Auxilio de cesantía, Jurisprudencias en Materia Laboral

1.- Auxilio de cesantía. Artículo 86 del Código de Trabajo. 22.2 Auxilio de cesantía. Autorización de descuentos por créditos otorgados por empleador.

El artículo 86 del Código de Trabajo, a la vez que prohibe los gravámenes, embargos, compensación, traspaso o venta, de esas indemnizaciones, como regla general, los permite en los casos excepcionales de que los mismos se realicen en ocasión de créditos otorgados por los empleadores o de obligaciones surgidas con motivo de las leyes especiales que así lo dispongan, lo que hace válido todo descuento que haga un empleador de los valores que correspondan a un trabajador como consecuencia de la terminación de un contrato de trabajo por su responsabilidad (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario; 21 de febrero del 2001; B. J. No. 1083. Págs. 685-697).

2.- Auxilio de cesantía. Cuando se concede.

La autorización al empleador de hacer los descuentos restringidos indicados más arriba, está basado en el principio de la buena fé que fundamenta las relaciones entre trabajadores y empleadores y en el hecho de que su eliminación crearía perjuicio a los propios trabajadores, quienes por no ser económicamente sujetos de créditos comerciales se ven compelidos a recurrir a sus empleadores para la solución de los problemas de carácter económico que se le presentan durante la existencia del contrato de trabajo, los cuales negarían su colaboración en ese sentido, si cualquier suma que faciliten al trabajador no pudieran garantizarla con las indemnizaciones laborales y tuvieren que recurrir a la acción judicial para su recuperación (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario; 21 de febrero del 2001. B. J. No. 1083. Págs. 685-697).

Jurisprudencia sobre los beneficios de una empresa

Beneficios de una empresa. Artículo 494 del Código de Trabajo. Deber de los jueces.

Considerando, que para una mejor substanciación del proceso, la Corte debió recurrir a las disposiciones del artículo 494 del Código de Trabajo, que concede facultad, a los tribunales de trabajo, para solicitar “a las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y de trabajadores y de cualesquiera personas en general, todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos”, para obtener de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, los datos y referencias necesarios que le permitieran determinar si la recurrente obtuvo beneficios, y el alcance de la participación en la distribución de estos que correspondía a cada trabajador; que al no hacerlo dejó la sentencia carente de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios de recurso (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de junio de 1998; B.J. 1051. Págs. 496-497).

Jurisprundencias sobre el recurso de apelación en materia laboral

Apelación. Forma de la apelación. Artículo 621 del Código de Trabajo.

Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a sostener los motivos en los que fundamenta su recurso de apelación, se pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su recurso, si dicho descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como ocurrió en la especie, sin que el juez esté en la obligación de examinar la sentencia apelada;

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone en evidencia que el recurrente no compareció a la audiencia celebrada por ante la Corte a-qua a sostener su recurso; que la Corte a-qua, al descargar pura y simplemente a los recurridos Ismael David Ovalles Martínez, José Ovalles Martínez y Arcadio Rafael Ovalles Martínez, del recurso de apelación interpuesto por Ramón Ovalles Martínez, hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que en tales condiciones el recurso interpuesto carece de fundamento y debe ser desestimado (Cámara Civil, 16 de mayo del 2001; B. J. 1086. Pág. 140).

Apelación. Incidentes. Efecto no suspensivo. Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953.

