Category: Debido proceso

¿Qué son los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.

Concepto del delito político en el derecho internacional

Delito Político Internacional

En cuanto respecta a la ley penal es delito político todo aquel que ofende un interés político del Estado o un derecho del ciudadano. Se considera también delito político el delito común total o parcialmente determinado por motivos políticos.

De la disposición antes aducida se infiere, ante todo, que el delito político puede ser directo o indirecto.

Es delito político directo el que ofende un interés político del Estado. Por interés político del Estado debe entenderse el interés que es propio del Estado, como tal, globalmente considerado; en otras palabras, el que atañe a la vida del Estado en su esencia unitaria (integridad del pueblo y del territorio, independencia y honor del Estado, paz exterior, forma de gobierno, etc.). No entran, por tanto, en esta categoría los delitos que ofenden los intereses del Estado como poder administrativo (organización y actividad de la administración estatal) y como poder judicial (ordenamiento y función judicial).

Son delitos políticos indirectos, en cambio, los que ofenden un derecho político del ciudadano, es decir, el poder jurídico (derecho y no simple interés) que tenga el ciudadano de participar inmediata y activamente en la vida del Estado, desempeñando un cargo público o cumpliendo una función pública (ejemplo: el derecho al cargo de un senador, el derecho electoral).

A los delitos políticos propiamente dichos se equiparan (se “consideran” políticos, dice el Código) los delitos comunes total o parcialmente determinados por motivos políticos (delito subjetivamente político). El motivo, esto es, la finalidad por la que ha obrado el individuo, es político cuando atañe a la existencia, constitución y funcionamiento del Estado. No basta una finalidad puramente social, razón por la cual una huelga, por ejemplo, con finalidades económicas, que culminara en manifestaciones de violencia, no podría dar lugar a un delito político.

En esta última categoría quedan comprendidos sin duda alguna los delitos anárquicos o terroristas, naturalmente cuando no se trate de delitos objetivamente políticos, como, por ejemplo, el atentado contra el jefe del Estado.

Obsérvese que para considerar político un delito común no se exige que el hecho haya sido exclusivamente determinado por un motivo político: basta que lo haya sido solo en parte.

Agréguese que un delito no pasa a ser político solo porque haya sido cometido con ocasión de tumultos políticos, sino que se necesita que sea el medio con que se persigue una finalidad política.

Mariano Ruiz Funes, en su hermoso libro Evolución del delito político, ha tratado de su concepto con máxima erudición y elevado sentido liberal. Harto sabido es que existen varios criterios para definirlo. El que atiende al bien jurídico lesionado, y que es meramente objetivo, y el que explora el móvil, adoptando así principios, subjetivos. Ordinariamente se vincula a la Escuela positiva la doctrina del móvil en el delito político, cuando en realidad podemos decir que se trata de una tradición francesa y que viene de los tiempos revolucionarios. En la ley interior de Francia sobre el tema de extradición, dictada en 1927, se atiende apreciar el Estado requerido.

Con todo, no ha sido fácil hallar una definición que a todos contente. Cuando se preparaba la Conferencia de Copenhague, que se celebró en 1935, formamos un comité Internacional para formular el concepto de delito político, principalmente referido a la extradición tradición. A pesar de que hubimos de buscar el criterio sincrético, lo cierto es que, en el instante del voto, abrió paso la noción del móvil.

Como es sabido, no sólo se exceptúa de la entrega al delincuente político, sino también cuando la demanda tiene como fin perseguirle por una infracción política. En esto se amparó Holanda para negar la entrega del Káiser cuando le fue pedida por los aliados.

El asilo político: refugio inviolable

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la etimología de la palabra Asilo proviene del griego ásylon que significa refugio inviolable.

El Asilo Político es una figura íntimamente vinculada con los ámbitos de validez territorial y personal, cuyo orígenes deben rastrease en derecho de la antigua Grecia, de donde pasó al Derecho Romano y fue, finalmente, incorporada al Derecho Canónico. Gracias a ella, los criminales se podían refugiar en lugares sagrados como templos, conventos, cementerios, universidades, etc., de los cuales no podían ser extraídos a la fuerza.

En los siglos pasados se daba ese nombre a los lugares que tenían el privilegio de refugiar a los delincuentes perseguidos por la justicia, que no podían ser sacados de ellos por la fuerza, porque otra cosa habría significado una profanación, pues tales asilos estaban referidos a lugares sagrados. Es una costumbre absoluta y lógicamente desaparecida.

