Month: August 2016

Código de Ética del Profesional del Derecho

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

PRESENTACIÓN

El decreto No. 1290 del 2 de agosto de 1983, ratificó el Código de Ética del Profesional del Derecho, aprobado por la Asamblea del Colegio de Abogados de la República celebrada en fecha 23 de julio de 1983. Este documento tiene por objetivo fundamental lograr la moralización del ejercicio del derecho en nuestra sociedad. El Abogado tiene una alta misión de servicio a la ciudadanía, que debe ser realizada con probidad, lealtad, independencia, y respeto a los principios éticos y legales. El Código de Ética contiene los lineamientos de una conducta moral del profesional del Derecho. Los deberes del Abogado, el Secreto Profesional, sus relaciones con la clientela, con sus colegas, con los tribunales y la fijación de honorarios están claramente reglamentados. La transgresión de estas normas conlleva la aplicación de sanciones por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República. En momentos en que la Nación Dominicana, en general y la Justicia y el ejercicio del Derecho en particular, atraviesan por una profunda crisis moral y de credibilidad, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. y el Colegio de Abogados de la República han querido editar este Código de Ética. Esperamos así, llevarlo al conocimiento de todos cuantos aman el derecho, la verdad y la justicia. Y abrigamos la esperanza de que sus preceptos iluminen el espíritu y el comportamiento del Abogado dominicano.

CÓDIGO DE ÉTICA

DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

ARTICULO l.—Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho, son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad.

PÁRRAFO: El profesional del derecho debe actuar con irreprochable dignidad, no sólo en el ejercicio de la profesión, sino en su vida privada. Su conducta jamás debe infringirlas normas del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien.

ARTICULO 2.-El profesional del derecho debe ser leal y veraz y debe actuar de buena fe, por tanto no aconsejará ningún acto fraudulento ni hará en sus escritos citas contrarias a la verdad. Para el profesional del derecho estará siempre antes une su propio interés, la justicia de la tesis que defiende.

ARTICULO 3.—En su vida el profesional del derecho debe cuidar con todo esmero de su honor, eludiendo cuanto pueda afectar su independencia económica, comprometer su decoro o disminuir, aunque sea en mínima medida, la consideración general que debe siempre merecer. Debe por tanto

conducirse con el máximo de rigor moral. La conducta privada del profesional del derecho se ajustará a las reglas del honor, la dignidad y el decoro, observando la cortesía y consideración que imponen los deberes de respeto mutuo entre los profesionales del derecho.

ARTICULO 4.—Los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. El abogado como auxiliar y servidor de la justicia y colaborador en su administración, no deberá olvidar que la esencia de su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral.

ARTICULO 5.—En sus alegatos verbales o escritos, el profesional del derecho debe usar de la moderación y la energía adecuadas, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte que patrocina. Cuando tuviere que criticar los fallos judiciales o los alegatos de su contrario, deberá abstenerse de toda expresión violenta o sarcástica; y si la gravedad del caso exige energía en la expresión, deberá, no obstante, abstenerse de toda vejación inútil y de violencias impropias.

Read More Código de Ética del Profesional del Derecho

Estatuto del Juez Iberoamericano

LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

 

 

CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

 

 

CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.

 

 

CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

 

 

DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

 

Aprueba y promulga el siguiente:

 

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO

 

 

INDEPENDENCIA

 

Art. 1. Principio general de independencia

Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

 

 

Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial

Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

 

 

Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación

La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.

 

 

Art. 4. Independencia interna

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.

 

 

Art. 5. Defensa de la independencia judicial

Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

 

 

Art. 6. Condiciones materiales de la independencia

El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.

 

IMPARCIALIDAD

 

Art. 7. Principio de imparcialidad

La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 8. Imparcialidad objetiva

La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.

 

 

Art. 9. Abstención y recusación

Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

 

Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.

 

 

Art. 10. Incompatibilidades

El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.

 

 

 

SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

 

Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.

