Category: Abogado

¿Qué puedo hacer? Tengo un solar vacío, un terreno sin construir y alguien fabricó un casita, sin mi permiso y sin mi consentimiento

Esta persona que se introdujo en su propiedad ha cometido el delito de violación de propiedad, que se castiga hasta con dos años de prisión, multa, y también lo pueden condenar a pagar daños y perjuicio.

1.- Debe buscar un abogado para que le escriba (interponga) una querella con constitución en actor civil (Así se le llama técnicamente), en contra de la persona que entró a su solar sin su permiso.

2.- La querella se le deposita en la fiscalía de su comunidad (Jurisdicción, Distrito Judicial) a través de su secretaria, con varias copias.

3.- El fiscal hace una breve evaluación de su caso y ve los méritos de su querella. (Generalmente admiten su querella)

4.-Luego por medio de un acto de alguacil le notifican la querella a la persona que esta en su solar o propiedad sin su consentimiento, con la indicación del dia que debe asistir al tribunal.

4.1 El fiscal solicitará medida de coerción contra el invasor.

5.- En caso de conversión serán son dos audiencias o secciones: Una de conciliación y otra de fondo del caso si no se logra la conciliación.

6.- Sentencia, Notificación, Fuerza Pública (Sin importar si la persona que esta en su solar apela) y Desalojo.

Profesionalización de la investigación criminal

La dinámica investigación-prueba-juicio (“sin investigación no hay prueba” y “sin prueba no hay juicio“) que se presenta como uno de los rasgos más importantes del nuevo ordenamiento procesal penal, unido a la atribución de la investigación plenamente al Ministerio Público y a la policía, obliga necesariamente a atender uno de los aspectos más prioritarios: dotar al Ministerio Público y a la policía de mayor capacidad de investigación y de las herramientas que aseguren una investigación criminal eficiente.

Esto supondrá el desarrollo de protocolos de operaciones o pautas de funcionamiento para fiscales y policías en todo lo relativo a recolección y conservación de evidencias, aseguramiento de la cadena de custodia, conocimiento de las incidencias delictivas más frecuentes, con capacidad de hacer el mapa del delito, así como conocer el circuito criminal en las distintas modalidades criminales.

Para ello, es necesario profundizar la separación de las tareas de investigación de las que corresponden a la seguridad en el ámbito de la Policía Nacional, encarando un fuerte trabajo de formación de investigadores policiales como parte de un sistema de investigación criminal.

Además, resulta imperativo dotar a los órganos de investigación de bancos de información específica y de acceso a todos los registros públicos existentes, pues la posibilidad de disponer en forma rápida de información útil representa un insumo vital para una investigación profesionalizada y eficaz.

Por otro lado, constituye una necesidad impostergable fortalecer e integrar todo el gabinete científico de apoyo a las investigaciones penales mediante la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como órgano adscrito a la Procuraduría General de la República, con personal cualificado, credibilidad y precisión técnica.

Será necesario además hacer énfasis en la construcción de la relación Ministerio Público-Policía en el contexto de la dirección funcional de la investigación que tiene a su cargo el Ministerio Público, entendida ésta como una relación profesional, donde cada quien cumple una función claramente diferenciada. En el mismo sentido, se encaminarán acciones dirigidas a afianzar la separación funcional entre la policía de investigación y la uniformada, de modo que se pueda facilitar la formación del espíritu de equipo que se debe fomentar entre fiscales y policías.

La Conciliación

La Conciliación

Introducción.

En nuestro país desde el año 1996 ha existido una cultura práctica en materia de conciliación, pero no es hasta la entrada en vigencia del CPP, cuando se incorpora como institución reglada, que procura la solución de determinados ­conflictos penales mediante su desjudicialización, considerando a las víctimas ­protagonistas centrales del proceso.

La Conciliación ayuda a la economía procesal ya que simplifica los conocimientos de delitos menores, permitiendo que se reserve la investigación a delitos de mayor gravedad.

La aplicación de esta salida alterna permite que el acusado de cometer un hecho sancionable penalmente se reintegre a la sociedad sin necesidad de sufrir los efectos, en gran medida dañinos, de la prisión preventiva. En fin per­mite que las partes puedan lograr soluciones generadas por ellas mismas.

¿Qué es conciliar?

La conciliación es un Método de Resolución Alterna de Conflictos que contribuye a reincorporar el conflicto a la víctima.

La conciliación, según señala José de la Mata Amaya, es un método de auto composición para la solución de conflictos que filtran el proceso y supone un acuerdo entre imputado y la víctima, que motiva la suspensión del procedi­miento y que conlleva, si el imputado cumple lo acordado, a la extinción de la acción penal.

La conciliación, medio persuasivo de solución de conflictos, busca una composición justa entre las partes facilitando su comunicación en pro de un arreglo. Para la víctima la consecución del acuerdo reparatorio y para el imputado evitar la imposición de una sanción que menoscabe su libertad y su patrimonio.

¿Cuándo es posible conciliar?

El artículo 37 del CPP, establece que procede la conciliación para hechos punibles:

  1. Las contravenciones son las infracciones a las leyes castigadas con penas de simple policía. Las penas de simple policía son aquellas que consisten en mul­tas o en arrestos en establecimientos no estrictamente penitenciarios.

