Category: Estudiante de derecho

Día del Poder Judicial La Romana 7 Enero 2017

El siete de enero de cada año se conmemorara como “Día del Poder Judicial”, así lo enuncia el párrafo, del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial No. 327-98.
La celebración del 7 de enero da inicio a un nuevo año judicial. En este día se rinde cuentas del año anterior y expone las metas, planes y programas al servicio de la justicia dominicana para el nuevo año.

 

 

Principios básicos sobre la función de los abogados

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama, además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Considerando el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que estipula que toda persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a comunicarse con él y a consultarlo,

Considerando que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos recomiendan, en particular, que se garantice la asistencia letrada y la comunicación confidencial con su abogado a los detenidos en prisión preventiva,

Considerando que las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte reafirman el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a una asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso, de conformidad con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder se recomiendan medidas que deben adoptarse en los planos nacional e internacional para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo, la restitución, la compensación y la asistencia en favor de las víctimas de delitos,

Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente,

Considerando que las asociaciones profesionales de abogados tienen que desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales, proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas, facilitar servicios jurídicos a todos los que los necesiten, y cooperar con las instituciones gubernamentales y otras instituciones para impulsar los fines de la justicia y el interés público,

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que figuran a continuación, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se aplicarán también, cuando proceda, a las personas que ejerzan las funciones de la abogacía sin tener la categoría oficial de abogados.

Acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos.
1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal.

2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición.

3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos.

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Cómo comportarse en una sala de audiencias

Comportamiento de los asistentes en la Sala de Audiencias en el Sistema Penal Acusatorio Dominicano.

sala-de-audiencia-1Está prohibido el ingreso a la sala de audiencias de los menores de doce años, salvo que estén acompañados de un mayor de edad responsable del menor.

Tampoco pueden ingresar militares o policías uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia.

Del mismo modo les está vedado el ingreso a personas que porten distintivos gremiales o partidarios.

El tribunal puede imponer un límite al número de personas admitidas en la sala de audiencias en atención a las condiciones de espacio y al mantenimiento del orden.

sala-de-audiencia-0Quienes asistan a la audiencia deben guardar el debido respeto y silencio mientras no sean autorizadas a exponer o deban responder a las preguntas que les son formuladas. A excepción del personal de custodia y disciplina.

Nadie puede portar armas u otros instrumentos aptos para molestar, perturbar  u ofender a los demás.

Todas las personas presentes en la sala de audiencias y las áreas de acceso inmediato deben abstenerse de adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, ni producir disturbios o manifestar de cualquier otro modo opiniones.

El presidente en el cumplimiento de su poder disciplinario y policía de la audiencia puede disponer el desalojo de la sala o el alejamiento de las personas que alteren o perturben el normal desenvolvimiento de la audiencia.

sala-de-audiencia

Si se comete un delito durante el desarrollo de una audiencia, se levanta un acta y se remite al ministerio público correspondiente.

Los asistentes tambien deben tener encuenta lo siguiente:

a) Que el Celular o Móvil debe estar apagado o vibrando dentro de la Sala de Audiencia.

b) No pueden asistir con gorras o sombreros.

c) No está permitido Pantalones cortos.

d) A las damas no se le permiten que asistan con blusas sin mangas.

e) Está prohibido comer dentro de la Sala de Audiencias.

f) No se debe leer el periódico de tamaño gigante.

g) Dentro de la Sala de Audiencias existen zonas para sentar a los Abogados y Estudiantes de Derecho.

h) La mayor parte del espacio dentro de la Sala de Audiencia es para público.

i) Los reclusos o detenidos también tienen un espacio reservado conjuntamente con los custodias.

Nota: Estas reglas no son limitativas se pueden tomar cualquier medida con la finalidad del buen desarrollo de la Audiencia. (Ver los Artículos 310 y 314 del Código Procesal Penal

Los mandamientos del abogado

Los Mandamientos del Abogado y/o Decálogo del Abogado

1º.  Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serán cada día un poco menos Abogado.

2º. Piensa, El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

3º. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la Justicia.

4º. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia.

5º. Sé leal. Leal como tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando el sea desleal contigo, Leal para con el Juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que tu le dices y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas.

6º. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.

7º. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.

8º. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.

9º. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

10º. Ama tu profesión. Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proporcionarle que sea Abogado.