Que la exigencia del escrito o declaración formulada por ante la Secretaría de la Corte competente tiene por finalidad facilitar el cumplimiento del procedimiento establecido en grado de apelación, el cual otorga al secretario del tribunal un papel activo que le obliga enviar copia del escrito contentivo de la declaración a la parte adversa, como una manera de garantizar la seguridad en la recepción del recurso al intimado, a fin de que organice su defensa y la exponga en un escrito que deberá ser depositado en la Secretaría de la Corte. Que por tales razones la notificación de un acto de alguacil no suple la exigencia del escrito o declaración que formulan los artículos 621 y 622, aludidos, por lo que no puede constituirse en un recurso de apelación frente a la precisión de las disposiciones de los indicados artículos y la razón de ser del escrito o declaración. Que las disposiciones del artículo 486 del Código de Trabajo, en el sentido de que ningún acto de procedimiento será nulo por vicio de forma, en materia de trabajo, es inaplicable en la especie, por tratarse no de la falta de una mención substancial o del cumplimiento de una formalidad, sino de la no realización de una actuación que es la que constituye el recurso de apelación, por lo que al declarar inadmisible dicho recurso, la Corte a-qua actuó de acuerdo a la ley (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tribu- tario, 26 de noviembre de 1997; B.J. 1044. Págs. 289-290).

Apelación. Límite de la facultad del juez laboral.

(Ver: Referimiento. Violación Artículo 141 de la Ley No. 834 de 1978. Cámara Civil, 16 de mayo del 2001; B. J. 1086. Págs. 145-146).

Apelación. Plazo. Fallo reservado para una fecha determinada. Punto de partida.

Considerando, que si bien la sentencia impugnada contiene una motivación errónea para declarar admisible el recurso de apelación intentado por la actual recurrida, al considerar que el período de vacaciones judiciales no se computa en los plazos procesales, la decisión tomada es correcta en razón de que por mandato del artículo 495 del Código de Trabajo, los días no laborables no son computables en los plazos para las actuaciones en materia laboral, habiendo sido ejercido el recurso de apelación de que se trata dentro del plazo de un mes franco que establece el artículo 621 del Código de Trabajo, ya que en el período del 20 de diciembre de 1996 al 30 de enero de 1997, hubo diez días no laborables, venciendo en consecuencia el plazo para la apelación el día 31 de enero del 1997 (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 643).

Apelación. Punto de partida del plazo. Notificación.

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se verifica que la misma fue dictada el 24 de abril de 1997, en presencia de las partes, al tratarse de una sentencia in-voce producida en el curso de la audiencia pública que en esa fecha era celebrada por la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional;

Considerando, que al ser dictada en presencia de las partes, el plazo para la interposición del correspondiente recurso comenzaba a correr desde el mismo día de la fecha de la sentencia; que al depositarse el escrito contentivo del recurso de casación, en la Secretaría del tribunal que dictó dicha sentencia, el 26 de junio de 1997, el mismo deviene en tardío al haberse vencido en esa fecha el plazo de un mes que establece el referido artículo 641 del Código de Trabajo para el ejercicio del recurso de casación en materia laboral, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible por extemporáneo (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 9 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 569).

Apelación. No depósito de sentencia recurrida y del acto de apelación.

Considerando, que tal como se indica más arriba, la sentencia que ordenó el envío ante la Corte a-qua, precisó que aunque se diera una calificación distinta a la dada a la terminación del contrato de trabajo por el demandante, el tribunal debía analizar las reclamaciones formuladas por éste y acoger las que correspondieran al desahucio, pero dentro del ámbito de sus conclusiones, por lo que, como el demandante no solicitó esas condenaciones ni en el acto de la demanda, ni en las conclusiones presentadas antes de producirse la sentencia de envío, el Tribunal a-quo no podía favorecerlo con las mismas;

Considerando, que al no haber sido pronunciadas esas condenaciones por el tribunal de primer grado, ni impugnado ese aspecto por el demandante a través de su recurso de apelación incidental, la Corte a-qua agravó la situación del apelante principal al imponerle una obligación no contemplada en la sentencia por él recurrida de manera principal y general, lo que es violatoria a las reglas de la apelación, pues a pesar de que el juez laboral puede fallar ultra y extra petita, esa facultad está limitada al juzgado de primera instancia, razón por la cual la sentencia debe ser casada en cuanto a ese aspecto, por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada pendiente de solución (Pleno, 19 de enero del 2000; B. J. 1070. Págs. 48-49).

Apelación. Aspecto nuevo invocado en casación.

