Category: Estudiante de derecho

Declaraciones Tardías de Nacimiento (Art. 40 y 41 Ley 659)

Son las instrumentadas después de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurre el nacimiento. Este plazo surte efecto para la zona urbana. Para la zona rural el plazo es después de 90 días.

a) Personas menores de 16 años:

Requisitos para su registro:

  1. Cédula de Identidad y Electo­ral de los padres o Cédula de Identidad de Extranjero si se trata de residentes legales en el país.
  2. Certificado de la Clínica u Hos­pital (debe contener la direc­ción, ya que ésta es la que determina la jurisdicción).
  3. Acta de matrimonio de los pa­dres si éstos son casados.

Si el Oficial del Estado Civil concibe alguna duda sobre la filiación, el lugar o el hecho del nacimiento, podrá requerir la presentación de otros documentos tales como: Certificación escolar, certificación de bautismo, tarjeta de vacunación, acta de nacimiento de los hermanos, etc. (Arts. 39 y40 Ley No.659/44).

Estos requerimientos debe hacerlos el Oficial del Estado Civil, dentro de su poder discrecional de investigación otorgado por el art. 40 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, pero no debe hacer uso abusi­vo de esta facultad, exigiendo documentos que no son necesarios, en atención a los derechos fundamentales de los niños, ni­ñas y adolescentes y a la problemática del sub-registro en el país.

b) Personas mayores de 16 años:

Requisitos para su registro:

a) Constancia de nacimiento o alum­bramiento del futuro inscrito, expe­dida por el médico, clínica u hospi­tal, Partera o Alcalde Pedáneo.

b) Cédulas de Identidad vigente de los padres del futuro inscrito, en caso de filiación legítima o reconocida o de la madre en caso de filiación natural; y del declarante previsto por la Ley. (Art.43 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil). En caso de que los padres o uno de ellos haya fallecido, deberá presentar Acta de Defunción, expedida por el Oficial del Estado Civil correspondiente.

c) Acta de Matrimonio de los padres del futuro inscrito, si éstos fueron casados.

d) Certificación de no inscripción de la o de las Oficialías del Municipio o del Distrito Municipal donde nació la persona a declarar, la cual se expedirá libre de impuestos y de manera gratuita.

e) Constancia de Bautismo

f) Dos fotografías 2×2 del futuro inscrito

Estos requisitos fueron establecidos por la Resolución de la junta Central Electoral No. 07-2003 de fecha 17 de noviembre del año 2003, sobre Declaraciones Tardías y su Manual de Aplicación.

Todos los documentos deben ser depositados en la Oficialía del Estado Civil por los propios interesados y/o por los padres declarantes, los cuales serán entrevistados por el Oficial del Estado Civil, a fin de confirmar los datos contenidos en dichos documentos. Para el trámite de expediente de declaración tardía no se podrán utilizar intermediarios o representantes.

El Oficial del Estado Civil remitirá a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil el expediente en original completo, indicando en caso de que los padres del futuro inscrito hayan fallecido, el nombre completo de la persona que actuará como declarante, anexando copia de su cédula de identidad y electoral y especificando el vínculo, parentesco o afinidad con la persona a declarar. (Circular No. 41 de la Dirección del Registro Civil de fecha 20-09­2007).

La Dirección Nacional del Registro del Es­tado Civil solicitará a la Dirección Nacional del Registro Electoral, la expedición de certificaciones o constancias que indiquen si él o la peticionaria están inscritas en la cédula de identidad y electoral o en los archivos de la cédula de identificación personal (cédula vieja), y en caso afirmativo hacer constar si para tales fines se aportó acta de nacimiento.

En caso de que los padres del futuro inscri­to hayan fallecido, la Dirección apoderará a la Comisión de Oficialías para que autori­ce a la persona sugerida como declarante, no prevista en el Art.43 de la Ley 659 a hacer la declaración.

