Month: March 2016

Elementos Constitutivos del asesinato

La premeditación y la acechanza son dos condiciones sine qua nom al momento de calificar un hecho como asesinato. Rechaza.

Considerando, que la premeditación y la acechanza son dos condiciones sine qua nom al momento de calificar un hecho como asesinato, consistiendo la primera en el designio formado antes de la acción, de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquel a quien se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición; y la segunda en esperar, más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a un individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer contra él actos de violencia, que en el caso de que se trata, contrario a lo alegado, no se encuentran configuradas estas condiciones para calificar el hecho como asesinato, ya que, tal y como estableció esa alzada, la expresión del imputado en el sentido de decir que iba a matar al occiso, no fue producto de un pensamiento reflexivo, sino de su alteración anímica del momento, por lo que procede rechazar también este alegato, quedando confirmada la decisión”.

Demanda laboral en desalojo de vivienda que forman parte del Contrato de Trabajo.

Considerando, que las viviendas a que se refiere el indicado artículo 656, son aquellas que son facilitadas a los trabajadores en ocasión de la prestación de sus servicios personales y que como tal forman parte del contrato de trabajo que los liga a la empresa, por lo que al término del mismo deben ser desocupadas por éstos en el plazo de 45 días, plazo fijado en el ordinal 10mo. del artículo 44 del Código de Trabajo, siendo condición esencial para que el uso de esa vivienda siga la suerte del contrato de trabajo, que la concesión se haya hecho de manera gratuita, pues en los casos en que el trabajador tiene que pagar el precio de un alquiler para lograr su habitación, surge un contrato de inquilinato regido por las reglas establecidas para este tipo de contrato;

Considerando, que la disposición del artículo 589 del Código de Trabajo, en el sentido de que la excepción de declinatoria se fallará con lo principal, sólo se cumple cuando se rechaza la incompetencia planteada y el tribunal se declara competente, pues como consecuencia del tribunal declararse no apto para conocer del asunto puesto a su cargo, está impedido de conocer el fondo de la demanda de que se trate, como ocurrió en la especie; (Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 9 del 28 de mayo del 2003; Boletín Judicial No.1110, páginas 87 y 89).

Oferta Real de Pago. Artículo 815 del Código Procesal Civil.

Considerando, que, por otra parte e independientemente de lo anteriormente expresado en relación con los medios que se analizan, la posibilidad de que se pueda intentar demanda en validez o en nulidad de los ofrecimientos o de la consignación como lo prevé el artículo 815 del Código de Procedimiento Civil, debe formularse según las reglas establecidas para las demandas principales; y si es incidental lo será por simple escrito; que si bien los actuales recurrentes intentaron una demanda principal en nulidad del acto No. 145-2001, mediante el cual los recurridos hicieron a los recurrentes ofrecimiento real de pago, éstos fundamentaron esa demanda en una serie de alegadas irregularidades violatorias de las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil, necesarias para obtener el efecto de fondo, de derecho fundamental deseado como era el efecto liberatorio del pago, irregularidades que, como hemos visto antes, no se produjeron, esa demanda (la demanda en nulidad) que permite la ley incoar al acreedor contra el deudor, cuando éste no intenta la demanda en validez contra el acreedor que rehúsa aceptar los ofrecimientos, no tiene otro objeto que hacer declarar insuficientes los ofrecimientos hechos por el deudor, y no como lo han pretendido los recurrentes intentando una demanda principal en nulidad contra el acto mismo contentivo de los ofrecimientos por alegadas irregularidades de forma y de fondo, las que pudieron ser propuestas en el curso, bien de la demanda en validez o de la demanda en nulidad de los ofrecimientos, por todo lo cual los medios que se examinan carecen de fundamentos y deben ser desestimados, y con ello el presente recurso de casación (Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, 23 de julio del 2003, B.J. No. 1112, Página 305).

Nulidad de cláusula contractual. Excepción de incompetencia.

