Category: Derechos Humanos

¿Por qué se llaman derechos fundamentales?

Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.

El cual establece lo siguiente:

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

¿Qué son los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.

El asilo en embajadas y legaciones

Un ejemplo es el caso de Julian Assage en la Embajada de Ecuador en Inglaterra

En este capítulo trataremos un tema que estuvo practicándose en los países hispanoamericanos y que la cobró preponderancia con motivo de la guerra de España. El segundo Tratado de Montevideo de 4 de agosto de 1939, trata del tema con mucha extensión y comete el grave error de creer que la función de extraterritorialidad alcanza hasta considerar territorio del país del diplomático los lugares en que se hallan edificadas las Embajadas y Legaciones. Es obvio, puesto que en el artículo 29 enumera éstas junto con los buques de guerra, con los campamentos y con las aeronaves militares.

Es del todo abusivo que ese excepcional asilo, no sólo se extienda a las Embajadas o Legaciones propiamente dichas, sino que se amplíe a la posibilidad de alquilar locales para amparar en ellos a los que buscan refugio. Véase al respecto el artículo 89 de este nuevo Tratado de Montevideo además en él se imponen limitaciones: sólo se asilará a los delincuentes políticos contra los que no proceda extradición (articulo 2°). Además se prevé que los protegidos por la legación no alteren la paz pública ni ejerzan acción política, ni se comuniquen con el exterior (artículo 5°). En España se dio el triste caso que desde muchas delegaciones y embajadas se conspiraba impunemente. El Tratado de Montevideo que puede exigir el Estado donde el cuerpo diplomático ampare los delincuentes políticos; que los saquen del territorio, prestando los medios necesarios y la debida seguridad. No se les permitirá detenerse en su país ni volver a él. De modo que si volviere no gozaran de nuevos asilos.

EL ASILO DIPLOMATICO

La esencia de este asilo consiste en que la sede representante diplomático sirve de protección a las personas que son perseguidas por las autoridades del país donde está acreditado el representante diplomático. Es por esta razón que el asilo concebido de la manera anteriormente definida, puede nombrarse Asilo Diplomático.

Este hasta el siglo XV era desconocido, puesto que hasta ese momento las Embajadas o legaciones de carácter permanente no existían. Así por ejemplo, en la antigüedad, lo mismo que en la Edad Media, los embajadores y Legaciones no eran sino personas encargadas de una misión temporal: dicho de otro modo, ellos no residían en el país de su misión. Lo que consagró de manera definitiva la transformación de embajadores intermitentes en embajadores permanentes fue el Congreso de Westfalia (1648).

El Asilo en América Latina, desde su origen ha sido una institución importada. Al mismo tiempo, a causa de su condición de colonia, los países latinoamericanos hasta el momento no conocían otra forma de asilo que el religioso. Precisamente en el siglo XIX, cuando la mayoría de los países  América Latina se emanciparon el Asilo Diplomático, había sido condenado por la doctrina y la política de países Europeos. El Asilo Diplomático fue adoptado por los países latinoamericanos en su aspecto más “moderno’ es decir, que fue acordado desde el inicio, únicamente en favor de personas perseguidas por causas políticas, y no en favor de criminales de delitos de derecho común.

“Rodolfo Nervo expresa que: La tradición del Asilo existente en América Latina, cuyo origen deben buscarse sin duda en la generosidad y los sentimientos hospitalarios de esos jóvenes nacionalistas más bien, que en las frecuentes conmociones políticas, como es la opinión de algunos internacionalistas”.

Convención de Caracas de 1954, sobre Asilo Diplomático; Esta convención fue firmada por todos los países latinoamericanos, en fecha 28 de marzo de 1954 en la Décima Conferencia Interamericana.- Según el Art. 2 de esta Convención el Asilo como derecho subjetivo pertenece sólo al Estado y no al individuo, pero el individuo siempre tiene el derecho de solicitar o buscar Asilo, lo cual se prevé en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Según el Art. 4, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre pertenece al Estado que otorga el Asilo, clarificar la naturaleza del delito o de juzgar los motivos de la persecución. Por su parte, el Art. 6, no sólo liga de urgencia con que aquél cuando la vida del individuo está en peligro por persecuciones de masas excitadas, sino que se extiende el caso de urgencia cuando la libertad del individuo se encuentra en peligro sin importar qué tipo de persecuciones políticas.- El Art. 7, expresa que el que determina esta noción de urgencia es el Estado aislante.

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para formar su criterio respecto a la naturaleza del delito.

Es decir, que permite al Estado local participar en la calificación del delito. El Asilo, una vez acordado, el Estado que lo acuerda puede demandar la salida del refugiado para un territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado acordar inmediatamente, salvo en casos de fuerza mayor, las garantías necesarias prevista en el Art. 5 así como el Salvo conducto.