 

 

Art. 12. Objetividad en la selección de jueces

Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

 

 

Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

 

 

Art. 14. Principio de inamovilidad

Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.

 

No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 15. Nombramiento a término de los jueces

Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.

 

 

Art. 16. Inamovilidad interna

La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado. Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional.

 

En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.

 

 

Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera judicial

Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.

 

 

Art. 18. Inamovilidad «ad hoc»

La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

 

 

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y

EVALUACIÓN DEL JUEZ

 

Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez

Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

 

La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

 

 

Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 21. Sistema de supervisión judicial

Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.

 

 

Art. 22. Evaluación del desempeño

En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.

 

 

Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño

El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

 

CAPACITACIÓN

 

Art. 24. Capacitación inicial

La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.

 

 

Art. 25. Centros de capacitación

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.

 

 

Art. 26. Costos de la capacitación inicial

Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.

 

 

Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

 

 

Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada

La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.

 

 

Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.

 

 

Art. 30. Evaluación en la capacitación

La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.

 

La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.

 

 

Art. 31. Participación judicial en la programación de la capacitación

En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.

 

 

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

 

Art. 32. Remuneración

Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.

 

 

Art. 33. Seguridad Social

El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.

 

Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.

 

 

Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos

Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.

 

El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.

 

En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.

 

 

Art. 35. Seguridad personal y familiar

En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL

 

Art. 36. Derecho de asociación de los jueces

La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.

 

ÉTICA JUDICIAL

 

Art. 37. Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

 

 

Art. 38. Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 39. Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

 

 

Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

 

 

Art. 41. Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

 

 

Art. 42. Resolución en plazo razonable

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

 

 

Art. 43. Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

 

 

Art. 44. Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

 

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.

Embajadas y Consulados en la República Dominicana

Embassies in the Dominican Republic
Botschaften in der Dominikanischen Republik
Ambasciate nella Repubblica Dominicana
Ambassades en République Dominicaine

Argentina
Av. Máximo Gómez No. 10 Apartado Postal No. 1302
Santo Domingo República Dominicana Tel. : 682-0976 / 682-2977 682-1074 Fax: 221-2206
BELGICA Bélgica
Av.11, entre 6ta. y 7ma. Transversal Quinta La Zulianita, Urbanización Altamira Santo Domingo República Dominicana
Tel. : 263-3334 / 263-3335 / 561-9397 Fax: 261-1333 / 261-0309
BRASIL Brasil
e.brazil@oodetel.net.do
Av. Winston Churchill No.32, II Piso Edificio Franco
Acra y Asociados, Santo Domingo, Rep.Dom. Tel.: 532-0868 / 532-0342 / 532-4200 Fax: 532-0917
CANADA Canadá
Capital Eugenio de Marchena No.39 Ens. La Esperilla Santo Domingo República Dominicana Tel.: 685-1136 Fax: 652-2691
CHILE Chile
Av. Anacaona No. 11, Ensanche Mirador Sur, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 532-7800 / 530-8441 Fax : 530-8310
COLOMBIA Colombia
c.colombia@codetel.net.do
Cale Fernando Escobar Hurtado No. 8 Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 562-1670 15282 / 3642 Fax : 562-3253
COSTA RICA Costa Rica
emb.costarica@codetel.net.do
Calle Malaquías Gil No.11 (altos) Ensanche Serrallés, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 683-7002 / 683-7209 Fax: 565-6467
CUBA Cuba
embadom@codetel.net.do
Calle Francisco Prats Ramírez No. 809, Santo Domingo, Rep Dom. Tel.: 537-2113 / 537-0139 Fax: 537-9820
ECUADOR Ecuador
mecuador@eodetel.net.do Calle Rafael Augusto Sánchez No. 17 Edificio Profesional Saint Michel, Oficina 301, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 563-8363 / 563-8091 Fax : 563-8153
EL SALVADOR El Salvador
emb.salvador@codetel.net.do , Calle Haim López Penha No. 28 Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 565-4311 Fax : 541-7503
ESTADOS UNIDOS Estados Unidos de América (U. S. A.)
Av. Republica de Colombia #57
Horas: 8:00 AM – 4:45 PM
Telefono: (809) 567-7775
webmaster@embajadausa.gov.do
FRANCIA Francia
saintdomingue@missioneco.org
Calle Las Damas No. 42 Zona Colonial, Santo Domingo, República Dominicana Tel. : 687-5270 Fax: 687-5276
GRAN BRETAÑA Gran Bretaña
brit.emb.emb.sadom@codetel.net.do Av. 27 de Febrero No. 233 Edificio Corominas Pepín, 7mo. piso Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 472-7111 / 472-7671 / 472-7373 Fax: 472-7574 / 472-7190
GUATEMALA Guatemala
Calle Santiago No.359 Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 689-5327 / 689-5614 Fax : 689-5146
HAITI Haití
amb.haiti@codetel.net.do Calle Juan Sánchez Ramírez No.33 Zona Universitaria, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 686-5778 / 221-8710 / 11 412-7112 hasta 14 Fax: 686-6096
HONDURAS Honduras
e.honduras@oodetel.net.do Calle Aristides García Mella esq. Dolores Rodríguez, edif. El Buen Pastor Sexto Mirador Sur, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 482-7992 Fax: 472-2020
ITALIA Italia
ambital@codetel.net.do Calle Rodríguez Objío No.4 Gazcue Santo Domingo República Dominicana Tel. : 682-0830
JAMAICA Jamaica
emb.jamaica@codetel.net.do Av. Enriquillo No. 61 casi esq. San Pio X Los Cacicazgos, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 482-7770 Fax: 482-7773 / 482-7771
MEXICO México
embamex@codetel.net.do
Calle Arzobispo Meriño esq. Mercedes No.265, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 687-6641/687-6889 Fax: 687-7872
PANAMA Panamá
emb.panama@codetel.net.do Benito Monción No.255, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 688-3789 / 476-7396 Fax : 685-3665
PERU Perú
embaperu@codetel.net.do Calle Mairení No. 31 Los Cacicazgos, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 482-3200 Fax: 482-3334
URUGUAY Uruguay
embur@codetel.net.do Calle Luis. F Tomen No. 110, Apto. 401, Torre Ejecutiva Gapo, Ens Evaristo Morales, Sto. Dgo., Rep. Dom. Tel. : 227-3475 / 472-4229 Fax: 472-4231
Venezuela
Av. Anacona No.7, Mirador Sur Sto. Dgo. República Dominicana Tel. : 537-8882 / 537-5997 Fax : 537-8780
48 49

Consulates in the Dominican Republic
Consulats en République Dominicaine
Consolati nella Repubblica Dominicana
Konsulate in der Dominikanischen Republik

 

