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Revisión constitucional de sentencias de amparo

Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo

En nuestro país se ha diseñado un mecanismo de protección de los derechos fundamentales en el cual la acción de amparo se convierte en el medio procesal para la tutela de todos ellos, quedando los jueces del orden judicial encargados de conocer y decidir sobre las violaciones a los mismos, sin importar si provienen de la autoridad pública o de los particulares.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO?

La acción de amparo, contemplada en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 65 al 93 de la Ley núm. 137-11, ha sido instaurada en la Constitución dominicana como el proceso judicial que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de la persona -con excepción de los que protegen el hábeas corpus y la acción de hábeas data- ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCIONAR EN AMPARO?

Nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

¿ANTE CUÁLES CIRCUNSTANCIAS PODEMOS ACCIONAR EN AMPARO?

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo ha sido instaurado en los artículos del 94 al 111 de la Ley núm. 137-11 como el medio a través del cual se pueden impugnar las sentencias de amparo que hayan violado los derechos fundamentales de los accionantes.

¿EN QUÉ CONSISTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo es un recurso extraordinario de impugnación, por medio del cual se somete a la consideración del Tribunal Constitucional una controversia ya resuelta por otro tribunal.

¿CUÁLES SENTENCIAS PUEDEN SER RECURRIDAS EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL?

La revisión de las sentencias de amparo por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana está contenida en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, el cual establece que todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión en la forma y bajo las condiciones establecidas en dicha ley.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA RECURRIR EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El procedimiento para recurrir en revisión constitucional de sentencias de amparo está contenido en los artículos del 95 al 103 de la Ley núm. 137-11. Este se interpondrá mediante escrito depositado en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en el cual se exponen las violaciones a los derechos fundamentales que han sido alegadas por la parte agraviada.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿En qué consiste la acción directa en inconstitucionalidad?

La acción directa en inconstitucionalidad, contenida en el artículo 185 numeral 1 de la Constitución y los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tiene como finalidad verificar que toda ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza se encuentre conforme con las disposiciones contenidas en la Constitución dominicana vigente.

En tal virtud, el Tribunal Constitucional determina, a través del juicio de constitucionalidad, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que la Constitución política dispone sobre ese particular.

¿Quiénes pueden accionar ante el tribunal constitucional?

En virtud del artículo 185 de la Constitución, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

¿Cuáles son los actos susceptibles de ser atacados en inconstitucionalidad?

Nuestra Carta Magna en el numeral 1 de su artículo 185 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11 establecen que pueden ser atacados en incons­titucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que contravengan el ordenamiento constitucional.

¿Cuál es el procedimiento para accionar en inconstitucionalidad?

El procedimiento para incoar una acción directa en inconstitucionalidad está contenido en los artículos 38 al 50 de la Ley No. 137-11.

Esta se interpone mediante un escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, en el cual se exponen los fundamentos de la acción, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideran vulneradas.

Luego se convocará a una audiencia oral y pública, a fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto cuestionado y el Procurador General de la República presenten sus conclusiones.

¿Cuál es el fin de una sentencia de acción en inconstitucionalidad?

Las sentencias que declaren la inconstitucionali­dad generan la anulación de la norma o los actos impugnados, eliminándolos del ordenamiento jurídico.

Las decisiones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿Cuáles derechos fundamentales que están contenidos en la constitución dominicana de 2010?

Derecho a la vida

Derecho a la dignidad humana

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la libertad de empresa

Derecho a la propiedad

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la salud Derecho a la educación

Derecho a la vivienda Derecho a la familia Derecho al trabajo Entre otros

¿Dónde se establecen estos derechos?

Los Derechos Fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 67 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, tal como la misma Constitución establece, esto es un mero listado enunciativo.

Por ejemplo:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Ver los demás artículos sobre protección a nuestros derechos aquí:

 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político.

Los derechos fundamentales están reconocidos en las constituciones políticas de los Estados. Los derechos humanos consignados, solo están en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos.

¿Por qué se llaman derechos fundamentales?

Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.

El cual establece lo siguiente:

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

¿Qué son los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.

El asilo en embajadas y legaciones

Un ejemplo es el caso de Julian Assage en la Embajada de Ecuador en Inglaterra

En este capítulo trataremos un tema que estuvo practicándose en los países hispanoamericanos y que la cobró preponderancia con motivo de la guerra de España. El segundo Tratado de Montevideo de 4 de agosto de 1939, trata del tema con mucha extensión y comete el grave error de creer que la función de extraterritorialidad alcanza hasta considerar territorio del país del diplomático los lugares en que se hallan edificadas las Embajadas y Legaciones. Es obvio, puesto que en el artículo 29 enumera éstas junto con los buques de guerra, con los campamentos y con las aeronaves militares.

