Category: Derecho procesal penal

La medida de coerción en el código procesal penal dominicano

La medida de coerción en el código procesal penal dominicano del Artículo 226 al 237

Art. 226. MedidasA solicitud del ministerio público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez podrá imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción:

  • La presentación de una garantía económica suficiente;
  • La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
  • La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez;
  • La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
  • La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado;
  • El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga;
  • La prisión preventiva. En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva, ni el arresto domiciliario, ni la colocación de localizadores electrónicos.

En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva ni el arresto domiciliario ni la colocación de localizadores electrónicos.

 

Art. 227. ProcedenciaProcede aplicar medidas de coerción, cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

  1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción;
  2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento;
  3. La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.

 

 

Art. 228. ImposiciónA solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción. En los casos de acción pública la medida de coerción sólo procede a solicitud del ministerio público.

 

En caso que el juez dicte prisión preventiva o arresto domiciliario, el plazo de la investigación es de tres meses, salvo que el ministerio público, la víctima o el querellante soliciten una prórroga en la forma que se establece en el presente código.

 

El juez no puede reducir el plazo de la investigación salvo que todas las partes estén de acuerdo. La concesión de la prórroga suspende la prisión preventiva y pone en libertad al imputado, a menos que el ministerio público, la víctima o el querellante justifique al juez la prolongación de la misma.

 

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.

 

Art. 229. Peligro de fugaPara decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

 

  • Arraigo en el país, determinado por el domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad, ocultamiento o falta de información sobre el domicilio del imputado, constituye presunción de fuga;

 

  • La imposibilidad de identificación cierta y precisa del imputado, como consecuencia de su pretensión de ocultar su verdadera identidad a los fines de evadir su responsabilidad, o la posesión de más de un documento de identidad, constituye presunción de peligro de fuga;

 

  • La gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, así como la pena imponible al imputado en caso de condena;

 

  • La importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo;

 

  • El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;

 

  • La existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, encontrarse sujeto a alguna medida de coerción personal, gozar de la suspensión, requerir la revisión de las medidas de coerción impuestas en todos los casos anteriores;

 

  • La no residencia legal en el país o, aún con residencia legal, la no existencia de los elementos serios de arraigo;

 

  • Haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso.

 

Art. 230. PruebaLas partes pueden proponer prueba con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de una medida de coerción.

Dicha prueba se individualiza en un registro especial cuando no está permitida su incorporación al debate.

El juez valora estos elementos de prueba conforme a las reglas generales establecidas en este código, exclusivamente para fundar la decisión sobre la medida de coerción.

En todos los casos el juez debe, antes de pronunciarse, convocar a una audiencia para oír a las partes o para recibir directamente la prueba. De dicha audiencia se levanta un acta.

 

 

Art. 231. ResoluciónLa resolución que impone una medida de coerción debe contener:

  1. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo;
  2. La enunciación del hecho que se le atribuye y su calificación jurídica;
  3. La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;
  4. La fecha en que vence el plazo máximo de vigencia de la medida.

 

Art. 232. ActaPrevio a la ejecución de las medidas de coerción, cuando corresponda, se levanta un acta en la que conste:

  1. La notificación al imputado;
  2. La identificación y el domicilio de la institución o de los particulares que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función u obligación que les ha sido asignada;
  3. El señalamiento del lugar o la forma para recibir notificaciones;
  4. La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.

 

Art. 233. InternamientoEl juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar el internamiento del imputado en un centro de salud mental, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso para sí o para terceros, siempre que medien las mismas condiciones que para aplicar la prisión preventiva.

 

 

Art. 234. Prisión preventivaAdemás de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona, para evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación, y cuando la libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la víctima o sus familiares, o los testigos del proceso.

 

No puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta y cinco años, si se estima que, en caso de condena, no le es imponible una pena mayor a cuatro años de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en perjuicio de mujeres embarazadas, de madres durante el período de la lactancia, según lo dispone el Código de Trabajo de la República Dominicana o de personas afectadas por una enfermedad grave y terminal.

 

Art. 235. GarantíaLa garantía es presentada por el imputado u otra persona mediante el depósito de dinero, valores, con el otorgamiento de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más personas solventes.