La Dirección del Registro del Estado Civil devolverá el expediente completo a la Oficialía correspondiente, pero este envío no exime al Oficial del Estado Civil de la responsabilidad de hacer sus investiga­ciones previas a la inscripción del naci­miento, de conformidad con el Art. 40 de la Ley No. 659.

En los casos de registro de declaraciones tardías de nacimiento, el Oficial del Estado Civil deberá solicitar en el más breve plazo, vía Procurador Fiscal del Distrito judicial correspondiente al Tribunal Judicial competente, la ratificación de la declaración.

En los casos de declaraciones tardías ya inscritas en los registros comprendidas entre los años 1965 hasta el año 1992, que no hayan sido ratificadas por el tribunal competente, deberán ratificarse presentando las documentaciones siguientes:

1.- Copia de las cédulas de los padres (o del que figure en el acta), o una certificación de las mismas o de otro documento del que pueda establecerse la identidad de esas personas.

2.- La declaración jurada a que se contrae el formulario OC-25, que firmarán ante el Oficial del Estado Civil actuante, la persona interesada o su representante legal, así como los testigos a que la misma se refiere, anexando copia de las respectivas cédulas de estos últimos.

3.- Cualquier otro documento que el Oficial del Estado Civil actuante estime pertinente.

(Resolución 5-99 de fecha 4 de agosto de 1999 de la Junta Central Electoral)

Muy importante: En todos los casos de registros de declaraciones de nacimientos oportunas o tardías, por lo menos uno de los padres debe ser dominicano, o si son extranjeros, uno de ellos o ambos deben ser residentes legales en el país, debidamente identificados con su cédula de identidad y electoral o con su cédula de identidad de extranjero.

Las declaraciones oportunas y tardías de nacimiento deberán reportarse mensualmente a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, mediante el formulario RCRN-01, el cual deberá llenarse al momento de recibir la declaración y debe ser firmado por el declarante y por el Oficial del Estado Civil. En las Delegaciones de Oficialías en los Centros de Salud, lo firma el empleado responsable.

Este formulario se llena en triplicado: El original para la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, la primera copia para el declarante y la segunda copia reposa en la Oficialía.

Las Oficialías o Delegaciones que operan con el Sistema Automatizado del Registro Civil están exentas del llenado y envío de estos formularios.

En los casos de padres extranjeros, residentes legales, portadores de cédula de identidad para extranjeros, se podrá además, consignarles su número de pasaporte, a fin de evitarle futuros inconvenientes con los trámites ante el consulado de su país de origen.

Fuente: Manual del Oficial del Estado Civil, Pág. #21

Declaraciones Oportunas de Nacimiento

Acta de Nacimiento
Acta de Nacimiento

Son las instrumentadas dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurre el nacimiento.  Este plazo surte efecto para la zona urbana. Para la zona rural el plazo es de 90 días. La Declaración deberá ser hecha en la Oficialía del Estado Civil cuya demarcación jurisdiccional esté dentro de los límites del lugar donde ocurrió el nacimiento (clínica, hospital, etc. Art.39 Ley No. 659/44).

El nacimiento será declarado por el padre o a falta de éste, por la madre, o por los médicos, cirujanos, parteras u otras personas que hubiesen asistido al parto; y en el caso de que éste hubiese ocurrido fuera de la residencia de la madre, la declaración se hará además por la persona en cuya casa se hubiese verificado. (Art.43 Ley No.659/44).

En el caso de los padres estar fallecidos la junta Central Electoral autoriza la comparecencia de un tercero no citado en el párrafo anterior.

La madre menor de dieciséis (16) años de edad en estado de gestación, podrá decla­rar el nacimiento de su hijo (a) al nacer, siempre que este provista de su cédula de menor de conformidad con la Resolución No. 08-2007 de fecha 7 de noviembre del 2007 de la Junta Central Electoral.

Descargue la Sentencia sobre senador Félix Ramón Bautista Rosario

Mag. Alejandro Adolfo Moscoso Segarra

Descargue la Decisión (Resolución No. 544­-2015) senador Félix Ramón Bautista Rosario, la colocamos aquí con el único interés jurídico educativo, para que sea leída, analizada por los estudiantes de derecho, abogados y público en general apasionado por el mundo jurídico-legal.

