Category: Derecho Internacional

Estatuto del Juez Iberoamericano

LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

 

 

CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

 

 

CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.

 

 

CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

 

 

DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

 

Aprueba y promulga el siguiente:

 

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO

 

 

INDEPENDENCIA

 

Art. 1. Principio general de independencia

Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

 

 

Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial

Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

 

 

Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación

La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.

 

 

Art. 4. Independencia interna

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.

 

 

Art. 5. Defensa de la independencia judicial

Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

 

 

Art. 6. Condiciones materiales de la independencia

El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.

 

IMPARCIALIDAD

 

Art. 7. Principio de imparcialidad

La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 8. Imparcialidad objetiva

La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.

 

 

Art. 9. Abstención y recusación

Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

 

Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.

 

 

Art. 10. Incompatibilidades

El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.

 

 

 

SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

 

Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.

 

 

Art. 12. Objetividad en la selección de jueces

Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

 

 

Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

 

 

Art. 14. Principio de inamovilidad

Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.

 

No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 15. Nombramiento a término de los jueces

Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.

 

 

Art. 16. Inamovilidad interna

La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado. Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional.

 

En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.

 

 

Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera judicial

Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.

 

 

Art. 18. Inamovilidad «ad hoc»

La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

 

 

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y

EVALUACIÓN DEL JUEZ

 

Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez

Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

 

La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

 

 

Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 21. Sistema de supervisión judicial

Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.

 

 

Art. 22. Evaluación del desempeño

En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.

 

 

Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño

El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

 

CAPACITACIÓN

 

Art. 24. Capacitación inicial

La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.

 

 

Art. 25. Centros de capacitación

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.

 

 

Art. 26. Costos de la capacitación inicial

Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.

 

 

Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

 

 

Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada

La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.

 

 

Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.

 

 

Art. 30. Evaluación en la capacitación

La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.

 

La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.

 

 

Art. 31. Participación judicial en la programación de la capacitación

En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.

 

 

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

 

Art. 32. Remuneración

Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.

 

 

Art. 33. Seguridad Social

El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.

 

Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.

 

 

Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos

Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.

 

El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.

 

En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.

 

 

Art. 35. Seguridad personal y familiar

En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL

 

Art. 36. Derecho de asociación de los jueces

La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.

 

ÉTICA JUDICIAL

 

Art. 37. Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

 

 

Art. 38. Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 39. Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

 

 

Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

 

 

Art. 41. Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

 

 

Art. 42. Resolución en plazo razonable

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

 

 

Art. 43. Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

 

 

Art. 44. Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

 

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.

Embajadas y Consulados en la República Dominicana

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MEXICO México
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PANAMA Panamá
emb.panama@codetel.net.do Benito Monción No.255, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 688-3789 / 476-7396 Fax : 685-3665
PERU Perú
embaperu@codetel.net.do Calle Mairení No. 31 Los Cacicazgos, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 482-3200 Fax: 482-3334
URUGUAY Uruguay
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Venezuela
Av. Anacona No.7, Mirador Sur Sto. Dgo. República Dominicana Tel. : 537-8882 / 537-5997 Fax : 537-8780
48 49