Conforme a la definición dada por Henri Capitant las contravenciones son infracciones que no implican en su autor intención delictuosa, ni aún impru­dencia caracterizada.

  1. Infracciones de Acción Privada: son aquellos hechos punibles estableci­dos por el Código Procesal Penal en su artículo 32: Violación de propiedad, es el delito mediante el cual una persona se introduce a un predio que no es de su propiedad; Difamación e injuria “Difamación”: está definida como toda ale­gación o imputación que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al que se imputa, mientras que la “injuria” se refiere a toda expresión ultrajante, palabras de menosprecio o invectiva, que no encierra la imputa­ción de ningún hecho; Violación de la propiedad industrial, es la que se la encarga de la protección de las marcas, nombres, denominaciones de origen, diseños industriales, patentes de invención todos aplicados al comercio y a la industria, conforme a la ley 20-00 en de la República Dominicana.; Violación de la ley de cheques, es la infracción relativa a la emisión de cheques sin la debi­da provisión de fondos entre otras irregularidades concernientes a esta activi­dad de comercio, contempladas en la ley No.2859, modificada por la ley 62-­2000 del 3 de agosto del año 2000.

  1. Acción Penal Pública a Instancia Privada (Artículo 31 del CPP):, Son aquellos tipos penales descritos en este artículo y que enumeramos a continuación.

Vías de hecho: son aquellos atentados contra el derecho ajeno y/o de violen­cias no amparadas jurídicamente.

Golpes y heridas que no causen lesión permanente. El Artículo 309 del Código Penal Dominicano, establece que “el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resulta­re al agraviado (a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado  (a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

Como consecuencia de lo anterior si los golpes y las heridas han producido daños irreversibles como son la mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades.

Amenazas, son atentados contra la libertad y seguridad de las personas con­sistentes en dar a entender, con, actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Por otro lado el Artículo 305 del Código Penal Dominicano, esta­blece que: “La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesi­nar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de reclusión, siempre que a dicha amenaza acompañe la cir­cunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición cualquie­ra. Al culpable se fe podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

El Art. 306.- Cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en deter­minado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía.

Art. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.

Art. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el Artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dos solamente.

La amenaza proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones, no son susceptibles de conciliación.

Robos sin violencia y sin armas. Es la sustracción de bienes muebles, en la cual el agente comisor ni ejerce violencia en la consumación del hecho ni porta armas, en ese sentido es pertinente remitirnos a las disposiciones del artículo 401 del Código Penal Dominicano, que establece “Los demás robos no espe­cificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán confor­me a la siguiente escala: 1. Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos. En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El que a sabien­das de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho ser­vir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimien­tos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos. El que sin tener los recursos suficientes para pagar el alo­jamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos. Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los casos previstos en el artículo 401, inci­so 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo”.

La Estafa: conforme al Art. 405 del código penal, son los delitos consistentes en apropiarse en perjuicio ajeno del dinero, títulos u otros muebles corpora­les que el agente se ha hecho remitir o entregar usando de falsos nombres c calidades, o empleando maniobras fraudulentas para persuadir de la existen­cias de falsas empresas, o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico.

Abuso de confianza. Se incurre en este delito, cuando en ciertas infracciones se afecta el orden patrimonial, el agente se vale de las facilidades que le pro­porciona la persona perjudicada y que son debidas a la confianza que le dis­pensa.

El artículo 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incu­rren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propie­tarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devol­ver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada. Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al públi­co con el objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como direc­tor, administrador, o agente de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos. Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial público o ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en perjuicio de su amo, maes­tro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de reclu­sión. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los artí­culos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero 0 documentos en los depósitos y archivos públicos. Párrafo.- En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.

Trabajo pagado y no realizado. La ley 3143 de fecha 11 de Diciembre del año 1951, GO, 7363, sobre trabajo realizado y no pagado y el artículo 211 del Código de Trabajo, los cuales versan sobre la infracción que se comete cuan­do se pacta la realización de una labor y sucede una de estas dos situaciones: se realiza el trabajo y no se paga y/o, se realiza el pago de una labor y esta no es realizada.

Revelación de secretos. El Art. 377 del Código Penal Dominicano, establece “Los médicos, cirujanos, y demás oficiales de sanidad, los boticarios, las parte­ras y todas las demás personas que, en razón de su profesión u oficio son depositarias de secretos ajenos y que, fuera de los casos en que la ley les obli­ga a constituirse en denunciadores, revelaren esos secretos, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos”.

“Art. 378.- El que para descubrir secretos de otros, se apoderare de sus pape­les o cartas, y divulgare aquellos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de veinticinco a cien pesos. Si no los divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Las penas no son aplicables a los esposos, padres, tutores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus cónyuges o de los menores que se hallen bajo su tutela o dependencia”.

“Art. 418.-Todo director, dependiente y obrero de fábrica que haya comunica­do, o intentado comunicar a extranjeros o dominicanos, residentes en el extranjero, secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará con prisión de seis meses, y multa de diez a sesenta pesos. Se les podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42, durante uno a tres años, y poner bajo la vigilancia de la alta policía. Si estos secretos se han comunicado a dominicanos residentes en la República, la pena será de uno a tres meses de prisión, y multa de diez a treinta pesos. El máximum de la pena pronunciada por los párrafos primero y tercero del presente artículo, se impondrá necesa­riamente, si se tratare de secretos de fábricas de armas y municiones pertenecientes al Estado”.

