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Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

REGLAMENTO JURISDICCIONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO.
PROCESOS CONSTITUCIONALES

Sección I

Reglas aplicables a los procesos constitucionales.

Artículo 1. Sujeción a la Constitución y a la Ley núm. 137-11: Los procesos que conoce el Tribunal Constitucional se sustanciarán de acuerdo con la Constitución, las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad y la Ley núm. 137-11.

De acuerdo con la referida ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho procesal constitucional, y solo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.

Artículo 2. Normas reglamentarias e interpretación del Pleno: La tramitación interna de los procesos constitucionales se efectuará de acuerdo con las normas generales y las previsiones que para cada uno de ellos establece la Ley núm. 137-11 y este reglamento. El Pleno interpretará estas normas en la forma más útil para la efectividad de la justicia constitucional.

Artículo 3. Comisiones operativas: Para el conocimiento y agilización de los expedientes, los jueces del Tribunal Constitucional se organizan en comisiones operativas cuya integración se efectuará cada dos años, coordinadas por uno de sus miembros durante un año.

El coordinador de cada comisión operativa tramitará al Pleno los proyectos de sentencias discutidos en su comisión para fines de deliberación y fallo.

En la elaboración de los proyectos de sentencia, las comisiones operativas darán preferencia al conocimiento de los expedientes declarados de urgencia por el Pleno o por el presidente, así como a los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo y las solicitudes de medidas cautelares.

Sección II
Tramitación de los procesos constitucionales

Artículo 4. Inicio de los procedimientos: Los procesos constitucionales se iniciarán de la manera siguiente:

  1. La acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales y los conflictos de competencia, mediante el depósito de una instancia en la Secretaría del Tribunal Constitucional.
  2. El recurso de revisión constitucional de las sentencias de amparo y el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, mediante el depósito de los mismos en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida.
  3. Las solicitudes de medidas cautelares, mediante el depósito de las mismas en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida o en la Secretaría del Tribunal Constitucional.

Artículo 5. Recepción de los expedientes: La Secretaría del Tribunal Constitucional, al recibir los expedientes, verificará que estén completos, de acuerdo con las previsiones que se establecen más adelante en este reglamento con relación a cada proceso.

Artículo 6. Identificación y asignación de los expedientes: La Secretaría
del Tribunal Constitucional identificará con un número cada uno de los expedientes que reciba, según el orden de entrada y conforme a la materia, y los asignará aleatoria y proporcionalmente a las comisiones operativas, y al presidente, con la presencia de los coordinadores de las comisiones (o de sus representantes), quienes a su vez los distribuirán de la misma forma entre sus miembros.

Las formalidades previstas para la asignación de los expedientes quedarán sin efecto tan pronto se instalen en la Secretaría mecanismos que permitan sorteos electrónicos.

El orden de asignación de los expedientes a partir de su fecha de entrada podrá ser excepcionalmente modificado por el Pleno a propuesta de uno de los jueces, o por el presidente (si n aprobación del Pleno), en los casos que considere de urgencia. El expediente declarado de urgencia será asignado de manera aleatoria a una las comisiones operativas o al presidente. El juez apoderado del expediente deberá presentar el proyecto de sentencia al Pleno en el más breve plazo posible.

De manera excepcional, el Pleno podrá asignar directamente el expediente declarado de urgencia al juez que esté apoderado de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia recurrida en revisión para que este proceda al examen de ambos conjunta o separadamente.

La circunstancia de la urgencia será considerada en forma casuística por el Pleno o el presidente.

Artículo 7. Trámite de los proyectos de sentencia: Una vez elaborados los proyectos de sentencia por la comisión operativa, el juez coordinador, o el presidente (si se tratara de proyectos trabajados en su despacho), los remitirá a la Secretaría del Tribunal para su inclusión en la agenda del Pleno.

Sección III
Sesión del Pleno

Artículo 8. Agenda del Pleno: El presidente, asistido por el secretario, elaborará la agenda de la sesión del Pleno, según el orden de recepción de los proyectos de sentencia. Al efecto, tomará en consideración el carácter preferente de los recursos constitucionales de revisión de sentencia de amparo y las solicitudes de medidas cautelares, así como los asuntos que hayan quedado pendientes de las sesiones anteriores del Pleno. Este orden será excepcionalmente modificado para priorizar los casos que se declaren de urgencia.

El secretario remitirá a cada juez copias de los proyectos de sentencia que figuran en la agenda, y sus expedientes respectivos, con un mínimo de cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la sesión del Pleno. Excepcionalmente, este plazo podrá ser reducido en caso de convocatoria de urgencia.

Artículo 9. Constitución del Pleno y discusión de la agenda: El cuórum del Pleno del Tribunal Constitucional se constituye con un mínimo de nueve (9) de sus trece (13) jueces. Comprobado el cuórum, el presidente declara abierta la sesión de trabajo y somete a discusión la agenda, que se agotará según el orden de los temas, salvo que el Pleno apruebe su modificación.

Previo al conocimiento de los casos, el Pleno podrá disponer la fusión de expedientes cuando exista conexidad entre ellos.

Artículo 10. Acta del Pleno: El secretario del Tribunal levantará acta de cada sesión del Pleno, la cual será aprobada en la próxima semana de plenos.