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Consolati nella Repubblica Dominicana
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ALEMANIA Alemania
Rafael Augusto Sánchez No. 23 esq. Lope de Vega, Plaza Intercaribe Ens. Naco, Santo Domingo Rep. Dom. Tel. : 809-565-8811 Fax: 809-567-5014
ANTIGUA Y BARBUDA Antigua y Barbuda
Juan Alejandro Ibarra No.124 Ensanche La Fe, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-544-3797 / 809-565-4721 Fax: 809-541-4781
Argentina
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Calle Gral. Román Franco Bidó No. 11 Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana Tel.: 809-508-0709 Fax: 809-532-5603
BAHAMAS Bahamas
Calle César Nicolás Penson No.116, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-560-1451 Fax: 809-682-0237
BELGICA Bélgica
Torre Panamericana Piso 10, Av. Abraham Lincoln No.504 Santo Domingo República Dominicana Tel.: 809-544-2200 / 809-562-1661
Fax: 809-562-3383
BELICE Bélice
Calle Luis F Thomen No. 110 Evaristo Morales, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-567-5023 Fax: 809-567-7159
BOLIVIA Bolivia
Calle Federico Geraldino No.58 Ensanche Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-565-8573 Fax: 809-412-8759
BRASIL Brasil
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CHILE Chile
Av. Anacaona No. 11, Mirador Sur, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-532-7800 / 809-530-8441 Fax : 809-530-8310
COLOMBIA Colombia
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COSTA RICA Costa Rica
Calle Agustín Lara No.22 Piantini, Santo Domingo, República Dominicana Tel. : 809-565-6419 Fax: 809-683-7215
CUBA Cuba
Calle Francisco Prats Ramírez No.808 esq. Privada, El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-537-2113 Fax: 809-537-9820
DINAMARCA Dinamarca
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ECUADOR Ecuador
Calle Rafael Augusto Sánchez No. 17 Edif. Profesional Saint Michell, Oficina 301, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-563-8363 Fax: 809-563-8153
EL SALVADOR El Salvador
Calle Haim López Penha No. 28-B Ens. Paraíso, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-565-4311 Fax: 809-541-7503
ESTADOS UNIDOS Estados Unidos de América (U. S. A.)
La Sección Consular está ubicada en el sector de Arroyo Hondo de Santo Domingo, en la Av. República de Colombia #57.  ¿Cómo llegar a la embajada de los Estados Unidos? Tel.: (809) 567-7775
HAITI Haití
Calle Juan Sánchez Ramírez No.33 Zona Universitaria, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. : 809-686-5778 Fax: 809-686-6096
HONDURAS Honduras
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JAMAICA Jamaica
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MEXICO México
Calle Arzobispo Meriño No.265, esq. Las Mercedes Zona Colonial, Santo Domingo Rep. Dom. Tel. : 809-687-7494 Fax: 809-687-7872
NICARAGUA Nicaragua
Av. José Andrés Aybar Castellano No. 152 La Esperilla, Santo Domingo República Dominicana Tel. : 809-563-2311 Fax: 809-565-7961
PAISES BAJOS Países Bajos
Calle Max Hquez. Ureña No. 50, casi esq. Abraham Lincoln, Ens. Piantini. Santo Domingo, República Dominicana
Tel. : 809-540-1256 Fax : 809-565-4685
UNION EUROPEA Unión Europea
Calle Rafael Augusto Sánchez No.21 Ensanche Naco Santo Domingo República Dominicana Tel.: 809-227-0525 Fax: 809-567-5851
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Organizaciones Internacionales

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Penal Internacional de Justicia

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Organización Policial Internacional (Interpol)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización de la Naciones Unidas (ONU)

Organización del Tratado del Atlántico Norte

Organización del Consejo de Europa

Organización de la Unión Europea

Organización de Estados Americanos (OEA)

Organización Mundial del Comercio – OMC

Fondo Monetario Internacional (FMI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Organización Mundial del Turismo

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Mundial de la Salud Pública

Grupo Internacional de Derecho A.C.

Unión Internacional del Notariado Latino (ONPI)

Organización Meteorológica Mundial (OMM)

El asilo en embajadas y legaciones

Un ejemplo es el caso de Julian Assage en la Embajada de Ecuador en Inglaterra

En este capítulo trataremos un tema que estuvo practicándose en los países hispanoamericanos y que la cobró preponderancia con motivo de la guerra de España. El segundo Tratado de Montevideo de 4 de agosto de 1939, trata del tema con mucha extensión y comete el grave error de creer que la función de extraterritorialidad alcanza hasta considerar territorio del país del diplomático los lugares en que se hallan edificadas las Embajadas y Legaciones. Es obvio, puesto que en el artículo 29 enumera éstas junto con los buques de guerra, con los campamentos y con las aeronaves militares.

Es del todo abusivo que ese excepcional asilo, no sólo se extienda a las Embajadas o Legaciones propiamente dichas, sino que se amplíe a la posibilidad de alquilar locales para amparar en ellos a los que buscan refugio. Véase al respecto el artículo 89 de este nuevo Tratado de Montevideo además en él se imponen limitaciones: sólo se asilará a los delincuentes políticos contra los que no proceda extradición (articulo 2°). Además se prevé que los protegidos por la legación no alteren la paz pública ni ejerzan acción política, ni se comuniquen con el exterior (artículo 5°). En España se dio el triste caso que desde muchas delegaciones y embajadas se conspiraba impunemente. El Tratado de Montevideo que puede exigir el Estado donde el cuerpo diplomático ampare los delincuentes políticos; que los saquen del territorio, prestando los medios necesarios y la debida seguridad. No se les permitirá detenerse en su país ni volver a él. De modo que si volviere no gozaran de nuevos asilos.