Nulidad de cláusula contractual. Excepción de incompetencia. Violación de los artículos 44 y 47 de la Ley 834 de 1978, por desconocimiento y al omitir estatuir sobre el pedimento de in admisión.

La parte apelante, hoy recurrida, propuso en la Corte a-qua una excepción de incompetencia, en tanto que la parte intimada, hoy recurrente, respondió planteando un medio de inadmisión basado en la caducidad del recurso, por tardío; que la modalidad de esos pedimentos pone de relieve que no tienen aplicación, en el caso, las disposiciones del artículo 2 de la Ley No. 834 de 1978, que manda “que las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión…”, en razón de que esa regla de procedimiento sanciona al litigante que haya promovido él mismo defensa al fondo o un fin de inadmisión y luego una excepción, que no es el caso, pues ante el tribunal de alzada, como se ha visto, el apelante propuso una excepción de incompetencia y la intimada un medio de inadmisión, de donde resulta, en último análisis, que la previsión del citado texto legal sólo es aplicable a la parte que hace una y otra cosa, lo que no ha ocurrido;

Considerando, que si bien es cierto que todo tribunal apoderado de un proceso o instancia judicial está en el deber de examinar su propia competencia, sea a pedimento de parte o de oficio, según corresponda, no menos válido es que en los casos específicos de los tribunales de segundo grado, como el presente, cuyo apoderamiento obedece a la competencia funcional o de asignación exclusiva de jurisdicción conferida por la ley a los asuntos que deban recorrer el doble grado jurisdiccional, cuestión eminentemente de orden público, en tales ejemplos, como se advierte, la corte o tribunal de alzada está en el deber de examinar de manera prioritaria, y más cuando le es requerida, la admisibilidad o no del recurso de apelación y en particular, la que depende de la observancia del plazo en que debe ser ejercida dicha vía de recurso; que, en ese orden, resulta forzoso inferir que los jueces deben analizar en primer lugar la conformidad legal del acto de apelación, sobre todo su oportunidad en el tiempo, cuestión ésta de orden público de acuerdo con la ley, y luego, si es admitida la regularidad del recurso, incursionar en los temas concernientes a las competencias de atribución o territorial, otras excepciones y el fondo, según el caso; (Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 2 del 14 de mayo del 2003, Boletín Judicial No. 1110, páginas 115 y 116).

Cobro de pesos. “No hay nulidad sin agravio”. Violación a los artículos 456, 61 y 68 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando, que las indicadas irregularidades violan el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil a cuyo tenor el acto de apelación contendrá emplazamiento en los términos de la ley y deberá notificarse a dicha persona o en su domicilio, bajo pena de nulidad; que las formalidades requeridas por la ley para interponer los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras y su inobservancia es sancionada expresamente por la aludida disposición legal con la nulidad del recurso; que tampoco fueron observadas las formalidades previstas en los artículos 68 y 69 párrafo 7mo., del aludido Código, si es que, a juicio del entonces requeriente, o del alguacil actuante, no se encontró en el domicilio de la persona notificada, ni a éste, ni a ningún pariente, empleado, sirviente o vecino, quien debe firmar el acto, y en caso contrario, entregar copia al Síndico Municipal o quien haga sus veces; que estas nulidades igualmente son pronunciadas expresamente por el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, lo que hace inaplicable el artículo 1030 del mismo código, a cuyo tenor “Ningún acto de alguacil o de procedimiento se podrá declarar nulo si la nulidad no está formalmente pronunciada por la ley”; por lo que es indudable que la aludida notificación fue hecha en forma irregular en razón de no haberse dirigido el alguacil en primer lugar, al destinatario del acto, o en su lugar a un pariente o sirviente, como se ha dicho, medio que suple la Suprema Corte de Justicia por ser de puro derecho;

Considerando, que la máxima no hay nulidad sin agravio consagrada en el artículo 37 de la Ley No. 834 de 1978 a cuyo tenor la nulidad de los actos de procedimiento por vicios de forma no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad aun cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden público, tiene por finalidad esencial el de evitar dilaciones perjudiciales a la buena marcha del proceso generalmente cometido por negligencia del alguacil o con propósitos retardatarios o de mala fe, no aquellas expresamente sancionadas por la ley, con la nulidad del acto;