Código de Ética del Profesional del Derecho

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

PRESENTACIÓN

El decreto No. 1290 del 2 de agosto de 1983, ratificó el Código de Ética del Profesional del Derecho, aprobado por la Asamblea del Colegio de Abogados de la República celebrada en fecha 23 de julio de 1983. Este documento tiene por objetivo fundamental lograr la moralización del ejercicio del derecho en nuestra sociedad. El Abogado tiene una alta misión de servicio a la ciudadanía, que debe ser realizada con probidad, lealtad, independencia, y respeto a los principios éticos y legales. El Código de Ética contiene los lineamientos de una conducta moral del profesional del Derecho. Los deberes del Abogado, el Secreto Profesional, sus relaciones con la clientela, con sus colegas, con los tribunales y la fijación de honorarios están claramente reglamentados. La transgresión de estas normas conlleva la aplicación de sanciones por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República. En momentos en que la Nación Dominicana, en general y la Justicia y el ejercicio del Derecho en particular, atraviesan por una profunda crisis moral y de credibilidad, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. y el Colegio de Abogados de la República han querido editar este Código de Ética. Esperamos así, llevarlo al conocimiento de todos cuantos aman el derecho, la verdad y la justicia. Y abrigamos la esperanza de que sus preceptos iluminen el espíritu y el comportamiento del Abogado dominicano.

CÓDIGO DE ÉTICA

DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

ARTICULO l.—Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho, son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad.

PÁRRAFO: El profesional del derecho debe actuar con irreprochable dignidad, no sólo en el ejercicio de la profesión, sino en su vida privada. Su conducta jamás debe infringirlas normas del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien.

ARTICULO 2.-El profesional del derecho debe ser leal y veraz y debe actuar de buena fe, por tanto no aconsejará ningún acto fraudulento ni hará en sus escritos citas contrarias a la verdad. Para el profesional del derecho estará siempre antes une su propio interés, la justicia de la tesis que defiende.

ARTICULO 3.—En su vida el profesional del derecho debe cuidar con todo esmero de su honor, eludiendo cuanto pueda afectar su independencia económica, comprometer su decoro o disminuir, aunque sea en mínima medida, la consideración general que debe siempre merecer. Debe por tanto

conducirse con el máximo de rigor moral. La conducta privada del profesional del derecho se ajustará a las reglas del honor, la dignidad y el decoro, observando la cortesía y consideración que imponen los deberes de respeto mutuo entre los profesionales del derecho.

ARTICULO 4.—Los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. El abogado como auxiliar y servidor de la justicia y colaborador en su administración, no deberá olvidar que la esencia de su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral.

ARTICULO 5.—En sus alegatos verbales o escritos, el profesional del derecho debe usar de la moderación y la energía adecuadas, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte que patrocina. Cuando tuviere que criticar los fallos judiciales o los alegatos de su contrario, deberá abstenerse de toda expresión violenta o sarcástica; y si la gravedad del caso exige energía en la expresión, deberá, no obstante, abstenerse de toda vejación inútil y de violencias impropias.

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Diferencia entre País, Nación y Estado

Cuando hablamos de un país, nos referimos al territorio que forma una unidad geográfica o política, limitada de manera natural o artificial. Al mencionar la palabra nación, pensamos en la comunidad de personas que forman parte de un país, dirigida generalmente por el mismo gobierno. Esta comunidad también suele estar unida por lazos étnicos o de historia: la nación es una comunidad, junto con el territorio y todo lo que pertenece a él. La idea de nación puede hacerse extensiva a un grupo disperso que, a pesar de hallarse en distintas regiones geopolíticas, mantiene comunidad de usos y tradiciones: tal como es el caso de los gitanos o los palestinos. El término patria puede aplicarse como sinónimo. La Palabra Estado es más formal y tiene sentido político, pues aplica para describir una nación o territorio con su conjunto de órganos gubernamentales y legislativos, reconocidos de forma unánime por sus ciudadanos

Incompatibilidades y prohibiciones de un Oficial del Estado Civil

Junta Central Electoral

En el ejercicio de sus funciones el Oficial del Estado Civil debe acogerse a las siguientes incompatibilidades y prohibiciones en el desempeño de la función:

a) No podrá dedicarse al activismo político. (Art.3 ley No. 8-92).