 

Previo a la suscripción de la garantía económica o fianza, corresponde al ministerio público verificar la certeza, valor y validez de la garantía acordada. Cuando se trate de una fianza, verificará que la compañía aseguradora tenga calidad y autorización para garantizar el monto de la fianza establecida. No se suscribirá contrato de fianza alguno si el imputado no presenta una identificación cierta y precisa.

 

Al decidir sobre la garantía, el juez fija el monto, la modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía excesiva ni de imposible cumplimiento en atención a los recursos económicos del imputado.

 

El juez hace la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones.

 

El imputado y el garante pueden sustituirla por otra equivalente, previa autorización del juez.

 

Se crea un Fondo Único de Garantía Procesal compuesto por los valores depositados procedentes de las garantías económicas en efectivo, impuestas por los tribunales. Dicho fondo, en ningún caso será menor del veinte por ciento de la totalidad de la suma depositada sucesivamente como consecuencia de dichas garantías.

 

Los valores restantes al Fondo Único de Garantía Procesal serán administrados por el ministerio público de conformidad con la legislación establecida en materia presupuestaria y administrativa.

 

 

Art. 236. Ejecución de la garantíaCuando se declare la rebeldía del imputado o cuando éste se sustraiga a la ejecución de la pena, el juez concede un plazo de veinte días al garante para que lo presente. Le advertirá que si no lo hace se procederá a la ejecución de la garantía. Una vez presentada la persona en rebeldía, el juez dicta la medida de coerción que corresponda, tomando en cuenta el estado de presunción de fuga, y el contrato de fianza es revocado.

 

Vencido el plazo sin la presentación de la persona en rebeldía, el juez dispone la ejecución en perjuicio del garante o la venta en pública subasta de los bienes dados en prenda o de los hipotecados, sin necesidad de embargo inmobiliario previo.

 

Si la fianza fue acordada a través de una compañía aseguradora, se le intima para que en el plazo de diez días deposite el monto del valor asegurado. En caso de incumplimiento, el ministerio público solicitará al juez que disponga la ejecución del modo que se indica en el párrafo anterior, al tiempo que deberá abstenerse de suscribirle nuevos contratos de fianza, hasta el cumplimiento de su obligación.

 

Art. 237. Cancelación de la garantíaLa garantía debe ser cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados, siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, cuando:

  1. Se revoque la decisión que la acuerda;
  2. Se dicte el archivo o la absolución;
  3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o ella no deba ejecutarse.

Profesionalización de la investigación criminal

La dinámica investigación-prueba-juicio (“sin investigación no hay prueba” y “sin prueba no hay juicio“) que se presenta como uno de los rasgos más importantes del nuevo ordenamiento procesal penal, unido a la atribución de la investigación plenamente al Ministerio Público y a la policía, obliga necesariamente a atender uno de los aspectos más prioritarios: dotar al Ministerio Público y a la policía de mayor capacidad de investigación y de las herramientas que aseguren una investigación criminal eficiente.

Esto supondrá el desarrollo de protocolos de operaciones o pautas de funcionamiento para fiscales y policías en todo lo relativo a recolección y conservación de evidencias, aseguramiento de la cadena de custodia, conocimiento de las incidencias delictivas más frecuentes, con capacidad de hacer el mapa del delito, así como conocer el circuito criminal en las distintas modalidades criminales.

Para ello, es necesario profundizar la separación de las tareas de investigación de las que corresponden a la seguridad en el ámbito de la Policía Nacional, encarando un fuerte trabajo de formación de investigadores policiales como parte de un sistema de investigación criminal.

Además, resulta imperativo dotar a los órganos de investigación de bancos de información específica y de acceso a todos los registros públicos existentes, pues la posibilidad de disponer en forma rápida de información útil representa un insumo vital para una investigación profesionalizada y eficaz.

Por otro lado, constituye una necesidad impostergable fortalecer e integrar todo el gabinete científico de apoyo a las investigaciones penales mediante la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como órgano adscrito a la Procuraduría General de la República, con personal cualificado, credibilidad y precisión técnica.

Será necesario además hacer énfasis en la construcción de la relación Ministerio Público-Policía en el contexto de la dirección funcional de la investigación que tiene a su cargo el Ministerio Público, entendida ésta como una relación profesional, donde cada quien cumple una función claramente diferenciada. En el mismo sentido, se encaminarán acciones dirigidas a afianzar la separación funcional entre la policía de investigación y la uniformada, de modo que se pueda facilitar la formación del espíritu de equipo que se debe fomentar entre fiscales y policías.