 

Considerando, que la Corte a-qua, al rechazar las conclusiones principales del recurrido hoy recurrente, solicitando la nulidad del acto constitutivo del recurso de apelación, fundamentándose en que éste no había justificado el agravio que le causó dicha irregularidad, violó lo dispuesto por los artículo 456, 61, 68 párrafos 7mo. y 8vo. 70 y 1030, del Código de Procedimiento Civil por lo que procede acoger el literal a) del primer medio de casación y casar sin envío la sentencia impugnada por no quedar nada que juzgar. (Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 3 del 4 de junio del 2003; Boletín Judicial No. 1111, páginas 46 y 47).

¿Cuál es el procedimiento para la aprobación de un estado de gastos y honorarios de los abogados de acuerdo con la jurisprudencia?

Considerando, que para la mejor comprensión de lo que se decidirá, se impone expresar, que de la combinación de los artículos 11 de la Ley núm. 302 sobre Honorarios de los Abogados, modificada por la Ley núm. 95-88, y el artículo 254 del Código Procesal Penal, la manera como opera la aprobación de un estado de gastos y honorarios es la siguiente:

Cuando la solicitud se presenta por ante un tribunal de primer grado, la aprobación está a cargo de la secretaria del tribunal que conoció del asunto, cuyo resultado está sujeto a revisión por parte del Juez del tribunal que tomó la decisión, si es solicitada (artículo 254 del Código Procesal Penal) y por último, si hay motivo de quejas, se puede impugnar ante el tribunal inmediato superior, (artículo 11 de la Ley núm. 302) que es la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente;

Por otro lado, cuando la solicitud se interpone por ante una Corte de Apelación o la Suprema Corte de Justicia, la aprobación corresponde a la secretaria, y la revisión de la misma al presidente de esa corte, mientras que la impugnación presentada debe ser conocida por el pleno, es decir, por los miembros que conforman la corte de que se trate; que en el caso del Distrito Nacional, por estar la Cámara Penal de la Corte de Apelación divida en Salas, el pleno lo forman todos los miembros de las diferentes Salas, al igual que ocurre en la Suprema Corte de Justicia;

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 22 de diciembre de 2010

Jurisprudencia sobre vehículo dejado en el parqueo de Hotel

Rec: Hotel Jaragua Resort Casino and European Spa vs César García, de Fecha: 25 de enero de 2012.

Considerando, que, en el exno-somos-responsables-vehiculoamen de la cuestión referente a la responsabilidad por los daños causados al vehículo de un cliente hospedado en el hotel hoy recurrente y que éste ofrece un servicio adicional a sus potenciales clientes, no pueden menospreciarse los efectos de la publicidad en la relación contractual que se genera entre ellos, las características y alcances de la oferta realizada por el empresario hotelero y las obligaciones que surgen en consecuencia;

Considerando, que dicho contrato de hospedaje es entendido como un todo complejo en cuya formación tiene gran incidencia la publicidad y, aludiendo específicamente al que se conviene entre el hotel y los consumidores, aquél tiene la obligación, porque así lo ha ofrecido al llegar los huéspedes al hotel encontrando un área designada para estacionamiento de los huéspedes del mismo, mientras estos se encuentren en el hotel; que el servicio de estacionamiento gratuito, siendo una prestación accesoria y complementaria, genera en el hotel la obligación de custodia y guarda del vehículo, pues es de suma importancia para el cliente confiar en que el hotel va a adoptar las medidas y precauciones necesarias para alcanzar ese fin, cumpliendo con los elementos de prudencia y diligencia, ya que el uso del estacionamiento ha sido uno de los factores que posibilitaron la contratación principal, es decir, la de hospedaje; por tanto, procede que sean desestimados los medios examinados, por infundados, y con ello rechazado el presente recurso de casación;

Jurisprudencias sobre Violación de Propiedad

¿Cuáles son los elementos Constitutivos de la Violación de Propiedad?

