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Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

REGLAMENTO JURISDICCIONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO.
PROCESOS CONSTITUCIONALES

Sección I

Reglas aplicables a los procesos constitucionales.

Artículo 1. Sujeción a la Constitución y a la Ley núm. 137-11: Los procesos que conoce el Tribunal Constitucional se sustanciarán de acuerdo con la Constitución, las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad y la Ley núm. 137-11.

De acuerdo con la referida ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho procesal constitucional, y solo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.

Artículo 2. Normas reglamentarias e interpretación del Pleno: La tramitación interna de los procesos constitucionales se efectuará de acuerdo con las normas generales y las previsiones que para cada uno de ellos establece la Ley núm. 137-11 y este reglamento. El Pleno interpretará estas normas en la forma más útil para la efectividad de la justicia constitucional.

Artículo 3. Comisiones operativas: Para el conocimiento y agilización de los expedientes, los jueces del Tribunal Constitucional se organizan en comisiones operativas cuya integración se efectuará cada dos años, coordinadas por uno de sus miembros durante un año.

El coordinador de cada comisión operativa tramitará al Pleno los proyectos de sentencias discutidos en su comisión para fines de deliberación y fallo.

En la elaboración de los proyectos de sentencia, las comisiones operativas darán preferencia al conocimiento de los expedientes declarados de urgencia por el Pleno o por el presidente, así como a los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo y las solicitudes de medidas cautelares.

Sección II
Tramitación de los procesos constitucionales

Artículo 4. Inicio de los procedimientos: Los procesos constitucionales se iniciarán de la manera siguiente:

  1. La acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales y los conflictos de competencia, mediante el depósito de una instancia en la Secretaría del Tribunal Constitucional.
  2. El recurso de revisión constitucional de las sentencias de amparo y el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, mediante el depósito de los mismos en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida.
  3. Las solicitudes de medidas cautelares, mediante el depósito de las mismas en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida o en la Secretaría del Tribunal Constitucional.

Artículo 5. Recepción de los expedientes: La Secretaría del Tribunal Constitucional, al recibir los expedientes, verificará que estén completos, de acuerdo con las previsiones que se establecen más adelante en este reglamento con relación a cada proceso.

Artículo 6. Identificación y asignación de los expedientes: La Secretaría
del Tribunal Constitucional identificará con un número cada uno de los expedientes que reciba, según el orden de entrada y conforme a la materia, y los asignará aleatoria y proporcionalmente a las comisiones operativas, y al presidente, con la presencia de los coordinadores de las comisiones (o de sus representantes), quienes a su vez los distribuirán de la misma forma entre sus miembros.

Las formalidades previstas para la asignación de los expedientes quedarán sin efecto tan pronto se instalen en la Secretaría mecanismos que permitan sorteos electrónicos.

El orden de asignación de los expedientes a partir de su fecha de entrada podrá ser excepcionalmente modificado por el Pleno a propuesta de uno de los jueces, o por el presidente (si n aprobación del Pleno), en los casos que considere de urgencia. El expediente declarado de urgencia será asignado de manera aleatoria a una las comisiones operativas o al presidente. El juez apoderado del expediente deberá presentar el proyecto de sentencia al Pleno en el más breve plazo posible.

De manera excepcional, el Pleno podrá asignar directamente el expediente declarado de urgencia al juez que esté apoderado de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia recurrida en revisión para que este proceda al examen de ambos conjunta o separadamente.

La circunstancia de la urgencia será considerada en forma casuística por el Pleno o el presidente.

Artículo 7. Trámite de los proyectos de sentencia: Una vez elaborados los proyectos de sentencia por la comisión operativa, el juez coordinador, o el presidente (si se tratara de proyectos trabajados en su despacho), los remitirá a la Secretaría del Tribunal para su inclusión en la agenda del Pleno.

Sección III
Sesión del Pleno

Artículo 8. Agenda del Pleno: El presidente, asistido por el secretario, elaborará la agenda de la sesión del Pleno, según el orden de recepción de los proyectos de sentencia. Al efecto, tomará en consideración el carácter preferente de los recursos constitucionales de revisión de sentencia de amparo y las solicitudes de medidas cautelares, así como los asuntos que hayan quedado pendientes de las sesiones anteriores del Pleno. Este orden será excepcionalmente modificado para priorizar los casos que se declaren de urgencia.

