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Título preliminar disposiciones generales código civil dominicano

CÓDIGO CIVIL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

LIBRO PRIMERO:
DE LAS PERSONAS

TÍTULO PRELIMINAR:
DISPOSICIONES GENERALES.

De la publicación, efectos y aplicación
de las leyes en general.

Art. 1.- (Modificado por la Ley 1930 del 1949). Las leyes, después de promulgadas por el Poder Ejecutivo, serán publi­cadas en la Gaceta Oficial.

Podrán también ser publicadas en uno o más periódicos de amplia circulación en el territorio nacional, cuando así lo dis­ponga la ley misma o el Poder Ejecutivo. En este caso, deberá indicarse de manera expresa que se trata de una publicación oficial, y surtirá los mismos efectos que la publicación en la Gaceta Oficial.

Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro senti­do, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber:

En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación.

En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día.

Párrafo.- Las disposiciones que anteceden se aplican también a las Resoluciones y a los Decretos y Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 2.- La ley no dispone sino para el porvenir: no tiene efecto retroactivo.

Art. 3.- Las leyes de policía y de seguridad obligan a todos los habitantes del territorio.

Los bienes inmuebles, aunque sean poseídos por extranjeros, están regidos por la ley dominicana.

Las leyes que se refieren al estado y capacidad de las perso­nas, obligan a todos los dominicanos, aunque residan en país extranjero.

Art. 4.- El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, os­curidad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia.

Art. 5.- Se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión.

Art. 6.- Las leyes que interesan al orden público y a las bue­nas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares.