Category: Abogado

El delito como problema social

El robo es un delito común

Si bien el delito es toda aquella conducta prohibida por la ley penal, la perspectiva normativa resulta insuficiente para comprender y prevenir la criminalidad. En efecto, el delito también constituye un conflicto que involucra a personas en su relación intersubjetiva y que se manifiesta en un contexto social determinado.

El delito representa un síntoma o indicador de conflictos que no encuentra una solución satisfactoria y pacífica a través de otros mecanismos comunitarios o institucionales. Esta perspectiva hace posible apreciar la criminalidad como un problema social y comunitario, de carácter permanente y de naturaleza aflictiva, pues tanto la victimización como la propia intervención estatal frente al delito suelen ser portadores de altos componentes de violencia.

Debe tenerse en cuenta que la violencia, en un sentido amplio, comprende el ejercicio de un poder o supremacía sobre otra persona, a través de la fuerza física o psíquica. Muchos delitos cuentan con claros ingredientes violentos (así, una muerte causada en una riña, un robo a mano armada, un arrebato callejero, etc.), pero también existen otras manifestaciones violentas que no se encuentran tipificadas por la ley como delitos. Además, no todos los delitos conllevan el mismo grado de violencia.

El delito, la violencia y la inseguridad afectan fuertemente la calidad de vida de las personas, especialmente en las grandes ciudades, pues provocan efectos en los comportamientos individuales, causan daños muchas veces irreparables, debilitan las instituciones e impactan sobre la economía de un país.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana, Pág. # 5

Desempeño policial, prevención y seguridad de las personas. La Reforma Policial

Si bien la competencia funcional de la Policía Nacional proyecta sus acciones tanto en el campo del control como en el de la persecución de la criminalidad, en este capítulo se pone el acento en el plano preventivo, siguiendo los lineamientos del Plan de Seguridad Democrática, y dejando lo demás para otra de las áreas problemáticas que se destacan en el documento, como es la cuestión vinculada con la profesionalización de la investigación, ámbito donde la Policía actúa como auxiliar de los óiganos del Ministerio Público (véase el Cap. V, ap. C-5).

Como expresa el Gral. Taveras Rodríguez “la actualidad social en el país está caracterizada por la conciencia adquirida respecto a sus derechos y deberes dentro del marco de la democracia y por el crecimiento de las nuevas modalidades delincuenciales, que exigen un modelo de policía distinto del tradicional. Es necesario un cambio de mentalidad de la población y de los miembros de la policía sobre el rol integrado que ambos están llamados a jugar, para que juntos implementen soluciones a la problemática criminal y de inseguridad” .

Por una parte, corresponde llevar adelante un proceso de profesionalización de la policía tanto en la prevención como en la persecución del delito. Para ello, resulta necesario introducir cambios en el plano organizacional y operativo, modificar la capacitación y entrenamiento de los distintos cuadros policiales e introducir nuevas tecnologías. También es menester definir nuevas estrategias y procedimientos en el
plano del control del delito y lo contravencional, como en el área de la investigación criminal.

Un plan integral de Política Criminal, como el que propugnamos, que tiene como centro el trabajo con la comunidad, necesariamente debe encontrar su correlato en la labor policial, como se expone en el Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana. Afortunadamente, existen numerosas experiencias exitosas en otros países en relación a la llamada policía comunitaria, de orientación comunitaria o de proximidad, algunas de ellas explicadas minuciosamente en el PSDRD al proponer la necesidad de implementarla en el país. La comunitarización, explica Taveras Rodríguez, “es una nueva concepción basada en la idea de que policías y ciudadanos trabajan conjuntamente y en forma innovadora, con la finalidad de intentar resolver los problemas de la comunidad relacionados con la criminalidad, el sentimiento de inseguridad, los desórdenes sociales y el deterioro de la calidad de vida de las comunidades. Esta filosofía sólo puede alcanzar sus objetivos si los servicios policiales desarrollan una nueva relación con los ciudadanos, permitiéndoles tener una mayor influencia en el establecimiento de prioridades de los servicios policiales locales e implicándoles en los esfuerzos a realizar para mejorar las condiciones humanas en los barrios”.