El secretario remitirá a cada juez copias de los proyectos de sentencia que figuran en la agenda, y sus expedientes respectivos, con un mínimo de cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la sesión del Pleno. Excepcionalmente, este plazo podrá ser reducido en caso de convocatoria de urgencia.

Artículo 9. Constitución del Pleno y discusión de la agenda: El cuórum del Pleno del Tribunal Constitucional se constituye con un mínimo de nueve (9) de sus trece (13) jueces. Comprobado el cuórum, el presidente declara abierta la sesión de trabajo y somete a discusión la agenda, que se agotará según el orden de los temas, salvo que el Pleno apruebe su modificación.

Previo al conocimiento de los casos, el Pleno podrá disponer la fusión de expedientes cuando exista conexidad entre ellos.

Artículo 10. Acta del Pleno: El secretario del Tribunal levantará acta de cada sesión del Pleno, la cual será aprobada en la próxima semana de plenos.

Sin perjuicio del secreto de las deliberaciones, en dicha acta el secretario hará constar, entre otros aspectos de interés:

  1. La fecha de la sesión, con la hora de inicio y de cierre, incluyendo las suspensiones y las reanudaciones.
  2. Los nombres de los jueces presentes, así como de los ausentes, haciendo constar las excusas si las hubieren.
  3. Un resumen del desarrollo de la sesión.
  4. Las modificaciones introducidas y aprobadas a los proyectos
  5. Los votos particulares (salvados o disidentes).
  6. Las consideraciones que los jueces soliciten hacer constar en el acta.
  7. Las firmas de los jueces, luego de la aprobación del acta.

Artículo 11. Deliberación y votación de los proyectos de sentencia: El proceso de la deliberación y votación seguirá el orden que se indica a continuación:

  1. Los debates se iniciarán con el turno del juez ponente, que presenta al Pleno el proyecto de sentencia para su deliberación y votación. Finalizado el turno del juez ponente, el presidente otorgará la palabra a los demás jueces en el orden que lo soliciten. El juez ponente podrá responder a cada una de las objeciones en particular tan pronto sean formuladas o, conjuntamente, al término de ellas.
  2. A solicitud de un juez, previo a la discusión de un expediente, su conocimiento será diferido por cuarenta y ocho (48) horas y agendado para una próxima sesión.
  3. Si en la discusión de un expediente, y previo al cierre de los debates, un juez motiva que sea diferido a otra sesión, su propuesta será sometida al Pleno y deberá contar con la mayoría de nueve (9) votos para ser aprobada.
  4. En el desarrollo de las deliberaciones, el presidente velará porque ellas tengan lugar dentro de un marco de respeto mutuo entre los jueces del Tribunal y hará llamados al orden cuando las circunstancias lo requieran.

Los miembros del Pleno son compromisarios en la preservación de un ambiente de tolerancia, armonía y consideración en sus sesiones.

  1. Agotados los turnos, el presidente cerrará los debates y someterá a votación el proyecto de sentencia presentado por el juez ponente, que se considerará aprobado cuando cuente con un mínimo de nueve (9) votos En caso contrario, será sometido de nuevo a una próxima sesión del Pleno, en un plazo no mayor de un (1) mes. Todos los jueces presentes en la deliberación tienen la obligación de votar a favor o en contra del proyecto.
  2. Si el Pleno aprueba una tesis distinta a la desarrollada en el proyecto original, podrá designar un nuevo juez ponente, que redactará el nuevo proyecto de sentencia conforme a la tesis mayoritaria, en caso de que el juez ponente original solicite el desapoderamiento del expediente.
  3. Si el proyecto de sentencia no obtiene la votación mínima requerida para su aprobación, se remitirá a la comisión operativa de origen, salvo que el Pleno decida enviar el proyecto a una comisión especial o someterlo a una nueva discusión y votación.
  4. En cada votación, el secretario deberá indicar en el acta el número de votos emitidos a favor y en contra del proyecto de sentencia, así como los votos salvados o disidentes, los cuales serán incorporados en la sentencia.

i ) Los jueces del Tribunal no pueden ser recusados. Sin embargo, deben inhibirse por decisión propia de participar en el conocimiento y deliberación de los asuntos en que concurra cualquiera de las causas de recusación previstas en el derecho común, sujeto a la decisión del Pleno, que por mayoría de votos puede rechazar la inhibición.

Artículo 12. Modificaciones de los proyectos de sentencia: Las modificaciones aprobadas por el Pleno, sea por consenso o por votación, serán incorporadas por el juez ponente en la redacción final de la sentencia.