Atendido, que para que exista la infracción contenida en la Ley núm. 5869 es necesario probar la introducción en una propiedad sin el consentimiento delpropietario, arrendatario, usufructuario o simple detentador, que dicha introducción haya causado un perjuicio, y que haya intención delictuosa; que en el presente caso no se encuentran caracterizados los elementos constitutivos de esta infracción, toda vez que tanto el querellante como el querellado poseen sus respectivos certificados de títulos quedando evidenciado que el caso trata de una litis sobre terreno registrado, en consecuencia, procede declarar la incompetencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia para conocer y decidir el caso, y por consiguiente, dispone la declinatoria del mismo por ante la jurisdicción inmobiliaria; Auto núm. 17‐2009, de fecha Diecinueve (19) de mayo del año dos mil nueve (2009),

Asesinato. Condenado a 25 años, sanción no contemplada en escala de la ley.

Considerando, que en materia de privación de libertad, como sanción aplicable por los tribunales represivos, en la República Dominicana rige la siguiente escala de penas:

1ro.) A la luz del artículo 465 del Código Penal, el Arresto por Contravenciones de simple policía, de uno a cinco días de duración;

2do.) De acuerdo al artículo 40 del mismo código, la Prisión Correccional por delitos, de seis días a dos años de duración;

3ro.) En virtud del artículo 7 del código de referencia, modificado por la ley 46-99,

a) Reclusión Mayor de treinta años de duración, b) Reclusión Mayor de veinte años de duración;

c) Reclusión Mayor, que el artículo 18 del Código Penal determina que es de tres a veinte años de duración,

d) Detención, que el artículo 21 del Código Penal determina que es de tres a diez años de duración y

e) Reclusión Menor, que el artículo 23 del Código Penal determina que es de dos a cinco años de duración; que, por consiguiente, cuando la Corte a-qua condenó a Enrique Aníbal Matos Saladín (a) Pericles, por el crimen de que se trata, a veinticinco (25) años de reclusión mayor, impuso una pena que no está prevista en el ordenamiento jurídico de nuestro país; que si la Corte a-qua entendió dentro de su poder soberano de apreciación de los hechos que juzgó, que en la especie procedía acoger a favor del procesado Enrique Aníbal Matos Saladín (a) Pericles las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 463 del Código Penal, o si entendió que en virtud de los artículos 59 y 60 del citado código este coacusado no era autor sino un cómplice, debió aplicar la sanción que en la escala de penalidades precedentemente expuesta le correspondía, y al no hacerlo actuó fuera del marco de la ley, por lo que la sentencia merece ser casada en ese aspecto; (Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 17 del 9 de abril del 2003; Boletín Judicial No. 1109, Pág. 335).

Condiciones para ser admitida la excusa legal de la provocación

Considerando, que la Corte a-qua obró correctamente, toda vez que expuso que para ser admitida la excusa legal de la provocación, deberían encontrarse reunidas las siguientes condiciones:

“1ro.- Que el ataque haya consistido necesariamente en violencias físicas;

2do.- Que estas violencias hayan sido ejercidas contra seres humanos;

3ro.- Que las violencias sean graves, en términos de lesiones corporales severas o de apreciables daños psicológicos de los que se deriven considerables secuelas de naturaleza moral;

4to.- Que la acción provocadora y el crimen o el delito que sea su consecuencia ocurran bastante próximo, que no haya transcurrido entre ellos un tiempo suficiente para permitir la reflexión y meditación serena, neutralizar los sentimientos de ira y de venganza”;  que siendo la comprobación de la existencia de estas circunstancias cuestiones de hecho que los jueces del fondo apreciaron haciendo uso del poder soberano que le otorga la ley, su decisión no puede ser censurada; (Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 15 del 15 de enero de 2003; Boletín Judicial No. 1106, Pág. 224).