Ya en el IX Congreso de Naciones Un idas sobre Prevención del Delito y Readaptación del Delincuente (El Cairo, 1995) se reconoció el concepto de policía de la comunidad “como una estrategia clave en muchos países destinada a lograr un mayor sentido de responsabilidad por parte de la policía y a fortalecer la participación del público en las actividades de policía” , recomendando a los Estados miembros “adoptar un enfoque comunitario de la actividad policial como método para prestar los servicios policiales a fin de reducir la distancia social entre los funcionarios de los servicios de represión y los ciudadanos a los que sirven, y destacar la función que desempeña la policía y aumentar la confianza de la ciudadanía” .

Este cambio de orientación permitirá trabajar más efectivamente en el plano “situacional” del delito, considerando las oportunidades para delinquir, la información sobre las víctimas, la naturaleza y patrones de hora, lugar y tipo del delito, facilitando así el uso de medidas no penales que impiden u obstaculizan el paso al acto del infractor potencial. Pero también permitirá operar muy fuertemente sobre la sensación de inseguridad, al reestablecer lazos de confianza entre la comunidad y la Policía, posibilitar nuevas formas de cooperación y resolución de conflictos, y trasmitir tranquilidad a las personas.

Si bien a partir del año 2000 se instituyó la Comisión para la Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con la finalidad de evaluar y proponer un Plan Integral de Reforma de la Policía Nacional que exprese “las directrices, lineamientos estratégicos, la nueva visión y enfoque institucional” y que haga una revisión, adecuación y reformulación de la legislación en materia policial (decreto 906/2000), la comisión sólo consideró el aspecto normativo y acompañó varios proyectos de leyes. Las únicas iniciativas concretadas fueron la sanción de la Ley Institucional de la Policía Nacional (96 – 04, del 5 de febrero del 2004), que si bien representa un avance en varios aspectos (por ej. al crear el Consejo Superior Policial, fijar ciertos principios básicos de actuación, deslindar la función de prevención y la de investigación o prever la Policía Comunitaria), no modifica sustancialmente la estructura organizativa ni los niveles jerárquicos (mantiene 13 categorías o rangos). Además, algunos de sus lineamientos no tienen una concreción efectiva o significativa, como acontece con lo atinente a la policía de investigación y a la comunitaria.

En definitiva, más allá de los anuncios y de las intenciones, la reforma policial sigue siendo una tarea imperiosa y pendiente. Para ello deben tenerse en cuenta las líneas de acción del PSDRD en materia de fortalecimiento y profesionalización de fa Policía Nacional, así como algunas de las recomendaciones formuladas, entre ellas las del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que ha planteado la necesidad de conformar ‘un sistema policial eficiente en el desarrollo de sus labores básicas de prevención delictiva e investigación criminal estrictamente ajustado al principio de legalidad y al deber de protección de los derechos de la población”, lo cual supone “quebrar la tradicional impronta de policía de Estado volcada al control y disciplinamiento social y político de la población que aún mantiene la Policía Nacional y llevar a cabo un profundo proceso de reestructuración doctrinaria, organizativa y funcional de esta institución en vistas a transformarla en una policía de protección ciudadana básicamente perfilada al desempeño eficaz de sus labores preventivas e investigativas de delitos y a la irrestricta protección de los derechos humanos” .

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Estado de Interior y Policía y la jefatura de la Policía Nacional, así como el Ministerio Público, trabajarán conjuntamente para implementar la reforma policial contenida en el PSDRD, considerando como vectores principales, los siguientes: aumentar la descentralización de los servicios policiales, racionalizar la asignación de los recursos, fortalecer el control interno de la corrupción, mejorar las áreas que intervienen en el control y prevención del delito, desarrollar un área de autentica inteligencia criminal, establecer un sistema de información que permita el mapeo delictivo y la implementación de las estrategias de proximidad o comunitaria. Todo esto, juntamente con la revisión del escalafón, el mejoramiento del sistema de comunicaciones, infraestructura edilicia, equipamiento y una transformación en materia de capacitación.

Por demás, hay que redefinir la participación privada en la seguridad pública, estableciendo una adecuada regulación legal de las agencias de seguridad privada, que establezca sus ámbitos de actuación, las condiciones que deben reunir sus agentes y las formas de fiscalización, entre otros aspectos.
En definitiva, se ejecutará el Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana, que incluye:
Fortalecimiento institucional de la Policía Nacional;

Introducción de la policía comunitaria en los barrios o zonas más afectados por la violencia y la criminalidad; y Adiestramiento de la policía para casos de situaciones extremas, que van desde la lucha contra el narcotráfico hasta los desastres naturales.