El secretario deberá hacer constar en el acta del Pleno las modificaciones que hayan sido aprobadas, las tramitará al juez ponente para su inclusión en la sentencia y, posteriormente, verificará su incorporación en el proyecto.

Artículo 13. Confidencialidad de las deliberaciones: Las opiniones vertidas y las posiciones asumidas en el Pleno permanecerán en estricta confidencialidad. Ni los jueces ni el secretario divulgarán informaciones sobre los temas discutidos en el Pleno.

De manera provisional, hasta la adopción del reglamento disciplinario del Tribunal Constitucional, la violación a la confidencialidad de las deliberaciones y al contenido de las decisiones se considerará falta grave en el ejercicio de las funciones de los jueces, pasible de ser sancionada de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica y en este reglamento jurisdiccional.

Durante las sesiones del Pleno no se podrá tener ni utilizar ningún aparato telefónico ni grabadoras.

Los jueces y el secretario adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el personal de sus respectivos despachos guarde la debida reserva de los expedientes a su cargo.

Artículo 14. Cierre de la sesión del Pleno: Agotada la agenda, el presidente dará por terminados los trabajos y declarará cerrada la sesión.

Artículo 15. Votos particulares: De acuerdo con la Constitución y la Ley núm. 137-11, los jueces podrán formular votos salvados o disidentes, con el debido respeto a sus pares y al Tribunal Constitucional, siempre que hayan defendido su opinión discrepante en la deliberación y expongan en el Pleno los fundamentos que desarrollarán en su voto.

El voto es salvado cuando el juez concurre con la decisión final tomada por la mayoría del Pleno, pero ofrece motivaciones propias; es disidente, cuando discrepa del dispositivo de la sentencia.

Artículo 16. Plazos: Los jueces disponen de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la sentencia para formular su voto particular. Transcurrido dicho plazo, y previa autorización del presidente, el secretario publicará la sentencia sin la incorporación de los votos particulares, dejando constancia de los magistrados que no estuvieron de acuerdo con la motivación o con el dispositivo de la decisión.

El magistrado que haya votado salvado o disidente y no haya emitido su voto dentro del indicado plazo de diez (10) días, dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para hacerlo, contado a partir de la publicación de la sentencia. El voto particular se publicará posteriormente, por separado, en el portal institucional, y junto con la sentencia en el boletín del Tribunal.

En todo caso, los magistrados tendrán siempre la potestad de renunciar al voto particular mediante comunicación escrita a la Secretaría.

Artículo 17. Publicación de la sentencia: El secretario comunicará sendas copias certificadas de la sentencia a las partes, así como a los intervinientes y a los amicus curiae, si los hubiere. La decisión se publicará en el Boletín Constitucional y en el portal institucional del Tribunal.

Previo a la publicación oficial de la sentencia, el Tribunal publicará en su portal un comunicado, a cargo de la Secretaría, que deberá contener la síntesis del conflicto, el dispositivo y los resultados de la votación en cada caso conocido y aprobado por el Pleno. Los comunicados serán acompañados del siguiente texto aclaratorio: El presente comunicado es un medio de divulgación estrictamente informativo respecto de los casos conocidos y aprobados por el Pleno. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia puede reemplazar total o parcialmente la sentencia firmada y notificada a las partes intervinientes. Tampoco surte efecto jurídico ni goza de eficacia jurisdiccional.

Artículo 18. Celebración de las audiencias: Tal como prescribe la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional celebra ordinariamente audiencias en materia de acción directa de inconstitucionalidad y, excepcionalmente, en materia de recurso constitucional de revisión de sentencias de amparo. Estas se rigen por el protocolo de audiencia.

Sección IV
Intervinientes interesados y amicus curiae

Artículo 19. Interviniente: El interviniente es la persona física o jurídica que participa en un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional, motivado por su interés personal o por el interés de una de las partes en dicha participación. En la primera hipótesis, se trata de una intervención voluntaria y, en la segunda, de una intervención forzosa.

Artículo 20. Requisitos para la intervención voluntaria: La intervención voluntaria se realizará mediante escrito motivado, que se depositará en la Secretaría del Tribunal Constitucional, acompañado de los documentos en los cuales se sustenta, si los hubiere. Dicho depósito se efectuará dentro de los diez (10) días calendarios, a pena de exclusión, contados a partir de la fecha de publicación de la referencia de los expedientes en el portal web del Tribunal Constitucional.

