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¿En qué consiste la acción directa en inconstitucionalidad?

La acción directa en inconstitucionalidad, contenida en el artículo 185 numeral 1 de la Constitución y los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tiene como finalidad verificar que toda ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza se encuentre conforme con las disposiciones contenidas en la Constitución dominicana vigente.

En tal virtud, el Tribunal Constitucional determina, a través del juicio de constitucionalidad, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que la Constitución política dispone sobre ese particular.

¿Quiénes pueden accionar ante el tribunal constitucional?

En virtud del artículo 185 de la Constitución, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

¿Cuáles son los actos susceptibles de ser atacados en inconstitucionalidad?

Nuestra Carta Magna en el numeral 1 de su artículo 185 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11 establecen que pueden ser atacados en incons­titucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que contravengan el ordenamiento constitucional.

¿Cuál es el procedimiento para accionar en inconstitucionalidad?

El procedimiento para incoar una acción directa en inconstitucionalidad está contenido en los artículos 38 al 50 de la Ley No. 137-11.

Esta se interpone mediante un escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, en el cual se exponen los fundamentos de la acción, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideran vulneradas.

Luego se convocará a una audiencia oral y pública, a fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto cuestionado y el Procurador General de la República presenten sus conclusiones.

¿Cuál es el fin de una sentencia de acción en inconstitucionalidad?

Las sentencias que declaren la inconstitucionali­dad generan la anulación de la norma o los actos impugnados, eliminándolos del ordenamiento jurídico.

Las decisiones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿Cuáles derechos fundamentales que están contenidos en la constitución dominicana de 2010?

Derecho a la vida

Derecho a la dignidad humana

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la libertad de empresa

Derecho a la propiedad

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la salud Derecho a la educación

Derecho a la vivienda Derecho a la familia Derecho al trabajo Entre otros

¿Dónde se establecen estos derechos?

Los Derechos Fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 67 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, tal como la misma Constitución establece, esto es un mero listado enunciativo.

Por ejemplo:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Ver los demás artículos sobre protección a nuestros derechos aquí:

 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político.

Los derechos fundamentales están reconocidos en las constituciones políticas de los Estados. Los derechos humanos consignados, solo están en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos.

¿Qué son los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.

Tendencia restrictiva en el Asilo Político

Según vemos, Francia ya ha limitado en su ley la exclusión de cierta clase de delitos políticos, y lo mismo lo hace la legislación Alemana, exceptuando del Asilo los autores de actos reprochables.

Por la vía de la restricción ha llegado al máximo el Código fascista, donde no se haya acogido el asilo para la delincuencia política. Hace muchos años que Lammasch exceptuaba los delitos contra la vida de los semejantes, y lo mismo hace luego Conti Martiz no comprende el incendio. Y Pella, las acciones muy graves e inmorales.

El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Ginebra habida en 1892, y el artículo 6° del Tratado tipo de la Comisión Internacional penal y penitenciaria, representan esta tendencia restrictiva de la inmunidad política en materia extradicional. El acuerdo del citado Instituto exceptúa de aquel favor los crímenes conexos de índole grave, desde el punto de vista de la moral y del Derecho común, tales como el asesinato, homicidio, envenenamiento, etc. El artículo 6° del Tratado tipo a que acabamos de referirnos, exceptúa, a su vez, los casos de homicidio ejecutados o intentados con una brutalidad particular.

Excepción de los magnicidas

A consecuencia del atentado de Jaquin contra Napoleón III el año 1854, la ley Belga de 22 de marzo de 1856 declaró que “no se considerará político ni hecho Conexo a un 4elito semejante el atentado contra la persona del Jefe de un Gobierno extranjero o contra miembros de su familia, si este atentado constituye un hecho de asesinato, de homicidio o de envenenamiento”. El Tratado que se celebró entre Francia y Bélgica aquel mismo año es el primero ‘que contiene esa fórmula, que desde entonces se conoce como “cláusula belga relativa al atentado”.

La inmensa mayoría de los convenios de extradición la aceptan, si se exceptúan Inglaterra y Estados Unidos. Suiza somete a examen minucioso el problema, e Italia también rechazó la famosa cláusula hasta este siglo. Desde la muerte del rey Humberto, en 1900, sigue la communis opinio.

La excepción de la excepción se ha ido ampliando y hoy son varios los tratados y, sobre todo, las leyes internas que proclaman la entrega de los magnicidas; es decir, de los autores de homicidio contra los Ministros y altos funcionarios. Por eso entregó la República de Weimar a Nicolao, el matador del Presidente del Consejo Eduardo Dato: Mas aun debemos reconocer que la materia se haya sujeta a los quehaceres políticos. En 1921, Alemania negó la entrega de Emerich Csernyak, acusado de la muerte del conde Tisza, ex Presidente del Consejo de Ministros de Hungría. Ello dio motivo a que tres años después del gobierno Húngaro negase la extradición de Schuletz, homicida de Mathías Erzberger.

