Category: Derecho Penal

Los costos del delito

La criminalidad provoca grandes costos personales, sociales y económicos. Entre ellos destacamos la pérdida de vidas, daños en la integridad física temporarios o permanentes, daños psicológicos, desmejoramiento de la calidad de vida, deterioro de la institución familiar, debilitamiento institucional y también pérdidas económicas directas e indirectas.

Se ha señalado con justeza que “las consecuencias sociales de la delincuencia son muy graves. La delincuencia afecta los pobres de las zonas urbanas con mayor frecuencia y más profundamente que a otros grupos de la población. Destroza las vidas de las víctimas y tiene repercusiones en la sociedad en general, que se observan en el aumento de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad privada, la perdida de confianza de un gran sector de la sociedad en el sistema de justicia y una arquitectura del miedo”.

Además, el Estado destina cuantiosos recursos al control y represión del delito, lo que implica a veces quitarlos de otros ámbitos de la inversión y el gasto público. En los países en desarrollo, paradójicamente, “el costo total de la delincuencia para las comunidades (en términos de justicia penal, pérdida de bienes, vidas destrozadas y seguridad privada), medido como proporción del producto interno bruto, es varias veces superior al de los países desarrollados”. Ello acarrea reducciones en las inversiones públicas y en el gasto social, especialmente en programas esenciales para el desarrollo humano, como la salud y la educación.

Una adecuada política de prevención, con fuertes componentes extrapenales y gestión comunitaria, debe servir para reducir los costos sociales y económicos del delito, al reducir la presión sobre las instancias de control punitivo y el campo de intervención de los instrumentos penales (policía, justicia penal, cárceles, etc.). Las medidas de prevención suelen ser más efectivas, y también más económicas, que la misma intervención punitiva.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana, Págs. # 6 y 7

La prevención como reto de la política

Si bien la prevención del delito se ha convertido en una de las prioridades de los Gobiernos democráticos, continúa siendo un área donde campea cierta imprecisión conceptual y falta de claridad en las acciones.

En un sentido amplio, se considera que la prevención es el conjunto de medidas destinadas a impedir o limitar la comisión de un delito, comprendiendo la intervención policial y la del sistema de justicia penal, pero también otras medidas de carácter social que, aunque reconocen otros objetivos centrales, pueden influir sobre los índices y formas de delincuencia.

La prevención implica cierta capacidad o posibilidad de prever situaciones, de anticiparse a su producción, atendiendo a ciertos signos que indican su concreción. Debe tenerse en cuenta al respecto que el delito generalmente es una conducta racional, lo que permite comprender en la mayoría de los casos su motivación, su instrumentalidad, sus fines y sus riesgos.

La misma complejidad del fenómeno criminal y su multicausalidad, trae serias dificultades operativas en el plano de las acciones de prevención, lo que se acentúa en las medidas de carácter social que actúan de modo indirecto, y a veces remoto, con el delito.

Por lo general, se suelen reconocer tres niveles de prevención: a) primaria, dirigida a reducir la incidencia del delito y de la violencia en general, se trata de intervenciones proactivas dirigidas a los procesos sociales que originan el delito, pero que se conectan con este de manera remota, como los proyectos de educación ciudadana, las políticas económicas básicas, creación de fuentes de empleo y afines; b) secundaria, que actúa sobre situaciones predelictivas y próximas, como los tratamientos a familias con problemas de violencia doméstica, atención a toxicómanos y personas con otras adicciones; y c) terciaria, que tienen por objeto limitar o reducir las consecuencias del delito, resarcir los daños causados y resocializar al infractor, como los planes educacionales a los recluidos, casas de atención a las víctimas, entre otros.

También suelen plantearse tres modalidades u orientaciones: a) una, dirigida al potencial infractor, procurando mejorar las condiciones de vida y otros factores de riesgo, como son los planes educativos y atenciones a menores en situaciones de riesgo y provenientes de familias conflictivas; b) otra, orientada a las víctimas, tendiente a proveer mejores condiciones de protección de la vida y otros derechos de las posibles víctimas, que favorezcan la reducción o neutralización de ciertos riesgos, como la concienciación para la eliminación de conductas victimizantes, instalación de centros policiales en puntos estratégicos; y c) la prevención comunitaria, que suele combinar aspectos de los dos anteriores y pone el acento en la participación de la comunidad, como centros comunitarios para la atención a familias disfuncionales, educación comunitaria, entre otros.