En los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, el plazo es de cinco (5) días calendarios.

Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

Artículo 21. Comunicación de la intervención: En la acción directa de inconstitucionalidad, el presidente del Tribunal comunicará el escrito del interviniente al accionante, a la autoridad de la cual emane la norma y al procurador general de la República.

El escrito de intervención será comunicado a las partes por el secretario del Tribunal en los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, así como en las revisiones constitucionales de sentencias de amparo y, eventualmente, en las demandas de medidas cautelares.

Artículo 22. Escritos de réplica: El escrito de intervención podrá ser objeto de réplica (s), que debe(n) ser depositada(s) en la Secretaría del Tribunal en los siguientes plazos:

  1. En las acciones directas de inconstitucionalidad y los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, dentro de los quince (15) días calendarios contados a partir de la comunicación del escrito de intervención.
  2. En los recursos constitucionales de revisión de sentencias de amparo, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación del escrito de intervención.

Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

Artículo 23. Amicus curiae: Se considera amicus curiae o amigo del Tribunal a la persona física o jurídica, o a la institución del Estado que, ajena al litigio o al proceso del cual está apoderado el Tribunal Constitucional, somete un escrito de opinión con el objeto de colaborar en su edificación.

El amicus curiae participa en casos de trascendencia constitucional o que resulten de interés público, como son la acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales y los recursos de revisión constitucional de amparo en los cuales se ventilen derechos colectivos y difusos. Deberá poseer reconocida competencia sobre la cuestión debatida y su opinión carece de efectos vinculantes para el Tribunal Constitucional.

Artículo 24. Plazos: En la acción directa de inconstitucionalidad, el amicus curiae debe depositar su escrito en la Secretaría del Tribunal Constitucional en un plazo de quince (15) días calendarios contados a partir de la publicación del extracto de la acción en el portal de la institución; y de cinco (5) días calendarios, en los casos de control preventivo de los tratados internacionales y de los recursos de revisión constitucional de amparo sobre derechos colectivos y difusos, a partir de la publicación de la referencia del expediente en el portal del Tribunal. Si el escrito del amicus curiae es presentado después de vencido el plazo, no será tomado en consideración.

Artículo 25. Alcance: El amicus curiae no se considera parte del proceso, por lo que no puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a esta; tampoco percibirá remuneración y su actuación no devengará costas ni honorarios judiciales.

Artículo 26. Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional: La Unidad de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (en lo adelante, la “USES”) persigue la ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal mediante la estructuración de los mecanismos de recepción, investigación y trámite de las solicitudes tendentes a resolver las dificultades o el incumplimiento de sus decisiones.

La USES se encuentra adscrita al Pleno y se rige por un manual de funcionamiento aprobado por este último. Estará integrada por el secretario, quien la coordinará, y el encargado jurídico del Tribunal Constitucional.

Artículo 27. Mecanismos de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional: De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 50 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional dispondrá en la sentencia quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Las dificultades de ejecución serán resueltas por el Pleno, previo informe de la USES.

El Pleno instruirá a la USES para realizar todas las gestiones necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento de sus decisiones cuando la parte interesada le haya informado las dificultades de ejecución.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS PROCESOS
CONSTITUCIONALES

CAPÍTULO I
ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 28. Trámite de la acción: El presidente del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley núm. 137-11, debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el escrito de interposición de la acción directa de inconstitucionalidad previstos en el artículo 38 de dicha ley. En caso de que el escrito no cumpla con tales requisitos, se le devolverá al accionante para que en un plazo máximo de cinco (5) días realice las correcciones correspondientes y lo someta de nuevo.

Si el presidente del Tribunal considera que se han cumplido los requisitos precedentemente indicados, comunicará el escrito al procurador general de la República y a la autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado para que emitan su opinión en un plazo de treinta días (30) contados a partir de su recepción.

En caso de que el accionante no obtempere al requerimiento dentro del plazo indicado, o que el nuevo escrito presente otras deficiencias, el presidente informará de tales circunstancias al Pleno para que este último decida si el presidente inicia o no el trámite de la acción.

Artículo 29. Audiencia: Una vez tramitada la acción, el Tribunal Constitucional convocará a una audiencia oral y pública mediante auto del presidente, a fin de que las partes y los intervinientes, si los hubiere, presenten sus conclusiones.

El secretario levantará acta de la audiencia y la certificará. En ella hará constar las conclusiones de las partes y las de los intervinientes, si los hubiere.