Sin perjuicio del secreto de las deliberaciones, en dicha acta el secretario hará constar, entre otros aspectos de interés:

  1. La fecha de la sesión, con la hora de inicio y de cierre, incluyendo las suspensiones y las reanudaciones.
  2. Los nombres de los jueces presentes, así como de los ausentes, haciendo constar las excusas si las hubieren.
  3. Un resumen del desarrollo de la sesión.
  4. Las modificaciones introducidas y aprobadas a los proyectos
  5. Los votos particulares (salvados o disidentes).
  6. Las consideraciones que los jueces soliciten hacer constar en el acta.
  7. Las firmas de los jueces, luego de la aprobación del acta.

Artículo 11. Deliberación y votación de los proyectos de sentencia: El proceso de la deliberación y votación seguirá el orden que se indica a continuación:

  1. Los debates se iniciarán con el turno del juez ponente, que presenta al Pleno el proyecto de sentencia para su deliberación y votación. Finalizado el turno del juez ponente, el presidente otorgará la palabra a los demás jueces en el orden que lo soliciten. El juez ponente podrá responder a cada una de las objeciones en particular tan pronto sean formuladas o, conjuntamente, al término de ellas.
  2. A solicitud de un juez, previo a la discusión de un expediente, su conocimiento será diferido por cuarenta y ocho (48) horas y agendado para una próxima sesión.
  3. Si en la discusión de un expediente, y previo al cierre de los debates, un juez motiva que sea diferido a otra sesión, su propuesta será sometida al Pleno y deberá contar con la mayoría de nueve (9) votos para ser aprobada.
  4. En el desarrollo de las deliberaciones, el presidente velará porque ellas tengan lugar dentro de un marco de respeto mutuo entre los jueces del Tribunal y hará llamados al orden cuando las circunstancias lo requieran.

Los miembros del Pleno son compromisarios en la preservación de un ambiente de tolerancia, armonía y consideración en sus sesiones.

  1. Agotados los turnos, el presidente cerrará los debates y someterá a votación el proyecto de sentencia presentado por el juez ponente, que se considerará aprobado cuando cuente con un mínimo de nueve (9) votos En caso contrario, será sometido de nuevo a una próxima sesión del Pleno, en un plazo no mayor de un (1) mes. Todos los jueces presentes en la deliberación tienen la obligación de votar a favor o en contra del proyecto.
  2. Si el Pleno aprueba una tesis distinta a la desarrollada en el proyecto original, podrá designar un nuevo juez ponente, que redactará el nuevo proyecto de sentencia conforme a la tesis mayoritaria, en caso de que el juez ponente original solicite el desapoderamiento del expediente.
  3. Si el proyecto de sentencia no obtiene la votación mínima requerida para su aprobación, se remitirá a la comisión operativa de origen, salvo que el Pleno decida enviar el proyecto a una comisión especial o someterlo a una nueva discusión y votación.
  4. En cada votación, el secretario deberá indicar en el acta el número de votos emitidos a favor y en contra del proyecto de sentencia, así como los votos salvados o disidentes, los cuales serán incorporados en la sentencia.

i ) Los jueces del Tribunal no pueden ser recusados. Sin embargo, deben inhibirse por decisión propia de participar en el conocimiento y deliberación de los asuntos en que concurra cualquiera de las causas de recusación previstas en el derecho común, sujeto a la decisión del Pleno, que por mayoría de votos puede rechazar la inhibición.

Artículo 12. Modificaciones de los proyectos de sentencia: Las modificaciones aprobadas por el Pleno, sea por consenso o por votación, serán incorporadas por el juez ponente en la redacción final de la sentencia.

El secretario deberá hacer constar en el acta del Pleno las modificaciones que hayan sido aprobadas, las tramitará al juez ponente para su inclusión en la sentencia y, posteriormente, verificará su incorporación en el proyecto.

Artículo 13. Confidencialidad de las deliberaciones: Las opiniones vertidas y las posiciones asumidas en el Pleno permanecerán en estricta confidencialidad. Ni los jueces ni el secretario divulgarán informaciones sobre los temas discutidos en el Pleno.

De manera provisional, hasta la adopción del reglamento disciplinario del Tribunal Constitucional, la violación a la confidencialidad de las deliberaciones y al contenido de las decisiones se considerará falta grave en el ejercicio de las funciones de los jueces, pasible de ser sancionada de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica y en este reglamento jurisdiccional.

Durante las sesiones del Pleno no se podrá tener ni utilizar ningún aparato telefónico ni grabadoras.

Los jueces y el secretario adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el personal de sus respectivos despachos guarde la debida reserva de los expedientes a su cargo.

Artículo 14. Cierre de la sesión del Pleno: Agotada la agenda, el presidente dará por terminados los trabajos y declarará cerrada la sesión.

Artículo 15. Votos particulares: De acuerdo con la Constitución y la Ley núm. 137-11, los jueces podrán formular votos salvados o disidentes, con el debido respeto a sus pares y al Tribunal Constitucional, siempre que hayan defendido su opinión discrepante en la deliberación y expongan en el Pleno los fundamentos que desarrollarán en su voto.

El voto es salvado cuando el juez concurre con la decisión final tomada por la mayoría del Pleno, pero ofrece motivaciones propias; es disidente, cuando discrepa del dispositivo de la sentencia.

Artículo 16. Plazos: Los jueces disponen de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la sentencia para formular su voto particular. Transcurrido dicho plazo, y previa autorización del presidente, el secretario publicará la sentencia sin la incorporación de los votos particulares, dejando constancia de los magistrados que no estuvieron de acuerdo con la motivación o con el dispositivo de la decisión.