Áreas prioritarias vinculadas con la persecución del delito
En el plano ¿le la persecución penal se han considerado varias áreas de atención prioritaria, especialmente por su potencialidad para darle sustentabilidad, eficacia y productividad al nuevo ordenamiento procesal, o por su capacidad para desencadenar otros procesos favorables al mejor funcionamiento del sistema penal.

Por otra parte, como resulta necesario contemplar la realidad social, política y económica de cada provincia y también los distintos niveles de organización y de infraestructura del Ministerio Público, los Tribunales y la Policía Nacional, se advierte la necesidad de definir planes de acción diferenciados para las grandes ciudades y las ciudades medianas y pequeñas.

PSDRD = Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana, Pag. 25-28

Declaraciones Tardías de Nacimiento (Art. 40 y 41 Ley 659)

Son las instrumentadas después de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurre el nacimiento. Este plazo surte efecto para la zona urbana. Para la zona rural el plazo es después de 90 días.

a) Personas menores de 16 años:

Requisitos para su registro:

  1. Cédula de Identidad y Electo­ral de los padres o Cédula de Identidad de Extranjero si se trata de residentes legales en el país.
  2. Certificado de la Clínica u Hos­pital (debe contener la direc­ción, ya que ésta es la que determina la jurisdicción).
  3. Acta de matrimonio de los pa­dres si éstos son casados.

Si el Oficial del Estado Civil concibe alguna duda sobre la filiación, el lugar o el hecho del nacimiento, podrá requerir la presentación de otros documentos tales como: Certificación escolar, certificación de bautismo, tarjeta de vacunación, acta de nacimiento de los hermanos, etc. (Arts. 39 y40 Ley No.659/44).

Estos requerimientos debe hacerlos el Oficial del Estado Civil, dentro de su poder discrecional de investigación otorgado por el art. 40 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, pero no debe hacer uso abusi­vo de esta facultad, exigiendo documentos que no son necesarios, en atención a los derechos fundamentales de los niños, ni­ñas y adolescentes y a la problemática del sub-registro en el país.

b) Personas mayores de 16 años:

Requisitos para su registro:

a) Constancia de nacimiento o alum­bramiento del futuro inscrito, expe­dida por el médico, clínica u hospi­tal, Partera o Alcalde Pedáneo.

b) Cédulas de Identidad vigente de los padres del futuro inscrito, en caso de filiación legítima o reconocida o de la madre en caso de filiación natural; y del declarante previsto por la Ley. (Art.43 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil). En caso de que los padres o uno de ellos haya fallecido, deberá presentar Acta de Defunción, expedida por el Oficial del Estado Civil correspondiente.

c) Acta de Matrimonio de los padres del futuro inscrito, si éstos fueron casados.

d) Certificación de no inscripción de la o de las Oficialías del Municipio o del Distrito Municipal donde nació la persona a declarar, la cual se expedirá libre de impuestos y de manera gratuita.

e) Constancia de Bautismo

f) Dos fotografías 2×2 del futuro inscrito

Estos requisitos fueron establecidos por la Resolución de la junta Central Electoral No. 07-2003 de fecha 17 de noviembre del año 2003, sobre Declaraciones Tardías y su Manual de Aplicación.

Todos los documentos deben ser depositados en la Oficialía del Estado Civil por los propios interesados y/o por los padres declarantes, los cuales serán entrevistados por el Oficial del Estado Civil, a fin de confirmar los datos contenidos en dichos documentos. Para el trámite de expediente de declaración tardía no se podrán utilizar intermediarios o representantes.

El Oficial del Estado Civil remitirá a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil el expediente en original completo, indicando en caso de que los padres del futuro inscrito hayan fallecido, el nombre completo de la persona que actuará como declarante, anexando copia de su cédula de identidad y electoral y especificando el vínculo, parentesco o afinidad con la persona a declarar. (Circular No. 41 de la Dirección del Registro Civil de fecha 20-09­2007).

La Dirección Nacional del Registro del Es­tado Civil solicitará a la Dirección Nacional del Registro Electoral, la expedición de certificaciones o constancias que indiquen si él o la peticionaria están inscritas en la cédula de identidad y electoral o en los archivos de la cédula de identificación personal (cédula vieja), y en caso afirmativo hacer constar si para tales fines se aportó acta de nacimiento.