Falsedades en escrituras privadas.

Antes de abordar el tema de la falsedad en escritura privada, conviene enten­der qué es un documento privado, concebido como el escrito otorgado por las partes mismas, con su sola firma, y sin intervención de oficiales públicos. En otras palabras, es cualquier documento firmado en el ejercicio de una acti­vidad privada, o también el documento privado que una persona redacta por si mismo en su calidad de simple particular.

El Art. 150 del Código Penal Dominicano, establece “Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo que, por uno de los medios expresados en el artí­culo 147, cometa falsedad en escritura privada”.

La falsedad establecida en el Artículo 147 se aplica a la imitación o alteración de las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposicio­nes, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos.

La acción pública también es pasible de conciliación toda vez que se lleve a cabo en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, la conciliación procede en cualquier esta­do de causa.

En conclusión la conciliación procede cuando el imputado comete el delito sin intención de cometerlo y cuando los delitos son cometidos sobre la moral, los bienes de persona o son valorados en suma de dinero.

¿Cuáles son los elementos del proceso conciliatorio?

EL AMBIENTE. Para realizar una conciliación es imprescindible que el lugar cuente con un espacio amplio, tranquilo e íntimo, para que las partes que se someten a la conciliación se sientan cómodas.

El Conciliador

Debe ser una persona que accione en dirección a que las partes en conflictos hallen una solución.

 

Las partes

Imputado y víctima, que son los sujetos y objetos de la acción conciliatoria, deben por si mismas sugerir soluciones, es decir que sean ellas mismas quie­nes la planteen.

Incompatibilidades y prohibiciones de un Oficial del Estado Civil

Junta Central Electoral

En el ejercicio de sus funciones el Oficial del Estado Civil debe acogerse a las siguientes incompatibilidades y prohibiciones en el desempeño de la función:

a) No podrá dedicarse al activismo político. (Art.3 ley No. 8-92).

b) No podrá actuar fuera de los límites de su jurisdicción. (Art. 3 Ley No. 659/44).

c) No podrá instrumentar las actas que se refieran a su persona o parientes hasta el cuarto grado inclusive y de sus afines hasta el tercer grado, debiendo en estos casos ser sustituido por los suplentes. (Art. 17 Ley No.659/44).

d) No podrá insertar en sus actas, sea por vía de anotación o por cualquier otra indicación, sino aquello que está determinado en la ley para cada clase de acta. (Art.28 Ley No. 659/44).

e) No podrá proceder a transcribir las sentencias de rectificaciones de actas del Estado Civil; de adopción, decretos de cambios de nombre, acto notarial, autorización para llevar apellido, transcripción de acta instrumentada en el extranjero, reconocimiento efectuado mediante acto notarial o ante Cónsul dominicano acreditado en el extranjero, sin antes haber recibido instrucciones de la junta Central Electoral, a través de su Consultoría jurídica. (Art.9 Ley No.659/44).

f) No podrá por su propia autoridad hacer ningún cambio en el contenido de un registro, salvo las enmiendas y remisiones al margen para aclaratorias al momento de la instrumentación por errores u omisiones en cuyos casos deberá firmar o rubricar el Oficial del Estado Civil y las partes. (Art. 17 y 89 Ley No.659/44).

g) No podrá dejar espacio en blanco entre una acta y otra y no debe usar abreviaturas ni fechasen número, sino en letras. (Art.17 Ley No.659/44).

h) No podrá asentar las actas en registros que no sean los destinados a esos fines, ni podrá expedir las actas en formularios no autorizados por la junta Central Electoral. (Art.36 Ley No.659/44).

i) No podrá ausentarse de su jurisdicción sin la autorización de la junta Central Electoral a través de la Cámara Administrativa y de la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil. (Art.4 Ley No.659/44 y Lit. b del Art.6 Ley No.275-97).

j) No podrá asignar funciones a sus suplentes sin autorización de la Cámara Administrativa, vía la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, salvo la celebración de matrimonios fuera de la Oficialía. (Circular No.21 del 22-5-2007 del Presidente de la Cámara Administrativa).

El Himno del Poder Judicial Domininicano

El Himno del Poder Judicial es autoría de Rafael Scarfullery Sosa y su arreglo musical del Maestro Rafael Solano. Fue cantado por primera vez en el concierto “Voces de la Justicia” celebrado el 7 de diciembre de 2001 en la Casa San Pablo.

I
Hoy cantemos con orgullo
y con firme decisión:
la justicia es estandarte
y faro de la nación.

II
Es su norte el cumplimiento
de nuestra Constitución
su estatuto son las leyes
aplicadas sin temor.

III
Su balanza es equilibrio
que garantiza equidad
leyes, reglas y decretos
rigen su imparcialidad.

IV
Adelante la justicia
símbolo de la verdad
pues su misión es sagrada
porque sustenta la paz.

V
Adelante,
marchemos unidos
tras la luz de la verdad
adelante, cantemos unidos
por el más puro ideal.