Subsiste tan sólo en el Derecho Internacional Público, especialmente de los países latinoamericanos, a efectos de que los delincuentes políticos se asilen en los locales de representaciones diplomáticas de otros países que los admitan y de los cuales no pueden ser sacados sin autorización del representante diplomático, por ser ello consecuencia de la ficción de extraterritorialidad diplomática. Llámase también asilo el que conceden algunos países a los perseguidos (o temerosos de serlo) de otros países, por razones políticas y que buscan refugio en aquéllos. Este último aspecto de la institución es muy en los tiempos que corren.

Según Fernando Velázquez en su obra “Teoría de la Ciencia del Derecho Penal”, el Asilo es la protección que un Estado concede a una persona que huye de otro, donde es perseguida por razones políticas o por discriminación.

El Asilo Político puede ser de dos clases:

  1. Asilo Territorial: Este Ocurre cuando la protección es asumida directamente por el Estado en su territorio.
  2. Asilo Diplomático o Político: Este sucede cuando se concede refugio a un ciudadano en legaciones diplomáticas o en edificios destinados a oficinas o habitaciones de los funcionarios de otros Estados, situado en el territorio. En ambos casos se le garantiza al refugiado no extradición sobre todo cuando se trata de delito político o de opinión, o cuando se atiende a razones. Es así, como se ha establecido en diversos convenios firmados en el continente como el Tratado del 23 de Enero de 1889, El convenio de la Habana del 20 de Mayo de 1928, suscrito y ratificado por casi todos los países del continente; así como también el Tratado del 4 de Agosto de 1939 rubricado por varios países del cono sur, en la misma fecha; y el Convenio de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, entre otros de los cuales no vamos mencionar ahora.

    Asilo político
    Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra

Debemos observar que esta institución tiene rango constitucional en algunos Estados Latinoamericanos, por ejemplo en Colombia, donde su carta fundamental se reconoce el derecho de Asilo en los términos previstos en la Ley y se prohíbe además la extradición de extranjeros por delito político o de opinión.

Como es obvio, dado que la figura del asilo implicar la exclusión de la persecución penal en relación con ciertas personas por parte de otros Estados o potencias extranjeras, con la consecuente de la extradición, debe ser estudiada en esta sede dado su interés para el derecho penal.

Definiciones en el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal

Sospechoso identificadoPrueba admisible: Característica necesaria del elemento de prueba para su incorporación al proceso sobre la base de su legalidad, utilidad, pertinencia y relevancia.

Acreditación: Mecanismo utilizado durante una audiencia para la autenticación o identificación de los medios de prueba recibidos y exhibidos con el propósito de convencer al juez o tribunal respecto a su credibilidad.

Autenticación: Mecanismo mediante el cual se sientan las bases para la admisión como prueba de un objeto o documento.

Base probatoria: Mecanismo utilizado durante la audiencia mediante la declaración de un testigo o perito a fin de incorporar objetos, documentos y otros medios de prueba.

Calificación de perito: Mecanismo utilizado por las partes a fin de proporcionar al tribunal la información necesaria para establecer la calidad habilitante respecto del tema de tipo científico o técnico para el cual ha sido propuesto el testigo pericial.

Conocimiento personal: Condición necesaria para admitir la relación de hecho presentada a través de prueba testimonial no pericial.

Declaración: Exposición de la existencia o inexistencia sobre un hecho o situación de derecho.

Defensa de coartada. Aquella que mediante evidencia clara y convincente logre establecer la imposibilidad material de que el imputado sea autor, coautor o cómplice del hecho que se le atribuye.

Elementos de prueba: Conjunto de indicios y/o evidencia física que sostiene la pretensión de una parte.

Estipulación: Acuerdo bajo supervisión judicial que implica un desistimiento formal de las partes de hacer oposición sobre la cuestión tratada.

Evidencia física: Cualquier cosa, desde objetos a trazas microscópicas que pueda ofrecer cualquier tipo de indicio relevante para la investigación.

Impugnación: Técnica utilizada por las partes a fin de afectar de forma negativa la credibilidad del testigo o perito u otro medio de prueba, o para lograr su exclusión del debate.

Acreditación de la pruebaIncorporación de pruebas: Acto judicial de introducir los elementos de prueba obtenidos por las partes.

Integridad de la prueba: Condición necesaria para la admisibilidad de una evidencia física mediante el establecimiento de una cadena de custodia.