La primera orientación es, podríamos decir, la tradicional y parte de un enfoque unidireccional del problema criminal que no ha producido resultados satisfactorios; la segunda, en cambio, incorpora a la víctima y su entorno primario, ampliando la gama de alternativas utilizables. Por último, las políticas de prevención comunitaria procuran: a) activar, aprovechar y reorientar recursos de cada comunidad involucrada; b) fortalecer las instancias de control social informal; c) establecer vínculos más estrechos y fuertes entre la comunidad y las instituciones estatales; d) brindar soluciones concretas, viables y sustentables para los conflictos.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana,  Págs. # 7 y 8

La Conciliación

La Conciliación

Introducción.

En nuestro país desde el año 1996 ha existido una cultura práctica en materia de conciliación, pero no es hasta la entrada en vigencia del CPP, cuando se incorpora como institución reglada, que procura la solución de determinados ­conflictos penales mediante su desjudicialización, considerando a las víctimas ­protagonistas centrales del proceso.

La Conciliación ayuda a la economía procesal ya que simplifica los conocimientos de delitos menores, permitiendo que se reserve la investigación a delitos de mayor gravedad.

La aplicación de esta salida alterna permite que el acusado de cometer un hecho sancionable penalmente se reintegre a la sociedad sin necesidad de sufrir los efectos, en gran medida dañinos, de la prisión preventiva. En fin per­mite que las partes puedan lograr soluciones generadas por ellas mismas.

¿Qué es conciliar?

La conciliación es un Método de Resolución Alterna de Conflictos que contribuye a reincorporar el conflicto a la víctima.

La conciliación, según señala José de la Mata Amaya, es un método de auto composición para la solución de conflictos que filtran el proceso y supone un acuerdo entre imputado y la víctima, que motiva la suspensión del procedi­miento y que conlleva, si el imputado cumple lo acordado, a la extinción de la acción penal.

La conciliación, medio persuasivo de solución de conflictos, busca una composición justa entre las partes facilitando su comunicación en pro de un arreglo. Para la víctima la consecución del acuerdo reparatorio y para el imputado evitar la imposición de una sanción que menoscabe su libertad y su patrimonio.

¿Cuándo es posible conciliar?

El artículo 37 del CPP, establece que procede la conciliación para hechos punibles:

  1. Las contravenciones son las infracciones a las leyes castigadas con penas de simple policía. Las penas de simple policía son aquellas que consisten en mul­tas o en arrestos en establecimientos no estrictamente penitenciarios.

Conforme a la definición dada por Henri Capitant las contravenciones son infracciones que no implican en su autor intención delictuosa, ni aún impru­dencia caracterizada.

  1. Infracciones de Acción Privada: son aquellos hechos punibles estableci­dos por el Código Procesal Penal en su artículo 32: Violación de propiedad, es el delito mediante el cual una persona se introduce a un predio que no es de su propiedad; Difamación e injuria “Difamación”: está definida como toda ale­gación o imputación que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al que se imputa, mientras que la “injuria” se refiere a toda expresión ultrajante, palabras de menosprecio o invectiva, que no encierra la imputa­ción de ningún hecho; Violación de la propiedad industrial, es la que se la encarga de la protección de las marcas, nombres, denominaciones de origen, diseños industriales, patentes de invención todos aplicados al comercio y a la industria, conforme a la ley 20-00 en de la República Dominicana.; Violación de la ley de cheques, es la infracción relativa a la emisión de cheques sin la debi­da provisión de fondos entre otras irregularidades concernientes a esta activi­dad de comercio, contempladas en la ley No.2859, modificada por la ley 62-­2000 del 3 de agosto del año 2000.

  1. Acción Penal Pública a Instancia Privada (Artículo 31 del CPP):, Son aquellos tipos penales descritos en este artículo y que enumeramos a continuación.