El magistrado que haya votado salvado o disidente y no haya emitido su voto dentro del indicado plazo de diez (10) días, dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para hacerlo, contado a partir de la publicación de la sentencia. El voto particular se publicará posteriormente, por separado, en el portal institucional, y junto con la sentencia en el boletín del Tribunal.

En todo caso, los magistrados tendrán siempre la potestad de renunciar al voto particular mediante comunicación escrita a la Secretaría.

Artículo 17. Publicación de la sentencia: El secretario comunicará sendas copias certificadas de la sentencia a las partes, así como a los intervinientes y a los amicus curiae, si los hubiere. La decisión se publicará en el Boletín Constitucional y en el portal institucional del Tribunal.

Previo a la publicación oficial de la sentencia, el Tribunal publicará en su portal un comunicado, a cargo de la Secretaría, que deberá contener la síntesis del conflicto, el dispositivo y los resultados de la votación en cada caso conocido y aprobado por el Pleno. Los comunicados serán acompañados del siguiente texto aclaratorio: El presente comunicado es un medio de divulgación estrictamente informativo respecto de los casos conocidos y aprobados por el Pleno. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia puede reemplazar total o parcialmente la sentencia firmada y notificada a las partes intervinientes. Tampoco surte efecto jurídico ni goza de eficacia jurisdiccional.

Artículo 18. Celebración de las audiencias: Tal como prescribe la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional celebra ordinariamente audiencias en materia de acción directa de inconstitucionalidad y, excepcionalmente, en materia de recurso constitucional de revisión de sentencias de amparo. Estas se rigen por el protocolo de audiencia.

Sección IV
Intervinientes interesados y amicus curiae

Artículo 19. Interviniente: El interviniente es la persona física o jurídica que participa en un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional, motivado por su interés personal o por el interés de una de las partes en dicha participación. En la primera hipótesis, se trata de una intervención voluntaria y, en la segunda, de una intervención forzosa.

Artículo 20. Requisitos para la intervención voluntaria: La intervención voluntaria se realizará mediante escrito motivado, que se depositará en la Secretaría del Tribunal Constitucional, acompañado de los documentos en los cuales se sustenta, si los hubiere. Dicho depósito se efectuará dentro de los diez (10) días calendarios, a pena de exclusión, contados a partir de la fecha de publicación de la referencia de los expedientes en el portal web del Tribunal Constitucional.

En los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, el plazo es de cinco (5) días calendarios.

Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

Artículo 21. Comunicación de la intervención: En la acción directa de inconstitucionalidad, el presidente del Tribunal comunicará el escrito del interviniente al accionante, a la autoridad de la cual emane la norma y al procurador general de la República.

El escrito de intervención será comunicado a las partes por el secretario del Tribunal en los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, así como en las revisiones constitucionales de sentencias de amparo y, eventualmente, en las demandas de medidas cautelares.

Artículo 22. Escritos de réplica: El escrito de intervención podrá ser objeto de réplica (s), que debe(n) ser depositada(s) en la Secretaría del Tribunal en los siguientes plazos:

  1. En las acciones directas de inconstitucionalidad y los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, dentro de los quince (15) días calendarios contados a partir de la comunicación del escrito de intervención.
  2. En los recursos constitucionales de revisión de sentencias de amparo, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación del escrito de intervención.

Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

Artículo 23. Amicus curiae: Se considera amicus curiae o amigo del Tribunal a la persona física o jurídica, o a la institución del Estado que, ajena al litigio o al proceso del cual está apoderado el Tribunal Constitucional, somete un escrito de opinión con el objeto de colaborar en su edificación.

El amicus curiae participa en casos de trascendencia constitucional o que resulten de interés público, como son la acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales y los recursos de revisión constitucional de amparo en los cuales se ventilen derechos colectivos y difusos. Deberá poseer reconocida competencia sobre la cuestión debatida y su opinión carece de efectos vinculantes para el Tribunal Constitucional.

Artículo 24. Plazos: En la acción directa de inconstitucionalidad, el amicus curiae debe depositar su escrito en la Secretaría del Tribunal Constitucional en un plazo de quince (15) días calendarios contados a partir de la publicación del extracto de la acción en el portal de la institución; y de cinco (5) días calendarios, en los casos de control preventivo de los tratados internacionales y de los recursos de revisión constitucional de amparo sobre derechos colectivos y difusos, a partir de la publicación de la referencia del expediente en el portal del Tribunal. Si el escrito del amicus curiae es presentado después de vencido el plazo, no será tomado en consideración.

Artículo 25. Alcance: El amicus curiae no se considera parte del proceso, por lo que no puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a esta; tampoco percibirá remuneración y su actuación no devengará costas ni honorarios judiciales.

Artículo 26. Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional: La Unidad de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (en lo adelante, la “USES”) persigue la ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal mediante la estructuración de los mecanismos de recepción, investigación y trámite de las solicitudes tendentes a resolver las dificultades o el incumplimiento de sus decisiones.

La USES se encuentra adscrita al Pleno y se rige por un manual de funcionamiento aprobado por este último. Estará integrada por el secretario, quien la coordinará, y el encargado jurídico del Tribunal Constitucional.

Artículo 27. Mecanismos de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional: De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 50 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional dispondrá en la sentencia quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Las dificultades de ejecución serán resueltas por el Pleno, previo informe de la USES.