Esta Convención da mayor precisión a ciertos dispositivos previstos en convenciones anteriores, y da a otras un matiz diferente, introduce disposiciones e incorpora muchas innovaciones introducidas por el Tratado de Montevideo de 1939.

Las Convenciones de La Habana de 1928, de Montevideo de 1933 y de Caracas de 1954, y los dos Tratados de Montevideo de 1989 y 1939, son los principales instrumentos jurídicos relativos al Asilo Extraterritorial elaborado en América Latina y a los cuales están afiliados la mayoría de los países que forman este continente. Aquellos que no están ligados ni a una u otra de las tres convenciones mencionadas, lo son uno de los dos Tratados. La República Dominicana, aunque firmó la Convención de Caracas de 1954, no está ligada por ninguno de los acuerdos mencionados.

Punto de vista sobre el asilo de un delincuente social

Asilo politico del delincuente social

Con relación a este tema debemos destacar que si el delito cometido por un individuo consiste en un atentado anarquista, de modo que constituye un peligro común a todos los Estados, a diferencia de lo que se ha dicho del delincuente político esto pueden quedar exceptuado del asilo. Así lo expresaba Blundtschil.

También Beccaria en su obra “De Los Delitos y De Las Penas” expresa que “el lugar de la pena es el lugar del delito“, significando con esto que en cualquier lugar que se cometa un delito, es decir, una acción contraria a las leyes, puede ser castigada.

Ahora bien, acontece que cuando la delincuencia se ejecuta con un fin social, aun siendo no siendo este el momento para definirlos los denominados delitos político-sociales, pero nadie duda que una revolución sólo se alza con fines más profundo que los meramente políticos. Pero el denominado delincuente social no es tan inocuo corno el político puro, de manera que donde quiera que se encuentre hay opresores del proletariado.

Podemos afirmar que sólo la Constitución Española, el Código Colombiano, y el proyecto de Enrique Ferry dan amparo a los delincuentes de esta índole. En cambio los tratados suelen excluirlos de la inmunidad política y entre ellos el tratado tipo, que expresa en su articulo 6 que no se consideran como políticos los delitos contra la organización del Estado.

Nos identificamos con el criterio de que ni los delincuentes anarquista ni los sociales puede decirse que son malhechores. Le guía el mismo telo altruista que antes iluminó al mero delincuente político. Manzini en su buena época, dijo que con el criterio restrictivo que va imperando, a Cristo se le hubiera considerado como un facineroso. Debemos reconocer la observación de Lombroso en Italia y de Concepción Arenal en España, en cuanto a que los delincuentes anarquista y sociales e incluso en los políticos, suele haber criminales instintivos y genuinos, de modo que se impone examinar cada caso que ofrezca aparente brutalidad, sobre todo en los delitos complejos y conexos de la delincuencia político social.

Tendencia restrictiva en el Asilo Político

Según vemos, Francia ya ha limitado en su ley la exclusión de cierta clase de delitos políticos, y lo mismo lo hace la legislación Alemana, exceptuando del Asilo los autores de actos reprochables.

Por la vía de la restricción ha llegado al máximo el Código fascista, donde no se haya acogido el asilo para la delincuencia política. Hace muchos años que Lammasch exceptuaba los delitos contra la vida de los semejantes, y lo mismo hace luego Conti Martiz no comprende el incendio. Y Pella, las acciones muy graves e inmorales.

El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Ginebra habida en 1892, y el artículo 6° del Tratado tipo de la Comisión Internacional penal y penitenciaria, representan esta tendencia restrictiva de la inmunidad política en materia extradicional. El acuerdo del citado Instituto exceptúa de aquel favor los crímenes conexos de índole grave, desde el punto de vista de la moral y del Derecho común, tales como el asesinato, homicidio, envenenamiento, etc. El artículo 6° del Tratado tipo a que acabamos de referirnos, exceptúa, a su vez, los casos de homicidio ejecutados o intentados con una brutalidad particular.

Excepción de los magnicidas

A consecuencia del atentado de Jaquin contra Napoleón III el año 1854, la ley Belga de 22 de marzo de 1856 declaró que “no se considerará político ni hecho Conexo a un 4elito semejante el atentado contra la persona del Jefe de un Gobierno extranjero o contra miembros de su familia, si este atentado constituye un hecho de asesinato, de homicidio o de envenenamiento”. El Tratado que se celebró entre Francia y Bélgica aquel mismo año es el primero ‘que contiene esa fórmula, que desde entonces se conoce como “cláusula belga relativa al atentado”.