Vías de hecho: son aquellos atentados contra el derecho ajeno y/o de violen­cias no amparadas jurídicamente.

Golpes y heridas que no causen lesión permanente. El Artículo 309 del Código Penal Dominicano, establece que “el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resulta­re al agraviado (a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado  (a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

Como consecuencia de lo anterior si los golpes y las heridas han producido daños irreversibles como son la mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades.

Amenazas, son atentados contra la libertad y seguridad de las personas con­sistentes en dar a entender, con, actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Por otro lado el Artículo 305 del Código Penal Dominicano, esta­blece que: “La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesi­nar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de reclusión, siempre que a dicha amenaza acompañe la cir­cunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición cualquie­ra. Al culpable se fe podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

El Art. 306.- Cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en deter­minado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía.

Art. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.

Art. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el Artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dos solamente.

La amenaza proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones, no son susceptibles de conciliación.

Robos sin violencia y sin armas. Es la sustracción de bienes muebles, en la cual el agente comisor ni ejerce violencia en la consumación del hecho ni porta armas, en ese sentido es pertinente remitirnos a las disposiciones del artículo 401 del Código Penal Dominicano, que establece “Los demás robos no espe­cificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán confor­me a la siguiente escala: 1. Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos. En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El que a sabien­das de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho ser­vir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimien­tos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos. El que sin tener los recursos suficientes para pagar el alo­jamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos. Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los casos previstos en el artículo 401, inci­so 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo”.

La Estafa: conforme al Art. 405 del código penal, son los delitos consistentes en apropiarse en perjuicio ajeno del dinero, títulos u otros muebles corpora­les que el agente se ha hecho remitir o entregar usando de falsos nombres c calidades, o empleando maniobras fraudulentas para persuadir de la existen­cias de falsas empresas, o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico.

Abuso de confianza. Se incurre en este delito, cuando en ciertas infracciones se afecta el orden patrimonial, el agente se vale de las facilidades que le pro­porciona la persona perjudicada y que son debidas a la confianza que le dis­pensa.

El artículo 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incu­rren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propie­tarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devol­ver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada. Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al públi­co con el objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como direc­tor, administrador, o agente de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos. Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial público o ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en perjuicio de su amo, maes­tro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de reclu­sión. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los artí­culos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero 0 documentos en los depósitos y archivos públicos. Párrafo.- En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.

Trabajo pagado y no realizado. La ley 3143 de fecha 11 de Diciembre del año 1951, GO, 7363, sobre trabajo realizado y no pagado y el artículo 211 del Código de Trabajo, los cuales versan sobre la infracción que se comete cuan­do se pacta la realización de una labor y sucede una de estas dos situaciones: se realiza el trabajo y no se paga y/o, se realiza el pago de una labor y esta no es realizada.

Revelación de secretos. El Art. 377 del Código Penal Dominicano, establece “Los médicos, cirujanos, y demás oficiales de sanidad, los boticarios, las parte­ras y todas las demás personas que, en razón de su profesión u oficio son depositarias de secretos ajenos y que, fuera de los casos en que la ley les obli­ga a constituirse en denunciadores, revelaren esos secretos, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos”.

“Art. 378.- El que para descubrir secretos de otros, se apoderare de sus pape­les o cartas, y divulgare aquellos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de veinticinco a cien pesos. Si no los divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Las penas no son aplicables a los esposos, padres, tutores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus cónyuges o de los menores que se hallen bajo su tutela o dependencia”.

“Art. 418.-Todo director, dependiente y obrero de fábrica que haya comunica­do, o intentado comunicar a extranjeros o dominicanos, residentes en el extranjero, secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará con prisión de seis meses, y multa de diez a sesenta pesos. Se les podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42, durante uno a tres años, y poner bajo la vigilancia de la alta policía. Si estos secretos se han comunicado a dominicanos residentes en la República, la pena será de uno a tres meses de prisión, y multa de diez a treinta pesos. El máximum de la pena pronunciada por los párrafos primero y tercero del presente artículo, se impondrá necesa­riamente, si se tratare de secretos de fábricas de armas y municiones pertenecientes al Estado”.

Falsedades en escrituras privadas.

