Category: Derechos Humanos

La medida de coerción en el código procesal penal dominicano

La medida de coerción en el código procesal penal dominicano del Artículo 226 al 237

Art. 226. MedidasA solicitud del ministerio público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez podrá imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción:

  • La presentación de una garantía económica suficiente;
  • La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
  • La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez;
  • La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
  • La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado;
  • El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga;
  • La prisión preventiva. En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva, ni el arresto domiciliario, ni la colocación de localizadores electrónicos.

En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva ni el arresto domiciliario ni la colocación de localizadores electrónicos.

 

Art. 227. ProcedenciaProcede aplicar medidas de coerción, cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

  1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción;
  2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento;
  3. La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.

 

 

Art. 228. ImposiciónA solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción. En los casos de acción pública la medida de coerción sólo procede a solicitud del ministerio público.

 

En caso que el juez dicte prisión preventiva o arresto domiciliario, el plazo de la investigación es de tres meses, salvo que el ministerio público, la víctima o el querellante soliciten una prórroga en la forma que se establece en el presente código.

 

El juez no puede reducir el plazo de la investigación salvo que todas las partes estén de acuerdo. La concesión de la prórroga suspende la prisión preventiva y pone en libertad al imputado, a menos que el ministerio público, la víctima o el querellante justifique al juez la prolongación de la misma.

 

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.

 

Art. 229. Peligro de fugaPara decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

 

  • Arraigo en el país, determinado por el domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad, ocultamiento o falta de información sobre el domicilio del imputado, constituye presunción de fuga;

 

  • La imposibilidad de identificación cierta y precisa del imputado, como consecuencia de su pretensión de ocultar su verdadera identidad a los fines de evadir su responsabilidad, o la posesión de más de un documento de identidad, constituye presunción de peligro de fuga;

 

  • La gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, así como la pena imponible al imputado en caso de condena;

 

  • La importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo;

 

  • El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;

 

  • La existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, encontrarse sujeto a alguna medida de coerción personal, gozar de la suspensión, requerir la revisión de las medidas de coerción impuestas en todos los casos anteriores;

 

  • La no residencia legal en el país o, aún con residencia legal, la no existencia de los elementos serios de arraigo;

 

  • Haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso.

 

Art. 230. PruebaLas partes pueden proponer prueba con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de una medida de coerción.

Dicha prueba se individualiza en un registro especial cuando no está permitida su incorporación al debate.

El juez valora estos elementos de prueba conforme a las reglas generales establecidas en este código, exclusivamente para fundar la decisión sobre la medida de coerción.

En todos los casos el juez debe, antes de pronunciarse, convocar a una audiencia para oír a las partes o para recibir directamente la prueba. De dicha audiencia se levanta un acta.

 

 

Art. 231. ResoluciónLa resolución que impone una medida de coerción debe contener:

  1. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo;
  2. La enunciación del hecho que se le atribuye y su calificación jurídica;
  3. La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;
  4. La fecha en que vence el plazo máximo de vigencia de la medida.

 

Art. 232. ActaPrevio a la ejecución de las medidas de coerción, cuando corresponda, se levanta un acta en la que conste:

  1. La notificación al imputado;
  2. La identificación y el domicilio de la institución o de los particulares que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función u obligación que les ha sido asignada;
  3. El señalamiento del lugar o la forma para recibir notificaciones;
  4. La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.

 

Art. 233. InternamientoEl juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar el internamiento del imputado en un centro de salud mental, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso para sí o para terceros, siempre que medien las mismas condiciones que para aplicar la prisión preventiva.

 

 

Art. 234. Prisión preventivaAdemás de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona, para evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación, y cuando la libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la víctima o sus familiares, o los testigos del proceso.

 

No puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta y cinco años, si se estima que, en caso de condena, no le es imponible una pena mayor a cuatro años de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en perjuicio de mujeres embarazadas, de madres durante el período de la lactancia, según lo dispone el Código de Trabajo de la República Dominicana o de personas afectadas por una enfermedad grave y terminal.

 

Art. 235. GarantíaLa garantía es presentada por el imputado u otra persona mediante el depósito de dinero, valores, con el otorgamiento de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más personas solventes.

 

Previo a la suscripción de la garantía económica o fianza, corresponde al ministerio público verificar la certeza, valor y validez de la garantía acordada. Cuando se trate de una fianza, verificará que la compañía aseguradora tenga calidad y autorización para garantizar el monto de la fianza establecida. No se suscribirá contrato de fianza alguno si el imputado no presenta una identificación cierta y precisa.

 

Al decidir sobre la garantía, el juez fija el monto, la modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía excesiva ni de imposible cumplimiento en atención a los recursos económicos del imputado.

 

El juez hace la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones.

 

El imputado y el garante pueden sustituirla por otra equivalente, previa autorización del juez.