He aquí la parte final de dicha Resolución marcada con el número 544-2015

R E S U E L V E:

PRIMERO: En cuanto a los imputados Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República por la provincia de San Juan; José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, declara la nulidad de la acusación presentada en su contra por el Procurador General de la República; y en consecuencia, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

SEGUNDO: En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión;

TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de oposición, nota de  advertencia, incautación,  secuestro y  cualquier otra medida restrictiva de la propiedad de los bienes de los imputados, descritos en parte anterior;

CUARTO: Exime el proceso de costas, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal;

QUINTO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas, encontrándose lista para su entrega en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la cual empieza a correr el plazo de cinco (5) días para la interposición del correspondiente recurso de apelación, de conformidad con las previsiones de los artículos 143, 304, 335, 410 y 411 del Código Procesal Penal.

 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra,

Grimilda Acosta

Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por el Juez que figura en su  encabezamiento, en audiencia pública día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Por favor presione aquí ver completamente Resolución núm. 544-­2015

Senador de la República, Secretario de Organización del @PLDenlinea y Presidente de FUNDI.
Félix Bautista

¿Cuáles derechos fundamentales que están contenidos en la constitución dominicana de 2010?

Derecho a la vida

Derecho a la dignidad humana

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la libertad de empresa

Derecho a la propiedad

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la salud Derecho a la educación

Derecho a la vivienda Derecho a la familia Derecho al trabajo Entre otros

¿Por qué se llaman derechos fundamentales?

Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.

El cual establece lo siguiente:

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

¿Qué son los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas inherentes al ser humano, ya que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Se encuentran incluidos en la Constitución, se consideran como esenciales en todo sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección.

El asilo en embajadas y legaciones

Un ejemplo es el caso de Julian Assage en la Embajada de Ecuador en Inglaterra

En este capítulo trataremos un tema que estuvo practicándose en los países hispanoamericanos y que la cobró preponderancia con motivo de la guerra de España. El segundo Tratado de Montevideo de 4 de agosto de 1939, trata del tema con mucha extensión y comete el grave error de creer que la función de extraterritorialidad alcanza hasta considerar territorio del país del diplomático los lugares en que se hallan edificadas las Embajadas y Legaciones. Es obvio, puesto que en el artículo 29 enumera éstas junto con los buques de guerra, con los campamentos y con las aeronaves militares.

Es del todo abusivo que ese excepcional asilo, no sólo se extienda a las Embajadas o Legaciones propiamente dichas, sino que se amplíe a la posibilidad de alquilar locales para amparar en ellos a los que buscan refugio. Véase al respecto el artículo 89 de este nuevo Tratado de Montevideo además en él se imponen limitaciones: sólo se asilará a los delincuentes políticos contra los que no proceda extradición (articulo 2°). Además se prevé que los protegidos por la legación no alteren la paz pública ni ejerzan acción política, ni se comuniquen con el exterior (artículo 5°). En España se dio el triste caso que desde muchas delegaciones y embajadas se conspiraba impunemente. El Tratado de Montevideo que puede exigir el Estado donde el cuerpo diplomático ampare los delincuentes políticos; que los saquen del territorio, prestando los medios necesarios y la debida seguridad. No se les permitirá detenerse en su país ni volver a él. De modo que si volviere no gozaran de nuevos asilos.

EL ASILO DIPLOMATICO

La esencia de este asilo consiste en que la sede representante diplomático sirve de protección a las personas que son perseguidas por las autoridades del país donde está acreditado el representante diplomático. Es por esta razón que el asilo concebido de la manera anteriormente definida, puede nombrarse Asilo Diplomático.

Este hasta el siglo XV era desconocido, puesto que hasta ese momento las Embajadas o legaciones de carácter permanente no existían. Así por ejemplo, en la antigüedad, lo mismo que en la Edad Media, los embajadores y Legaciones no eran sino personas encargadas de una misión temporal: dicho de otro modo, ellos no residían en el país de su misión. Lo que consagró de manera definitiva la transformación de embajadores intermitentes en embajadores permanentes fue el Congreso de Westfalia (1648).

El Asilo en América Latina, desde su origen ha sido una institución importada. Al mismo tiempo, a causa de su condición de colonia, los países latinoamericanos hasta el momento no conocían otra forma de asilo que el religioso. Precisamente en el siglo XIX, cuando la mayoría de los países  América Latina se emanciparon el Asilo Diplomático, había sido condenado por la doctrina y la política de países Europeos. El Asilo Diplomático fue adoptado por los países latinoamericanos en su aspecto más “moderno’ es decir, que fue acordado desde el inicio, únicamente en favor de personas perseguidas por causas políticas, y no en favor de criminales de delitos de derecho común.

“Rodolfo Nervo expresa que: La tradición del Asilo existente en América Latina, cuyo origen deben buscarse sin duda en la generosidad y los sentimientos hospitalarios de esos jóvenes nacionalistas más bien, que en las frecuentes conmociones políticas, como es la opinión de algunos internacionalistas”.

Convención de Caracas de 1954, sobre Asilo Diplomático; Esta convención fue firmada por todos los países latinoamericanos, en fecha 28 de marzo de 1954 en la Décima Conferencia Interamericana.- Según el Art. 2 de esta Convención el Asilo como derecho subjetivo pertenece sólo al Estado y no al individuo, pero el individuo siempre tiene el derecho de solicitar o buscar Asilo, lo cual se prevé en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Según el Art. 4, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre pertenece al Estado que otorga el Asilo, clarificar la naturaleza del delito o de juzgar los motivos de la persecución. Por su parte, el Art. 6, no sólo liga de urgencia con que aquél cuando la vida del individuo está en peligro por persecuciones de masas excitadas, sino que se extiende el caso de urgencia cuando la libertad del individuo se encuentra en peligro sin importar qué tipo de persecuciones políticas.- El Art. 7, expresa que el que determina esta noción de urgencia es el Estado aislante.

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para formar su criterio respecto a la naturaleza del delito.

Es decir, que permite al Estado local participar en la calificación del delito. El Asilo, una vez acordado, el Estado que lo acuerda puede demandar la salida del refugiado para un territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado acordar inmediatamente, salvo en casos de fuerza mayor, las garantías necesarias prevista en el Art. 5 así como el Salvo conducto.

Esta Convención da mayor precisión a ciertos dispositivos previstos en convenciones anteriores, y da a otras un matiz diferente, introduce disposiciones e incorpora muchas innovaciones introducidas por el Tratado de Montevideo de 1939.

Las Convenciones de La Habana de 1928, de Montevideo de 1933 y de Caracas de 1954, y los dos Tratados de Montevideo de 1989 y 1939, son los principales instrumentos jurídicos relativos al Asilo Extraterritorial elaborado en América Latina y a los cuales están afiliados la mayoría de los países que forman este continente. Aquellos que no están ligados ni a una u otra de las tres convenciones mencionadas, lo son uno de los dos Tratados. La República Dominicana, aunque firmó la Convención de Caracas de 1954, no está ligada por ninguno de los acuerdos mencionados.

El asilo político en la República Dominicana

La política diplomática aplicada por los gobiernos para recibir a terroristas, secuestradores, presidentes derrocados y personajes de dudosa reputación, constituye una práctica de larga data en la República Dominicana.

Durante la época de RAFAEL L. TRUJILLO, “El JEFE”, abrió las puertas a dictadores que huían al ser derrocados sus regímenes de fuerza. Fueron huéspedes del país Gerardo Machado y Fulgencio Batista, de Cuba; Marcos Pérez Jiménez, de Venezuela, Gustavo Rojas Pinilla, de Colombia, y Juan Domingo Péron, de Argentina.

En el pasado, cada vez que se producía un golpe de Estado en Haití, el país acogía a los derrocados, sin tomar en cuenta, la mayoría de las veces, su ligación con el crimen. Leslie Manigat, su esposa Myrlandet y una hija del matrimonio arribaron el 20 de junio de 1988 procedente de Puerto Príncipe en un avión militar que aterrizó en la base aérea de San Isidro.

El Gobierno emitió un comunicado anunciando que le Concedido Asilo Diplomático. Fue trasladado a un hotel de la ciudad de Santo Domingo; las reservaciones de las habitaciones fueron hechas a nombre de la Cancillería dominicana.

Encabezó el gobierno desde el 7 de febrero de 1988 hasta el 19 de junio del mismo año, Manigat fue derrocado por el Teniente Coronel Henry Namphy, el hombre que encabezó el Consejo Nacional de Gobierno a la caída de Jean Claude Duvalier, Manigat fue elegido en unos comicios organizados por los militares en enero de 1988.

Namphy fue derrocado el 17 de septiembre de 1988 por un golpe militar y reemplazado por una Junta encabezada por Prosper Avril. El país le concedió Asilo Político por “razones humanitarias”, según la Cancillería Dominicana.

Se alojó también en el mismo hotel que usara Manigat; llegó al país el día 18 de septiembre de 1988 en un vuelo privado, acompañado de su esposa y una hija. Fue trasladado, luego de múltiples protestas, a un hotel de la región Este. Hasta la iglesia Católica se pronunció en contra de su permanencia en el territorio dominicano. Prósper Avril fue expulsado hacia la República Dominicana el 24 de noviembre de 1992, cuando intentaba regresar a su país tras haber salido de los Estados Unidos donde residía.

La República Dominicana le otorgó Asilo a FRANCK ROMAIN, ex-jefe de la policía de Puerto Príncipe en la década del 70.

El caso con los terroristas de la ETA es diferente. Vinieron a la República Dominicana en 1989, deportados, tras el fracaso de las conversaciones de ARGEL entre el gobierno español y la ETA. Los dirigentes de la banda Eugenio Etxebeste (“ANTXON), Belén González Peñalva, Ignacio Arakama Mendía, (MACARIO), Angel Uturbe Abásolo y José María Gautxegui. Los etarras vinieron al país fruto de un acuerdo entre los anteriores jefes de Estados Felipe González y Joaquín Balaguer. A los cinco se los moteja de “Históricos”, en alusión a su vieja militancia en la organización.

En marzo de 1994 las autoridades españolas formalizaron una solicitud de extradición contra Arakama Mendía, conocido como Macario, pero el gobierno no acogió la solicitud.

El Juéz Carlos Bueren pidió a las autoridades dominicanas el 28 de diciembre de 1995 la entrega de Antxón, pero el gobierno dominicano tampoco optemperó.

Entre la República Dominicana y España existe un convenio de extradición firmado en 1981.

En julio de 1996, el terrorista Juan María Soares fue condenado a 228 años de cárcel. Había vivido por varios años en Santo Domingo y voluntariamente decidió ponerse a disposición de la justicia Española.

El 22 de Marzo de 1993 llegaron al país como asilados políticos, José Manuel Urbina Lara y Guillermo Oporto, tras mantener durante trece días al embajador y al personal de la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

El 8 de marzo el Comando antisandinista Yolaina, integrado por cinco hombres, tomó por asalto la embajada nicaragüense en Costa Rica y, mantuvo como rehenes al embajador Alfonso Robelo y otras 24 personas.

Los secuestradores recibieron 250,000 dólares de rescate; Originalmente el comando exigía un cambio de política en Nica-ragua, la renuncia del Ministro de la Presidencia, ANTONIO LACAYO, Y DEL JEFE DEL Ejército, Humberto Ortega. El acuerdo no incluyó esas demandas. El 26 de marzo Costa Rica solicitó a la República Dominicana la extradición de Urbina Lara, jefe del Comando, quien se casó con una dominicana y publicó un libro en el país de sus vivencias del secuestro.

Tendencia restrictiva en el Asilo Político

Según vemos, Francia ya ha limitado en su ley la exclusión de cierta clase de delitos políticos, y lo mismo lo hace la legislación Alemana, exceptuando del Asilo los autores de actos reprochables.

Por la vía de la restricción ha llegado al máximo el Código fascista, donde no se haya acogido el asilo para la delincuencia política. Hace muchos años que Lammasch exceptuaba los delitos contra la vida de los semejantes, y lo mismo hace luego Conti Martiz no comprende el incendio. Y Pella, las acciones muy graves e inmorales.

El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Ginebra habida en 1892, y el artículo 6° del Tratado tipo de la Comisión Internacional penal y penitenciaria, representan esta tendencia restrictiva de la inmunidad política en materia extradicional. El acuerdo del citado Instituto exceptúa de aquel favor los crímenes conexos de índole grave, desde el punto de vista de la moral y del Derecho común, tales como el asesinato, homicidio, envenenamiento, etc. El artículo 6° del Tratado tipo a que acabamos de referirnos, exceptúa, a su vez, los casos de homicidio ejecutados o intentados con una brutalidad particular.

Excepción de los magnicidas

A consecuencia del atentado de Jaquin contra Napoleón III el año 1854, la ley Belga de 22 de marzo de 1856 declaró que “no se considerará político ni hecho Conexo a un 4elito semejante el atentado contra la persona del Jefe de un Gobierno extranjero o contra miembros de su familia, si este atentado constituye un hecho de asesinato, de homicidio o de envenenamiento”. El Tratado que se celebró entre Francia y Bélgica aquel mismo año es el primero ‘que contiene esa fórmula, que desde entonces se conoce como “cláusula belga relativa al atentado”.

La inmensa mayoría de los convenios de extradición la aceptan, si se exceptúan Inglaterra y Estados Unidos. Suiza somete a examen minucioso el problema, e Italia también rechazó la famosa cláusula hasta este siglo. Desde la muerte del rey Humberto, en 1900, sigue la communis opinio.

La excepción de la excepción se ha ido ampliando y hoy son varios los tratados y, sobre todo, las leyes internas que proclaman la entrega de los magnicidas; es decir, de los autores de homicidio contra los Ministros y altos funcionarios. Por eso entregó la República de Weimar a Nicolao, el matador del Presidente del Consejo Eduardo Dato: Mas aun debemos reconocer que la materia se haya sujeta a los quehaceres políticos. En 1921, Alemania negó la entrega de Emerich Csernyak, acusado de la muerte del conde Tisza, ex Presidente del Consejo de Ministros de Hungría. Ello dio motivo a que tres años después del gobierno Húngaro negase la extradición de Schuletz, homicida de Mathías Erzberger.

Por otro lado el código Bustamante en su Artículo 357, enseña lo siguiente: “No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del jefe de un estado contratante o de cualquier persona que en él ejerza autoridad”. A nuestro entender no hay motivo alguno para semejante excepción. En el más característico de delitos político es la muerte dada al Tirano, que en la mayoría de los casos es el Jefe del Estado. Es así, que cuando el móvil político provoca el magnicidio, su autor tiene que recibir asilo.

Delitos complejos y conexos

Es necesario distinguir:

1ero. Delitos políticos puros: Lo son en realidad los que se cometen contra la forma de la organización política de un Estado.

2do. Delitos políticos complejos: Son aquellos que lesionan a la vez el orden político y el derecho común, como el homicidio de un jefe de gobierno.

3ro. Delitos conexos: Los son aquellos que se ligan estrechamente al fin político, aunque de por sí constituyen un delito común: el homicidio en la revolución, substracción de caballerías y armas para un levantamiento y el robo de un aeroplano para huir en la hipótesis, al hablar del fracaso. La ley francesa, al hablar de delitos conexos, los declara amparables cuando lo fuesen en según los usos de la guerra.