En caso de que los padres del futuro inscri­to hayan fallecido, la Dirección apoderará a la Comisión de Oficialías para que autori­ce a la persona sugerida como declarante, no prevista en el Art.43 de la Ley 659 a hacer la declaración.

La Dirección del Registro del Estado Civil devolverá el expediente completo a la Oficialía correspondiente, pero este envío no exime al Oficial del Estado Civil de la responsabilidad de hacer sus investiga­ciones previas a la inscripción del naci­miento, de conformidad con el Art. 40 de la Ley No. 659.

En los casos de registro de declaraciones tardías de nacimiento, el Oficial del Estado Civil deberá solicitar en el más breve plazo, vía Procurador Fiscal del Distrito judicial correspondiente al Tribunal Judicial competente, la ratificación de la declaración.

En los casos de declaraciones tardías ya inscritas en los registros comprendidas entre los años 1965 hasta el año 1992, que no hayan sido ratificadas por el tribunal competente, deberán ratificarse presentando las documentaciones siguientes:

1.- Copia de las cédulas de los padres (o del que figure en el acta), o una certificación de las mismas o de otro documento del que pueda establecerse la identidad de esas personas.

2.- La declaración jurada a que se contrae el formulario OC-25, que firmarán ante el Oficial del Estado Civil actuante, la persona interesada o su representante legal, así como los testigos a que la misma se refiere, anexando copia de las respectivas cédulas de estos últimos.

3.- Cualquier otro documento que el Oficial del Estado Civil actuante estime pertinente.

(Resolución 5-99 de fecha 4 de agosto de 1999 de la Junta Central Electoral)

Muy importante: En todos los casos de registros de declaraciones de nacimientos oportunas o tardías, por lo menos uno de los padres debe ser dominicano, o si son extranjeros, uno de ellos o ambos deben ser residentes legales en el país, debidamente identificados con su cédula de identidad y electoral o con su cédula de identidad de extranjero.

Las declaraciones oportunas y tardías de nacimiento deberán reportarse mensualmente a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, mediante el formulario RCRN-01, el cual deberá llenarse al momento de recibir la declaración y debe ser firmado por el declarante y por el Oficial del Estado Civil. En las Delegaciones de Oficialías en los Centros de Salud, lo firma el empleado responsable.

Este formulario se llena en triplicado: El original para la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, la primera copia para el declarante y la segunda copia reposa en la Oficialía.

Las Oficialías o Delegaciones que operan con el Sistema Automatizado del Registro Civil están exentas del llenado y envío de estos formularios.

En los casos de padres extranjeros, residentes legales, portadores de cédula de identidad para extranjeros, se podrá además, consignarles su número de pasaporte, a fin de evitarle futuros inconvenientes con los trámites ante el consulado de su país de origen.

Fuente: Manual del Oficial del Estado Civil, Pág. #21

Declaraciones Oportunas de Nacimiento

Acta de Nacimiento
Acta de Nacimiento

Son las instrumentadas dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurre el nacimiento.  Este plazo surte efecto para la zona urbana. Para la zona rural el plazo es de 90 días. La Declaración deberá ser hecha en la Oficialía del Estado Civil cuya demarcación jurisdiccional esté dentro de los límites del lugar donde ocurrió el nacimiento (clínica, hospital, etc. Art.39 Ley No. 659/44).

El nacimiento será declarado por el padre o a falta de éste, por la madre, o por los médicos, cirujanos, parteras u otras personas que hubiesen asistido al parto; y en el caso de que éste hubiese ocurrido fuera de la residencia de la madre, la declaración se hará además por la persona en cuya casa se hubiese verificado. (Art.43 Ley No.659/44).

En el caso de los padres estar fallecidos la junta Central Electoral autoriza la comparecencia de un tercero no citado en el párrafo anterior.

La madre menor de dieciséis (16) años de edad en estado de gestación, podrá decla­rar el nacimiento de su hijo (a) al nacer, siempre que este provista de su cédula de menor de conformidad con la Resolución No. 08-2007 de fecha 7 de noviembre del 2007 de la Junta Central Electoral.

Atención y protección de las víctimas

La protección a las víctimas, entendida en su justa dimensión, no puede ser satisfecha sólo con los esfuerzos que se hagan en el marco de una adecuada y eficaz persecución de los delitos. Existen situaciones de riesgo de tipo predelictual que, atendidas adecuadamente, permiten evitar la producción de la victimización criminal; en otros, la detección temprana hace posible evitar nuevas o mayores agresiones.