Métodos alternos de solución de conflictos

La Ley No. 75-02 ó Código Procesal Penal Dominicano (CPP), entró en vigen­cia el 27 de septiembre del año 2004 y trajo consigo todas las reglas para enjuiciar a los ciudadanos acusados de cometer algún delito.

Este código procura ser un instrumento idóneo a través del cual el Estado interviene para solucionar los conflictos que tienen relevancia penal. Es así como las partes envueltas en esos conflictos hacen valer sus derechos en la fase de investigación, juicio y en la fase de ejecución de la pena.

Cuando se piensa en palabras como delitos, juicios, procesos penales, etc; asu­mimos todo esto como situaciones interminables o de extensa duración y para vencer esta realidad, el Código Procesal Penal de la República Dominicana ha organizado salidas o soluciones alternas a los conflictos, dese­chando la clásica judicialización de los problemas a los cuales se enfrentan los ciudadanos.

En la mayoría de los países de América Latina se utiliza la expresión de Salidas Alternativas, entendiéndolas como las formas de ponerle fin a un conflicto que no sea la persecución tradicional, es decir soluciones penales alternativas a la persecución, juicio y pena.

Así es como el Código Procesal Penal de la República Dominicana, prevé mecanismos de solución del conflicto alternativos al juicio, contemplando los métodos siguientes: la conciliación, la suspensión condicional del procedi­miento y el juicio penal abreviado.

¿Qué conviene saber sobre los métodos alternos de solución de conflictos?
¿Qué son estos?
Es necesario que la sociedad Dominicana entienda que hay muchos casos cuya solución al conflicto no se resuelven necesariamente con la cárcel, sino que es necesario considerar el interés concreto de la víctima, sobre todo si asumimos que el proceso penal es una instancia en la cual se resuelven los conflictos.

Es elegir entre castigar o volver el conflicto y como en la mayoría de los casos la cárcel no es la solución, el Código Procesal Penal da opciones diferentes que permiten al fiscal o Ministerio Público, a la víctima y al imputado, solucionar el conflicto sin tener que llegar a celebrar un juicio.

¿Las partes tienen participación en los Métodos Alternos de Solución del Conflicto?
Si, las partes son los protagonistas. Ya que requieren el consentimiento de la víctima, el imputado, el Ministerio Público y ser aprobadas por el juez. Así el artículo 2 del CPP, establece. La Solución del Conflicto: los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social’:

¿Por qué el Código Procesal Penal de la República Dominicana contempla los Métodos Alternos de solución de Conflictos?
• a)- Porque sin lugar a dudas ayudan a democratizar la administración de jus­ticia, y los ciudadanos participan en la solución del conflicto (caso), que los aqueja.

• b)- El conflicto se soluciona de manera más rápida.

• c)- La víctima ve reparado el daño que se le ha causado en tiempo razonable.

• d)- Como el Estado no está en capacidad de solucionar todos los conflictos jurídicos penales que se le presentan, estos métodos alternos ayudan a res­taurar la paz y la armonía entre los ciudadanos de forma más concreta.

• e)- El Estado invierte menos recursos humanos, económicos y materiales y entonces los destina a casos más graves, como por ejemplo las violaciones sexuales, homicidios, asesinatos, secuestros, robos, delitos juveniles, drogas etc.

¿Tiene ventajas la aplicación de los Métodos Alternos de Solución del Conflicto?
Si, porque con la aplicación de métodos como la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento y el juicio penal abreviado, todas las partes encuentran satisfacciones, así:

El juez, que es el administrador de justicia, tiene la oportunidad de dedicarle más tiempo a los casos que afectan la colectividad social y no a delitos de bagatela donde la lesividad es mínima: esto porque las salidas alternativas tienden a descongestionar los tribunales.

El imputado, que es la persona acusada de la comisión de un hecho punible (sancionable), tiene la oportunidad de reparar el daño causado sin necesidad de ser sometido a un juicio.

La víctima, que es la persona que ha sido ofendida directamente por el hecho punible, ó como establece el artículo 83 del CPP, el cónyuge conviviente notorio hijo o padre biológico, parientes dentro del tercer grado de consan­guinidad ó segundo de afinidad, o los herederos en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte directamente del directamente ofendido, o los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; en fin una víctima es quien ha padecido el daño y obtienen una reparación oportuna sin esperar la celebración de un juicio.