Glosario sobre Seguridad Social

Glosario Seguridad Social

Afiliados: Están inscritos y pertenecen a alguna asociación. Personas que se juntan y se asocian para formar un grupo, organi­zación o sociedad.

Aparatos ortopédicos: Aparatos utilizados para corregir o evitar las de­formaciones del cuerpo humano.

Artículo 39 del Código de Trabajo: Este es un artículo del Código de Trabajo que protege la maternidad. Dice: “El descanso pre y post natal es retribuido con el salario ordinario devengado por la trabajadora. Si la trabajadora está protegida por las leyes sobre seguros sociales, el empleador está obligado a pagarle la mitad del salario y el Instituto Dominicano de Se­guros Sociales le pagará un subsidio en dinero igual al 50% del salario”.

Autónomo: Que se rige por sí mismo y bajo sus propias reglas.

Autoridad: Que tiene poder sobre los demás. Que está por encima, por mandato de la ley.

Capacidad productiva: Es la disposición y buena condición física y men­tal en la que se encuentra una persona para realizar un tra­bajo y recibir un salario.

Cesante: Empleado a quien se priva de su trabajo.

Cesantía: Paga que según las leyes disfruta el empleado que se queda sin trabajo.

Cirugía: Parte de la medicina que tiene como finalidad curar las en­fermedades por medio de operaciones hechas con las manos y la ayuda de instrumentos.

Confiable: Que se puede estar seguro de que funcionará. Que crea confianza.

Consejo: Organismo compuesto por representantes de diversas áreas, cuyo papel es aconsejar y supervisar sobre determi­nada labor legislativa o administrativa.

Contributivo: Relativo a las contribuciones y aportes que deben hacerse.

Cónyuge: Marido y mujer, respectivamente.

Cotizar: Abonar, pagar una cuota. Poner precio a las acciones y obligaciones.

Cotizó: Que pagó la cuota que le correspondía.

Debatidas: Discutidas de manera agitada, cada uno defendiendo su punto de vista.

Descentralizado: Que se le ha delegado o transferido poder de decisión y acción a los organismos dependientes.

Discapacidad: Dificultad para llevar a cabo una labor. Impedimento físico o mental para emprender determinadas tareas.

Embriaguez: Turbación pasajera producida por el consumo excesivo de alcohol. “Se embriagó” es lo mismo que “Se emborrachó”.

Enfermedades profesionales: Padecimientos de salud producidos por los efectos dañinos que ocasiona una labor profesional es­pecífica.

Estancias infantiles: Lugar donde pueden permanecer los niños para ser atendidos y educados.

Fondo de pensiones: Porción de dinero reservada para cuando las per­sonas se retiren por edad avanzada o de acuerdo al límite de edad y tiempo de trabajo que establece la ley.

Fondo de solidaridad: Este es un fondo que permitirá garantizar la pensión mínima a las personas cuyos ahorros no alcancen a completarla. A este fondo aportan el empleador, el em­pleado y el Estado dominicano.

Gerente: El que gestiona o lleva a cabo. Es quien dirige una em­presa, institución o sociedad.

Incumben: Que están a cargo de un asunto y tienen obligaciones sobre éste.

Índice de precios al consumidor: Se puede decir que es un número o porcentaje que ayuda a medir cuánto suben o bajan los pre­cios de los artículos que la gente compra. Entre otras cosas, sirve para medir el grado de inflación.

Jornada de trabajo: Es todo el tiempo que la persona que trabaja no puede utilizar libremente, por estar a la disposición exclu­siva del empleador.

Laborales: Que pertenecen o tienen que ver con el trabajo, tomando en cuenta los aspectos económico, legal y social.

Manual: Escrito que es un resumen de los aspectos más impor­tantes de un tema.

Marginadas: Viene de la palabra marginar (hacer a un lado). Se refiere a las personas que no están integradas totalmente a la so­ciedad y, en consecuencia, no reciben los servicios y opor­tunidades que la sociedad ofrece.

Material educativo: Son los manuales, folletos, vídeos y otros materiales que se usan para ayudar a las personas a adquirir conocimiento sobre algún tema.

Materiales quirúrgicos: Se refiere a los materiales que se utilizan du­rante las cirugías u operaciones.

Materno-infantil: Que tiene que ver o pertenece a la madre y al niño.

Oferta: Ofrecimiento. Propuesta que se hace para contratar algún servicio o vender algo.

 Organismo:  Institución encargada de una función específica. Puede ser de interés general o público. Es el conjunto de oficinas, de­pendencias y personal que conforman la institución.

Plenamente: En su totalidad. Por entero.

Prestación de servicios: La acción de dar servicios que son exigidos o convenidos entre las partes.

Promulgada: Que fue publicada oficialmente. Se refiere a las leyes y reglamentos oficiales e incluye darlos a conocer a todos los ciudadanos.

Prótesis médica: Procedimiento por el que se pone una pieza postiza al organismo en sustitución de una parte del cuerpo. Puede ser un ojo, una mano, etc.

Recaudación: Acción de recaudar o cobrar los pagos que deben hacerse a la administración pública.

Recaudo: Igual a recaudación.

Recursos financieros: Son los recursos económicos. Se refiere a dinero, acciones o documentos bancarios.

Reservar: Guardar algo para el futuro. Separar o apartar algo reteniéndolo para sí o para entregarlo a otros.