Por esto, se hace indispensable asumir, impulsar y participar en algunas acciones de tipo preventivo, pues representan modalidades más eficaces de protección a las víctimas y, además, actúan en el plano de la percepción social contribuyendo con el sentimiento de seguridad de las personas y de la comunidad.

En consecuencia, corresponde diseñar un conjunto de acciones reactivas y proactivas en relación a las víctimas, brindando asistencia y contención, procurando atenuar los riesgos y los daños, brindando seguridad y estableciendo un conjunto de medidas de detección temprana, especialmente para ciertos sectores o grupos en riesgo (violencia familiar, abuso sexual de niños, etc.).

Además, existe un amplio territorio de acciones de naturaleza preventiva dirigidas a las víctimas potenciales (prevención victimal), como campañas de difusión, asesoramiento en dispositivos de seguridad, alarmas comunitarias, etc., que completan la oferta de medidas tradicionales.

De modo tal que, sin perjuicio de la atención que puede darse a los agraviados como parte de la intervención del sistema judicial penal (participación en el proceso, prevención de la victimización secundaria, reparación, conciliación, etc.), deben considerarse estos otros aspectos a los que hacemos referencia para dar una respuesta integral a las víctimas. En ese sentido, deberán ser tomadas muy en cuenta los estudios y las acciones emprendidas en nuestro país por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la justicia en aras de dicha atención integral.

Les recomendamos ver el siguiente video:

 

Atención de la sobrecarga de trabajo y descongestión de los asuntos del viejo sistema

Carga de Trabajo

Como en el resto de los países de América Latina, el problema de la sobrecarga de trabajo ha sido una preocupación central en todo el proceso de reforma que experimenta la justicia penal. El antiguo sistema procesal dejaba poco margen para proveer soluciones alternativas al juicio y sin embargo ello no fue obstáculo para que se apreciaran en la última década las ventajas de promover mecanismos compositivos de solución de los conflictos penales. Tal es el caso de la Fiscalía del Distrito Nacional que impulsó con notable éxito mecanismos de salida de los casos por vía de la conciliación y la mediación.

La puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que ha venido a fortalecer y ampliar las herramientas compositivas en los procesos penales (conciliación, mediación, oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado), permitirá al Ministerio Público desarrollar una adecuada política de control de la carga de trabajo. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que el Ministerio Público de los países de la región donde se le han reconocido estas facultades ha sido por lo general muy tímido en el uso de las mismas, tal como lo afirma Mauricio DUCE: “La entrega de estas facultades a los fiscales… transformaban al Ministerio Público en la llave de entrada del sistema. Sin embargo, la observación del comportamiento de los fiscales en el uso de las herramientas descritas da cuenta que el Ministerio Público las ha subutilizado, particularmente a los mecanismos de descongestión temprana (criterios de oportunidad) y salidas alternativas”.

Es necesario adoptar estrategias de control de la sobrecarga de trabajo, diferenciando claramente la gestión de los casos menores (criminalidad de baja densidad) de los casos mayores (criminalidad grave). En relación a los primeros, deben implementarse programas de capacitación tendentes a dotar de las competencias necesarias a los miembros del Ministerio Público para la selección de casos sujetos a mediación, en el manejo de ciertas técnicas de conciliación (para el caso que no cuenten con otros recursos profesionales capacitados). En cambio, en relación a los casos mayores, resulta necesario capacitar en el terreno de las estrategias y tácticas investigativas, metodologías de trabajo y toma de decisiones, para posibilitar una gestión más fluida y eficaz de los casos, que permita llevarlos a juicio en condiciones satisfactorias.

Otra realidad insoslayable la representa la gran carga de casos acumulados a lo largo de los años de funcionamiento del antiguo sistema procesal penal, frente al cual si bien es cierto que el legislador ya ha tomado la decisión de organizar un procedimiento de liquidación extraordinario, no es menos cierto que tanto este proceso como el de la propia liquidación ordinaria por los jueces y tribunales liquidadores requerirá el desarrollo de una estrategia del Ministerio Público orientada a focalizar sus recursos en los asuntos de mayor gravedad, sin desatender los intereses de las víctimas concretas en tales casos particulares.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana?

Es necesario que el abogado evite recibir pagos futuros
Pago al momento de contratar

Al parecer todo el mundo sabe la respuesta, pero antes quiero recordar la expresión de Aleksandr Solzhenitsyn, un escritor e historiador ruso, Premio Nobel de Literatura en 1970, dijo: una palabra de verdad pesa más que el mundo entero.-

Son muchos los abusadores, muchas empresas abusadoras que ilusionan a los abogados más jóvenes con la idea “para que vayas practicando o para que adquieras más conocimiento”, que pagan honorarios de miseria, siempre haciéndole entender “que el futuro las cosas van a cambiar”.

¿De qué se mantiene el abogado?

De su ejercicio profesional, por lo tanto, cualquier actividad en este campo, cualquier diligencia, cualquier acto de representación, por simple que parezca, es necesario pagarle bien al abogado.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana? ¿El que contrata al abogado?

Sí, el que contrata al abogado es el único responsable de pagarle al abogado y cubrir todos los gastos, impuestos, notificaciones de cualquier índole, reuniones, viajes, actos de alguacil, llamadas telefónicas, etc.,  nuestra constitución establece que el servicio de la justicia es gratis pero, no así los servicios profesionales del abogado.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana? ¿La otra parte que perdió en Justicia?

Muchas veces el que pierde en justicia queda incapacitado de pagar los honorarios, por múltiples factores, que tenga otros casos pendientes, que esté embargado, o por cuentos de camino.

Ahora bien, hay personalidades, instituciones que el abogado determina que esos honorarios pueden hacerse realidad, pero no todos los días te llegará un caso así, recuerda que debes cobrar en presente al que te contrata, todo lo otro, aunque parezca bueno, y suenen muchas trompetas infladas por la vanidad, tiene mucha superficialidad y muchos matices, en materia de cobrar, hazlo en presente, deja a los demás con su cobro de honorarios al futuro.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana? ¿El deudor que no puede pagar una deuda principal?

Una trampa que reciben muchos abogados es “te tengo este casito, para que lo que recuperemos lo dividamos entre nosotros”. Esta situación es sinónimo de pérdida de tiempo, dinero y salud, recibirá lluvias de llamadas a cualquier hora del día para saber en qué va el caso, cuando en realidad se trata de una persona que hace tiempo está quebrada, (Evalúa a quien es que le vas a cobrar), muchas veces puede ser una persona que gana mucho dinero, pero tiene otras deudas, tantos vicios, diferentes mujeres e hijos, que hace imposible la recuperación de esa deuda, y mucho para poder cobrarle algo es por medio de insultos, ofensas personales y amenazas de toda índole.

¿Recibirá su pago del monto total de lo recaudado o de lo recuperado?

Lo importante es recibir el pago de los servicios por adelantado a la demanda, querella, y a los procedimientos extrajudiciales, una buena suma de dinero que sea imposible perder… y si resulta sus diligencias positivas completar su pago total, pero si la otra parte contraria no tiene nada… el abogado ganó porque cobró como debe ser al momento de ser contratado.

-Una experiencia – Después de haber trabajado y ganado una litis en primera instancia, en apelación y en casación,  fue cuando el deudor se vio obligado y decidió por medio de su abogado comenzar a pagar la deuda… sabes qué aceptamos el acuerdo… y poco después murió el deudor… muriendo mis esperanzas de obtener lo justo por mi trabajo… ¿Por favor no me pregunte que si dejó bienes? Usted sabe ya la respuesta.

Honorarios del abogado

¿Cuándo debe recibir el pago el abogado?

Inmediatamente es contratado por sus servicios, incluyendo la consulta.

¿Debe cobrar el abogado cuando él concluya con el caso?

No es recomendable cobrar al final del caso… por muchas variantes… por lo general queda siendo engañado el abogado o tiene que someterse a las reglas del cliente…

¿Y qué ocurre si se trata de una situación legal en la que hay que asistir a la familia?

A los familiares  siempre tenemos el deber colaborar con el consejo y orientación legal, lo ideal es no involucrarse nunca, – lo digo por experiencia – sino más bien, utilizar los servicios de un colega para que colabore, pero que se le pague. Si se trata de esposa e hijos por mandato divino  es correcto defenderle.