Artículo 30. Deliberación y sentencia: El Tribunal deliberará y dictará sentencia dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de fallo, al tenor de lo previsto en el artículo 43 de la Ley núm. 137-11.

CAPÍTULO II
CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Artículo 31. Procedimiento: Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales se iniciará mediante una instancia dirigida por el presidente de la República al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del tratado.

Dicha instancia será acompañada de los siguientes documentos: una copia completa del tratado; una certificación del texto por parte del consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, traducido al español y certificada por intérprete judicial, en caso de que esté en otro idioma; y un resumen del contenido del tratado, en particular de sus aspectos técnicos.

El secretario del Tribunal verificará que el expediente contenga la documentación requerida; en caso contrario, lo devolverá a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con ese propósito.

Artículo 32. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones de la Ley núm. 137-11 y de este reglamento, y dictará sentencia sobre la constitucionalidad o no del tratado en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que fue apoderado el Tribunal Constitucional. La decisión será comunicada al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO III
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Artículo 33. Planteamiento del conflicto: Cualquiera de los poderes públicos, órganos o entidades previstos en el artículo 59 de la Ley núm. 137-11 podrá plantear un conflicto de competencia de orden constitucional. El conflicto se someterá ante la Secretaría del Tribunal Constitucional mediante un memorial en el que se fundamente jurídicamente la vulneración del orden constitucional de competencias por parte de alguno de estos poderes, órganos o entidades al dictar una disposición, adoptar una resolución o emitir un acto.

Artículo 34. Plazo para alegatos: Previo al conocimiento del conflicto, el presidente del Tribunal Constitucional comunicará el memorial al poder público, órgano, autoridad o entidad del Estado frente al cual se ha presentado el conflicto para que en un plazo de treinta (30) días improrrogables deposite un escrito de defensa y presente los medios probatorios que estime útiles a sus pretensiones.

Artículo 35. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones del artículo 62 de la Ley núm. 137-11 y este reglamento; es decir, dictará sentencia en el plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la recepción del escrito de defensa o del vencimiento del mencionado plazo de treinta (30) días, salvo que se considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que esta se haya practicado.

CAPÍTULO IV
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE
SENTENCIAS DE AMPARO

Artículo 36. Remisión del expediente al Tribunal Constitucional: De acuerdo con lo establecido en los artículos 99 y siguientes de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión de las sentencias emitidas por el juez de amparo se depositará ante el tribunal que dictó la sentencia, el cual debe realizar las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión de la sentencia de amparo solo será recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Escrito de la acción de amparo.
  2. Copia certificada de la sentencia de amparo.
  3. Acto de notificación de la sentencia recurrida.
  4. Escrito del recurso de revisión.
  5. Acto de notificación del recurso de revisión.
  6. Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.
  7. Escritos de otras partes intervinientes, si las hubiere.
  8. Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remisión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal de envío del recurso.

Artículo 37. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones de la Ley núm. 137-11 y de este reglamento, y dictará sentencia en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la recepción del expediente.

Si el Tribunal lo considerara necesario, previo a dictar sentencia, podrá convocar una audiencia pública con la finalidad de celebrar las medidas de instrucción que estime pertinentes para una mejor sustanciación de la especie. En ese caso, el indicado plazo de treinta (30) días se iniciará a partir del día en que el expediente quede en estado de fallo.

CAPÍTULO V
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS

Artículo 38. Remisión del expediente al Tribunal Constitucional: De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de sentencias se depositará en el tribunal que dictó la decisión recurrida, el cual debe realizar las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión solo será recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Copia certificada de la sentencia objeto del recurso, así como de todas las sentencias dictadas en el proceso de que se trate.
  2. Acto de notificación de la sentencia recurrida.
  3. Escrito del recurso de revisión constitucional.
  4. Acto de notificación del recurso de revisión.
  5. Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.
  6. Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remisión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal de envío del recurso.

Artículo 39. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y
votará la decisión siguiendo las previsiones de la Ley núm. 137-11, las de este reglamento, así como las interpretaciones que realice de los principios rectores de la justicia constitucional a través de su precedente.

Artículo 40. Petición de suspensión: De acuerdo con la Sentencia TC/0016/12, que rindió este tribunal el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), toda parte interesada podrá solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia de amparo recurrida en revisión. Dicha petición de suspensión se efectuará mediante un escrito motivado que deberá ser depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional o en la Secretaría de la jurisdicción que dictó la sentencia objeto del recurso.

