Category: Estudiante de derecho

Asilo de los delincuentes políticos

Harto sabido es que los primeros Tratados de extradición, como, por ejemplo, el celebrado en el siglo XII entre el rey de Inglaterra y el de Escocia, el que se pactó en el XIV entre el rey de Francia y el conde de Saboya, y por lo que respecta a España, el que se convino entre Pedro I de Castilla y el rey de Portugal en 1360, versaban justamente sobre la delincuencia política y, en particular, sobre el delito de lesa majestad.

Fue a partir de 1815 cuando Inglaterra rechaza la extradición de culpables de delitos políticos. Su conducta se sigue por otros Estados y halla consagración solemne en el artículo 5° de la ley Belga del 1° de octubre de 1833, en la que se dice: “Será expresamente estipulado que el extranjero no podrá ser perseguido o castigado por delito político anterior a la extradición ni por ningún hecho conexo a dicho delito.”

Las legislaciones vigentes y los tratados que actualmente aceptan tal Asilo se dividen en tres grupos:

1ero. La inmensa mayoría proclama el refugio de los delincuentes que han cometido un delito político o de los que han perpetrado alguno en conexidad con aquél. Lo mismo establece el artículo 355 del Código Bustamante, y agrega que, “tampoco se acordará si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter Político…” La calificación será hecha por el Estado requerido.

2do. Algunas leyes internas sólo excluyen los delitos estrictamente políticos. Así acontece con las de Suiza, Brasil y Finlandia. 3ero.También es breve el número de las disposiciones vigentes que excluyen no sólo los delitos políticos, sino también los sociales, con la fórmula que dio el Proyecto ferriano de delitos “político – sociales”. Ello acontece en el citado proyecto, de Italia de 1921, en el artículo 30 de la Constitución española en el 9° del Código Penal Colombiano.

La práctica precedió a la doctrina en orden a la exclusión de entrega de aquellos que habían vulnerado normas políticas o con motivación de esta índole. El libro de Provo Klutt, que defiende y razona el Asilo político, fue escrito en 1729. Apenas si se necesita explorar las razones que apoyan la no entrega de los delincuentes políticos. Es común oír decir que así se evita el despotismo y que, como Lord Palmerston afirmaba, se vigoriza el concepto de humanidad. Muy agudamente dijo Geyer que antes que entregar al que ha cometido un delito de esta clase sería preciso decidir la legitimidad del gobierno que le persigue.

En verdad, un delincuente político no es peligroso cuando se expatria. Si va a una república huyendo de su país, donde impera la monarquía, es obvio que el pueblo de refugio nada puede temer de él. Tampoco ofrece peligrosidad para otro Estado regido por reyes, porque al puro delincuente político sólo le interesa el problema de su nación

Los bancos dominicanos trabajarán con la cédula vieja

Vieja Cédula de Identidad y Electoral
Vieja Cédula de Identidad y Electoral

Información muy útil y lleva un poco de tranquilidad a muchas personas, relacionado con el tema de la nueva cédula de identidad y electoral.

De acuerdo a una publicación en el periódico ¨Diario Libre¨, los bancos están autorizados permitir cédula vieja, de acuerdo con una autorización emitida por Asociación de Bancos Comerciales, estuvimos revisando la página en Internet de dicha institución pero no vimos nada al respecto, http://www.aba.org.do/.

Por favor si usted no tiene su nuevo documento aún, les recomendamos que haga un esfuerzo por tenerlo a manos, para que su vida jurídica no se vea afectada así como sus intereses financieros.

Aquí les dejo el enlace con la información completa:

http://www.diariolibre.com/noticias/2015/01/12/i963881_autorizan-los-bancos-permitir-cdula-vieja.html?t=comments

También el periódico El Nacional en su versión digital nos amplia más la información, ver aquí:

Bancos aceptan vieja cédula en operaciones

Definiciones en el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal

Sospechoso identificadoPrueba admisible: Característica necesaria del elemento de prueba para su incorporación al proceso sobre la base de su legalidad, utilidad, pertinencia y relevancia.