Este tema no queda concluido aquí…

Por David Richardson Santana

El mejor tribunal del mundo

Es aquí donde realmente se valora tu profesión
Tu oficina es el mejor tribunal del mundo

“El mejor tribunal del mundo es mi oficina”, esta fue expresión de un colega en el tribunal durante unas de esas pausas en que los jueces se retiran a considerar sobre un incidente o  conclusión de un caso.

Pasaron los años de este ejercicio sin frenos (muchos casos en los cuales solo pierde tiempo, dinero y vida) que indudablemente me llevaron a accidentarme sin lesiones graves, sin poner atención a la salud, a la economía y a la familia. Cuántas veces llegamos a nuestras casas, cansados, agobiados, con la faena de un día duro en los tribunales o tras las largas esperas en las oficinas públicas.

¿Cómo te fue hoy? – Mi esposa –  La respuesta estaba en mi rostro, en mi vestimenta, en mi maletín, y en la toga colgada sobre mi brazo izquierdo. Esta escena la definía como “terror, miedo, vergüenza y muchas cosas más”, por supuesto que no es un delito ir a trabajar y llegar sin dinero, en mi caso particular era una especie de patología, por lo cotidiano de la situación. Los reclamos familiares fueron totalmente válidos, y hasta cierto punto recibí apoyo.

Las situaciones cotidianas (Pago de electricidad, teléfono, cable, algunas cosas para el hogar) muchas veces no podían cumplirse, no por ser irresponsable, sino porque no había con qué, a pesar de trabajar duro, pero sin resultados económicos. De hecho, en mis peores momentos, representaba a ciertas personalidades influyentes en mundo empresarial nacional e internacional, y no tenía un centavo para un simple bocado, o comprar una “botellita de agua”.

Cuando la suerte y la fortuna tocaban a mi puerta, también me di cuenta que otros colegas sin mi consentimiento, usaron mis “generales de abogado”, para demandar a instituciones de intermediación financiera, por razones éticas, esto impedía que ellos se convirtieran en clientes de la oficina.

Todos estos golpes me hicieron reflexionar profundamente, y recordé aquella expresión “El mejor tribunal del mundo es mi oficina”, de este gran colega, duré un tiempo rogándole a Dios que me mostrara el camino, que en realidad no es difícil, así lo hizo.

¿Qué hice? Muchos expedientes los devolví a pesar de haberlo trabajado sin cobrar un centavo por adelantado.

Coloqué un letrero grande en la oficina, visible, muy visible, que se vea, donde hago saber claramente que cobro consultas, y le coloqué también un precio muy justo, el cual renuevo tres a cuatro veces al año. Muchas veces un cliente no tiene la totalidad de la consulta, y me coloca dos mil pesos en las manos, -Doctor solo tengo dos mil… los otros cuando vuelva! -. Esto ha cambiado mi vida, siento que he recuperado parte de mi dignidad profesional y puedo llegar con algo a la casa, en lo económico, más salud, tiempo y vida.

Dios me ha ayudado a elegir mejor los casos, he desarrollado ciertas condiciones para siempre ganar, no solo dinero, sino también salud, tiempo y vida.  El mejor tribunal del mundo es mi oficina.

En conclusión, aprendí además de cobrar consultas, que a mí me paga el que me contrata, me paga en el presente, nunca a futuro, ni para cuando su situación esté resuelta. Que de los primeros pagos que recibo, retiro el 30% que me corresponde.

Por David Richardson Santana

 

 

Descargue la Sentencia sobre senador Félix Ramón Bautista Rosario

Mag. Alejandro Adolfo Moscoso Segarra

Descargue la Decisión (Resolución No. 544­-2015) senador Félix Ramón Bautista Rosario, la colocamos aquí con el único interés jurídico educativo, para que sea leída, analizada por los estudiantes de derecho, abogados y público en general apasionado por el mundo jurídico-legal.

He aquí la parte final de dicha Resolución marcada con el número 544-2015

R E S U E L V E:

PRIMERO: En cuanto a los imputados Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República por la provincia de San Juan; José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, declara la nulidad de la acusación presentada en su contra por el Procurador General de la República; y en consecuencia, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

SEGUNDO: En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión;

TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de oposición, nota de  advertencia, incautación,  secuestro y  cualquier otra medida restrictiva de la propiedad de los bienes de los imputados, descritos en parte anterior;

CUARTO: Exime el proceso de costas, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal;

QUINTO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas, encontrándose lista para su entrega en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la cual empieza a correr el plazo de cinco (5) días para la interposición del correspondiente recurso de apelación, de conformidad con las previsiones de los artículos 143, 304, 335, 410 y 411 del Código Procesal Penal.

