a la persecución, juicio y pena.

Así es como el Código Procesal Penal de la República Dominicana, prevé mecanismos de solución del conflicto alternativos al juicio, contemplando los métodos siguientes: la conciliación, la suspensión condicional del procedi­miento y el juicio penal abreviado.

¿Qué conviene saber sobre los métodos alternos de solución de conflictos?
¿Qué son estos?
Es necesario que la sociedad Dominicana entienda que hay muchos casos cuya solución al conflicto no se resuelven necesariamente con la cárcel, sino que es necesario considerar el interés concreto de la víctima, sobre todo si asumimos que el proceso penal es una instancia en la cual se resuelven los conflictos.

Es elegir entre castigar o volver el conflicto y como en la mayoría de los casos la cárcel no es la solución, el Código Procesal Penal da opciones diferentes que permiten al fiscal o Ministerio Público, a la víctima y al imputado, solucionar el conflicto sin tener que llegar a celebrar un juicio.

¿Las partes tienen participación en los Métodos Alternos de Solución del Conflicto?
Si, las partes son los protagonistas. Ya que requieren el consentimiento de la víctima, el imputado, el Ministerio Público y ser aprobadas por el juez. Así el artículo 2 del CPP, establece. La Solución del Conflicto: los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social’:

¿Por qué el Código Procesal Penal de la República Dominicana contempla los Métodos Alternos de solución de Conflictos?
• a)- Porque sin lugar a dudas ayudan a democratizar la administración de jus­ticia, y los ciudadanos participan en la solución del conflicto (caso), que los aqueja.

• b)- El conflicto se soluciona de manera más rápida.

• c)- La víctima ve reparado el daño que se le ha causado en tiempo razonable.

• d)- Como el Estado no está en capacidad de solucionar todos los conflictos jurídicos penales que se le presentan, estos métodos alternos ayudan a res­taurar la paz y la armonía entre los ciudadanos de forma más concreta.

• e)- El Estado invierte menos recursos humanos, económicos y materiales y entonces los destina a casos más graves, como por ejemplo las violaciones sexuales, homicidios, asesinatos, secuestros, robos, delitos juveniles, drogas etc.

¿Tiene ventajas la aplicación de los Métodos Alternos de Solución del Conflicto?
Si, porque con la aplicación de métodos como la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento y el juicio penal abreviado, todas las partes encuentran satisfacciones, así:

El juez, que es el administrador de justicia, tiene la oportunidad de dedicarle más tiempo a los casos que afectan la colectividad social y no a delitos de bagatela donde la lesividad es mínima: esto porque las salidas alternativas tienden a descongestionar los tribunales.

El imputado, que es la persona acusada de la comisión de un hecho punible (sancionable), tiene la oportunidad de reparar el daño causado sin necesidad de ser sometido a un juicio.

La víctima, que es la persona que ha sido ofendida directamente por el hecho punible, ó como establece el artículo 83 del CPP, el cónyuge conviviente notorio hijo o padre biológico, parientes dentro del tercer grado de consan­guinidad ó segundo de afinidad, o los herederos en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte directamente del directamente ofendido, o los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; en fin una víctima es quien ha padecido el daño y obtienen una reparación oportuna sin esperar la celebración de un juicio.

EL ESTADO. Ahorra recursos y proporciona salidas más ágiles a los conflictos penales, al momento de concentrar toda su energía en la gran criminalidad.

¿Qué papel juega el fiscal en la aplicación de los Métodos de Solución Alterna?
El ministerio público es el gerente de la investigación, antes que un funciona­rio de despacho. El Código Procesal Penal de la República Dominicana hace de él un verdadero recolector de pruebas que procuran la sustentación de la acusación y si fuere pertinente, los elementos para ponderar la absolución o desvinculación del imputado del hecho que se le imputa.

El fiscal o Ministerio Público es el funcionario encargado de dirigir la investigación; por tanto le corresponde recomendar cuál de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos puede y debe aplicar según el dictado de la ley a las solicitudes de las partes.

Al decir que el Ministerio Público es un gerente, asumimos el concepto de que administra soluciones y es actor procesal con mayor grado de conciencia sobre los méritos de la acusación que pretende estructurar. De ahí que los Métodos Alternos, uno de los cuales (la conciliación) se da en el curso del procedimiento preparatorio o investigación y los otros dos al culminar la misma con la acusación; son recomendados por el director funcional de la investigación.

Uno de los principios que rige el Ministerio Público es el de objetividad y con él cada miembro de esa institución debe garantizar que todas sus actuaciones sean objetivas.

¿En cuáles ideas fundamentales o principios se sustenta la aplicación de salidas alternas a los conflictos penales?

La Constitución de la República establece que el Estado Dominicano es democrático y representativo, por eso la naturaleza de los métodos alternos de conflictos asumen dos principios fundamentales expuestos en los artículos 2 y 6 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, a saber:

Solución del conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.
Participación de la ciudadanía. Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas por este código.

¿Cuándo se aplican los Métodos Alternos de solución de Conflicto?
Cuando es posible la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento penal abreviado.

Fuente: Métodos alternativos de solución de Conflictos en el Código Procesal Penal, Colección Capacitación Jurídica, Juan Luciano Amadis Rodríguez, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Pag. 6-9

Requisitos para matrimonios de extranjero y dominicana

Requisitos matrimonio con extranjero

1.- Actas de nacimientos originales de los contrayentes, la del extranjero (a) debe estar legalizadas por el cónsul dominicano (de su país de natalidad) y traducida al español.

2.- Fotocopias del pasaporte del contrayente extranjero y copia de la cédula del dominicano.