Acreditación: Mecanismo utilizado durante una audiencia para la autenticación o identificación de los medios de prueba recibidos y exhibidos con el propósito de convencer al juez o tribunal respecto a su credibilidad.

Autenticación: Mecanismo mediante el cual se sientan las bases para la admisión como prueba de un objeto o documento.

Base probatoria: Mecanismo utilizado durante la audiencia mediante la declaración de un testigo o perito a fin de incorporar objetos, documentos y otros medios de prueba.

Calificación de perito: Mecanismo utilizado por las partes a fin de proporcionar al tribunal la información necesaria para establecer la calidad habilitante respecto del tema de tipo científico o técnico para el cual ha sido propuesto el testigo pericial.

Conocimiento personal: Condición necesaria para admitir la relación de hecho presentada a través de prueba testimonial no pericial.

Declaración: Exposición de la existencia o inexistencia sobre un hecho o situación de derecho.

Defensa de coartada. Aquella que mediante evidencia clara y convincente logre establecer la imposibilidad material de que el imputado sea autor, coautor o cómplice del hecho que se le atribuye.

Elementos de prueba: Conjunto de indicios y/o evidencia física que sostiene la pretensión de una parte.

Estipulación: Acuerdo bajo supervisión judicial que implica un desistimiento formal de las partes de hacer oposición sobre la cuestión tratada.

Evidencia física: Cualquier cosa, desde objetos a trazas microscópicas que pueda ofrecer cualquier tipo de indicio relevante para la investigación.

Impugnación: Técnica utilizada por las partes a fin de afectar de forma negativa la credibilidad del testigo o perito u otro medio de prueba, o para lograr su exclusión del debate.

Acreditación de la pruebaIncorporación de pruebas: Acto judicial de introducir los elementos de prueba obtenidos por las partes.

Integridad de la prueba: Condición necesaria para la admisibilidad de una evidencia física mediante el establecimiento de una cadena de custodia.

Interrogatorio: Se refiere al examen de testigos o peritos a través de preguntas dirigidas a establecer la existencia de un hecho alegado.

Legitimación de la prueba: Admisión por parte del tribunal de los elementos de prueba aportados por las partes, luego de un examen previo respecto a su legalidad y pertinencia.

Materia privilegiada: Se trata de derechos de confidencialidad que tiene el testigo para negarse a prestar información considerada secreta por haber sido recibida con expectativa de confidencialidad, siempre que la ley le acuerde tal derecho.

Objeción: Es el mecanismo legal que puede ser utilizado por las partes durante el conocimiento de una causa a los fines de manifestar su oposición a la formulación de una pregunta o respuesta, argumento, actitud de los sujetos procesales considerada indebida o a la presentación de evidencia inadmisible y cualquier otra actuación contraria a la reglamentación procesal.

Oferta de pruebas: Se refiere a la acción material de una parte de poner en conocimiento de las demás, la prueba que habrá de presentar en la audiencia correspondiente.

Prueba circunstancial: Se refiere a aquella que prueba un hecho del cual se infieren otros.

Prueba demostrativa o ilustrativa: Se refiere a aquella utilizada para explicar, clarificar o visualizar un hecho a través de cualquier medio ilustrativo.

Prueba directa: Aquella que por sí sola demuestra la existencia de un hecho en controversia.

Prueba preconstituida: Se refiere a aquella prueba elaborada por la parte que la presenta con miras a su utilización en la eventualidad de un proceso posterior.

Prueba real: Aquella que forma parte de los hechos del caso.

Rehabilitación de testigo: Mecanismo mediante el cual la parte que presentó a un testigo impugnado procura reestablecer su credibilidad o la de su testimonio.

Testigo reticente: Persona citada a declarar como testigo que no comparece o que se niega a satisfacer el objeto de la citación.