Riesgo: Situación que expone a debilitarse o sufrir algún daño. Posibilidad de que ocurra una situación perjudicial.

Riesgos laborales: Son los riesgos que se corren mientras se realiza un trabajo.

Sistema: Conjunto ordenado y reglamentado. Los componentes de un sistema están relacionados entre sí para lograr un objetivo.

Sobrevivientes: Las personas que continúan viviendo después de la muerte de un familiar.

Solidaridad: Relación entre las personas que participan con el mismo in­terés en cierta cosa. Que se sienten unidas en la comu­nidad humana.

Solidario: Ligado a otros con los que se tienen intereses y obliga­ciones comunes.

Subsidiado:  Que recibe una ayuda o auxilio de tipo económico.

Subsidio de lactancia: Ayuda con la que se busca aliviar las necesi­dades de nutrición de los recién nacidos.

Subsidios: Ayuda económica, generalmente del gobierno, con la que se pretende aliviar necesidades de carácter social.

Superintendencia: Es la suprema administradora de un área. Está a cargo de establecer reglas y sanciones por su incumplimiento. La superintendencia dirige y supervisa el área de que se trate.

Supervisar: Verificar lo que ya ha sido hecho y controlado por otros y decidir definitivamente sobre ello.

Terapia física: Tratamiento para la curación de enfermedades y trauma­tismos relacionados con los músculos y los huesos. Regu­larmente consiste en masajes y ejercicios físicos.

Transferirá:  Que moverá una cosa de un lugar a otro. Cederá un dere­cho, dominio o dinero o los pasará a otro lugar.

Usuario: Que usa comúnmente una cosa. El que tiene derecho a usar un servicio, de acuerdo a las limitaciones establecidas.

Falta de información adecuada en materia de política criminal

Uno de los déficits mayores es la ausencia de instrumentos adecuados que permitan cuantificar y establecer las características principales de los hechos delictivos, entre ellos los que no ingresan al sistema penal y que representan la cifra negra del delito.

Debe tenerse en cuenta que la eficacia de las medidas o estrategias de política criminal que puedan aplicarse, reposa en el conocimiento científico de la realidad sobre la que se pretende actuar.

Los registros oficiales tienen un diseño defectuoso e incompleto, no existe compatibilidad cuando provienen de fuentes gubernamentales distintas y no se cuenta con sistemas de procesamiento de la información que permitan obtener información idónea y oportuna para la toma de las decisiones políticas y operacionales.

No se dispone de encuestas de victimización, las cuales constituyen instrumentos importantes para medir o ponderar la cifra negra del delito, conocer la realidad del mismo (amplitud, modalidades y distribución geográfica) y de sus protagonistas, y apreciar el funcionamiento del sistema penal. Además, permite considerar el nivel de confianza de la población en las agencias del sistema penal y en sus operadores, conocer las demandas concretas de las personas y los mecanismos de resolución que se utilizan, muchas veces al margen del sistema formal. También permiten tener una idea más cabal de los daños y costos sufridos por las víctimas, los riesgos de victimización, los grupos o segmentos de población más vulnerables, las formas de victimización secundaria, las medidas de protección y el apoyo social con el que contaron.

La baja proporción de casos en los que actúa de manera efectiva el sistema penal, hace de los registros oficiales una fuente de información muy fragmentaria de la realidad criminal de un país, que sólo adquiere un valor indicativo.

Resulta necesario desarrollar sistemas de información útiles para la prevención y persecución del delito, pues la información constituye un insumo básico para conocer el fenómeno criminal (multicausalidad, modalidades, grupos vulnerables en relación a cada modalidad), para la toma de las decisiones y para la construcción de políticas públicas.. Esa información, además, es de capital importancia en el plano operativo de las distintas instituciones u organismos que participan en la prevención o el control, así como para la renovación del conocimiento teórico, que por lo general suele abrevar en mediciones correspondientes a otras realidades criminológicas.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana,  Pág. # 14 y 15

Evolución histórica del Poder Judicial

Bandera del Poder Judicial

La instancia judicial de mayor nivel que registra la historia dominicana en la época colonial es la Real Audiencia de Santo Domingo, creada en 1511 e integrada por un Presidente y tres Oidores (Jueces). Actuaba como tribunal de apelación, salvo en los llamados “Casos de Cortes”, en los cuales litigaba la Corona Española.

Dos siglos más tarde, en el año 1776, se agregó el cargo de Regente con la finalidad de agilizar los procesos y velar por la pronta solución de los mismos; a partir de 1802, durante la Era de Francia, tuvimos la Academia Imperial como tribunal supremo, con tres oidores españoles y tres jueces franceses.

En el efímero gobierno independiente del licenciado José Núñez de Cáceres, en 1821, se creó una Corte Superior de Justicia.

Con la dominación haitiana de 1822, volvimos a tener un tribunal de casación de carácter nacional instituido por la Constitución haitiana de 1816, para conocer de los recursos sometidos a su conocimiento, pero sin avocar el fondo.

Para 1826, comenzaron a tener vigencia los códigos haitianos basados en la legislación francesa, en materia civil, penal, de comercio, de procedimiento civil y de instrucción criminal.