EL ASILO DIPLOMATICO

La esencia de este asilo consiste en que la sede representante diplomático sirve de protección a las personas que son perseguidas por las autoridades del país donde está acreditado el representante diplomático. Es por esta razón que el asilo concebido de la manera anteriormente definida, puede nombrarse Asilo Diplomático.

Este hasta el siglo XV era desconocido, puesto que hasta ese momento las Embajadas o legaciones de carácter permanente no existían. Así por ejemplo, en la antigüedad, lo mismo que en la Edad Media, los embajadores y Legaciones no eran sino personas encargadas de una misión temporal: dicho de otro modo, ellos no residían en el país de su misión. Lo que consagró de manera definitiva la transformación de embajadores intermitentes en embajadores permanentes fue el Congreso de Westfalia (1648).

El Asilo en América Latina, desde su origen ha sido una institución importada. Al mismo tiempo, a causa de su condición de colonia, los países latinoamericanos hasta el momento no conocían otra forma de asilo que el religioso. Precisamente en el siglo XIX, cuando la mayoría de los países  América Latina se emanciparon el Asilo Diplomático, había sido condenado por la doctrina y la política de países Europeos. El Asilo Diplomático fue adoptado por los países latinoamericanos en su aspecto más “moderno’ es decir, que fue acordado desde el inicio, únicamente en favor de personas perseguidas por causas políticas, y no en favor de criminales de delitos de derecho común.

“Rodolfo Nervo expresa que: La tradición del Asilo existente en América Latina, cuyo origen deben buscarse sin duda en la generosidad y los sentimientos hospitalarios de esos jóvenes nacionalistas más bien, que en las frecuentes conmociones políticas, como es la opinión de algunos internacionalistas”.

Convención de Caracas de 1954, sobre Asilo Diplomático; Esta convención fue firmada por todos los países latinoamericanos, en fecha 28 de marzo de 1954 en la Décima Conferencia Interamericana.- Según el Art. 2 de esta Convención el Asilo como derecho subjetivo pertenece sólo al Estado y no al individuo, pero el individuo siempre tiene el derecho de solicitar o buscar Asilo, lo cual se prevé en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Según el Art. 4, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre pertenece al Estado que otorga el Asilo, clarificar la naturaleza del delito o de juzgar los motivos de la persecución. Por su parte, el Art. 6, no sólo liga de urgencia con que aquél cuando la vida del individuo está en peligro por persecuciones de masas excitadas, sino que se extiende el caso de urgencia cuando la libertad del individuo se encuentra en peligro sin importar qué tipo de persecuciones políticas.- El Art. 7, expresa que el que determina esta noción de urgencia es el Estado aislante.

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para formar su criterio respecto a la naturaleza del delito.

Es decir, que permite al Estado local participar en la calificación del delito. El Asilo, una vez acordado, el Estado que lo acuerda puede demandar la salida del refugiado para un territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado acordar inmediatamente, salvo en casos de fuerza mayor, las garantías necesarias prevista en el Art. 5 así como el Salvo conducto.

Esta Convención da mayor precisión a ciertos dispositivos previstos en convenciones anteriores, y da a otras un matiz diferente, introduce disposiciones e incorpora muchas innovaciones introducidas por el Tratado de Montevideo de 1939.

Las Convenciones de La Habana de 1928, de Montevideo de 1933 y de Caracas de 1954, y los dos Tratados de Montevideo de 1989 y 1939, son los principales instrumentos jurídicos relativos al Asilo Extraterritorial elaborado en América Latina y a los cuales están afiliados la mayoría de los países que forman este continente. Aquellos que no están ligados ni a una u otra de las tres convenciones mencionadas, lo son uno de los dos Tratados. La República Dominicana, aunque firmó la Convención de Caracas de 1954, no está ligada por ninguno de los acuerdos mencionados.