Testigo hostil: Testigo o persona que al prestar declaración, varía su testimonio respecto de otro que haya formulado anteriormente, ya sea por ante otra autoridad o jurisdicción, como al proponente.

Síndrome de la mujer maltratada: Afección de tipo psicológico, provocada en la mujer por su pareja, por medio de violencia ejercida sobre ésta como patrón de conducta, que por su frecuencia e intensidad ha disminuido su autoestima y anulado su capacidad de percibirse a sí misma como un ente con los valores y derechos inherentes a su condición humana, provocándole una obnubilación total o parcial de sus sentidos.

Supuestos exculpatorios: Conjunto de circunstancias utilizadas por el imputado como medio de defensa, con el propósito de desvirtuar la acusación sobre la base de la legitimidad y justificación de su actuación.


Valor probatorio:
El peso que merece al juzgador determinada evidencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todos los elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y pertinencia, de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal.

Interrogatorio Re-directo: Segundo interrogatorio realizado por la parte proponente del testigo o perito, a los fines de rehabilitar su credibilidad, luego de este haber sido sometido al contra-interrogatorio por la parte adversa.

Re-Contra interrogatorio: Segundo interrogatorio realizado al testigo o perito, por la adversa al que lo propone a los fines de reafirmar su impugnación.

Fuente: Resolución No. 3869-2006 Suprema Corte de Justicia

TC anula artículo 32 de la ley 10-04 de Cámara de Cuentas

El Tribunal Constitucional dispuso la nulidad, por  violar la Carta Magna,  del artículo 32 de la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, que obliga a las instituciones  y organismos del Estado a pedir autorización a ese órgano fiscalizador para contratar firmas privadas seleccionadas mediante concurso.

El TC acogió una acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el Banco Central el 25 de septiembre del 2005, contra los artículos 32 y 35 de la ley 10-04, sobre la Cámara de Cuentas, del 20 de enero de 2004.

El Banco Central (BC) solicitó al TC que anule el artículo 32 de esa ley, por considerar que exigirle legalmente que obtenga una autorización de otro órgano constitucional (en este caso la Cámara de Cuentas) para poder contratar una firma privada que fiscalice externamente sus operaciones y gestión, como establece el artículo 16.b de la Ley Monetaria y Financiera,  constituye una vulneración a la autonomía que le ha conferido el artículo 111 de la Constitución de 2002 y mantenida en el 225 de la Constitución de 2010.

El TC señaló que la acción en inconstitucionalidad fue sometida por el BC por ante la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, a consecuencia del requerimiento realizado por la Cámara de Cuentas de dar cumplimiento a los artículos 32 y 35 de su ley orgánica, de la obligación de sujetarse a la autorización previa y expresa para contratar firmas privadas que realicen auditorías externas de sus operaciones.

Según el expediente, el BC procuró hacer valer ante la Cámara de Cuentas, por vía de intercambio de comunicaciones, que el contenido de tales artículos no aplica para aquellas instituciones que,  como el BC, son de carácter autónomo por disposición del orden constitucional. Agrega que esa forma de entender la autonomía constitucional no fue asumida por la Cámara de Cuentas, que reiteró al BC su facultad exclusiva para ejercer a través de la auditoría gubernamental el control externo de las instituciones del Estado.

El TC también declaró no conforme con la Constitución, la siguiente expresión del artículo 35 de la Ley No. 14-04:  “Las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público”.

Información Pública
Además, el TC estableció, por otra parte, que  el ámbito de aplicación de la Ley  200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, no solo concierne a las entidades públicas que reciben fondos públicos, sino también a las entidades privadas que ejerzan funciones públicas o que puedan ser beneficiarias de subvenciones suministradas por el Estado dominicano.

Consideró que el artículo 6 de la ley solo exime a esos organismos e instituciones de derecho privado,  de asignar un responsable de acceso a la información (RAI) y de organizar una oficina de acceso a la información (OAI).

Fuente: Listin Diario 19 Diciembre 2014,

Por Wanda Méndez