3.- Actas de soltería de los contrayentes (o de divorcio), la del contrayente extranjero (a) deberá estar legalizada por el cónsul dominicano (de su país de natalidad) y traducidas al español. La del contrayente dominicano debe estar legalizada por la procuraduría.

4.-Dos testigos que no sean parientes de los contrayentes (y fotocopia de sus pasaportes o cédulas).

5.- Si tienen hijos en común, deberán traer actas de nacimientos de los hijos, si los hijos son extranjeros las actas deberán estar legalizadas por el cónsul dominicano (de su país de natalidad) y traducidas al español.

NOTA: Todos los documentos provenientes del extranjero deberán ser traducidos al español y apostillado por el cónsul de su país, conforme a la convención de la haya del 05/10/1961.

Requisitos para matrimonios de contrayentes dominicanos

Requisitos antes del matrimonio

1.- Actas de nacimiento originales de los contrayentes.

2.- Copias de las cédulas de ambos contrayentes.

3.- Dos testigos que no sean parientes de los contrayentes, con sus copias de cédulas

4.-En dado caso si tienen hijos en común, actas de nacimiento de los hijos, Mas 2 copias de cada acta..

5.- Si uno de los contrayentes ha sido casado debe traer el acta de divorcio.

6.- La celebración del matrimonio en la oficialía cuesta RD 2,500 pesos, si hay hijos RD 2,900 pesos. Si es a domicilio, comunicarse con el Oficial Civil.

Lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y los grandes fraudes

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha declarado que “el concepto de prevención de la delincuencia no debe quedar limitado a las formas de la delincuencia tradicional (…) sino que debe extenderse a las nuevas formas de delincuencia entre las que cabe mencionar la delincuencia organizada, el terrorismo, el tráfico clandestino de migrantes, los delitos informáticos y cibernéticos, los delitos ecológicos, la corrupción y el comercio ilícito relacionado con la adquisición y desarrollo de armas de destrucción en masa (…). El concepto de prevención de la delincuencia deberá tener en cuenta la internacionalización creciente de las actividades delictivas y la relación existente entre la economía mundial, las tecnologías avanzadas y’ las manifestaciones nacionales de la delincuencia…”.

En esta materia debe resultar de carácter prioritario encarar acciones vinculadas con el tráfico de drogas, la trata de personas y las redes de prostitución infantil, el contrabando de armas, los grandes fraudes y el blanqueo de dinero o de activos. En muchos casos existen actualmente líneas de trabajo y de acción que deben profundizarse y coordinarse de manera adecuada. Además, deben diseñarse nuevas formas de control y de sanción, como parte de la agenda del sector, así como el establecimiento de mecanismos de cooperación en el ámbito nacional e internacional, que resultan indispensables en función de la existencia de un mundo globalizado.

Especial relevancia merece el tema del tráfico de drogas y sustancias controladas, considerando que la República Dominicana no es un país productor de drogas, pero nuestra ubicación geográfica nos convierte en puente o ruta para el envío de drogas a otros países como el caso de Puerto Rico y otras islas, de donde son transportadas más fácilmente hacia los Estados Unidos. En la actualidad se ha incrementado el tráfico de drogas desde y hacia países europeos, sobre todo de la droga conocida como éxtasis.

A su vez, constituye también un aspecto central la lucha contra la corrupción en la función pública, por los daños sociales y económicos que provoca y por el efecto de deslegitimación de las instituciones en general y del sistema penal en particular. Enfrentar y resolver la impunidad en este segmento de la criminalidad puede resultar ejemplarizante para la ciudadanía y mejorar las expectativas sociales. En esta materia, el abanico de posibilidades y mecanismos que existen para trabajar en el campo preventivo son inmensas y, seguramente, mucho más efectivas que la actuación del sistema penal. No obstante, tampoco puede desdeñarse la necesidad de contar con una intervención judicial eficaz, por su extraordinaria importancia en el plano simbólico, para lo cual debe llevarse adelante un grado de tecnificación y profesionalismo que permita mejorar las posibilidades de la persecución penal.

Los costos del delito

La criminalidad provoca grandes costos personales, sociales y económicos. Entre ellos destacamos la pérdida de vidas, daños en la integridad física temporarios o permanentes, daños psicológicos, desmejoramiento de la calidad de vida, deterioro de la institución familiar, debilitamiento institucional y también pérdidas económicas directas e indirectas.

Se ha señalado con justeza que “las consecuencias sociales de la delincuencia son muy graves. La delincuencia afecta los pobres de las zonas urbanas con mayor frecuencia y más profundamente que a otros grupos de la población. Destroza las vidas de las víctimas y tiene repercusiones en la sociedad en general, que se observan en el aumento de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad privada, la perdida de confianza de un gran sector de la sociedad en el sistema de justicia y una arquitectura del miedo”.

Además, el Estado destina cuantiosos recursos al control y represión del delito, lo que implica a veces quitarlos de otros ámbitos de la inversión y el gasto público. En los países en desarrollo, paradójicamente, “el costo total de la delincuencia para las comunidades (en términos de justicia penal, pérdida de bienes, vidas destrozadas y seguridad privada), medido como proporción del producto interno bruto, es varias veces superior al de los países desarrollados”. Ello acarrea reducciones en las inversiones públicas y en el gasto social, especialmente en programas esenciales para el desarrollo humano, como la salud y la educación.

Una adecuada política de prevención, con fuertes componentes extrapenales y gestión comunitaria, debe servir para reducir los costos sociales y económicos del delito, al reducir la presión sobre las instancias de control punitivo y el campo de intervención de los instrumentos penales (policía, justicia penal, cárceles, etc.). Las medidas de prevención suelen ser más efectivas, y también más económicas, que la misma intervención punitiva.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana, Págs. # 6 y 7