Punto de vista sobre el asilo de un delincuente social

Asilo politico del delincuente social

Con relación a este tema debemos destacar que si el delito cometido por un individuo consiste en un atentado anarquista, de modo que constituye un peligro común a todos los Estados, a diferencia de lo que se ha dicho del delincuente político esto pueden quedar exceptuado del asilo. Así lo expresaba Blundtschil.

También Beccaria en su obra “De Los Delitos y De Las Penas” expresa que “el lugar de la pena es el lugar del delito“, significando con esto que en cualquier lugar que se cometa un delito, es decir, una acción contraria a las leyes, puede ser castigada.

Ahora bien, acontece que cuando la delincuencia se ejecuta con un fin social, aun siendo no siendo este el momento para definirlos los denominados delitos político-sociales, pero nadie duda que una revolución sólo se alza con fines más profundo que los meramente políticos. Pero el denominado delincuente social no es tan inocuo corno el político puro, de manera que donde quiera que se encuentre hay opresores del proletariado.

Podemos afirmar que sólo la Constitución Española, el Código Colombiano, y el proyecto de Enrique Ferry dan amparo a los delincuentes de esta índole. En cambio los tratados suelen excluirlos de la inmunidad política y entre ellos el tratado tipo, que expresa en su articulo 6 que no se consideran como políticos los delitos contra la organización del Estado.

Nos identificamos con el criterio de que ni los delincuentes anarquista ni los sociales puede decirse que son malhechores. Le guía el mismo telo altruista que antes iluminó al mero delincuente político. Manzini en su buena época, dijo que con el criterio restrictivo que va imperando, a Cristo se le hubiera considerado como un facineroso. Debemos reconocer la observación de Lombroso en Italia y de Concepción Arenal en España, en cuanto a que los delincuentes anarquista y sociales e incluso en los políticos, suele haber criminales instintivos y genuinos, de modo que se impone examinar cada caso que ofrezca aparente brutalidad, sobre todo en los delitos complejos y conexos de la delincuencia político social.

Tendencia restrictiva en el Asilo Político

Según vemos, Francia ya ha limitado en su ley la exclusión de cierta clase de delitos políticos, y lo mismo lo hace la legislación Alemana, exceptuando del Asilo los autores de actos reprochables.

Por la vía de la restricción ha llegado al máximo el Código fascista, donde no se haya acogido el asilo para la delincuencia política. Hace muchos años que Lammasch exceptuaba los delitos contra la vida de los semejantes, y lo mismo hace luego Conti Martiz no comprende el incendio. Y Pella, las acciones muy graves e inmorales.

El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Ginebra habida en 1892, y el artículo 6° del Tratado tipo de la Comisión Internacional penal y penitenciaria, representan esta tendencia restrictiva de la inmunidad política en materia extradicional. El acuerdo del citado Instituto exceptúa de aquel favor los crímenes conexos de índole grave, desde el punto de vista de la moral y del Derecho común, tales como el asesinato, homicidio, envenenamiento, etc. El artículo 6° del Tratado tipo a que acabamos de referirnos, exceptúa, a su vez, los casos de homicidio ejecutados o intentados con una brutalidad particular.

Excepción de los magnicidas

A consecuencia del atentado de Jaquin contra Napoleón III el año 1854, la ley Belga de 22 de marzo de 1856 declaró que “no se considerará político ni hecho Conexo a un 4elito semejante el atentado contra la persona del Jefe de un Gobierno extranjero o contra miembros de su familia, si este atentado constituye un hecho de asesinato, de homicidio o de envenenamiento”. El Tratado que se celebró entre Francia y Bélgica aquel mismo año es el primero ‘que contiene esa fórmula, que desde entonces se conoce como “cláusula belga relativa al atentado”.

La inmensa mayoría de los convenios de extradición la aceptan, si se exceptúan Inglaterra y Estados Unidos. Suiza somete a examen minucioso el problema, e Italia también rechazó la famosa cláusula hasta este siglo. Desde la muerte del rey Humberto, en 1900, sigue la communis opinio.

La excepción de la excepción se ha ido ampliando y hoy son varios los tratados y, sobre todo, las leyes internas que proclaman la entrega de los magnicidas; es decir, de los autores de homicidio contra los Ministros y altos funcionarios. Por eso entregó la República de Weimar a Nicolao, el matador del Presidente del Consejo Eduardo Dato: Mas aun debemos reconocer que la materia se haya sujeta a los quehaceres políticos. En 1921, Alemania negó la entrega de Emerich Csernyak, acusado de la muerte del conde Tisza, ex Presidente del Consejo de Ministros de Hungría. Ello dio motivo a que tres años después del gobierno Húngaro negase la extradición de Schuletz, homicida de Mathías Erzberger.

Por otro lado el código Bustamante en su Artículo 357, enseña lo siguiente: “No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del jefe de un estado contratante o de cualquier persona que en él ejerza autoridad”. A nuestro entender no hay motivo alguno para semejante excepción. En el más característico de delitos político es la muerte dada al Tirano, que en la mayoría de los casos es el Jefe del Estado. Es así, que cuando el móvil político provoca el magnicidio, su autor tiene que recibir asilo.

Delitos complejos y conexos

Es necesario distinguir:

1ero. Delitos políticos puros: Lo son en realidad los que se cometen contra la forma de la organización política de un Estado.

2do. Delitos políticos complejos: Son aquellos que lesionan a la vez el orden político y el derecho común, como el homicidio de un jefe de gobierno.

3ro. Delitos conexos: Los son aquellos que se ligan estrechamente al fin político, aunque de por sí constituyen un delito común: el homicidio en la revolución, substracción de caballerías y armas para un levantamiento y el robo de un aeroplano para huir en la hipótesis, al hablar del fracaso. La ley francesa, al hablar de delitos conexos, los declara amparables cuando lo fuesen en según los usos de la guerra.

Asilo de los delincuentes políticos

Harto sabido es que los primeros Tratados de extradición, como, por ejemplo, el celebrado en el siglo XII entre el rey de Inglaterra y el de Escocia, el que se pactó en el XIV entre el rey de Francia y el conde de Saboya, y por lo que respecta a España, el que se convino entre Pedro I de Castilla y el rey de Portugal en 1360, versaban justamente sobre la delincuencia política y, en particular, sobre el delito de lesa majestad.

Fue a partir de 1815 cuando Inglaterra rechaza la extradición de culpables de delitos políticos. Su conducta se sigue por otros Estados y halla consagración solemne en el artículo 5° de la ley Belga del 1° de octubre de 1833, en la que se dice: “Será expresamente estipulado que el extranjero no podrá ser perseguido o castigado por delito político anterior a la extradición ni por ningún hecho conexo a dicho delito.”

Las legislaciones vigentes y los tratados que actualmente aceptan tal Asilo se dividen en tres grupos:

1ero. La inmensa mayoría proclama el refugio de los delincuentes que han cometido un delito político o de los que han perpetrado alguno en conexidad con aquél. Lo mismo establece el artículo 355 del Código Bustamante, y agrega que, “tampoco se acordará si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter Político…” La calificación será hecha por el Estado requerido.

2do. Algunas leyes internas sólo excluyen los delitos estrictamente políticos. Así acontece con las de Suiza, Brasil y Finlandia. 3ero.También es breve el número de las disposiciones vigentes que excluyen no sólo los delitos políticos, sino también los sociales, con la fórmula que dio el Proyecto ferriano de delitos “político – sociales”. Ello acontece en el citado proyecto, de Italia de 1921, en el artículo 30 de la Constitución española en el 9° del Código Penal Colombiano.

La práctica precedió a la doctrina en orden a la exclusión de entrega de aquellos que habían vulnerado normas políticas o con motivación de esta índole. El libro de Provo Klutt, que defiende y razona el Asilo político, fue escrito en 1729. Apenas si se necesita explorar las razones que apoyan la no entrega de los delincuentes políticos. Es común oír decir que así se evita el despotismo y que, como Lord Palmerston afirmaba, se vigoriza el concepto de humanidad. Muy agudamente dijo Geyer que antes que entregar al que ha cometido un delito de esta clase sería preciso decidir la legitimidad del gobierno que le persigue.

En verdad, un delincuente político no es peligroso cuando se expatria. Si va a una república huyendo de su país, donde impera la monarquía, es obvio que el pueblo de refugio nada puede temer de él. Tampoco ofrece peligrosidad para otro Estado regido por reyes, porque al puro delincuente político sólo le interesa el problema de su nación

El asilo político: refugio inviolable

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la etimología de la palabra Asilo proviene del griego ásylon que significa refugio inviolable.