Por otro lado el código Bustamante en su Artículo 357, enseña lo siguiente: “No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del jefe de un estado contratante o de cualquier persona que en él ejerza autoridad”. A nuestro entender no hay motivo alguno para semejante excepción. En el más característico de delitos político es la muerte dada al Tirano, que en la mayoría de los casos es el Jefe del Estado. Es así, que cuando el móvil político provoca el magnicidio, su autor tiene que recibir asilo.

Delitos complejos y conexos

Es necesario distinguir:

1ero. Delitos políticos puros: Lo son en realidad los que se cometen contra la forma de la organización política de un Estado.

2do. Delitos políticos complejos: Son aquellos que lesionan a la vez el orden político y el derecho común, como el homicidio de un jefe de gobierno.

3ro. Delitos conexos: Los son aquellos que se ligan estrechamente al fin político, aunque de por sí constituyen un delito común: el homicidio en la revolución, substracción de caballerías y armas para un levantamiento y el robo de un aeroplano para huir en la hipótesis, al hablar del fracaso. La ley francesa, al hablar de delitos conexos, los declara amparables cuando lo fuesen en según los usos de la guerra.

Concepto del delito político en el derecho internacional

Delito Político Internacional

En cuanto respecta a la ley penal es delito político todo aquel que ofende un interés político del Estado o un derecho del ciudadano. Se considera también delito político el delito común total o parcialmente determinado por motivos políticos.

De la disposición antes aducida se infiere, ante todo, que el delito político puede ser directo o indirecto.

Es delito político directo el que ofende un interés político del Estado. Por interés político del Estado debe entenderse el interés que es propio del Estado, como tal, globalmente considerado; en otras palabras, el que atañe a la vida del Estado en su esencia unitaria (integridad del pueblo y del territorio, independencia y honor del Estado, paz exterior, forma de gobierno, etc.). No entran, por tanto, en esta categoría los delitos que ofenden los intereses del Estado como poder administrativo (organización y actividad de la administración estatal) y como poder judicial (ordenamiento y función judicial).

Son delitos políticos indirectos, en cambio, los que ofenden un derecho político del ciudadano, es decir, el poder jurídico (derecho y no simple interés) que tenga el ciudadano de participar inmediata y activamente en la vida del Estado, desempeñando un cargo público o cumpliendo una función pública (ejemplo: el derecho al cargo de un senador, el derecho electoral).

A los delitos políticos propiamente dichos se equiparan (se “consideran” políticos, dice el Código) los delitos comunes total o parcialmente determinados por motivos políticos (delito subjetivamente político). El motivo, esto es, la finalidad por la que ha obrado el individuo, es político cuando atañe a la existencia, constitución y funcionamiento del Estado. No basta una finalidad puramente social, razón por la cual una huelga, por ejemplo, con finalidades económicas, que culminara en manifestaciones de violencia, no podría dar lugar a un delito político.

En esta última categoría quedan comprendidos sin duda alguna los delitos anárquicos o terroristas, naturalmente cuando no se trate de delitos objetivamente políticos, como, por ejemplo, el atentado contra el jefe del Estado.

Obsérvese que para considerar político un delito común no se exige que el hecho haya sido exclusivamente determinado por un motivo político: basta que lo haya sido solo en parte.

Agréguese que un delito no pasa a ser político solo porque haya sido cometido con ocasión de tumultos políticos, sino que se necesita que sea el medio con que se persigue una finalidad política.

Mariano Ruiz Funes, en su hermoso libro Evolución del delito político, ha tratado de su concepto con máxima erudición y elevado sentido liberal. Harto sabido es que existen varios criterios para definirlo. El que atiende al bien jurídico lesionado, y que es meramente objetivo, y el que explora el móvil, adoptando así principios, subjetivos. Ordinariamente se vincula a la Escuela positiva la doctrina del móvil en el delito político, cuando en realidad podemos decir que se trata de una tradición francesa y que viene de los tiempos revolucionarios. En la ley interior de Francia sobre el tema de extradición, dictada en 1927, se atiende apreciar el Estado requerido.

Con todo, no ha sido fácil hallar una definición que a todos contente. Cuando se preparaba la Conferencia de Copenhague, que se celebró en 1935, formamos un comité Internacional para formular el concepto de delito político, principalmente referido a la extradición tradición. A pesar de que hubimos de buscar el criterio sincrético, lo cierto es que, en el instante del voto, abrió paso la noción del móvil.

Como es sabido, no sólo se exceptúa de la entrega al delincuente político, sino también cuando la demanda tiene como fin perseguirle por una infracción política. En esto se amparó Holanda para negar la entrega del Káiser cuando le fue pedida por los aliados.