Difamación e injuria, prensa escrita, reponsabilidad en cascada

Difamación e Injuria. Prensa escrita. Espacio pagado aprobado por el Director del periódico que se queja de la difamación. Responsabilidad en cascada.

Considerando, que la Ley No. 6132 de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, bajo la rúbrica “De las personas responsables y crímenes y delitos cometidos por vía de la prensa”, determina el orden de las responsabilidades penales, precisando su artículo 46, quién es autor principal, el artículo 47, quién es cómplice y el artículo 48, a quién corresponde la responsabilidad civil, en los casos previstos y sancionados por esta ley, perpetrados por medio de la prensa escrita; que en ese orden el artículo 46 de la ley señalada, lo que se ha venido denominando “el régimen de la responsabilidad en cascada”, como autores principales de los delitos que esa ley prevé, a los directores de publicaciones o editores cualesquiera que san sus profesiones o denominaciones, y los sustitutos de los directores; a falta de estos, los autores; a falta de los autores, los impresores; y a falta de los impresores, los vendedores, distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores y los fijadores de carteles; que por su parte, el artículo 47 de la ley dispone que cuando los directores o sus sustitutos, o los editores sean puestos en causa, los autores serán perseguidos como cómplices; que en el caso que se juzga, como ha quedado establecido por estudio de las piezas del expediente y en la instrucción de la causa, el director del medio a través del cual se hizo la publicación, Miguel Antonio Franjul Bucarelly, no obstante ocupar el primer lugar en la escala, no fue puesto en causa, no obstante su condición de tal, asumiendo en cambio en la presente litis la posición de querellante y parte agraviada constituida en parte civil;

Considerando, que es un hecho incontestable que Miguel Antonio Franjul Bucarelly, querellante, es persona ampliamente conocida y que reside en Santo Domingo, República Dominicana; que en esta materia, cuando el director de la publicación o el editor es conocido y reside en el país, él asume necesariamente la responsabilidad principal de los delitos de prensa cuando ocurren en el medio que dirige, ya que el régimen de la responsabilidad en cascada que organiza la ley se detiene en él, y esa responsabilidad principal se mantiene igualmente aunque no haya sido puesto en causa o haya evadido la persecución, de lo que resulta que la responsabilidad subsidiaria, como la de los autores e impresores, no encuentra aplicación más que a su falta, es decir, si él es desconocido, lo que no ocurre en la especie;

 

Considerando, que como en el presente caso el querellante, constituido en parte civil, era al mismo tiempo el director de la publicación o medio (Listín Diario) donde se produjo la inserción de la carta de contenido alegadamente difamatorio y que fue sometido a libre discusión de las partes, se hace imperativo examinar, previo a toda otra consideración, el hecho imputado en sí mismo con el fin de determinar si la actuación del prevenido configura el tipo delictual previsto y sancionado por la Ley No. 6132 de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, en cuya violación se ampara el querellante para mover la persecución contra el Secretario Moya Pons;

Considerando, que, en efecto, se ha establecido tanto en doctrina como en jurisprudencia, que las infracciones ligadas a los escritos, documentos y mensajes dados a la publicidad, susceptibles de comprometer la responsabilidad de sus autores, resultante de la violación a la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, requieren para su materialización la reunión de dos elementos constitutivos comunes básicos: la publicidad y la intención culpable, el primero, como elemento material, y el segundo, como elemento moral; que de éstos, la publicación es incontestablemente el elemento constitutivo esencial de las infracciones ligadas al contenido de la comunicación al punto de que es criterio unánimemente admitido de que es ella (la publicación) lo que constituye la infracción; que establecido por la Ley No. 6132 el régimen de la responsabilidad en cascada, como se ha visto antes, y siendo ampliamente conocida y residente en el país la persona que fungía de director del medio en que se hizo la publicación, el Secretario Moya Pons, autor de la carta, no podía, como lo ha sido, ser perseguido como autor principal de la infracción definida en la citada ley de 1962;

 

Considerando, que el hecho de que el legislador estableciera el régimen particular de responsabilidad determinado por el artículo 46 de la Ley No. 6132 y haya atribuido la calidad de autor principal del delito de difamación, en primer término, al director de la publicación donde se ha hecho público un documento o escrito estimado difamatorio, debe interpretarse en el sentido de que siempre está a cargo del referido director, el deber de supervigilar y verificar todo lo que aparece en el periódico o publicación, a fin de evitar que en su medio de prensa se publiquen noticias, reportajes, declaraciones, anuncios o documentos cuyo contenido ataquen o lesionen el honor o la consideración de las personas; que como contrapartida de esa obligación, el director detenta el derecho de rehusar la solicitud de inserción de una publicidad, si la considera difamatoria, salvo el caso de los documentos a que se refieren los artículos 44 y 45 de la ley, en que no asume el director responsabilidad del hecho de su contenido, lo que no hizo al consentir la publicación; que, por consiguiente, admitir que el director de un periódico pueda válidamente querellarse y constituirse en parte civil contra el autor de una carta que éste le ha dirigido y que ha sido hecha pública en el periódico que él dirige y con su autorización, bajo el alegato de que personalmente se siente difamado por el contenido de la misiva, sería aceptar que alguien asuma en un caso la inconciliable condición de ser autor principal de un delito de prensa y parte agraviada al mismo tiempo; que a pesar de que la publicación fue autorizada en los diarios El Caribe, Hoy y Diario Libre, tales publicaciones, como ya se ha dicho, sólo la aparecida en el Listín Diario fue objeto de discusión en el plenario, por lo que la insertada en los otros tres medios no pueden ser retenidas como motivación dado que ningún juez puede fundar su decisión más que sobre las pruebas que le son aportadas en el curso de los debates y contradictoriamente discutidas ante él; que, en consecuencia, la publicación aparecida en la prensa escrita (Listín Diario) en la cual se hacen declaraciones alegadamente difamatorias contra Miguel Antonio Franjul Bucarelly, independientemente de que puedan o no constituir un atentado al honor o a la consideración del ex director del Listín Diario, no puede caracterizar el delito de difamación e injuria previsto en el artículo 29 de la Ley No. 6132, atribuido al prevenido (Pleno, 22 de octubre del 2003 No. 21, B.J. No. 1115, páginas 189- 192).