El Pleno instruirá a la USES para realizar todas las gestiones necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento de sus decisiones cuando la parte interesada le haya informado las dificultades de ejecución.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS PROCESOS
CONSTITUCIONALES

CAPÍTULO I
ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 28. Trámite de la acción: El presidente del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley núm. 137-11, debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el escrito de interposición de la acción directa de inconstitucionalidad previstos en el artículo 38 de dicha ley. En caso de que el escrito no cumpla con tales requisitos, se le devolverá al accionante para que en un plazo máximo de cinco (5) días realice las correcciones correspondientes y lo someta de nuevo.

Si el presidente del Tribunal considera que se han cumplido los requisitos precedentemente indicados, comunicará el escrito al procurador general de la República y a la autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado para que emitan su opinión en un plazo de treinta días (30) contados a partir de su recepción.

En caso de que el accionante no obtempere al requerimiento dentro del plazo indicado, o que el nuevo escrito presente otras deficiencias, el presidente informará de tales circunstancias al Pleno para que este último decida si el presidente inicia o no el trámite de la acción.

Artículo 29. Audiencia: Una vez tramitada la acción, el Tribunal Constitucional convocará a una audiencia oral y pública mediante auto del presidente, a fin de que las partes y los intervinientes, si los hubiere, presenten sus conclusiones.

El secretario levantará acta de la audiencia y la certificará. En ella hará constar las conclusiones de las partes y las de los intervinientes, si los hubiere.

Artículo 30. Deliberación y sentencia: El Tribunal deliberará y dictará sentencia dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de fallo, al tenor de lo previsto en el artículo 43 de la Ley núm. 137-11.

CAPÍTULO II
CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Artículo 31. Procedimiento: Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales se iniciará mediante una instancia dirigida por el presidente de la República al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del tratado.

Dicha instancia será acompañada de los siguientes documentos: una copia completa del tratado; una certificación del texto por parte del consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, traducido al español y certificada por intérprete judicial, en caso de que esté en otro idioma; y un resumen del contenido del tratado, en particular de sus aspectos técnicos.

El secretario del Tribunal verificará que el expediente contenga la documentación requerida; en caso contrario, lo devolverá a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con ese propósito.

Artículo 32. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones de la Ley núm. 137-11 y de este reglamento, y dictará sentencia sobre la constitucionalidad o no del tratado en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que fue apoderado el Tribunal Constitucional. La decisión será comunicada al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO III
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Artículo 33. Planteamiento del conflicto: Cualquiera de los poderes públicos, órganos o entidades previstos en el artículo 59 de la Ley núm. 137-11 podrá plantear un conflicto de competencia de orden constitucional. El conflicto se someterá ante la Secretaría del Tribunal Constitucional mediante un memorial en el que se fundamente jurídicamente la vulneración del orden constitucional de competencias por parte de alguno de estos poderes, órganos o entidades al dictar una disposición, adoptar una resolución o emitir un acto.

Artículo 34. Plazo para alegatos: Previo al conocimiento del conflicto, el presidente del Tribunal Constitucional comunicará el memorial al poder público, órgano, autoridad o entidad del Estado frente al cual se ha presentado el conflicto para que en un plazo de treinta (30) días improrrogables deposite un escrito de defensa y presente los medios probatorios que estime útiles a sus pretensiones.

Artículo 35. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones del artículo 62 de la Ley núm. 137-11 y este reglamento; es decir, dictará sentencia en el plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la recepción del escrito de defensa o del vencimiento del mencionado plazo de treinta (30) días, salvo que se considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que esta se haya practicado.

CAPÍTULO IV
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE
SENTENCIAS DE AMPARO

Artículo 36. Remisión del expediente al Tribunal Constitucional: De acuerdo con lo establecido en los artículos 99 y siguientes de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión de las sentencias emitidas por el juez de amparo se depositará ante el tribunal que dictó la sentencia, el cual debe realizar las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión de la sentencia de amparo solo será recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Escrito de la acción de amparo.
  2. Copia certificada de la sentencia de amparo.
  3. Acto de notificación de la sentencia recurrida.
  4. Escrito del recurso de revisión.
  5. Acto de notificación del recurso de revisión.
  6. Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.
  7. Escritos de otras partes intervinientes, si las hubiere.
  8. Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remisión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal de envío del recurso.

Artículo 37. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones de la Ley núm. 137-11 y de este reglamento, y dictará sentencia en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la recepción del expediente.

Si el Tribunal lo considerara necesario, previo a dictar sentencia, podrá convocar una audiencia pública con la finalidad de celebrar las medidas de instrucción que estime pertinentes para una mejor sustanciación de la especie. En ese caso, el indicado plazo de treinta (30) días se iniciará a partir del día en que el expediente quede en estado de fallo.

CAPÍTULO V
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS

Artículo 38. Remisión del expediente al Tribunal Constitucional: De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de sentencias se depositará en el tribunal que dictó la decisión recurrida, el cual debe realizar las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión solo será recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Copia certificada de la sentencia objeto del recurso, así como de todas las sentencias dictadas en el proceso de que se trate.
  2. Acto de notificación de la sentencia recurrida.
  3. Escrito del recurso de revisión constitucional.
  4. Acto de notificación del recurso de revisión.
  5. Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.
  6. Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remisión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal de envío del recurso.