EL ESTADO. Ahorra recursos y proporciona salidas más ágiles a los conflictos penales, al momento de concentrar toda su energía en la gran criminalidad.

¿Qué papel juega el fiscal en la aplicación de los Métodos de Solución Alterna?
El ministerio público es el gerente de la investigación, antes que un funciona­rio de despacho. El Código Procesal Penal de la República Dominicana hace de él un verdadero recolector de pruebas que procuran la sustentación de la acusación y si fuere pertinente, los elementos para ponderar la absolución o desvinculación del imputado del hecho que se le imputa.

El fiscal o Ministerio Público es el funcionario encargado de dirigir la investigación; por tanto le corresponde recomendar cuál de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos puede y debe aplicar según el dictado de la ley a las solicitudes de las partes.

Al decir que el Ministerio Público es un gerente, asumimos el concepto de que administra soluciones y es actor procesal con mayor grado de conciencia sobre los méritos de la acusación que pretende estructurar. De ahí que los Métodos Alternos, uno de los cuales (la conciliación) se da en el curso del procedimiento preparatorio o investigación y los otros dos al culminar la misma con la acusación; son recomendados por el director funcional de la investigación.

Uno de los principios que rige el Ministerio Público es el de objetividad y con él cada miembro de esa institución debe garantizar que todas sus actuaciones sean objetivas.

¿En cuáles ideas fundamentales o principios se sustenta la aplicación de salidas alternas a los conflictos penales?

La Constitución de la República establece que el Estado Dominicano es democrático y representativo, por eso la naturaleza de los métodos alternos de conflictos asumen dos principios fundamentales expuestos en los artículos 2 y 6 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, a saber:

Solución del conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.
Participación de la ciudadanía. Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas por este código.

¿Cuándo se aplican los Métodos Alternos de solución de Conflicto?
Cuando es posible la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento penal abreviado.

Fuente: Métodos alternativos de solución de Conflictos en el Código Procesal Penal, Colección Capacitación Jurídica, Juan Luciano Amadis Rodríguez, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Pag. 6-9

La Conciliación

La Conciliación

Introducción.

En nuestro país desde el año 1996 ha existido una cultura práctica en materia de conciliación, pero no es hasta la entrada en vigencia del CPP, cuando se incorpora como institución reglada, que procura la solución de determinados ­conflictos penales mediante su desjudicialización, considerando a las víctimas ­protagonistas centrales del proceso.

La Conciliación ayuda a la economía procesal ya que simplifica los conocimientos de delitos menores, permitiendo que se reserve la investigación a delitos de mayor gravedad.

La aplicación de esta salida alterna permite que el acusado de cometer un hecho sancionable penalmente se reintegre a la sociedad sin necesidad de sufrir los efectos, en gran medida dañinos, de la prisión preventiva. En fin per­mite que las partes puedan lograr soluciones generadas por ellas mismas.

¿Qué es conciliar?

La conciliación es un Método de Resolución Alterna de Conflictos que contribuye a reincorporar el conflicto a la víctima.

La conciliación, según señala José de la Mata Amaya, es un método de auto composición para la solución de conflictos que filtran el proceso y supone un acuerdo entre imputado y la víctima, que motiva la suspensión del procedi­miento y que conlleva, si el imputado cumple lo acordado, a la extinción de la acción penal.

La conciliación, medio persuasivo de solución de conflictos, busca una composición justa entre las partes facilitando su comunicación en pro de un arreglo. Para la víctima la consecución del acuerdo reparatorio y para el imputado evitar la imposición de una sanción que menoscabe su libertad y su patrimonio.

¿Cuándo es posible conciliar?

El artículo 37 del CPP, establece que procede la conciliación para hechos punibles:

  1. Las contravenciones son las infracciones a las leyes castigadas con penas de simple policía. Las penas de simple policía son aquellas que consisten en mul­tas o en arrestos en establecimientos no estrictamente penitenciarios.

Conforme a la definición dada por Henri Capitant las contravenciones son infracciones que no implican en su autor intención delictuosa, ni aún impru­dencia caracterizada.