Es del todo abusivo que ese excepcional asilo, no sólo se extienda a las Embajadas o Legaciones propiamente dichas, sino que se amplíe a la posibilidad de alquilar locales para amparar en ellos a los que buscan refugio. Véase al respecto el artículo 89 de este nuevo Tratado de Montevideo además en él se imponen limitaciones: sólo se asilará a los delincuentes políticos contra los que no proceda extradición (articulo 2°). Además se prevé que los protegidos por la legación no alteren la paz pública ni ejerzan acción política, ni se comuniquen con el exterior (artículo 5°). En España se dio el triste caso que desde muchas delegaciones y embajadas se conspiraba impunemente. El Tratado de Montevideo que puede exigir el Estado donde el cuerpo diplomático ampare los delincuentes políticos; que los saquen del territorio, prestando los medios necesarios y la debida seguridad. No se les permitirá detenerse en su país ni volver a él. De modo que si volviere no gozaran de nuevos asilos.

EL ASILO DIPLOMATICO

La esencia de este asilo consiste en que la sede representante diplomático sirve de protección a las personas que son perseguidas por las autoridades del país donde está acreditado el representante diplomático. Es por esta razón que el asilo concebido de la manera anteriormente definida, puede nombrarse Asilo Diplomático.

Este hasta el siglo XV era desconocido, puesto que hasta ese momento las Embajadas o legaciones de carácter permanente no existían. Así por ejemplo, en la antigüedad, lo mismo que en la Edad Media, los embajadores y Legaciones no eran sino personas encargadas de una misión temporal: dicho de otro modo, ellos no residían en el país de su misión. Lo que consagró de manera definitiva la transformación de embajadores intermitentes en embajadores permanentes fue el Congreso de Westfalia (1648).

El Asilo en América Latina, desde su origen ha sido una institución importada. Al mismo tiempo, a causa de su condición de colonia, los países latinoamericanos hasta el momento no conocían otra forma de asilo que el religioso. Precisamente en el siglo XIX, cuando la mayoría de los países  América Latina se emanciparon el Asilo Diplomático, había sido condenado por la doctrina y la política de países Europeos. El Asilo Diplomático fue adoptado por los países latinoamericanos en su aspecto más “moderno’ es decir, que fue acordado desde el inicio, únicamente en favor de personas perseguidas por causas políticas, y no en favor de criminales de delitos de derecho común.

“Rodolfo Nervo expresa que: La tradición del Asilo existente en América Latina, cuyo origen deben buscarse sin duda en la generosidad y los sentimientos hospitalarios de esos jóvenes nacionalistas más bien, que en las frecuentes conmociones políticas, como es la opinión de algunos internacionalistas”.

Convención de Caracas de 1954, sobre Asilo Diplomático; Esta convención fue firmada por todos los países latinoamericanos, en fecha 28 de marzo de 1954 en la Décima Conferencia Interamericana.- Según el Art. 2 de esta Convención el Asilo como derecho subjetivo pertenece sólo al Estado y no al individuo, pero el individuo siempre tiene el derecho de solicitar o buscar Asilo, lo cual se prevé en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Según el Art. 4, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre pertenece al Estado que otorga el Asilo, clarificar la naturaleza del delito o de juzgar los motivos de la persecución. Por su parte, el Art. 6, no sólo liga de urgencia con que aquél cuando la vida del individuo está en peligro por persecuciones de masas excitadas, sino que se extiende el caso de urgencia cuando la libertad del individuo se encuentra en peligro sin importar qué tipo de persecuciones políticas.- El Art. 7, expresa que el que determina esta noción de urgencia es el Estado aislante.

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para formar su criterio respecto a la naturaleza del delito.

Es decir, que permite al Estado local participar en la calificación del delito. El Asilo, una vez acordado, el Estado que lo acuerda puede demandar la salida del refugiado para un territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado acordar inmediatamente, salvo en casos de fuerza mayor, las garantías necesarias prevista en el Art. 5 así como el Salvo conducto.

Esta Convención da mayor precisión a ciertos dispositivos previstos en convenciones anteriores, y da a otras un matiz diferente, introduce disposiciones e incorpora muchas innovaciones introducidas por el Tratado de Montevideo de 1939.

Las Convenciones de La Habana de 1928, de Montevideo de 1933 y de Caracas de 1954, y los dos Tratados de Montevideo de 1989 y 1939, son los principales instrumentos jurídicos relativos al Asilo Extraterritorial elaborado en América Latina y a los cuales están afiliados la mayoría de los países que forman este continente. Aquellos que no están ligados ni a una u otra de las tres convenciones mencionadas, lo son uno de los dos Tratados. La República Dominicana, aunque firmó la Convención de Caracas de 1954, no está ligada por ninguno de los acuerdos mencionados.