Interrogatorio: Se refiere al examen de testigos o peritos a través de preguntas dirigidas a establecer la existencia de un hecho alegado.

Legitimación de la prueba: Admisión por parte del tribunal de los elementos de prueba aportados por las partes, luego de un examen previo respecto a su legalidad y pertinencia.

Materia privilegiada: Se trata de derechos de confidencialidad que tiene el testigo para negarse a prestar información considerada secreta por haber sido recibida con expectativa de confidencialidad, siempre que la ley le acuerde tal derecho.

Objeción: Es el mecanismo legal que puede ser utilizado por las partes durante el conocimiento de una causa a los fines de manifestar su oposición a la formulación de una pregunta o respuesta, argumento, actitud de los sujetos procesales considerada indebida o a la presentación de evidencia inadmisible y cualquier otra actuación contraria a la reglamentación procesal.

Oferta de pruebas: Se refiere a la acción material de una parte de poner en conocimiento de las demás, la prueba que habrá de presentar en la audiencia correspondiente.

Prueba circunstancial: Se refiere a aquella que prueba un hecho del cual se infieren otros.

Prueba demostrativa o ilustrativa: Se refiere a aquella utilizada para explicar, clarificar o visualizar un hecho a través de cualquier medio ilustrativo.

Prueba directa: Aquella que por sí sola demuestra la existencia de un hecho en controversia.

Prueba preconstituida: Se refiere a aquella prueba elaborada por la parte que la presenta con miras a su utilización en la eventualidad de un proceso posterior.

Prueba real: Aquella que forma parte de los hechos del caso.

Rehabilitación de testigo: Mecanismo mediante el cual la parte que presentó a un testigo impugnado procura reestablecer su credibilidad o la de su testimonio.

Testigo reticente: Persona citada a declarar como testigo que no comparece o que se niega a satisfacer el objeto de la citación.

Testigo hostil: Testigo o persona que al prestar declaración, varía su testimonio respecto de otro que haya formulado anteriormente, ya sea por ante otra autoridad o jurisdicción, como al proponente.

Síndrome de la mujer maltratada: Afección de tipo psicológico, provocada en la mujer por su pareja, por medio de violencia ejercida sobre ésta como patrón de conducta, que por su frecuencia e intensidad ha disminuido su autoestima y anulado su capacidad de percibirse a sí misma como un ente con los valores y derechos inherentes a su condición humana, provocándole una obnubilación total o parcial de sus sentidos.

Supuestos exculpatorios: Conjunto de circunstancias utilizadas por el imputado como medio de defensa, con el propósito de desvirtuar la acusación sobre la base de la legitimidad y justificación de su actuación.


Valor probatorio:
El peso que merece al juzgador determinada evidencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todos los elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y pertinencia, de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal.

Interrogatorio Re-directo: Segundo interrogatorio realizado por la parte proponente del testigo o perito, a los fines de rehabilitar su credibilidad, luego de este haber sido sometido al contra-interrogatorio por la parte adversa.

Re-Contra interrogatorio: Segundo interrogatorio realizado al testigo o perito, por la adversa al que lo propone a los fines de reafirmar su impugnación.

Fuente: Resolución No. 3869-2006 Suprema Corte de Justicia

Garantías del debido proceso

Debido Proceso
Garantías del debido proceso

El debido proceso, entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley en cada caso concreto, se rige, en un Estado constitucional y democrático de derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguran la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva, en un juicio justo para las partes.

En el marco de un Estado de derecho el debido proceso está sustentado también en otros principios jurídicos, a saber: principios de bilateralidad; contradicción; moralidad del debate; y economía procesal, entre otros.

El derecho internacional reconoce principios y garantías del debido proceso que son comunes a ambas partes en el proceso judicial, algunas de las cuales tienen carácter de garantías inderogables no susceptibles de suspensión o limitación en ninguna circunstancia.

Entre los principios, derechos y garantías comunes se pueden mencionar los siguientes:

Principio de legalidad;

Principio igualdad ante la ley y los tribunales de justicia;

Principio de publicidad procesal;

Derecho de acceso a la jurisdicción;

Derecho a un juez competente, independiente e imparcial;

Derecho a un juez natural, predeterminado por la ley;

Derecho a la tutela judicial efectiva;

Derecho a un juicio justo;

Derecho a un trato humano;

Derecho a la celeridad judicial; y

Derecho a un recurso efectivo.

Fuente: Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia, Estudio Constitucional Comparado, por Florentín Meléndez, Pag. 44, 45 y 46.