La inmensa mayoría de los convenios de extradición la aceptan, si se exceptúan Inglaterra y Estados Unidos. Suiza somete a examen minucioso el problema, e Italia también rechazó la famosa cláusula hasta este siglo. Desde la muerte del rey Humberto, en 1900, sigue la communis opinio.

La excepción de la excepción se ha ido ampliando y hoy son varios los tratados y, sobre todo, las leyes internas que proclaman la entrega de los magnicidas; es decir, de los autores de homicidio contra los Ministros y altos funcionarios. Por eso entregó la República de Weimar a Nicolao, el matador del Presidente del Consejo Eduardo Dato: Mas aun debemos reconocer que la materia se haya sujeta a los quehaceres políticos. En 1921, Alemania negó la entrega de Emerich Csernyak, acusado de la muerte del conde Tisza, ex Presidente del Consejo de Ministros de Hungría. Ello dio motivo a que tres años después del gobierno Húngaro negase la extradición de Schuletz, homicida de Mathías Erzberger.

Por otro lado el código Bustamante en su Artículo 357, enseña lo siguiente: “No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del jefe de un estado contratante o de cualquier persona que en él ejerza autoridad”. A nuestro entender no hay motivo alguno para semejante excepción. En el más característico de delitos político es la muerte dada al Tirano, que en la mayoría de los casos es el Jefe del Estado. Es así, que cuando el móvil político provoca el magnicidio, su autor tiene que recibir asilo.

Delitos complejos y conexos

Es necesario distinguir:

1ero. Delitos políticos puros: Lo son en realidad los que se cometen contra la forma de la organización política de un Estado.

2do. Delitos políticos complejos: Son aquellos que lesionan a la vez el orden político y el derecho común, como el homicidio de un jefe de gobierno.

3ro. Delitos conexos: Los son aquellos que se ligan estrechamente al fin político, aunque de por sí constituyen un delito común: el homicidio en la revolución, substracción de caballerías y armas para un levantamiento y el robo de un aeroplano para huir en la hipótesis, al hablar del fracaso. La ley francesa, al hablar de delitos conexos, los declara amparables cuando lo fuesen en según los usos de la guerra.

Asilo de los delincuentes políticos

Harto sabido es que los primeros Tratados de extradición, como, por ejemplo, el celebrado en el siglo XII entre el rey de Inglaterra y el de Escocia, el que se pactó en el XIV entre el rey de Francia y el conde de Saboya, y por lo que respecta a España, el que se convino entre Pedro I de Castilla y el rey de Portugal en 1360, versaban justamente sobre la delincuencia política y, en particular, sobre el delito de lesa majestad.

Fue a partir de 1815 cuando Inglaterra rechaza la extradición de culpables de delitos políticos. Su conducta se sigue por otros Estados y halla consagración solemne en el artículo 5° de la ley Belga del 1° de octubre de 1833, en la que se dice: “Será expresamente estipulado que el extranjero no podrá ser perseguido o castigado por delito político anterior a la extradición ni por ningún hecho conexo a dicho delito.”

Las legislaciones vigentes y los tratados que actualmente aceptan tal Asilo se dividen en tres grupos:

1ero. La inmensa mayoría proclama el refugio de los delincuentes que han cometido un delito político o de los que han perpetrado alguno en conexidad con aquél. Lo mismo establece el artículo 355 del Código Bustamante, y agrega que, “tampoco se acordará si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter Político…” La calificación será hecha por el Estado requerido.

2do. Algunas leyes internas sólo excluyen los delitos estrictamente políticos. Así acontece con las de Suiza, Brasil y Finlandia. 3ero.También es breve el número de las disposiciones vigentes que excluyen no sólo los delitos políticos, sino también los sociales, con la fórmula que dio el Proyecto ferriano de delitos “político – sociales”. Ello acontece en el citado proyecto, de Italia de 1921, en el artículo 30 de la Constitución española en el 9° del Código Penal Colombiano.

La práctica precedió a la doctrina en orden a la exclusión de entrega de aquellos que habían vulnerado normas políticas o con motivación de esta índole. El libro de Provo Klutt, que defiende y razona el Asilo político, fue escrito en 1729. Apenas si se necesita explorar las razones que apoyan la no entrega de los delincuentes políticos. Es común oír decir que así se evita el despotismo y que, como Lord Palmerston afirmaba, se vigoriza el concepto de humanidad. Muy agudamente dijo Geyer que antes que entregar al que ha cometido un delito de esta clase sería preciso decidir la legitimidad del gobierno que le persigue.