Artículo 39. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y
votará la decisión siguiendo las previsiones de la Ley núm. 137-11, las de este reglamento, así como las interpretaciones que realice de los principios rectores de la justicia constitucional a través de su precedente.

Artículo 40. Petición de suspensión: De acuerdo con la Sentencia TC/0016/12, que rindió este tribunal el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), toda parte interesada podrá solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia de amparo recurrida en revisión. Dicha petición de suspensión se efectuará mediante un escrito motivado que deberá ser depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional o en la Secretaría de la jurisdicción que dictó la sentencia objeto del recurso.

La Secretaría en la que se realice el depósito comunicará la demanda en suspensión a las partes interesadas en un plazo de tres (3) días francos contados a partir de dicho depósito. El demandado dispondrá de un plazo de tres (3) días francos para depositar escrito de réplica, contados a partir de la fecha de notificación de la demanda.

El escrito de defensa debe ser depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional en un plazo de cinco (5) días francos contados a partir de la notificación de la demanda de suspensión.

La solicitud de suspensión se tramitará de forma preferente y sumaria. La Secretaría del Tribunal Constitucional comunicará la decisión sobre la suspensión al tribunal que dictó la sentencia recurrida, así como a las partes.

La demanda en suspensión y el recurso de revisión se resolverán mediante una sola sentencia cuando ambas acciones figuren en una misma instancia, salvo que la naturaleza del caso justifique una solución distinta.

 

CAPÍTULO VI
VIGENCIA, REFORMA E IMPREVISIONES DEL REGLAMENTO

Artículo 41. Publicación y entrada en vigor del Reglamento: El presente reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional; luego, se publicará en el Boletín Constitucional y en el portal institucional.

Artículo 42. Reforma del reglamento: Las propuestas de modificación del presente reglamento deben ser presentadas al Pleno del Tribunal Constitucional, por escrito, a iniciativa del presidente o de al menos cuatro (4) jueces.

La reforma del presente reglamento debe ser aprobada por el Pleno por un mínimo de nueve (9) votos favorables.

Artículo 43. Derecho supletorio: Para la solución de las imprevisiones del presente reglamento, se aplicarán supletoriamente los principios generales de derecho procesal constitucional y, subsidiariamente, las normas procesales afines a la materia discutida, por aplicación del principio de supletoriedad contenido en el artículo 7, numeral 12, de la Ley núm. 137- 11.

Aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los diecisiete (17) días de diciembre de dos mil catorce (2014).

La importancia que los abogados cambiemos la tradición de trabajar gratis o muy barato

La importancia que los abogados cambiemos la tradición de trabajar gratis o muy barato. Es necesario cobrar honorarios por cualquier actividad o diligencia en que nos involucremos.
El Dr. David Richardson durante un buen período en los tribunales y en el contacto humano con muchos colegas, se ha advertido que muchos clientes, familiares, amigos, que abusan de los abogados, sobre todo, de los abogados jóvenes, y muchos abogados que tienen buen tiempo, pero nadie valora su profesión.

Hay que el eliminar el abuso que contra los abogados ejercido por muchas empresas, y personas que contratan al abogado para que cobre al final del caso.

La falta de educación financiera lleva a una vida de quiebra económica a los abogados.

Es muy fácil dibujar una paloma, lo duro es hacerle el pico y que coma… Los médicos NO operan, NO CONSULTAN a NADIE SINO HAY DINERO, Los ingenieros no inician NINGÚN PROYECTO SIN DINERO, y los empresarios no hacen negocios para PERDER… EVITA LAS TRAMPAS DEL DIABLO…

Por la dignidad de nuestra profesión, 1 Timoteo 5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y Digno es el obrero de su salario.

Dar, ayudar, colaborar con otros, son mandamientos divinos, mantener la familia… pero ¿Cómo lo hace un abogado que no cobra consultas y honorarios por adelantado?

No creas en cuento de camino, para que vayas aprendiendo, para que te desarrolle, MENTIRA DEL DIABLO, cobra y todo lo demás que venga por añadidura.

Evitemos las trampas del Diablo, con un caso de tierras en Bávaro, un caso de tierra en Samaná (Donde no hay ma-ná), un cobro de cheque de alguien ya explotado económicamente, un deudor que no tiene nada, SIN UN CHELE EN LOS BOLSILLOS, ¿Cómo mantengo a la familia? ¿Cómo cumplo con Dios (Dar, Ayudar, Colaborar, etc.?

Glosario sobre la teoría jurídica del delito

GLOSARIO
Teoría Jurídica del Delito

Dr. Edgar De León

Abaco: Antiguo instrumento de calculo. Es un cuadro de madera con alambres paralelos en los que hay bolas movibles.

Aberratio ictus: Se produce cuando el ilícito se lleva a cabo en perjuicio de la persona equivocada.

Ejemplo: A quiere matar a B, que está sentado junto a C; apunta mal y en lugar de matar a B, mata a C, a quien no quería matar.

 

Acción: En un sentido amplio, se entiende como cualquier comportamiento humano. Desde el punto de vista penal, significa la exteriorización de la resolución delictiva.

 

Anomia: Estado de aislamiento del individuo, o desorganización de la sociedad, debido a ausencia, contradicción o incongruencia de las normas sociales.

 

Antijurícidad: Es la oposición voluntaria al ordenamiento jurídico. Actúa antijurídicamente quien contraviene las leyes penales.