ALEMANIA Alemania
Rafael Augusto Sánchez No. 23 esq. Lope de Vega, Plaza Intercaribe Ens. Naco, Santo Domingo Rep. Dom. Tel. : 809-565-8811 Fax: 809-567-5014
ANTIGUA Y BARBUDA Antigua y Barbuda
Juan Alejandro Ibarra No.124 Ensanche La Fe, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-544-3797 / 809-565-4721 Fax: 809-541-4781
Argentina
Av. Máximo Gómez No. 10, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 682-0976 / 682-2977 Fax : 221-2206
AUSTRIA Austria
Calle Gral. Román Franco Bidó No. 11 Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana Tel.: 809-508-0709 Fax: 809-532-5603
BAHAMAS Bahamas
Calle César Nicolás Penson No.116, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-560-1451 Fax: 809-682-0237
BELGICA Bélgica
Torre Panamericana Piso 10, Av. Abraham Lincoln No.504 Santo Domingo República Dominicana Tel.: 809-544-2200 / 809-562-1661
Fax: 809-562-3383
BELICE Bélice
Calle Luis F Thomen No. 110 Evaristo Morales, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-567-5023 Fax: 809-567-7159
BOLIVIA Bolivia
Calle Federico Geraldino No.58 Ensanche Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-565-8573 Fax: 809-412-8759
BRASIL Brasil
Edif. Franco, Acra & Asociados Av. Winston Churchill No.32, 2do. Piso, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-532-0342/ 0868
Fax: 809-532-0917
CANADA Canadá
Calle Capitán Eugenio de Marchena No.39 Ensanche La Esperilla, Santo Domingo, Rep.Dom. Tel. : 809-685-1136 Fax: 809-682-2691
CHILE Chile
Av. Anacaona No. 11, Mirador Sur, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-532-7800 / 809-530-8441 Fax : 809-530-8310
COLOMBIA Colombia
Calle Femando Escobar Hurtado No. 8, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-562-1670 / 809-562-5282 Fax: 809-562-3253
COSTA RICA Costa Rica
Calle Agustín Lara No.22 Piantini, Santo Domingo, República Dominicana Tel. : 809-565-6419 Fax: 809-683-7215
CUBA Cuba
Calle Francisco Prats Ramírez No.808 esq. Privada, El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-537-2113 Fax: 809-537-9820
DINAMARCA Dinamarca
Av. Abraham Lincoln No.504, Santo Domingo República Dominicana Tel. : 809-549-5100 Fax: 809-567-7992
ECUADOR Ecuador
Calle Rafael Augusto Sánchez No. 17 Edif. Profesional Saint Michell, Oficina 301, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-563-8363 Fax: 809-563-8153
EL SALVADOR El Salvador
Calle Haim López Penha No. 28-B Ens. Paraíso, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-565-4311 Fax: 809-541-7503
ESTADOS UNIDOS Estados Unidos de América (U. S. A.)
La Sección Consular está ubicada en el sector de Arroyo Hondo de Santo Domingo, en la Av. República de Colombia #57.  ¿Cómo llegar a la embajada de los Estados Unidos? Tel.: (809) 567-7775
HAITI Haití
Calle Juan Sánchez Ramírez No.33 Zona Universitaria, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-686-5778 Fax: 809-686-6096
HONDURAS Honduras
Calle Salvador Sturla No.12, Altos Ensanche Naco, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-565-5162 Fax: 809-472-2020
JAMAICA Jamaica
Av. Enriquillo No. 61 casi esq. San Pio X Los Cacicazgos, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-482-7770 Fax: 809-482-7773 / 809-482-7771
MEXICO México
Calle Arzobispo Meriño No.265, esq. Las Mercedes Zona Colonial, Santo Domingo Rep. Dom. Tel. : 809-687-7494 Fax: 809-687-7872
NICARAGUA Nicaragua
Av. José Andrés Aybar Castellano No. 152 La Esperilla, Santo Domingo República Dominicana Tel. : 809-563-2311 Fax: 809-565-7961
PAISES BAJOS Países Bajos
Calle Max Hquez. Ureña No. 50, casi esq. Abraham Lincoln, Ens. Piantini. Santo Domingo, República Dominicana
Tel. : 809-540-1256 Fax : 809-565-4685
UNION EUROPEA Unión Europea
Calle Rafael Augusto Sánchez No.21 Ensanche Naco Santo Domingo República Dominicana Tel.: 809-227-0525 Fax: 809-567-5851
39 40

Organizaciones Internacionales

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Penal Internacional de Justicia

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Organización Policial Internacional (Interpol)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización de la Naciones Unidas (ONU)

Organización del Tratado del Atlántico Norte

Organización del Consejo de Europa

Organización de la Unión Europea

Organización de Estados Americanos (OEA)

Organización Mundial del Comercio – OMC

Fondo Monetario Internacional (FMI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Organización Mundial del Turismo

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Mundial de la Salud Pública

Grupo Internacional de Derecho A.C.

Unión Internacional del Notariado Latino (ONPI)

Organización Meteorológica Mundial (OMM)