La Secretaría en la que se realice el depósito comunicará la demanda en suspensión a las partes interesadas en un plazo de tres (3) días francos contados a partir de dicho depósito. El demandado dispondrá de un plazo de tres (3) días francos para depositar escrito de réplica, contados a partir de la fecha de notificación de la demanda.

El escrito de defensa debe ser depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional en un plazo de cinco (5) días francos contados a partir de la notificación de la demanda de suspensión.

La solicitud de suspensión se tramitará de forma preferente y sumaria. La Secretaría del Tribunal Constitucional comunicará la decisión sobre la suspensión al tribunal que dictó la sentencia recurrida, así como a las partes.

La demanda en suspensión y el recurso de revisión se resolverán mediante una sola sentencia cuando ambas acciones figuren en una misma instancia, salvo que la naturaleza del caso justifique una solución distinta.

 

CAPÍTULO VI
VIGENCIA, REFORMA E IMPREVISIONES DEL REGLAMENTO

Artículo 41. Publicación y entrada en vigor del Reglamento: El presente reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional; luego, se publicará en el Boletín Constitucional y en el portal institucional.

Artículo 42. Reforma del reglamento: Las propuestas de modificación del presente reglamento deben ser presentadas al Pleno del Tribunal Constitucional, por escrito, a iniciativa del presidente o de al menos cuatro (4) jueces.

La reforma del presente reglamento debe ser aprobada por el Pleno por un mínimo de nueve (9) votos favorables.

Artículo 43. Derecho supletorio: Para la solución de las imprevisiones del presente reglamento, se aplicarán supletoriamente los principios generales de derecho procesal constitucional y, subsidiariamente, las normas procesales afines a la materia discutida, por aplicación del principio de supletoriedad contenido en el artículo 7, numeral 12, de la Ley núm. 137- 11.

Aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los diecisiete (17) días de diciembre de dos mil catorce (2014).

Estatuto del Juez Iberoamericano

LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

 

 

CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

 

 

CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.

 

 

CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

 

 

DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

 

Aprueba y promulga el siguiente:

 

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO

 

 

INDEPENDENCIA

 

Art. 1. Principio general de independencia

Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

 

 

Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial

Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

 

 

Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación

La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.

 

 

Art. 4. Independencia interna

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.

 

 

Art. 5. Defensa de la independencia judicial

Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

 

 

Art. 6. Condiciones materiales de la independencia

El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.

 

IMPARCIALIDAD

 

Art. 7. Principio de imparcialidad

La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 8. Imparcialidad objetiva

La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.

 

 

Art. 9. Abstención y recusación

Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

 

Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.

 

 

Art. 10. Incompatibilidades

El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.

 

 

 

SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

 

Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.

 

 

Art. 12. Objetividad en la selección de jueces

Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

 

 

Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

 

 

Art. 14. Principio de inamovilidad

Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.

 

No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 15. Nombramiento a término de los jueces

Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.

 

 

Art. 16. Inamovilidad interna

La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado. Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional.

 

En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.

 

 

Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera judicial

Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.

 

 

Art. 18. Inamovilidad «ad hoc»

La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

 

 

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y

EVALUACIÓN DEL JUEZ

 

Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez

Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

 

La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

 

 

Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 21. Sistema de supervisión judicial

Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.

 

 

Art. 22. Evaluación del desempeño

En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.

 

 

Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño

El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

 

CAPACITACIÓN

 

Art. 24. Capacitación inicial

La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.

 

 

Art. 25. Centros de capacitación

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.

 

 

Art. 26. Costos de la capacitación inicial

Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.

 

 

Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

 

 

Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada

La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.

 

 

Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.

 

 

Art. 30. Evaluación en la capacitación

La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.

 

La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.

 

 

Art. 31. Participación judicial en la programación de la capacitación

En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.

 

 

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

 

Art. 32. Remuneración

Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.

 

 

Art. 33. Seguridad Social

El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.

 

Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.

 

 

Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos

Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.

 

El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.

 

En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.

 

 

Art. 35. Seguridad personal y familiar

En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL

 

Art. 36. Derecho de asociación de los jueces

La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.

 

ÉTICA JUDICIAL

 

Art. 37. Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

 

 

Art. 38. Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 39. Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

 

 

Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

 

 

Art. 41. Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

 

 

Art. 42. Resolución en plazo razonable

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

 

 

Art. 43. Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

 

 

Art. 44. Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

 

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.