 

Antropología criminal: Creada por Lombroso (medico y antropólogo), es la ciencia que estudia al hombre criminal. En el estudio del hombre delincuente se tienen en cuenta sus características anatómicas y psíquicas, así como el ambiente social en el que se desenvuelve su actividad.

 

Antropología: Ciencia que tiene por objeto el estudio del hombre y de su cultura, además de sus interrelaciones con el medio biológico, geográfico e histórico.

 

Apología: Es el discurso hecho en defensa o alabanza de personas o de cosas. Se llama apología delictiva cuando se defiende o alaba a personas que han cometido un delito o al propio delito cometido por esas personas.

 

Aporía: Dificultad lógica insuperable que presenta un problema especulativo.

 

Arché: Vocablo con el que los filósofos griegos se referían al principio de todas las cosas, que puede entenderse como el elemento del que todo lo demás deriva o bien como aquello por lo que las cosas son lo que son.

 

Atribuibilidad: Es categoría intermedia entre lo ilícito y la culpabilidad (responsabilidad). Permite establecer si tiene o no sentido político-criminal, indagar sobre la responsabilidad individual del autor.

 

Autoría mediata: Se caracteriza porque el autor del hecho utiliza a otra persona como un instrumento para la ejecución del delito.

 

Autoría: Cuando se lleva a cabo una conducta antijurídica con el dominio de la acción.

 

Causalismo: Teoría esbozada por Beling y von Liszt, a principios del siglo XX, cuyo principio era que la acción se configuraba como una categoría autónoma de carácter ontológica y causal, puramente descriptiva y objetiva, caracterizada por el impulso de la voluntad.

Conditio sine qua non: Que todas las condiciones son equivalentes causas.

Conducta: Conjunto de actitudes y reacciones del individuo frente al medio en que se desenvuelve. Se encuentra determinada por la estructura biológica y la herencia sociocultural.

 

Conglobar: Unir, juntar cosas o partes, de modo que formen un conjunto o montón.

 

Culpa: Es la producción de un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable, a consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible.

 

Culpabilidad: La culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta de una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable.

 

Delito: Es toda acción típica, antijurídica, culpable y punible.

 

Dialéctica: Rama de la filosofía que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y modos de expresión. Es el arte de argumentar.

 

Dolo: El dolo es la producción de un resultado típicamente antijurídico, con consciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias del hecho y el curso esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio del mundo exterior, y con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiere.

 

Dominio del hecho: Dícese cuando un autor, aunque no hay cometido el hecho, puede ser imputado o señalado como responsable, si ha tenido conocimiento y voluntad de que se produzcan los hechos, porque ha existido una cadena de mando que él conoce y domina.

 

Error de prohibición: Consiste en el desconocimiento, inevitable o evitable, de la ilicitud penal de la conducta, lo que implica que la persona tenga le creencia errónea de que la conducta que realiza no está sancionada por las leyes penales.

 

Error de tipo: El error de tipo consiste en el desconocimiento por parte del agente de alguno o todos los elementos descritos en el tipo. Es un excluyente del dolo.

 

Error in objeto (o in persona): Estos supuestos se caracterizan porque el autor confunde el objeto de ataque, dirigiendo su acción contra un objeto (o una persona) distinto del que pretendía.

 

Escolástica: Escolasticismo, corriente filosófica de la Edad Media, en que domina la enseñanza de la doctrina de Aristóteles.

 

Estado de derecho: Forma política caracterizada por la sumisión del poder al Derecho, mediante la limitación jurídica de su actividad.

 

Estado de excepción: Situación de anomalía motivada por la alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, del normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad o de cualquier otro aspecto del orden públicos, para cuyo restablecimiento y mantenimiento es insuficiente el ejercicio de las potestades ordinarias.

 

Estado de necesidad: Es una circunstancia eximente, esto es, el que obra impulsado por la necesidad está exento de pena siempre que se den unos requisitos:

  1. a) que el mal que cursa el que obra por necesidad no sea mayor que el que él mismo trató de evitar;

  1. b) que el estado de necesidad no sea causado voluntariamente por el que obra empuñado por tal;

  1. c) que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse por su oficio.

 

Exégesis: Explicación e interpretación, especialmente de los libros de la Biblia.

 

Filosofía: Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales.

 

Finalismo: Corriente doctrinal en derecho penal cuyas tesis fundamentales son concebir la acción como una “acción final”, el “dominio del hecho” como criterio determinante de la autoría y el “poder actuar de otro modo” como nota esencial de la culpabilidad.

 

Flexuoso: Que forma ondas, blando, condescendiente.

 

Funcionalismo: Teoría que tiende a explicar los fenómenos sociales por la función que necesariamente ejercen las instituciones o grupos dentro de la sociedad.

 

Garantismo: Es una ideología jurídica, cuya noción central es la “garantía”. Ferrajoli, es el padre del Garantismo, quien define la garantía como “cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo”.

 

Hedonismo: Doctrina que proclama como fin supremo de la vida la consecución del placer.

 

Hermenéutica: Arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, y especialmente el de interpretar los textos sagrados.

 

Imputabilidad: Posibilidad de considerar a una persona como autora de una infracción, tanto desde el punto de vista material como moral. La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión.