  1. Infracciones de Acción Privada: son aquellos hechos punibles estableci­dos por el Código Procesal Penal en su artículo 32: Violación de propiedad, es el delito mediante el cual una persona se introduce a un predio que no es de su propiedad; Difamación e injuria “Difamación”: está definida como toda ale­gación o imputación que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al que se imputa, mientras que la “injuria” se refiere a toda expresión ultrajante, palabras de menosprecio o invectiva, que no encierra la imputa­ción de ningún hecho; Violación de la propiedad industrial, es la que se la encarga de la protección de las marcas, nombres, denominaciones de origen, diseños industriales, patentes de invención todos aplicados al comercio y a la industria, conforme a la ley 20-00 en de la República Dominicana.; Violación de la ley de cheques, es la infracción relativa a la emisión de cheques sin la debi­da provisión de fondos entre otras irregularidades concernientes a esta activi­dad de comercio, contempladas en la ley No.2859, modificada por la ley 62-­2000 del 3 de agosto del año 2000.

  1. Acción Penal Pública a Instancia Privada (Artículo 31 del CPP):, Son aquellos tipos penales descritos en este artículo y que enumeramos a continuación.

Vías de hecho: son aquellos atentados contra el derecho ajeno y/o de violen­cias no amparadas jurídicamente.

Golpes y heridas que no causen lesión permanente. El Artículo 309 del Código Penal Dominicano, establece que “el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resulta­re al agraviado (a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado  (a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

Como consecuencia de lo anterior si los golpes y las heridas han producido daños irreversibles como son la mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades.

Amenazas, son atentados contra la libertad y seguridad de las personas con­sistentes en dar a entender, con, actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Por otro lado el Artículo 305 del Código Penal Dominicano, esta­blece que: “La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesi­nar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de reclusión, siempre que a dicha amenaza acompañe la cir­cunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición cualquie­ra. Al culpable se fe podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

El Art. 306.- Cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en deter­minado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía.

Art. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.

Art. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el Artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dos solamente.

La amenaza proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones, no son susceptibles de conciliación.

Robos sin violencia y sin armas. Es la sustracción de bienes muebles, en la cual el agente comisor ni ejerce violencia en la consumación del hecho ni porta armas, en ese sentido es pertinente remitirnos a las disposiciones del artículo 401 del Código Penal Dominicano, que establece “Los demás robos no espe­cificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán confor­me a la siguiente escala: 1. Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos. En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El que a sabien­das de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho ser­vir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimien­tos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos. El que sin tener los recursos suficientes para pagar el alo­jamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos. Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los casos previstos en el artículo 401, inci­so 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo”.

La Estafa: conforme al Art. 405 del código penal, son los delitos consistentes en apropiarse en perjuicio ajeno del dinero, títulos u otros muebles corpora­les que el agente se ha hecho remitir o entregar usando de falsos nombres c calidades, o empleando maniobras fraudulentas para persuadir de la existen­cias de falsas empresas, o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico.

Abuso de confianza. Se incurre en este delito, cuando en ciertas infracciones se afecta el orden patrimonial, el agente se vale de las facilidades que le pro­porciona la persona perjudicada y que son debidas a la confianza que le dis­pensa.

El artículo 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incu­rren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propie­tarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devol­ver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada. Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al públi­co con el objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como direc­tor, administrador, o agente de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos. Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial público o ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en perjuicio de su amo, maes­tro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de reclu­sión. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los artí­culos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero 0 documentos en los depósitos y archivos públicos. Párrafo.- En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.

Trabajo pagado y no realizado. La ley 3143 de fecha 11 de Diciembre del año 1951, GO, 7363, sobre trabajo realizado y no pagado y el artículo 211 del Código de Trabajo, los cuales versan sobre la infracción que se comete cuan­do se pacta la realización de una labor y sucede una de estas dos situaciones: se realiza el trabajo y no se paga y/o, se realiza el pago de una labor y esta no es realizada.

Revelación de secretos. El Art. 377 del Código Penal Dominicano, establece “Los médicos, cirujanos, y demás oficiales de sanidad, los boticarios, las parte­ras y todas las demás personas que, en razón de su profesión u oficio son depositarias de secretos ajenos y que, fuera de los casos en que la ley les obli­ga a constituirse en denunciadores, revelaren esos secretos, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos”.

“Art. 378.- El que para descubrir secretos de otros, se apoderare de sus pape­les o cartas, y divulgare aquellos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de veinticinco a cien pesos. Si no los divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Las penas no son aplicables a los esposos, padres, tutores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus cónyuges o de los menores que se hallen bajo su tutela o dependencia”.

“Art. 418.-Todo director, dependiente y obrero de fábrica que haya comunica­do, o intentado comunicar a extranjeros o dominicanos, residentes en el extranjero, secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará con prisión de seis meses, y multa de diez a sesenta pesos. Se les podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42, durante uno a tres años, y poner bajo la vigilancia de la alta policía. Si estos secretos se han comunicado a dominicanos residentes en la República, la pena será de uno a tres meses de prisión, y multa de diez a treinta pesos. El máximum de la pena pronunciada por los párrafos primero y tercero del presente artículo, se impondrá necesa­riamente, si se tratare de secretos de fábricas de armas y municiones pertenecientes al Estado”.

Falsedades en escrituras privadas.

Antes de abordar el tema de la falsedad en escritura privada, conviene enten­der qué es un documento privado, concebido como el escrito otorgado por las partes mismas, con su sola firma, y sin intervención de oficiales públicos. En otras palabras, es cualquier documento firmado en el ejercicio de una acti­vidad privada, o también el documento privado que una persona redacta por si mismo en su calidad de simple particular.

El Art. 150 del Código Penal Dominicano, establece “Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo que, por uno de los medios expresados en el artí­culo 147, cometa falsedad en escritura privada”.

La falsedad establecida en el Artículo 147 se aplica a la imitación o alteración de las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposicio­nes, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos.

La acción pública también es pasible de conciliación toda vez que se lleve a cabo en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, la conciliación procede en cualquier esta­do de causa.

En conclusión la conciliación procede cuando el imputado comete el delito sin intención de cometerlo y cuando los delitos son cometidos sobre la moral, los bienes de persona o son valorados en suma de dinero.

¿Cuáles son los elementos del proceso conciliatorio?

EL AMBIENTE. Para realizar una conciliación es imprescindible que el lugar cuente con un espacio amplio, tranquilo e íntimo, para que las partes que se someten a la conciliación se sientan cómodas.

El Conciliador

Debe ser una persona que accione en dirección a que las partes en conflictos hallen una solución.

 

Las partes

Imputado y víctima, que son los sujetos y objetos de la acción conciliatoria, deben por si mismas sugerir soluciones, es decir que sean ellas mismas quie­nes la planteen.

Atención y protección de las víctimas

La protección a las víctimas, entendida en su justa dimensión, no puede ser satisfecha sólo con los esfuerzos que se hagan en el marco de una adecuada y eficaz persecución de los delitos. Existen situaciones de riesgo de tipo predelictual que, atendidas adecuadamente, permiten evitar la producción de la victimización criminal; en otros, la detección temprana hace posible evitar nuevas o mayores agresiones.

Por esto, se hace indispensable asumir, impulsar y participar en algunas acciones de tipo preventivo, pues representan modalidades más eficaces de protección a las víctimas y, además, actúan en el plano de la percepción social contribuyendo con el sentimiento de seguridad de las personas y de la comunidad.

En consecuencia, corresponde diseñar un conjunto de acciones reactivas y proactivas en relación a las víctimas, brindando asistencia y contención, procurando atenuar los riesgos y los daños, brindando seguridad y estableciendo un conjunto de medidas de detección temprana, especialmente para ciertos sectores o grupos en riesgo (violencia familiar, abuso sexual de niños, etc.).

Además, existe un amplio territorio de acciones de naturaleza preventiva dirigidas a las víctimas potenciales (prevención victimal), como campañas de difusión, asesoramiento en dispositivos de seguridad, alarmas comunitarias, etc., que completan la oferta de medidas tradicionales.

De modo tal que, sin perjuicio de la atención que puede darse a los agraviados como parte de la intervención del sistema judicial penal (participación en el proceso, prevención de la victimización secundaria, reparación, conciliación, etc.), deben considerarse estos otros aspectos a los que hacemos referencia para dar una respuesta integral a las víctimas. En ese sentido, deberán ser tomadas muy en cuenta los estudios y las acciones emprendidas en nuestro país por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la justicia en aras de dicha atención integral.

Les recomendamos ver el siguiente video:

 

Atención de la sobrecarga de trabajo y descongestión de los asuntos del viejo sistema

Carga de Trabajo

Como en el resto de los países de América Latina, el problema de la sobrecarga de trabajo ha sido una preocupación central en todo el proceso de reforma que experimenta la justicia penal. El antiguo sistema procesal dejaba poco margen para proveer soluciones alternativas al juicio y sin embargo ello no fue obstáculo para que se apreciaran en la última década las ventajas de promover mecanismos compositivos de solución de los conflictos penales. Tal es el caso de la Fiscalía del Distrito Nacional que impulsó con notable éxito mecanismos de salida de los casos por vía de la conciliación y la mediación.

La puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que ha venido a fortalecer y ampliar las herramientas compositivas en los procesos penales (conciliación, mediación, oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado), permitirá al Ministerio Público desarrollar una adecuada política de control de la carga de trabajo. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que el Ministerio Público de los países de la región donde se le han reconocido estas facultades ha sido por lo general muy tímido en el uso de las mismas, tal como lo afirma Mauricio DUCE: “La entrega de estas facultades a los fiscales… transformaban al Ministerio Público en la llave de entrada del sistema. Sin embargo, la observación del comportamiento de los fiscales en el uso de las herramientas descritas da cuenta que el Ministerio Público las ha subutilizado, particularmente a los mecanismos de descongestión temprana (criterios de oportunidad) y salidas alternativas”.

Es necesario adoptar estrategias de control de la sobrecarga de trabajo, diferenciando claramente la gestión de los casos menores (criminalidad de baja densidad) de los casos mayores (criminalidad grave). En relación a los primeros, deben implementarse programas de capacitación tendentes a dotar de las competencias necesarias a los miembros del Ministerio Público para la selección de casos sujetos a mediación, en el manejo de ciertas técnicas de conciliación (para el caso que no cuenten con otros recursos profesionales capacitados). En cambio, en relación a los casos mayores, resulta necesario capacitar en el terreno de las estrategias y tácticas investigativas, metodologías de trabajo y toma de decisiones, para posibilitar una gestión más fluida y eficaz de los casos, que permita llevarlos a juicio en condiciones satisfactorias.

Otra realidad insoslayable la representa la gran carga de casos acumulados a lo largo de los años de funcionamiento del antiguo sistema procesal penal, frente al cual si bien es cierto que el legislador ya ha tomado la decisión de organizar un procedimiento de liquidación extraordinario, no es menos cierto que tanto este proceso como el de la propia liquidación ordinaria por los jueces y tribunales liquidadores requerirá el desarrollo de una estrategia del Ministerio Público orientada a focalizar sus recursos en los asuntos de mayor gravedad, sin desatender los intereses de las víctimas concretas en tales casos particulares.

Descargue la Sentencia sobre senador Félix Ramón Bautista Rosario

Mag. Alejandro Adolfo Moscoso Segarra

Descargue la Decisión (Resolución No. 544­-2015) senador Félix Ramón Bautista Rosario, la colocamos aquí con el único interés jurídico educativo, para que sea leída, analizada por los estudiantes de derecho, abogados y público en general apasionado por el mundo jurídico-legal.

He aquí la parte final de dicha Resolución marcada con el número 544-2015

R E S U E L V E:

PRIMERO: En cuanto a los imputados Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República por la provincia de San Juan; José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, declara la nulidad de la acusación presentada en su contra por el Procurador General de la República; y en consecuencia, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

SEGUNDO: En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión;

TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de oposición, nota de  advertencia, incautación,  secuestro y  cualquier otra medida restrictiva de la propiedad de los bienes de los imputados, descritos en parte anterior;

CUARTO: Exime el proceso de costas, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal;

QUINTO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas, encontrándose lista para su entrega en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la cual empieza a correr el plazo de cinco (5) días para la interposición del correspondiente recurso de apelación, de conformidad con las previsiones de los artículos 143, 304, 335, 410 y 411 del Código Procesal Penal.

 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra,

Grimilda Acosta

Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por el Juez que figura en su  encabezamiento, en audiencia pública día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Por favor presione aquí ver completamente Resolución núm. 544-­2015

Senador de la República, Secretario de Organización del @PLDenlinea y Presidente de FUNDI.
Félix Bautista

¿Cuáles derechos fundamentales que están contenidos en la constitución dominicana de 2010?

Derecho a la vida

Derecho a la dignidad humana

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la libertad de empresa

Derecho a la propiedad

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la salud Derecho a la educación

Derecho a la vivienda Derecho a la familia Derecho al trabajo Entre otros

¿Dónde se establecen estos derechos?

Los Derechos Fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 67 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, tal como la misma Constitución establece, esto es un mero listado enunciativo.

Por ejemplo:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Ver los demás artículos sobre protección a nuestros derechos aquí:

 

¿Por qué se llaman derechos fundamentales?

Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.

El cual establece lo siguiente:

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.