El Asilo Político es una figura íntimamente vinculada con los ámbitos de validez territorial y personal, cuyo orígenes deben rastrease en derecho de la antigua Grecia, de donde pasó al Derecho Romano y fue, finalmente, incorporada al Derecho Canónico. Gracias a ella, los criminales se podían refugiar en lugares sagrados como templos, conventos, cementerios, universidades, etc., de los cuales no podían ser extraídos a la fuerza.

En los siglos pasados se daba ese nombre a los lugares que tenían el privilegio de refugiar a los delincuentes perseguidos por la justicia, que no podían ser sacados de ellos por la fuerza, porque otra cosa habría significado una profanación, pues tales asilos estaban referidos a lugares sagrados. Es una costumbre absoluta y lógicamente desaparecida.

Subsiste tan sólo en el Derecho Internacional Público, especialmente de los países latinoamericanos, a efectos de que los delincuentes políticos se asilen en los locales de representaciones diplomáticas de otros países que los admitan y de los cuales no pueden ser sacados sin autorización del representante diplomático, por ser ello consecuencia de la ficción de extraterritorialidad diplomática. Llámase también asilo el que conceden algunos países a los perseguidos (o temerosos de serlo) de otros países, por razones políticas y que buscan refugio en aquéllos. Este último aspecto de la institución es muy en los tiempos que corren.

Según Fernando Velázquez en su obra “Teoría de la Ciencia del Derecho Penal”, el Asilo es la protección que un Estado concede a una persona que huye de otro, donde es perseguida por razones políticas o por discriminación.

El Asilo Político puede ser de dos clases:

  1. Asilo Territorial: Este Ocurre cuando la protección es asumida directamente por el Estado en su territorio.
  2. Asilo Diplomático o Político: Este sucede cuando se concede refugio a un ciudadano en legaciones diplomáticas o en edificios destinados a oficinas o habitaciones de los funcionarios de otros Estados, situado en el territorio. En ambos casos se le garantiza al refugiado no extradición sobre todo cuando se trata de delito político o de opinión, o cuando se atiende a razones. Es así, como se ha establecido en diversos convenios firmados en el continente como el Tratado del 23 de Enero de 1889, El convenio de la Habana del 20 de Mayo de 1928, suscrito y ratificado por casi todos los países del continente; así como también el Tratado del 4 de Agosto de 1939 rubricado por varios países del cono sur, en la misma fecha; y el Convenio de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, entre otros de los cuales no vamos mencionar ahora.

    Asilo político
    Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra

Debemos observar que esta institución tiene rango constitucional en algunos Estados Latinoamericanos, por ejemplo en Colombia, donde su carta fundamental se reconoce el derecho de Asilo en los términos previstos en la Ley y se prohíbe además la extradición de extranjeros por delito político o de opinión.

Como es obvio, dado que la figura del asilo implicar la exclusión de la persecución penal en relación con ciertas personas por parte de otros Estados o potencias extranjeras, con la consecuente de la extradición, debe ser estudiada en esta sede dado su interés para el derecho penal.

Hablemos del asilo político una breve introducción

Asilo político
Asilo político

Aunque la justicia se mueve despacio, rara vez deja de alcanzar al culpable, la justicia es la finalidad del Gobierno. Es la finalidad de la sociedad civil. Siempre se ha buscado y seguirá buscándose hasta que se alcance o hasta que parezca la libertad en el empeño.

Sin embargo, los asilos políticos son practicados con menor frecuencia, salvo en ciertos países para los acusados y condenados políticos, ya que los sistemas jurídicos internacionales desde épocas muy remotas vienen creando Tratados o convenios para combinar sus propósitos respecto al tema del asilo político, ya sea diplomático o político.

El asilo político no es más que una herramienta para muchos gobernantes, para particulares, que en el ejercicio de sus funciones o luego de su mandato se les acusa o se les condena tanto de su propio país o de países extranjeros o por motivos de ideas contrarias a un régimen. Así como también a los particulares cuando son perseguidos por sus actividades políticas.

Para la mejor interpretación del Asilo Político hemos investigado en diferentes fuentes del derecho, así como también, en obras de carácter doctrinario en el aspecto jurídico y general, opiniones y consultas de expertos en tema derecho internacional, que lo vamos a dividir en varias publicaciones.