 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra,

Grimilda Acosta

Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por el Juez que figura en su  encabezamiento, en audiencia pública día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Por favor presione aquí ver completamente Resolución núm. 544-­2015

Senador de la República, Secretario de Organización del @PLDenlinea y Presidente de FUNDI.
Félix Bautista

Derechos de la mujer en la Constitución de 2010

Perspectiva de Género

Desde siempre la mujer ha desempeñado aquel papel para el que estaba naturalmente destinada: el hogar, la maternidad, la familia; fruto de ese “proceso de socialización diferenciada”, que es el que moldea a la persona según unos patrones de conducta socialmente establecidos, se le asignó un rol marcadamente desigual ante el hombre.

Nuestro país dispone hoy de una nueva Constitución, contentiva de principios y normativas que definen una nueva República Dominicana, un Estado moderno, definiendo los derechos sociales, económicos, políti­cos y culturales, entre otros, donde se destaca de ma­nera clara y precisa la plena igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Los adelantos en materia de equidad de género in­cluyen el hecho de que en la Carta Sustantiva se reco­noce de manera expresa la igualdad de derechos en­tre el hombre y la mujer (Artículo 39.4), se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e impone al Estado la obligación de promover las medidas que fueren necesarias para sancionar y erradicar las desigualdades y la violencia de género (Artículos 39.3, 39.4 y 42.2).

Otra conquista para la mujer es la prerrogativa que establece el equilibrio de género en la presentación de candidaturas y puestos de decisión en la Adminis­tración Pública, de justicia y en los órganos de control del Estado (Art. 39), así como la consecuente habilita­ción de mecanismos para lograr la igualdad.

También, los derechos de la mujer se ven protegi­dos en ciertos numerales del artículo 55 sobre los de­rechos de familia, especialmente el numeral 6, el cual indica que “La maternidad, sea cual fuere la condi­ción social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera de­recho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.

Otra disposición de corte progresista es el numeral 11 del mismo artículo 55, que señala lo siguiente:

“El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.

Sobre otros derechos relacionados con la participa­ción de la mujer en la vida política y pública queremos destacar el contenido del artículo 22 del texto sustan­tivo, sobre los derechos de la ciudadanía, el cual establece en su numeral 2 el derecho a “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”. Mientras que en el numeral 3 se consigna la libertad de “ejercer el derecho de iniciativa popular, legisla­tiva y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. Por último, el derecho de “formular peticiones a los poder

es públicos para solicitar medidas de interés público y obtener res­puesta de las autoridades en el término estableci­do por las leyes que se dicten al respecto“. Con ello nos ponemos a tono, además, con la recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1997, que pone a cargo de los Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Ahora bien, aunque los avances normativos son im­portantes, al profundizar en el análisis de su validez a la luz de sus objetivos y alcances, nos damos cuenta que aún quedan muchos obstáculos por salvar.

Se precisa de la construcción de un nuevo sistema de valores, actitudes y convicciones que conviertan en prácticas de vida la igualdad y la equidad entre mu­jeres y hombres como condición indispensable para construir una cultura de paz, libre de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

La educación para la igualdad de derechos y opor­tunidades en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los espacios en los que interactuamos es la única vía segura para que podamos construir una Re­pública Dominicana cada vez más humana, justa y so­lidaria, donde mujeres y hombres avancemos juntos, de igual a igual.

En lo relativo a la participación política de mujeres y hombres también debe existir equilibrio. Una ver­dadera participación política con enfoque de género deberá garantizar tres elementos: inclusión, represen­tación y paridad.

El Tribunal Constitucional deberá garantizar proac­tivamente el empoderamiento de la mujer en un diálogo constructivo que permita canalizar institucio­nalmente las posibilidades que le reconoce la Consti­tución. Podemos asegurar que el TC ha asumido ese compromiso dispuesto a trabajar sin descanso para que la nueva Constitución se convierta en un verdade­ro instrumento de derechos, de manera que esos de­rechos se traduzcan en hechos reales que se expresen en la igualdad de derechos; que contribuya a lograr una mayor representación de las mujeres a todos los niveles de la sociedad, en el respeto de su vida, de su autonomía y su soberanía plena.