En verdad, un delincuente político no es peligroso cuando se expatria. Si va a una república huyendo de su país, donde impera la monarquía, es obvio que el pueblo de refugio nada puede temer de él. Tampoco ofrece peligrosidad para otro Estado regido por reyes, porque al puro delincuente político sólo le interesa el problema de su nación

El asilo político: refugio inviolable

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la etimología de la palabra Asilo proviene del griego ásylon que significa refugio inviolable.

El Asilo Político es una figura íntimamente vinculada con los ámbitos de validez territorial y personal, cuyo orígenes deben rastrease en derecho de la antigua Grecia, de donde pasó al Derecho Romano y fue, finalmente, incorporada al Derecho Canónico. Gracias a ella, los criminales se podían refugiar en lugares sagrados como templos, conventos, cementerios, universidades, etc., de los cuales no podían ser extraídos a la fuerza.

En los siglos pasados se daba ese nombre a los lugares que tenían el privilegio de refugiar a los delincuentes perseguidos por la justicia, que no podían ser sacados de ellos por la fuerza, porque otra cosa habría significado una profanación, pues tales asilos estaban referidos a lugares sagrados. Es una costumbre absoluta y lógicamente desaparecida.

Subsiste tan sólo en el Derecho Internacional Público, especialmente de los países latinoamericanos, a efectos de que los delincuentes políticos se asilen en los locales de representaciones diplomáticas de otros países que los admitan y de los cuales no pueden ser sacados sin autorización del representante diplomático, por ser ello consecuencia de la ficción de extraterritorialidad diplomática. Llámase también asilo el que conceden algunos países a los perseguidos (o temerosos de serlo) de otros países, por razones políticas y que buscan refugio en aquéllos. Este último aspecto de la institución es muy en los tiempos que corren.

Según Fernando Velázquez en su obra “Teoría de la Ciencia del Derecho Penal”, el Asilo es la protección que un Estado concede a una persona que huye de otro, donde es perseguida por razones políticas o por discriminación.

El Asilo Político puede ser de dos clases:

  1. Asilo Territorial: Este Ocurre cuando la protección es asumida directamente por el Estado en su territorio.
  2. Asilo Diplomático o Político: Este sucede cuando se concede refugio a un ciudadano en legaciones diplomáticas o en edificios destinados a oficinas o habitaciones de los funcionarios de otros Estados, situado en el territorio. En ambos casos se le garantiza al refugiado no extradición sobre todo cuando se trata de delito político o de opinión, o cuando se atiende a razones. Es así, como se ha establecido en diversos convenios firmados en el continente como el Tratado del 23 de Enero de 1889, El convenio de la Habana del 20 de Mayo de 1928, suscrito y ratificado por casi todos los países del continente; así como también el Tratado del 4 de Agosto de 1939 rubricado por varios países del cono sur, en la misma fecha; y el Convenio de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, entre otros de los cuales no vamos mencionar ahora.

    Asilo político
    Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra

Debemos observar que esta institución tiene rango constitucional en algunos Estados Latinoamericanos, por ejemplo en Colombia, donde su carta fundamental se reconoce el derecho de Asilo en los términos previstos en la Ley y se prohíbe además la extradición de extranjeros por delito político o de opinión.

Como es obvio, dado que la figura del asilo implicar la exclusión de la persecución penal en relación con ciertas personas por parte de otros Estados o potencias extranjeras, con la consecuente de la extradición, debe ser estudiada en esta sede dado su interés para el derecho penal.

Garantías del debido proceso

Debido Proceso
Garantías del debido proceso

El debido proceso, entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley en cada caso concreto, se rige, en un Estado constitucional y democrático de derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguran la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva, en un juicio justo para las partes.

En el marco de un Estado de derecho el debido proceso está sustentado también en otros principios jurídicos, a saber: principios de bilateralidad; contradicción; moralidad del debate; y economía procesal, entre otros.

El derecho internacional reconoce principios y garantías del debido proceso que son comunes a ambas partes en el proceso judicial, algunas de las cuales tienen carácter de garantías inderogables no susceptibles de suspensión o limitación en ninguna circunstancia.

Entre los principios, derechos y garantías comunes se pueden mencionar los siguientes:

Principio de legalidad;

Principio igualdad ante la ley y los tribunales de justicia;

Principio de publicidad procesal;

Derecho de acceso a la jurisdicción;

Derecho a un juez competente, independiente e imparcial;

Derecho a un juez natural, predeterminado por la ley;

Derecho a la tutela judicial efectiva;

Derecho a un juicio justo;

Derecho a un trato humano;

Derecho a la celeridad judicial; y

Derecho a un recurso efectivo.

Fuente: Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia, Estudio Constitucional Comparado, por Florentín Meléndez, Pag. 44, 45 y 46.