Años después, al final de dicha dominación en nuestro país, la Constitución de Haití de 1843 mantuvo la organización judicial encabezada por una corte de casación, pero esta Carta Magna apenas fue conocida en nuestra República, por la consumación del golpe patriótico del 27 de febrero de 1844.

La Constitución original dominicana votada en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, consignó la Suprema Corte de Justicia y le dio la facultad de conocer de los recursos de nulidad (casación) contra las sentencias dadas en última instancia por las cortes de apelación. Pero también se le atribuyó por la Ley Orgánica Judicial de 1845 el conocimiento del fondo de los asuntos en última y tercera instancia.

Pero la revisión de la Carta Magna, en febrero de 1854, suprimió el recurso de nulidad y dejó a la Suprema Corte de Justicia como tribunal de apelación. Esta situación se mantuvo a todo lo largo de nuestra vida republicana, desde 1854 hasta 1908, cuando la Suprema Corte de Justicia reconquistó su verdadera función de corte de casación. En el período de la Anexión a España, 1861-1865, se restableció la antigua Real Audiencia que funcionó en la larga época colonial.

Con la Restauración Nacional se volvió al mismo sistema de Corte de Apelación como atribución principal de la Suprema Corte de Justicia.

En la reforma de 1877 y hasta la reforma de 1907, durante todos esos años se le atribuyó expresamente a la Suprema Corte de Justicia la facultad de “declarar cuál es la ley vigente, cuando alguna vez se hallen en colisión”.

Asimismo, la Ley Orgánica Judicial de 1884 dispuso que la Suprema Corte de Justicia “resolverá las consultas que le soliciten los tribunales inferiores, pero nunca antes de éstos dar sentencias”.

El número de jueces de la Suprema Corte de Justicia ha variado a través del tiempo. En 1844, tenía un presidente y tres vocales. Luego, a principio de la Segunda República, un presidente y dos jueces. En la Carta Magna de 1908, siete jueces en total y en la de 1963, nueve jueces. Actualmente está compuesta de 16 jueces.

Desde la reforma de 1878, la Suprema Corte de Justicia ha tenido la potestad de tomar la iniciativa en la formación de las leyes que se refirieran a asuntos judiciales. Esta situación nunca ha sido modificada desde entonces y actualmente está vigente a través del artículo 96 de la reforma de 2010.

La reforma de 1908 le atribuyó de manera principal a la Suprema Corte de Justicia las funciones de Corte de Casación.

Con motivo de las nuevas atribuciones de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, se crearon las Cortes de Apelación de Santo Domingo (hoy Distrito Nacional) y Santiago, y poco después la de La Vega y, a través del tiempo, se aumentó el número de las cortes hasta llegar actualmente a 11; de manera que, con posterioridad, a las tres originales se crearon sucesivamente las de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Barahona, San Francisco de Macorís, Montecristi, Puerto Plata y provincia Santo Domingo.

La vocación presidencial ejecutiva del presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido consagrada en varias cartas sustantivas. En 1878 lo fue en forma interina el licenciado Jacinto de Castro. En 1970, para garantizar un proceso electoral, fue titular el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, y en el período 1982-1986, por ausencia del Presidente de la República y por haber fallecido el Vicepresidente, lo fue algunas veces interinamente el doctor Manuel Bergés Chupani.

Con la promulgación de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia núm. 25-91, se dividió en dos cámaras: una Civil, Comercial y de Trabajo, y otra Penal, Administrativa y Constitucional.

Mediante el artículo 25 se consagró la capacidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia para ser apoderado directamente por querella de parte, fijando audiencia en materia correccional y nombrando un juez de instrucción para los fines de la investigación de lugar en caso criminal.

Desde 1844 hasta la reforma de 1994, los nombramientos de todos los jueces del Poder Judicial estaban a cargo originalmente del Consejo Conservador y luego del Senado de la República, dentro del sistema bicameral legislativo o por el Senado consultor, la Cámara Legislativa o el Congreso Nacional en los años en que reinó el sistema unicameral. Por Ley núm. 156-97, el número de jueces de la Suprema Corte de Justicia fue elevado a 16: un presidente y tres cámaras identificadas como, Primera (Civil), Segunda (Penal) y Tercera (Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario).

La misma reforma de 1994 restableció el “control concentrado” de la constitucionalidad como atribución de la Suprema Corte de Justicia en materia de leyes, y a instancia del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las cámaras o de parte interesada. Esta acción de carácter erga ormes no cierra el camino tradicional de la acción de inconstitucionalidad por la vía de excepción llamado “control difuso”.

La noche del 3 de agosto de 1997 fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura los 16 jueces que debían integrar la Suprema Corte de Justicia en la forma siguiente: doctor Jorge A. Subero Isa, Presidente; doctor Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; licenciado Juan Guilliani Vólquez, Segundo Sustituto de Presidente; doctores Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc Castellanos, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Enilda Reyes Pérez, Julio Genaro Campillo Pérez, Hugo Álvarez Valencia, Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Bernardo Fernández Pichardo, declinando únicamente este último.

Al día siguiente, fueron juramentados por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, y en la mañana del día 5 de agosto, estos fueron puestos en posesión por el mismo mandatario. Constituida la Cor te, se dispuso la integración de las tres cámaras, de la
manera siguiente: Cámara Civil: doctor Rafael Luciano Pichardo, Presidente; doctor Julio Genaro Campillo Pérez, doctora Margarita Tavares, doctora Eglis Margarita Esmurdoc C. y la doctora Ana Rosa
Bergés Dreyfous. Cámara Penal: doctor Hugo Álvarez Valencia, Presidente; doctor Julio Ibarra Ríos, doctora Dulce Rodríguez de Goris, doctor Edgar Hernández Mejía y el doctor Víctor José Castellanos Estrella. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario: doctor Juan Guilliani Vólquez, Presidente; doctor Julio Aníbal Suárez, doctora Enilda Reyes Pérez, y el doctor Juan Luperón Vásquez.

La renuncia de Fernández Pichardo y la muerte de los magistrados Julio Genaro Campillo Pérez y Juan Guilliani Vólquez, motivó una segunda convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, el 13 de septiembre de 2001, para elegir a los tres jueces que llenarían esas vacantes, recayendo la elección en los doctores y reconocidos juristas Pedro Romero Confesor, José Hernández Machado y Darío Fernández Espinal.

Actualmente, como parte del avance indetenible, el Poder Judicial también cuenta con el Consejo del Poder Judicial (CPJ), órgano creado en la Constitución proclama el año 2010 que hoy tiene las funciones administrativas, financieras y disciplinarias, iniciándose con ello una nueva era en el gobierno de los jueces y demás servidores judiciales.

El CPJ, juramentado el 7 de marzo de este año 2011, lo integran los jueces Jorge A. Subero Isa, quien lo preside, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera, y Elías Santini Perera,. Fueron juramentados como sustitutos de los tres últimos Etanislao Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo.

La creación del CPJ surge de una propuesta que hizo el magistrado Jorge A. Subero Isa en su discurso del 7 de enero del año 2007 con motivo del Día del Poder Judicial, denominado “Un Año de Gestión y la Segunda Ola de Reformas”.

Fuente: El Judicial, Página #5

Estructura orgánica del Registro del Estado Civil

Junta Central Electoral.

En adición a sus atribuciones electorales, este organismo tiene a su cargo el Registro del Estado Civil, a través de su Dirección Nacional. Está compuesta por cinco miembros y tiene una división en tres instancias:

El Pleno, conformado por la totalidad de sus Miembros y dirigido por el Presidente, una Cámara Administrativa, compuesta por un Presidente y dos miembros, y la Cámara Contenciosa, integrada por un Presidente y cuatro miembros. (Art.4 Ley Electoral No. 275-97).

El Pleno de la junta Central Electoral es la instancia competente de conocer todos los expedientes relativos al Registro del Estado Civil, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 9 de la Ley No.659 sobre Actos del Estado Civil de fecha 17 de julio del 1944. (Numeral 14 del artículo 3 del Reglamento Interno de la junta Central Electoral).

La Cámara Administrativa está facultada para recomendar al Pleno de la junta Central Electoral, el nombramiento de todos los funcionarios de la Institución y sus dependencias, así como fijar el horario de trabajo de todo el sistema del Registro Civil, que incluye la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil, entre otros. (Literales a y b, del Artículo 6 de la Ley Electoral No.275-97).

De igual manera, todo cuanto tenga que ver con la parte administrativa de las Oficialías del Estado Civil será de la competencia de la Cámara Administrativa. (Numeral 14 del Artículo 3 del Reglamento Interno de la Junta Central Electoral).

Comisión de Oficialías. Está integrada por cinco Miembros y tiene a su cargo el conocimiento para su opinión sobre los expedientes relativos a los Actos del Estado Civil asentados que presentan omisiones, irregularidades o los que para su asentamiento requieren autorización.

Esta Comisión tiene por finalidad, evaluar, estudiar y deliberar sobre cualquier aspecto del Estado Civil, bien sea de oficio o a requerimiento de cualquier otra instancia de la junta Central Electoral, y podrá tomar sus decisiones las cuales deberán ser refrendadas por el Pleno. (Conformada por Decisión del Pleno de la junta Central Electoral).

Dirección Nacional del Registro del Estado Civil. Es la entidad dependiente de la junta Central Electoral, encargada de todos los servicios del Estado Civil. Está a cargo de un Director Nacional en virtud del literal d, del Párrafo III del Art. 6 de la Ley No. 275­-97 del 21-12-97 y dos Sub-directores, cargos creados por la JCE en virtud del literal i, de esta misma disposición legal.

Oficina Central del Estado Civil. Es la institución que tiene como atribución principal, la custodia y conservación de uno de los Registros Originales que anualmente. deben enviarle los Oficiales del Estado Civil, de los cuales podrá expedir copias, y a la vez es la encargada de autenticar o legalizar las firmas estampadas por los Oficiales del Estado Civil en las actas. Está conformada por un Director y dos Sub-directores. (Art.5 Ley No.659/44).

Oficialías del Estado Civil. Son las oficinas integradas por un Oficial del Estado Civil, dos Suplentes y un Asistente Administrativo, encargadas de registrar y expedir las actas relacionadas con el estado civil de las personas. (Art. 1 Ley No.659/44).

Delegación de Oficialías del Estado Civil. Es la Oficina a cargo de un Delegado, que funciona en el Distrito Nacional, encargada de registrar y expedir las actas relativas a las defunciones. (Art. 1 Ley No.659/44).

Delegaciones en Centros de Salud. Son las oficinas encargadas de registrar oportunamente los nacimientos y las de­funciones en los centros hospitalarios, así como de registrar en los libros correspon­dientes, el nacimiento de hijos de padres extranjeros no residentes en el país. (Decisión Administrativa JCE, año 1997 y Art. 5, Párrafo III Ley No. 136-03).

Centros de Servicios. Son oficinas ubicadas en regiones estraté­gicas del país, desde las cuales se pueden expedir actas de cualquier índole, independientemente del lugar o de la Oficialía en la cual se encuentren registra­das. En estos centros se podrá también legalizar dichas actas. (Decisiones Admi­nistrativas,JCE)

Unidad Especializada de Declaraciones Tardías de Nacimiento.

(Decisión JCE, Acta No. 13/2005 del 7/9/2005). Es la encargada de recibir y depurar los expedientes de solicitud de declaraciones tardías de nacimientos para niños, niñas y personas mayores de 16 años de edad, está compuesta por una Encargada y una Sub-encargada.

Cuenta con Unidades Móviles que se desplazarán por lugares estratégicos de la geografía nacional en operativos de declaraciones tardías de nacimiento.

Todos los funcionarios y los empleados auxiliares del Registro Civil, son nombra­dos por la Junta Central Electoral. Para la designación del Director Nacional del Registro del Estado Civil, se requiere de la opinión de los partidos políticos.

Los Oficiales del Estado Civil serán designados conforme a la ley 8-92 de fecha 13 de abril de 1992 y a la Resolución de la Junta Central Electoral de fecha 30 de mayo del 2007, para el Sistema de carrera sobre la base de Concursos Públicos de Méritos por oposición.

Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC)

La Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) fue instituida mediante el Reglamento de fecha 07 de noviembre del 2007, aprobado en sesión administrativa de la junta Central Electoral mediante Acta No.31/2006.

Dentro de sus principales funciones se encuentra la evaluación y recomendación para el ingreso de los aspirantes a Oficiales del Estado Civil y sus Suplentes, y la capacitación de éstos y del personal técnico, administrativo del Sistema Nacional del Registro del Estado Civil.

El sentimiento de inseguridad o miedo al delito

La criminalidad tiene una dimensión objetiva, dada por los delitos cometidos en una sociedad determinada (criminalidad oficial y cifra negra), pero también una dimensión subjetiva, dada por la percepción y representación social de la delincuencia y de la violencia, que suele ser producto de mediaciones, interpretaciones y significaciones, más que de vivencias efectivas de las personas.

El temor al delito, si bien tiene su origen en una situación de victimización directa de una persona o grupo de personas, se difunde y propaga a través del entramado social, generando un proceso de victimización indirecta a otras personas que, como producto de la sensación de inseguridad (impacto psicológico), modifican hábitos, conductas y actitudes personales. En este proceso juegan un rol importante los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, no sólo por su potencial de penetración, sino también por la efectiva capacidad de trasmitir dolor, es decir actuar sobre las sensaciones y los sentimientos. Igual pudiéramos decir del impacto de la prensa escrita, ya que la misma es la fuente de los comentarios en los programas radiales, los cuales son de alto impacto y penetración en la audiencia dominicana.

La sensación de temor depende de la existencia de vivencias concretas sufrida por una persona, pero también de la cantidad y el peso de los mensajes que a través de su entorno y de los medios masivos de comunicación reciben otras personas. Asimismo, influyen los factores personales y sociales de apoyo, que puedan neutralizar las condiciones de mayor vulnerabilidad. Incluso, se ha dicho que el sentido de inseguridad “puede verse exacerbado por varios factores, entre los que se incluyen las condiciones de vida precarias, el aumento del nivel de desempleo y un futuro poco prometedor. No obstante, la delincuencia sigue siendo una importante fuente de inseguridad pública”.

En suma, el delito real afecta la vida y las condiciones de coexistencia de muchas personas, pero la amplificación de la inseguridad a través del miedo al delito también desmejora la calidad de vida de muchas más personas, distorsionando las respuestas al problema y acentuando los criterios simbólicos y retributivos. Por ello es muy importante trabajar sobre el miedo al delito o la sensación de seguridad en el ámbito de la prevención, pues contribuye a controlar o limitar la victimización indirecta antes aludida.

En ese sentido, explica Baratta que “no se puede tomar el sentimiento de inseguridad social de la criminalidad como efecto directo de la criminalidad. Ello no quiere significar que la criminalidad como fenómeno real no exista, pero la inseguridad ciudadana no tiene una única y fundamental causa en la criminalidad, esto quiere decir que debemos afrontar dos problemas relativamente independientes entre ellos, si no queremos caer en la ilusión de hacer de la criminalidad como fenómeno real, el verdadero y único elemento genético de la alarma social. Creemos más bien que los dos fenómenos, inseguridad social y realidad criminal, sean ambos dependientes de una situación de desarticulación en la comunicación social y que por tanto, si existe un elemento que constituye una variable entre ambos, este debe ser buscado en una general insuficiencia del tejido social ciudadano. Y es allí donde debe ser puesto el acento de las políticas preventivas”.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana,  Págs. # 5 y 6