b) No podrá actuar fuera de los límites de su jurisdicción. (Art. 3 Ley No. 659/44).

c) No podrá instrumentar las actas que se refieran a su persona o parientes hasta el cuarto grado inclusive y de sus afines hasta el tercer grado, debiendo en estos casos ser sustituido por los suplentes. (Art. 17 Ley No.659/44).

d) No podrá insertar en sus actas, sea por vía de anotación o por cualquier otra indicación, sino aquello que está determinado en la ley para cada clase de acta. (Art.28 Ley No. 659/44).

e) No podrá proceder a transcribir las sentencias de rectificaciones de actas del Estado Civil; de adopción, decretos de cambios de nombre, acto notarial, autorización para llevar apellido, transcripción de acta instrumentada en el extranjero, reconocimiento efectuado mediante acto notarial o ante Cónsul dominicano acreditado en el extranjero, sin antes haber recibido instrucciones de la junta Central Electoral, a través de su Consultoría jurídica. (Art.9 Ley No.659/44).

f) No podrá por su propia autoridad hacer ningún cambio en el contenido de un registro, salvo las enmiendas y remisiones al margen para aclaratorias al momento de la instrumentación por errores u omisiones en cuyos casos deberá firmar o rubricar el Oficial del Estado Civil y las partes. (Art. 17 y 89 Ley No.659/44).

g) No podrá dejar espacio en blanco entre una acta y otra y no debe usar abreviaturas ni fechasen número, sino en letras. (Art.17 Ley No.659/44).

h) No podrá asentar las actas en registros que no sean los destinados a esos fines, ni podrá expedir las actas en formularios no autorizados por la junta Central Electoral. (Art.36 Ley No.659/44).

i) No podrá ausentarse de su jurisdicción sin la autorización de la junta Central Electoral a través de la Cámara Administrativa y de la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil. (Art.4 Ley No.659/44 y Lit. b del Art.6 Ley No.275-97).

j) No podrá asignar funciones a sus suplentes sin autorización de la Cámara Administrativa, vía la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, salvo la celebración de matrimonios fuera de la Oficialía. (Circular No.21 del 22-5-2007 del Presidente de la Cámara Administrativa).

El Himno del Poder Judicial Domininicano

El Himno del Poder Judicial es autoría de Rafael Scarfullery Sosa y su arreglo musical del Maestro Rafael Solano. Fue cantado por primera vez en el concierto “Voces de la Justicia” celebrado el 7 de diciembre de 2001 en la Casa San Pablo.

I
Hoy cantemos con orgullo
y con firme decisión:
la justicia es estandarte
y faro de la nación.

II
Es su norte el cumplimiento
de nuestra Constitución
su estatuto son las leyes
aplicadas sin temor.

III
Su balanza es equilibrio
que garantiza equidad
leyes, reglas y decretos
rigen su imparcialidad.

IV
Adelante la justicia
símbolo de la verdad
pues su misión es sagrada
porque sustenta la paz.

V
Adelante,
marchemos unidos
tras la luz de la verdad
adelante, cantemos unidos
por el más puro ideal.

Evolución histórica del Poder Judicial

Bandera del Poder Judicial

La instancia judicial de mayor nivel que registra la historia dominicana en la época colonial es la Real Audiencia de Santo Domingo, creada en 1511 e integrada por un Presidente y tres Oidores (Jueces). Actuaba como tribunal de apelación, salvo en los llamados “Casos de Cortes”, en los cuales litigaba la Corona Española.

Dos siglos más tarde, en el año 1776, se agregó el cargo de Regente con la finalidad de agilizar los procesos y velar por la pronta solución de los mismos; a partir de 1802, durante la Era de Francia, tuvimos la Academia Imperial como tribunal supremo, con tres oidores españoles y tres jueces franceses.

En el efímero gobierno independiente del licenciado José Núñez de Cáceres, en 1821, se creó una Corte Superior de Justicia.

Con la dominación haitiana de 1822, volvimos a tener un tribunal de casación de carácter nacional instituido por la Constitución haitiana de 1816, para conocer de los recursos sometidos a su conocimiento, pero sin avocar el fondo.

Para 1826, comenzaron a tener vigencia los códigos haitianos basados en la legislación francesa, en materia civil, penal, de comercio, de procedimiento civil y de instrucción criminal.