 

Se crea un Fondo Único de Garantía Procesal compuesto por los valores depositados procedentes de las garantías económicas en efectivo, impuestas por los tribunales. Dicho fondo, en ningún caso será menor del veinte por ciento de la totalidad de la suma depositada sucesivamente como consecuencia de dichas garantías.

 

Los valores restantes al Fondo Único de Garantía Procesal serán administrados por el ministerio público de conformidad con la legislación establecida en materia presupuestaria y administrativa.

 

 

Art. 236. Ejecución de la garantíaCuando se declare la rebeldía del imputado o cuando éste se sustraiga a la ejecución de la pena, el juez concede un plazo de veinte días al garante para que lo presente. Le advertirá que si no lo hace se procederá a la ejecución de la garantía. Una vez presentada la persona en rebeldía, el juez dicta la medida de coerción que corresponda, tomando en cuenta el estado de presunción de fuga, y el contrato de fianza es revocado.

 

Vencido el plazo sin la presentación de la persona en rebeldía, el juez dispone la ejecución en perjuicio del garante o la venta en pública subasta de los bienes dados en prenda o de los hipotecados, sin necesidad de embargo inmobiliario previo.

 

Si la fianza fue acordada a través de una compañía aseguradora, se le intima para que en el plazo de diez días deposite el monto del valor asegurado. En caso de incumplimiento, el ministerio público solicitará al juez que disponga la ejecución del modo que se indica en el párrafo anterior, al tiempo que deberá abstenerse de suscribirle nuevos contratos de fianza, hasta el cumplimiento de su obligación.

 

Art. 237. Cancelación de la garantíaLa garantía debe ser cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados, siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, cuando:

  1. Se revoque la decisión que la acuerda;
  2. Se dicte el archivo o la absolución;
  3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o ella no deba ejecutarse.

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NICARAGUA Nicaragua
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PAISES BAJOS Países Bajos
Calle Max Hquez. Ureña No. 50, casi esq. Abraham Lincoln, Ens. Piantini. Santo Domingo, República Dominicana
Tel. : 809-540-1256 Fax : 809-565-4685
UNION EUROPEA Unión Europea
Calle Rafael Augusto Sánchez No.21 Ensanche Naco Santo Domingo República Dominicana Tel.: 809-227-0525 Fax: 809-567-5851
39 40

Organizaciones Internacionales

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Penal Internacional de Justicia

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Organización Policial Internacional (Interpol)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización de la Naciones Unidas (ONU)

Organización del Tratado del Atlántico Norte

Organización del Consejo de Europa

Organización de la Unión Europea

Organización de Estados Americanos (OEA)

Organización Mundial del Comercio – OMC

Fondo Monetario Internacional (FMI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Organización Mundial del Turismo

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Mundial de la Salud Pública

Grupo Internacional de Derecho A.C.

Unión Internacional del Notariado Latino (ONPI)

Organización Meteorológica Mundial (OMM)

¿Cómo debo firmar los documentos legales o los papeles frente al abogado notario?

¿Cómo debo firmar los documentos legales o los papeles frente al abogado notario? ¿cuál es la firma que tiene valor legal? ¿Cuál es la firma que debo usar?

Es una costumbre en la República Dominicana que las personas usen o tengan varias firmas, por ejemplo: Una en el trabajo y Otra en la cuenta del banco. Sin embargo, la firma que tiene validez en los contratos o documentos legales es la que figura en su Cédula de Identidad y Electoral.

Una dificultad común en la práctica legal es que la mayoría de las personas se le ha olvidado firmar como esta en su Cédula de Identidad, el abogado notario frente a esta situación le pide a la persona que haga un esfuerzo y firme lo más parecido o próximo a la firma que esta en su Cédula de Identidad.

Otro grave error legal es ponerle las iniciales a los documentos o contratos legales, en ninguna parte la ley en la República Dominicana, indica que debemos poner las iniciales de nuestro nombre en un documento legal, no existe la inicialización de firma en el territorio dominicano.

El sentimiento de inseguridad o miedo al delito

La criminalidad tiene una dimensión objetiva, dada por los delitos cometidos en una sociedad determinada (criminalidad oficial y cifra negra), pero también una dimensión subjetiva, dada por la percepción y representación social de la delincuencia y de la violencia, que suele ser producto de mediaciones, interpretaciones y significaciones, más que de vivencias efectivas de las personas.

El temor al delito, si bien tiene su origen en una situación de victimización directa de una persona o grupo de personas, se difunde y propaga a través del entramado social, generando un proceso de victimización indirecta a otras personas que, como producto de la sensación de inseguridad (impacto psicológico), modifican hábitos, conductas y actitudes personales. En este proceso juegan un rol importante los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, no sólo por su potencial de penetración, sino también por la efectiva capacidad de trasmitir dolor, es decir actuar sobre las sensaciones y los sentimientos. Igual pudiéramos decir del impacto de la prensa escrita, ya que la misma es la fuente de los comentarios en los programas radiales, los cuales son de alto impacto y penetración en la audiencia dominicana.