Antes de abordar el tema de la falsedad en escritura privada, conviene enten­der qué es un documento privado, concebido como el escrito otorgado por las partes mismas, con su sola firma, y sin intervención de oficiales públicos. En otras palabras, es cualquier documento firmado en el ejercicio de una acti­vidad privada, o también el documento privado que una persona redacta por si mismo en su calidad de simple particular.

El Art. 150 del Código Penal Dominicano, establece “Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo que, por uno de los medios expresados en el artí­culo 147, cometa falsedad en escritura privada”.

La falsedad establecida en el Artículo 147 se aplica a la imitación o alteración de las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposicio­nes, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos.

La acción pública también es pasible de conciliación toda vez que se lleve a cabo en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, la conciliación procede en cualquier esta­do de causa.

En conclusión la conciliación procede cuando el imputado comete el delito sin intención de cometerlo y cuando los delitos son cometidos sobre la moral, los bienes de persona o son valorados en suma de dinero.

¿Cuáles son los elementos del proceso conciliatorio?

EL AMBIENTE. Para realizar una conciliación es imprescindible que el lugar cuente con un espacio amplio, tranquilo e íntimo, para que las partes que se someten a la conciliación se sientan cómodas.

El Conciliador

Debe ser una persona que accione en dirección a que las partes en conflictos hallen una solución.

 

Las partes

Imputado y víctima, que son los sujetos y objetos de la acción conciliatoria, deben por si mismas sugerir soluciones, es decir que sean ellas mismas quie­nes la planteen.

Falta de información adecuada en materia de política criminal

Uno de los déficits mayores es la ausencia de instrumentos adecuados que permitan cuantificar y establecer las características principales de los hechos delictivos, entre ellos los que no ingresan al sistema penal y que representan la cifra negra del delito.

Debe tenerse en cuenta que la eficacia de las medidas o estrategias de política criminal que puedan aplicarse, reposa en el conocimiento científico de la realidad sobre la que se pretende actuar.

Los registros oficiales tienen un diseño defectuoso e incompleto, no existe compatibilidad cuando provienen de fuentes gubernamentales distintas y no se cuenta con sistemas de procesamiento de la información que permitan obtener información idónea y oportuna para la toma de las decisiones políticas y operacionales.

No se dispone de encuestas de victimización, las cuales constituyen instrumentos importantes para medir o ponderar la cifra negra del delito, conocer la realidad del mismo (amplitud, modalidades y distribución geográfica) y de sus protagonistas, y apreciar el funcionamiento del sistema penal. Además, permite considerar el nivel de confianza de la población en las agencias del sistema penal y en sus operadores, conocer las demandas concretas de las personas y los mecanismos de resolución que se utilizan, muchas veces al margen del sistema formal. También permiten tener una idea más cabal de los daños y costos sufridos por las víctimas, los riesgos de victimización, los grupos o segmentos de población más vulnerables, las formas de victimización secundaria, las medidas de protección y el apoyo social con el que contaron.

La baja proporción de casos en los que actúa de manera efectiva el sistema penal, hace de los registros oficiales una fuente de información muy fragmentaria de la realidad criminal de un país, que sólo adquiere un valor indicativo.

Resulta necesario desarrollar sistemas de información útiles para la prevención y persecución del delito, pues la información constituye un insumo básico para conocer el fenómeno criminal (multicausalidad, modalidades, grupos vulnerables en relación a cada modalidad), para la toma de las decisiones y para la construcción de políticas públicas.. Esa información, además, es de capital importancia en el plano operativo de las distintas instituciones u organismos que participan en la prevención o el control, así como para la renovación del conocimiento teórico, que por lo general suele abrevar en mediciones correspondientes a otras realidades criminológicas.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana,  Pág. # 14 y 15

El sentimiento de inseguridad o miedo al delito

La criminalidad tiene una dimensión objetiva, dada por los delitos cometidos en una sociedad determinada (criminalidad oficial y cifra negra), pero también una dimensión subjetiva, dada por la percepción y representación social de la delincuencia y de la violencia, que suele ser producto de mediaciones, interpretaciones y significaciones, más que de vivencias efectivas de las personas.