Años después, al final de dicha dominación en nuestro país, la Constitución de Haití de 1843 mantuvo la organización judicial encabezada por una corte de casación, pero esta Carta Magna apenas fue conocida en nuestra República, por la consumación del golpe patriótico del 27 de febrero de 1844.

La Constitución original dominicana votada en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, consignó la Suprema Corte de Justicia y le dio la facultad de conocer de los recursos de nulidad (casación) contra las sentencias dadas en última instancia por las cortes de apelación. Pero también se le atribuyó por la Ley Orgánica Judicial de 1845 el conocimiento del fondo de los asuntos en última y tercera instancia.

Pero la revisión de la Carta Magna, en febrero de 1854, suprimió el recurso de nulidad y dejó a la Suprema Corte de Justicia como tribunal de apelación. Esta situación se mantuvo a todo lo largo de nuestra vida republicana, desde 1854 hasta 1908, cuando la Suprema Corte de Justicia reconquistó su verdadera función de corte de casación. En el período de la Anexión a España, 1861-1865, se restableció la antigua Real Audiencia que funcionó en la larga época colonial.

Con la Restauración Nacional se volvió al mismo sistema de Corte de Apelación como atribución principal de la Suprema Corte de Justicia.

En la reforma de 1877 y hasta la reforma de 1907, durante todos esos años se le atribuyó expresamente a la Suprema Corte de Justicia la facultad de “declarar cuál es la ley vigente, cuando alguna vez se hallen en colisión”.

Asimismo, la Ley Orgánica Judicial de 1884 dispuso que la Suprema Corte de Justicia “resolverá las consultas que le soliciten los tribunales inferiores, pero nunca antes de éstos dar sentencias”.

El número de jueces de la Suprema Corte de Justicia ha variado a través del tiempo. En 1844, tenía un presidente y tres vocales. Luego, a principio de la Segunda República, un presidente y dos jueces. En la Carta Magna de 1908, siete jueces en total y en la de 1963, nueve jueces. Actualmente está compuesta de 16 jueces.

Desde la reforma de 1878, la Suprema Corte de Justicia ha tenido la potestad de tomar la iniciativa en la formación de las leyes que se refirieran a asuntos judiciales. Esta situación nunca ha sido modificada desde entonces y actualmente está vigente a través del artículo 96 de la reforma de 2010.

La reforma de 1908 le atribuyó de manera principal a la Suprema Corte de Justicia las funciones de Corte de Casación.

Con motivo de las nuevas atribuciones de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, se crearon las Cortes de Apelación de Santo Domingo (hoy Distrito Nacional) y Santiago, y poco después la de La Vega y, a través del tiempo, se aumentó el número de las cortes hasta llegar actualmente a 11; de manera que, con posterioridad, a las tres originales se crearon sucesivamente las de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Barahona, San Francisco de Macorís, Montecristi, Puerto Plata y provincia Santo Domingo.

La vocación presidencial ejecutiva del presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido consagrada en varias cartas sustantivas. En 1878 lo fue en forma interina el licenciado Jacinto de Castro. En 1970, para garantizar un proceso electoral, fue titular el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, y en el período 1982-1986, por ausencia del Presidente de la República y por haber fallecido el Vicepresidente, lo fue algunas veces interinamente el doctor Manuel Bergés Chupani.

Con la promulgación de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia núm. 25-91, se dividió en dos cámaras: una Civil, Comercial y de Trabajo, y otra Penal, Administrativa y Constitucional.

Mediante el artículo 25 se consagró la capacidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia para ser apoderado directamente por querella de parte, fijando audiencia en materia correccional y nombrando un juez de instrucción para los fines de la investigación de lugar en caso criminal.

Desde 1844 hasta la reforma de 1994, los nombramientos de todos los jueces del Poder Judicial estaban a cargo originalmente del Consejo Conservador y luego del Senado de la República, dentro del sistema bicameral legislativo o por el Senado consultor, la Cámara Legislativa o el Congreso Nacional en los años en que reinó el sistema unicameral. Por Ley núm. 156-97, el número de jueces de la Suprema Corte de Justicia fue elevado a 16: un presidente y tres cámaras identificadas como, Primera (Civil), Segunda (Penal) y Tercera (Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario).

La misma reforma de 1994 restableció el “control concentrado” de la constitucionalidad como atribución de la Suprema Corte de Justicia en materia de leyes, y a instancia del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las cámaras o de parte interesada. Esta acción de carácter erga ormes no cierra el camino tradicional de la acción de inconstitucionalidad por la vía de excepción llamado “control difuso”.

La noche del 3 de agosto de 1997 fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura los 16 jueces que debían integrar la Suprema Corte de Justicia en la forma siguiente: doctor Jorge A. Subero Isa, Presidente; doctor Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; licenciado Juan Guilliani Vólquez, Segundo Sustituto de Presidente; doctores Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc Castellanos, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Enilda Reyes Pérez, Julio Genaro Campillo Pérez, Hugo Álvarez Valencia, Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Bernardo Fernández Pichardo, declinando únicamente este último.

Al día siguiente, fueron juramentados por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, y en la mañana del día 5 de agosto, estos fueron puestos en posesión por el mismo mandatario. Constituida la Cor te, se dispuso la integración de las tres cámaras, de la
manera siguiente: Cámara Civil: doctor Rafael Luciano Pichardo, Presidente; doctor Julio Genaro Campillo Pérez, doctora Margarita Tavares, doctora Eglis Margarita Esmurdoc C. y la doctora Ana Rosa
Bergés Dreyfous. Cámara Penal: doctor Hugo Álvarez Valencia, Presidente; doctor Julio Ibarra Ríos, doctora Dulce Rodríguez de Goris, doctor Edgar Hernández Mejía y el doctor Víctor José Castellanos Estrella. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario: doctor Juan Guilliani Vólquez, Presidente; doctor Julio Aníbal Suárez, doctora Enilda Reyes Pérez, y el doctor Juan Luperón Vásquez.

La renuncia de Fernández Pichardo y la muerte de los magistrados Julio Genaro Campillo Pérez y Juan Guilliani Vólquez, motivó una segunda convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, el 13 de septiembre de 2001, para elegir a los tres jueces que llenarían esas vacantes, recayendo la elección en los doctores y reconocidos juristas Pedro Romero Confesor, José Hernández Machado y Darío Fernández Espinal.

Actualmente, como parte del avance indetenible, el Poder Judicial también cuenta con el Consejo del Poder Judicial (CPJ), órgano creado en la Constitución proclama el año 2010 que hoy tiene las funciones administrativas, financieras y disciplinarias, iniciándose con ello una nueva era en el gobierno de los jueces y demás servidores judiciales.

El CPJ, juramentado el 7 de marzo de este año 2011, lo integran los jueces Jorge A. Subero Isa, quien lo preside, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera, y Elías Santini Perera,. Fueron juramentados como sustitutos de los tres últimos Etanislao Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo.

La creación del CPJ surge de una propuesta que hizo el magistrado Jorge A. Subero Isa en su discurso del 7 de enero del año 2007 con motivo del Día del Poder Judicial, denominado “Un Año de Gestión y la Segunda Ola de Reformas”.

Fuente: El Judicial, Página #5

Estructura orgánica del Registro del Estado Civil

Junta Central Electoral.

En adición a sus atribuciones electorales, este organismo tiene a su cargo el Registro del Estado Civil, a través de su Dirección Nacional. Está compuesta por cinco miembros y tiene una división en tres instancias:

El Pleno, conformado por la totalidad de sus Miembros y dirigido por el Presidente, una Cámara Administrativa, compuesta por un Presidente y dos miembros, y la Cámara Contenciosa, integrada por un Presidente y cuatro miembros. (Art.4 Ley Electoral No. 275-97).

El Pleno de la junta Central Electoral es la instancia competente de conocer todos los expedientes relativos al Registro del Estado Civil, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 9 de la Ley No.659 sobre Actos del Estado Civil de fecha 17 de julio del 1944. (Numeral 14 del artículo 3 del Reglamento Interno de la junta Central Electoral).

La Cámara Administrativa está facultada para recomendar al Pleno de la junta Central Electoral, el nombramiento de todos los funcionarios de la Institución y sus dependencias, así como fijar el horario de trabajo de todo el sistema del Registro Civil, que incluye la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil, entre otros. (Literales a y b, del Artículo 6 de la Ley Electoral No.275-97).

De igual manera, todo cuanto tenga que ver con la parte administrativa de las Oficialías del Estado Civil será de la competencia de la Cámara Administrativa. (Numeral 14 del Artículo 3 del Reglamento Interno de la Junta Central Electoral).

Comisión de Oficialías. Está integrada por cinco Miembros y tiene a su cargo el conocimiento para su opinión sobre los expedientes relativos a los Actos del Estado Civil asentados que presentan omisiones, irregularidades o los que para su asentamiento requieren autorización.

Esta Comisión tiene por finalidad, evaluar, estudiar y deliberar sobre cualquier aspecto del Estado Civil, bien sea de oficio o a requerimiento de cualquier otra instancia de la junta Central Electoral, y podrá tomar sus decisiones las cuales deberán ser refrendadas por el Pleno. (Conformada por Decisión del Pleno de la junta Central Electoral).

Dirección Nacional del Registro del Estado Civil. Es la entidad dependiente de la junta Central Electoral, encargada de todos los servicios del Estado Civil. Está a cargo de un Director Nacional en virtud del literal d, del Párrafo III del Art. 6 de la Ley No. 275­-97 del 21-12-97 y dos Sub-directores, cargos creados por la JCE en virtud del literal i, de esta misma disposición legal.

Oficina Central del Estado Civil. Es la institución que tiene como atribución principal, la custodia y conservación de uno de los Registros Originales que anualmente. deben enviarle los Oficiales del Estado Civil, de los cuales podrá expedir copias, y a la vez es la encargada de autenticar o legalizar las firmas estampadas por los Oficiales del Estado Civil en las actas. Está conformada por un Director y dos Sub-directores. (Art.5 Ley No.659/44).

Oficialías del Estado Civil. Son las oficinas integradas por un Oficial del Estado Civil, dos Suplentes y un Asistente Administrativo, encargadas de registrar y expedir las actas relacionadas con el estado civil de las personas. (Art. 1 Ley No.659/44).

Delegación de Oficialías del Estado Civil. Es la Oficina a cargo de un Delegado, que funciona en el Distrito Nacional, encargada de registrar y expedir las actas relativas a las defunciones. (Art. 1 Ley No.659/44).

Delegaciones en Centros de Salud. Son las oficinas encargadas de registrar oportunamente los nacimientos y las de­funciones en los centros hospitalarios, así como de registrar en los libros correspon­dientes, el nacimiento de hijos de padres extranjeros no residentes en el país. (Decisión Administrativa JCE, año 1997 y Art. 5, Párrafo III Ley No. 136-03).

Centros de Servicios. Son oficinas ubicadas en regiones estraté­gicas del país, desde las cuales se pueden expedir actas de cualquier índole, independientemente del lugar o de la Oficialía en la cual se encuentren registra­das. En estos centros se podrá también legalizar dichas actas. (Decisiones Admi­nistrativas,JCE)

Unidad Especializada de Declaraciones Tardías de Nacimiento.

(Decisión JCE, Acta No. 13/2005 del 7/9/2005). Es la encargada de recibir y depurar los expedientes de solicitud de declaraciones tardías de nacimientos para niños, niñas y personas mayores de 16 años de edad, está compuesta por una Encargada y una Sub-encargada.

Cuenta con Unidades Móviles que se desplazarán por lugares estratégicos de la geografía nacional en operativos de declaraciones tardías de nacimiento.

Todos los funcionarios y los empleados auxiliares del Registro Civil, son nombra­dos por la Junta Central Electoral. Para la designación del Director Nacional del Registro del Estado Civil, se requiere de la opinión de los partidos políticos.

Los Oficiales del Estado Civil serán designados conforme a la ley 8-92 de fecha 13 de abril de 1992 y a la Resolución de la Junta Central Electoral de fecha 30 de mayo del 2007, para el Sistema de carrera sobre la base de Concursos Públicos de Méritos por oposición.

Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC)

La Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) fue instituida mediante el Reglamento de fecha 07 de noviembre del 2007, aprobado en sesión administrativa de la junta Central Electoral mediante Acta No.31/2006.

Dentro de sus principales funciones se encuentra la evaluación y recomendación para el ingreso de los aspirantes a Oficiales del Estado Civil y sus Suplentes, y la capacitación de éstos y del personal técnico, administrativo del Sistema Nacional del Registro del Estado Civil.