La sensación de temor depende de la existencia de vivencias concretas sufrida por una persona, pero también de la cantidad y el peso de los mensajes que a través de su entorno y de los medios masivos de comunicación reciben otras personas. Asimismo, influyen los factores personales y sociales de apoyo, que puedan neutralizar las condiciones de mayor vulnerabilidad. Incluso, se ha dicho que el sentido de inseguridad “puede verse exacerbado por varios factores, entre los que se incluyen las condiciones de vida precarias, el aumento del nivel de desempleo y un futuro poco prometedor. No obstante, la delincuencia sigue siendo una importante fuente de inseguridad pública”.

En suma, el delito real afecta la vida y las condiciones de coexistencia de muchas personas, pero la amplificación de la inseguridad a través del miedo al delito también desmejora la calidad de vida de muchas más personas, distorsionando las respuestas al problema y acentuando los criterios simbólicos y retributivos. Por ello es muy importante trabajar sobre el miedo al delito o la sensación de seguridad en el ámbito de la prevención, pues contribuye a controlar o limitar la victimización indirecta antes aludida.

En ese sentido, explica Baratta que “no se puede tomar el sentimiento de inseguridad social de la criminalidad como efecto directo de la criminalidad. Ello no quiere significar que la criminalidad como fenómeno real no exista, pero la inseguridad ciudadana no tiene una única y fundamental causa en la criminalidad, esto quiere decir que debemos afrontar dos problemas relativamente independientes entre ellos, si no queremos caer en la ilusión de hacer de la criminalidad como fenómeno real, el verdadero y único elemento genético de la alarma social. Creemos más bien que los dos fenómenos, inseguridad social y realidad criminal, sean ambos dependientes de una situación de desarticulación en la comunicación social y que por tanto, si existe un elemento que constituye una variable entre ambos, este debe ser buscado en una general insuficiencia del tejido social ciudadano. Y es allí donde debe ser puesto el acento de las políticas preventivas”.

Fuente: Lineamientos de la Política Criminal dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana,  Págs. # 5 y 6

Atención y protección de las víctimas

La protección a las víctimas, entendida en su justa dimensión, no puede ser satisfecha sólo con los esfuerzos que se hagan en el marco de una adecuada y eficaz persecución de los delitos. Existen situaciones de riesgo de tipo predelictual que, atendidas adecuadamente, permiten evitar la producción de la victimización criminal; en otros, la detección temprana hace posible evitar nuevas o mayores agresiones.

Por esto, se hace indispensable asumir, impulsar y participar en algunas acciones de tipo preventivo, pues representan modalidades más eficaces de protección a las víctimas y, además, actúan en el plano de la percepción social contribuyendo con el sentimiento de seguridad de las personas y de la comunidad.

En consecuencia, corresponde diseñar un conjunto de acciones reactivas y proactivas en relación a las víctimas, brindando asistencia y contención, procurando atenuar los riesgos y los daños, brindando seguridad y estableciendo un conjunto de medidas de detección temprana, especialmente para ciertos sectores o grupos en riesgo (violencia familiar, abuso sexual de niños, etc.).

Además, existe un amplio territorio de acciones de naturaleza preventiva dirigidas a las víctimas potenciales (prevención victimal), como campañas de difusión, asesoramiento en dispositivos de seguridad, alarmas comunitarias, etc., que completan la oferta de medidas tradicionales.

De modo tal que, sin perjuicio de la atención que puede darse a los agraviados como parte de la intervención del sistema judicial penal (participación en el proceso, prevención de la victimización secundaria, reparación, conciliación, etc.), deben considerarse estos otros aspectos a los que hacemos referencia para dar una respuesta integral a las víctimas. En ese sentido, deberán ser tomadas muy en cuenta los estudios y las acciones emprendidas en nuestro país por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la justicia en aras de dicha atención integral.

Les recomendamos ver el siguiente video:

 

Los presos preventivos votarán por primera vez en las elecciones

Presos votarán próximas elecciones

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó hoy el reglamento del voto penitenciario, para que las personas privadas de libertad puedan ejercer ese derecho.

El organismo indicó que el reglamento establece que las personas privadas de libertad deberán estar en condiciones de internos preventivos, “es decir, que sobre las mismas no haya recaído sentencia que haya adquirido carácter de la cosa irrevocablemente juzgada”

Asimismo, precisó que el ciudadano o ciudadana que se encuentre dentro de esta condición, deberá disponer de la nueva cédula de identidad y electoral, “sin la cual no podrá ejercer el derecho al voto”.

Para saber más pulse aquí

¿Dónde se establecen estos derechos?

Los Derechos Fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 67 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, tal como la misma Constitución establece, esto es un mero listado enunciativo.

Por ejemplo:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Ver los demás artículos sobre protección a nuestros derechos aquí:

 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político.

Los derechos fundamentales están reconocidos en las constituciones políticas de los Estados. Los derechos humanos consignados, solo están en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos.