Category: Tribunal Superior Electoral

Jueces del Tribunal Superior Electoral elegidos por el CNM

El presidente del TSE

Román Andrés Jáquez Liranzo

Santiago Salvador Sosa Castillo

Ramón Arístides Madera Arias

Rafaelina Peralta

Cristian Perdomo Hernández

Estatuto del Juez Iberoamericano

LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

 

 

CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

 

 

CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.

 

 

CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

 

 

DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

 

Aprueba y promulga el siguiente:

 

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO

 

 

INDEPENDENCIA

 

Art. 1. Principio general de independencia

Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

 

 

Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial

Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

 

 

Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación

La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.

 

 

Art. 4. Independencia interna

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.

 

 

Art. 5. Defensa de la independencia judicial

Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

 

 

Art. 6. Condiciones materiales de la independencia

El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.

 

IMPARCIALIDAD

 

Art. 7. Principio de imparcialidad

La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 8. Imparcialidad objetiva

La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.

 

 

Art. 9. Abstención y recusación

Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

 

Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.

 

 

Art. 10. Incompatibilidades

El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.

 

 

 

SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

 

Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.

 

 

Art. 12. Objetividad en la selección de jueces

Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

 

 

Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

 

 

Art. 14. Principio de inamovilidad

Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.

 

No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 15. Nombramiento a término de los jueces

Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.

 

 

Art. 16. Inamovilidad interna

La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado. Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional.

 

En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.

 

 

Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera judicial

Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.

 

 

Art. 18. Inamovilidad «ad hoc»

La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

 

 

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y

EVALUACIÓN DEL JUEZ

 

Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez

Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

 

La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

 

 

Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 21. Sistema de supervisión judicial

Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.

 

 

Art. 22. Evaluación del desempeño

En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.

 

 

Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño

El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

 

CAPACITACIÓN

 

Art. 24. Capacitación inicial

La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.

 

 

Art. 25. Centros de capacitación

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.

 

 

Art. 26. Costos de la capacitación inicial

Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.

 

 

Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

 

 

Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada

La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.

 

 

Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.

 

 

Art. 30. Evaluación en la capacitación

La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.

 

La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.

 

 

Art. 31. Participación judicial en la programación de la capacitación

En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.

 

 

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

 

Art. 32. Remuneración

Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.

 

 

Art. 33. Seguridad Social

El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.

 

Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.

 

 

Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos

Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.

 

El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.

 

En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.

 

 

Art. 35. Seguridad personal y familiar

En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL

 

Art. 36. Derecho de asociación de los jueces

La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.

 

ÉTICA JUDICIAL

 

Art. 37. Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

 

 

Art. 38. Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 39. Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

 

 

Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

 

 

Art. 41. Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

 

 

Art. 42. Resolución en plazo razonable

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

 

 

Art. 43. Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

 

 

Art. 44. Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

 

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.

59 definiciones en materia de lo Contencioso Electoral

59 DEFINICIONES EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

1) Acción de queja: acción introducida ante el Tribunal Superior Electoral que persigue el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como resolver los temas internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos sometidos a su competencia.

2) Acta: documento donde se consigna el resultado de las deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones de cualquier órgano.

3) Actos ilícitos: actuaciones cometidas por los actores del sistema electoral, contrarias a la Constitución, las leyes y las normas que lo rigen.

4) Actos jurisdiccionales: actuaciones jurisdiccionales realizadas ante el Tribunal Superior Electoral, las juntas electorales o las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior, como representante de la rama jurisdiccional relativa al conocimiento de los asuntos contenciosos electorales.

5) Actos procesales: actos voluntarios lícitos que tienen por efecto directo e inmediato el desenvolvimiento o conclusión del proceso, que se verifican en la actividad jurisdiccional con observancia de ciertas condiciones o formas contenidas en la Constitución de la República, los tratados internacionales, las leyes y este reglamento.

6) Acumulación de acciones: facultad que tiene el/la demandante para ejercer en una misma demanda todas las acciones que contra el/la demandado/demandada tenga, aunque procedan de diferentes hechos, de conformidad con el principio de economía procesal.

7) Acumulación: acción de reunir, juntar o acumular incidentes y pedimentos procesales para ser decididos conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas;

8) Acusación: acto mediante el cual se imputa a una persona física o moral, por ante el Tribunal Superior Electoral, o las juntas electorales la comisión de hechos o actos que constituyen infracciones electorales.

9) Agravantes: circunstancias contenidas en la ley que acompañan la comisión de los crímenes y delitos previstos en la misma y que agravan la situación del infractor, comprometiendo en mayor grado su responsabilidad penal.

10) Alianza de partidos: acuerdo establecido entre dos o más partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y demarcaciones electorales.

11) Amparo electoral: acción que tiene por objeto la protección de las garantías constitucionales y los derechos políticos electorales a favor de toda persona física o moral.

12) Apelación: recurso mediante el cual la parte que se considera perjudicada por una decisión dictada por las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior, recurre por ante el Tribunal Superior Electoral con la finalidad de que la decisión sea revocada o reformada.

13) Archivo definitivo de expediente: decisión tomada por el órgano jurisdiccional, a petición de parte o por producirse un acontecimiento judicial, que impida la culminación del proceso contencioso.

14) Atentado contra la libertad al sufragio: todo acto mediante el cual se coarte, limite, suprima o atente en cierto grado contra el derecho de los/las ciudadanos/ciudadanas aptos para ejercer el sufragio.

15) Atenuantes: circunstancias que acompañan la comisión de la infracción electoral que están previstas en la ley como una disminución de la responsabilidad penal del infractor.

16) Autoridades competentes: Tribunal Superior Electoral, las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior, cuando actúen en materia contenciosa electoral.

17) Caducidad: pérdida del derecho de ejercer la acción procesal de que se trate por abandono de las partes o por haber dejado pasar el tiempo hábil para el ejercicio de la acción procesal.

18) Citación en audiencia: mención que hace el/la presidente/presidenta del Tribunal Superior Electoral, las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior durante el conocimiento de un proceso contencioso electoral citando a las partes presentes para comparecer a una próxima audiencia.

19) Citación telemática: medio de tramitación de notificaciones, citaciones o comunicaciones judiciales por vía de líneas telefónicas o electrónicas en los procesos contenciosos electorales.

20) Coalición de partidos: conjunto de partidos que postulan los/las mismos/mismas candidatos/candidatas y que han establecido alianzas electorales con uno o más de sus integrantes, aunque no con todos ellos, siempre que tengan en común un partido que los personifique.

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