El temor al delito, si bien tiene su origen en una situación de victimización directa de una persona o grupo de personas, se difunde y propaga a través del entramado social, generando un proceso de victimización indirecta a otras personas que, como producto de la sensación de inseguridad (impacto psicológico), modifican hábitos, conductas y actitudes personales. En este proceso juegan un rol importante los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, no sólo por su potencial de penetración, sino también por la efectiva capacidad de trasmitir dolor, es decir actuar sobre las sensaciones y los sentimientos. Igual pudiéramos decir del impacto de la prensa escrita, ya que la misma es la fuente de los comentarios en los programas radiales, los cuales son de alto impacto y penetración en la audiencia dominicana.

La sensación de temor depende de la existencia de vivencias concretas sufrida por una persona, pero también de la cantidad y el peso de los mensajes que a través de su entorno y de los medios masivos de comunicación reciben otras personas. Asimismo, influyen los factores personales y sociales de apoyo, que puedan neutralizar las condiciones de mayor vulnerabilidad. Incluso, se ha dicho que el sentido de inseguridad “puede verse exacerbado por varios factores, entre los que se incluyen las condiciones de vida precarias, el aumento del nivel de desempleo y un futuro poco prometedor. No obstante, la delincuencia sigue siendo una importante fuente de inseguridad pública”.

En suma, el delito real afecta la vida y las condiciones de coexistencia de muchas personas, pero la amplificación de la inseguridad a través del miedo al delito también desmejora la calidad de vida de muchas más personas, distorsionando las respuestas al problema y acentuando los criterios simbólicos y retributivos. Por ello es muy importante trabajar sobre el miedo al delito o la sensación de seguridad en el ámbito de la prevención, pues contribuye a controlar o limitar la victimización indirecta antes aludida.

En ese sentido, explica Baratta que “no se puede tomar el sentimiento de inseguridad social de la criminalidad como efecto directo de la criminalidad. Ello no quiere significar que la criminalidad como fenómeno real no exista, pero la inseguridad ciudadana no tiene una única y fundamental causa en la criminalidad, esto quiere decir que debemos afrontar dos problemas relativamente independientes entre ellos, si no queremos caer en la ilusión de hacer de la criminalidad como fenómeno real, el verdadero y único elemento genético de la alarma social. Creemos más bien que los dos fenómenos, inseguridad social y realidad criminal, sean ambos dependientes de una situación de desarticulación en la comunicación social y que por tanto, si existe un elemento que constituye una variable entre ambos, este debe ser buscado en una general insuficiencia del tejido social ciudadano. Y es allí donde debe ser puesto el acento de las políticas preventivas”.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana,  Págs. # 5 y 6

El delito como problema social

El robo es un delito común

Si bien el delito es toda aquella conducta prohibida por la ley penal, la perspectiva normativa resulta insuficiente para comprender y prevenir la criminalidad. En efecto, el delito también constituye un conflicto que involucra a personas en su relación intersubjetiva y que se manifiesta en un contexto social determinado.

El delito representa un síntoma o indicador de conflictos que no encuentra una solución satisfactoria y pacífica a través de otros mecanismos comunitarios o institucionales. Esta perspectiva hace posible apreciar la criminalidad como un problema social y comunitario, de carácter permanente y de naturaleza aflictiva, pues tanto la victimización como la propia intervención estatal frente al delito suelen ser portadores de altos componentes de violencia.

Debe tenerse en cuenta que la violencia, en un sentido amplio, comprende el ejercicio de un poder o supremacía sobre otra persona, a través de la fuerza física o psíquica. Muchos delitos cuentan con claros ingredientes violentos (así, una muerte causada en una riña, un robo a mano armada, un arrebato callejero, etc.), pero también existen otras manifestaciones violentas que no se encuentran tipificadas por la ley como delitos. Además, no todos los delitos conllevan el mismo grado de violencia.

El delito, la violencia y la inseguridad afectan fuertemente la calidad de vida de las personas, especialmente en las grandes ciudades, pues provocan efectos en los comportamientos individuales, causan daños muchas veces irreparables, debilitan las instituciones e impactan sobre la economía de un país.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana, Pág. # 5