 

Inimputabilidad: Es el estado de incapacidad para conocer el deber ordenado por la norma y la ineptitud de actuar, por cuenta propia, con arreglo a su mandato. Sus causas son: Enfermedad mental, Grave Insuficiencia de la Inteligencia, Grave Perturbación de la conciencia y, Ser menor de 16 años.

 

Insondable: Que no se puede comprender.

 

Legitima defensa: Estado de la persona que para protegerse a si misma o a un tercero contra la amenaza de un mal grave e inminente resultante de una agresión injusta, se halla en la necesidad de cumplir un acto prohibido por la ley penal.

 

Mutatis mutandis: Cambiando lo que se deba cambiar.

 

Nexo causal: Es la relación de causalidad entre el acto y el resultado.

 

Norma jurídica: Es la regla de conducta exigible en la convivencia social que trasciende en derecho.

 

Objetivo: Relativo al objeto en si y no a nuestro modo de pensar o sentir. Se dice de lo que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce.

 

Ontología: Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales.

 

Populismo: Doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo.

 

Positivismo: Doctrina filosófica formulada por A. Comte, que solo confiere validez científica a los conocimientos que proceden de la experiencia, rechazando las nociones a priori y todo concepto universal y absoluto.

 

Preterintencionalidad: praeter intentionem: más allá de la intención. La preterintencionalidad tiene lugar cuando el autor quiere producir dolosamente un determinado resultado lesivo, pero termina por producir un resultado más grave que el abarcado por su dolo.

 

Prima facie: A primera vista.

 

Propedéutica: Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina.

 

Pundonor: Estado en que la gente cree que consiste la honra, el honor o el crédito de alguien.

 

Pundonoroso: Que tiene pundonor.

 

Punibilidad: Ultimo estadio de la teoría del delito en el que se constata la necesidad en concreto de aplicar una pena al agente.

 

Subjetivo: Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo.

 

Subsunción: Es la adecuación de los hechos al tipo penal.

 

Teleología: Explicación de las cosas según su finalidad o causa final, entendiendo por tal la razón para la que la cosa existe.

 

Tentativa: Es cuando se principia la ejecución de un delito, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del sujeto.

 

Tentativa idónea: Es cuando se realiza todo o parte de los actos descritos por el tipo penal para llegar a su consumación.

 

Tentativa inidónea: Es pretender un acto ilícito contra un bien jurídico protegido que no existe.

 

Teoría Jurídica del Delito: Es el conjunto de estructuras de imputación por medio de las cuales se atribuye responsabilidad penal a un sujeto.

Tipicidad: Es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal.

Tipificación penal: Es la criminalización de una norma de cultura realizada por el legislador y establecida en una ley penal.

Tipo: Descripción de un acto omisivo o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal.

Ultima ratio: En última instancia.

Voluntariedad: Es la posibilidad de dominio de la actividad o pasividad corporal a través de la voluntad.

Principios básicos sobre la función de los abogados

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama, además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Considerando el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que estipula que toda persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a comunicarse con él y a consultarlo,

Considerando que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos recomiendan, en particular, que se garantice la asistencia letrada y la comunicación confidencial con su abogado a los detenidos en prisión preventiva,

Considerando que las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte reafirman el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a una asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso, de conformidad con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder se recomiendan medidas que deben adoptarse en los planos nacional e internacional para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo, la restitución, la compensación y la asistencia en favor de las víctimas de delitos,

Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente,

Considerando que las asociaciones profesionales de abogados tienen que desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales, proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas, facilitar servicios jurídicos a todos los que los necesiten, y cooperar con las instituciones gubernamentales y otras instituciones para impulsar los fines de la justicia y el interés público,

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que figuran a continuación, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se aplicarán también, cuando proceda, a las personas que ejerzan las funciones de la abogacía sin tener la categoría oficial de abogados.

Acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos.
1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal.

2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición.

3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos.

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Decálogo del Notario

DECÁLOGO DEL NOTARIO

 

1 – Honra tu ministerio.

 

2 -Abstente, si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación.

 

3 – Rinde culto a la verdad.

 

4 – Obra con prudencia.

 

5 – Estudia con pasión.

 

6 – Asesora con lealtad.

 

7 – Inspírate en la equidad.

 

8 – Cíñete a la ley.

 

9 – Ejerce con dignidad.

 

10 – Recuerda que tu misión es “evitar contienda entre los hombres”

Los mandamientos del abogado

Los Mandamientos del Abogado y/o Decálogo del Abogado

1º.  Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serán cada día un poco menos Abogado.

2º. Piensa, El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

3º. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la Justicia.

4º. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia.

5º. Sé leal. Leal como tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando el sea desleal contigo, Leal para con el Juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que tu le dices y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas.

6º. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.

7º. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.

8º. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.

9º. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

10º. Ama tu profesión. Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proporcionarle que sea Abogado.

Código de Ética del Profesional del Derecho

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

PRESENTACIÓN

El decreto No. 1290 del 2 de agosto de 1983, ratificó el Código de Ética del Profesional del Derecho, aprobado por la Asamblea del Colegio de Abogados de la República celebrada en fecha 23 de julio de 1983. Este documento tiene por objetivo fundamental lograr la moralización del ejercicio del derecho en nuestra sociedad. El Abogado tiene una alta misión de servicio a la ciudadanía, que debe ser realizada con probidad, lealtad, independencia, y respeto a los principios éticos y legales. El Código de Ética contiene los lineamientos de una conducta moral del profesional del Derecho. Los deberes del Abogado, el Secreto Profesional, sus relaciones con la clientela, con sus colegas, con los tribunales y la fijación de honorarios están claramente reglamentados. La transgresión de estas normas conlleva la aplicación de sanciones por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República. En momentos en que la Nación Dominicana, en general y la Justicia y el ejercicio del Derecho en particular, atraviesan por una profunda crisis moral y de credibilidad, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. y el Colegio de Abogados de la República han querido editar este Código de Ética. Esperamos así, llevarlo al conocimiento de todos cuantos aman el derecho, la verdad y la justicia. Y abrigamos la esperanza de que sus preceptos iluminen el espíritu y el comportamiento del Abogado dominicano.

CÓDIGO DE ÉTICA

DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

ARTICULO l.—Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho, son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad.

PÁRRAFO: El profesional del derecho debe actuar con irreprochable dignidad, no sólo en el ejercicio de la profesión, sino en su vida privada. Su conducta jamás debe infringirlas normas del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien.

ARTICULO 2.-El profesional del derecho debe ser leal y veraz y debe actuar de buena fe, por tanto no aconsejará ningún acto fraudulento ni hará en sus escritos citas contrarias a la verdad. Para el profesional del derecho estará siempre antes une su propio interés, la justicia de la tesis que defiende.

ARTICULO 3.—En su vida el profesional del derecho debe cuidar con todo esmero de su honor, eludiendo cuanto pueda afectar su independencia económica, comprometer su decoro o disminuir, aunque sea en mínima medida, la consideración general que debe siempre merecer. Debe por tanto

conducirse con el máximo de rigor moral. La conducta privada del profesional del derecho se ajustará a las reglas del honor, la dignidad y el decoro, observando la cortesía y consideración que imponen los deberes de respeto mutuo entre los profesionales del derecho.

ARTICULO 4.—Los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. El abogado como auxiliar y servidor de la justicia y colaborador en su administración, no deberá olvidar que la esencia de su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral.

ARTICULO 5.—En sus alegatos verbales o escritos, el profesional del derecho debe usar de la moderación y la energía adecuadas, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte que patrocina. Cuando tuviere que criticar los fallos judiciales o los alegatos de su contrario, deberá abstenerse de toda expresión violenta o sarcástica; y si la gravedad del caso exige energía en la expresión, deberá, no obstante, abstenerse de toda vejación inútil y de violencias impropias.

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¿Por qué es necesario modificar el Código de Trabajo en la República Dominicana?

El código laboral actual, es un código que tiende y posibilita la quiebra de los negocios informales y las pequeñas empresas, ¿Por qué? Existen negocios informales de 2 a 5 empleados, con un capital de 50 mil pesos, 75 mil pesos o 100 mil pesos, y si uno de esos empleados decide dimitir o demandar ante el tribunal laboral en la República Dominicana, con ese simple hecho, ya tiene el 50% del pleito en justicia ganado, y si la demanda es acogida, este pequeño negocio se va a la quiebra, porque posiblemente la sentencia será superior a los 200 mil pesos, por daños y perjuicios causado al trabajador o empleado, toda vez, que estos pequeños comerciantes le es muy difícil formalizarse legalmente.

Una adecuación del Código Laboral más equitativa para los que ofrecen el empleo así como para los trabajadores, no todas las empresas deben ser calificadas igual, desde mi humilde punto de vista, deben existir por los menos tres a cinco categorías.

De manera que los negocios informales y las pequeñas empresas, queden sujetas a condiciones que le impidan ir a la quiebra por el simple hecho de haber sido demandadas. Una solución podría ser el pago de un seguro laboral no muy costoso para esos fines.

Al final lo que queda es un negocio o empresa pequeña sin sus herramientas de trabajo fruto o como consecuencia de un embargo, entonces la empresa deja de existir, y los demás empleados se quedan sin sus prestaciones laborales y sin trabajo, todo el mundo pierde, los trabajadores, el pequeño empleador, la comunidad y la sociedad de manera general.

¿Cómo se trata el delito de acoso sexual en República Dominicana?

Constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones.

El acoso sexual se castiga con un año de prisión y multa de cinco mil a diez mil pesos.

El acoso sexual en los lugares de trabajo da lugar a dimisión justificada (Que puedes dejar el trabajo, ir donde un abogado, comunicarlo inmediatamente a la Secretaria de Trabajo de tu comunidad) de conformidad con las previsiones de los artículos 96 y siguientes del Código de Trabajo, sin perjuicio de otras acciones que pueda intentar la víctima”.

A un violador ¿Cuántos años le echan?, ¿Cuál es la condena?

A un violador ¿Cuántos años le echan?, ¿Cuál es la condena? ¿Qué le pasa a un adulto por tener relaciones sexuales con un menor de edad en República Dominicana?

La Violación es castigada en República Dominicana, con la pena de Diez a Quince años de cárcel y multa de cien mil a doscientos mil pesos.

Si la violación fue contra una persona discapacitada, vulnerable, física o mental la condena es de diez a veinte años de cárcel.

Si la violación fue cometida por algún familiar o por alguien que haya adoptado a un niño, niña, adolescente, es castigado por el máximo de la reclusión. Este tipo de violación no tiene derecho a fianza, ni puede acogerse a circunstancias atenuantes.

Nunca un adulto debe tener relaciones sexuales con un menor o menores de edad, las leyes de república dominicanas, prohíben esa conducta y la castigan severamente.