Considerando, que la racionalidad de la ley queda manifestada en el complemento que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, establece el artículo 667 de dicho código, al disponer que “El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”, lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza, en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el Presidente de la Corte, cuyas condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada;

Considerando, que al no ser el artículo 539 del Código de Trabajo, contrario a ninguna norma o principio constitucional, el Juez a-quo estaba en la obligación de observar sus disposiciones, exigiendo a la parte que pretendía la suspensión de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Trabajo, de que el duplo de la condenación, se hiciere a través del depósito de una fianza, como se ha indicado más arriba, salvo que la misma demostrara que dicha sentencia adolecía de una nulidad evidente o incurrido en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, en cuyos casos puede, el juez de referimiento, ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, sin necesidad del depósito del referido duplo (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de agosto de 1999; B. J. 1065. Págs. 671-672).

Apelación. Competencia de la Suprema Corte de Justicia. Impugnación no apelación.

Considerando, que en la especie la comparecencia personal fue ordenada de oficio por el juez de primera instancia para dar la oportunidad a ambas partes para que presentaran sus medios de pruebas, para poner el asunto en condiciones de ser fallado; que al no ser dirigida específicamente en interés de una de las partes sino de ambas, es evidente que la misma se trata de una sentencia preparatoria, resultando correcta la decisión del Tribunal a-quo al declarar inadmisible el recurso de apelación incoado contra ella, pues las sentencia de esa naturaleza sólo pueden ser recurridas conjuntamente con la decisión que decida el fondo del asunto, algo que no había sucedido en el momento en que se elevó el referido recurso de apelación (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de marzo de 1999; B. J. 1061. Pág. 606).

Abogado apoderado de un asunto del cual estaba encargado otro abogado. Falta grave.

Fue juzgado que, en la especie no se trata pura y simplemente de la aprobación del alegado contrato de cuota litis que invoca el recurrente como existente entre él y sus alegados clientes, sino de la validez misma de ese contrato por las circunstancias del caso en que la ley prohíbe a todo abogado intervenir y encargarse de un asunto que ya está en manos de un colega, sin antes asegurarse de que el mismo ha sido desinteresado con el pago de sus honorarios y de los gastos de procedimiento por él avanzados, inobservancia que constituye falta grave, que por consiguiente, en el caso del recurrente, quien no figuró como parte en la litis no se trata de la simple aprobación de honorarios, ni del contrato de cuota litis por él alegado, sino de un litigio sobre la existencia misma del crédito, que debe ser resuelta entre él y sus alegados clientes (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 8 de marzo del 2000; B. J. 1072. Págs. 685-686).

Responsabilidad Médica

Responsabilidad Médica. Responsabilidad del médico y del establecimiento de salud (clínica u hospital) de indemnizar a la víctima por mala praxis cuando el paciente ingresa vía emergencia. Sentencia del 6 de mayo de 2015.

Cuando un paciente ingresa a un centro hospitalario vía la unidad de emergencia de una clínica u hospital, se configura una relación contractual directa entre el centro médico y el mismo, ya que el usuario no asiste al establecimiento de salud para recibir cuidados ni contrata a un médico específico, sino que se dirige a una clínica u hospital en particular y es efectivamente atendido por el personal que el propio establecimiento de salud pone a su disposición para esos fines, que en esta circunstancias, dicho personal necesariamente compromete la responsabilidad del establecimiento de salud en el que prestan sus servicios por los daños que ocasione su mala praxis aun cuando actúe conforme a sus propios criterios profesionales e independientemente del tipo de relación contractual que lo vincule a la clínica.

Fuente: Pag. 8 El Judicial

Intimidad y lugares públicos

Intimidad y lugares públicos. Imágenes grabadas en lugares públicos que no son reservados por su privacidad. Personas grabadas en lugares públicos trabajando irregularmente. (Sentencia del 29 de abril de 2015.)

Considerando, que en la especie, no se violenta el derecho de la intimidad como derecho fundamental, puesto que se trata de imágenes que han sido grabadas en lugares públicos, sin que se haya señalado ni establecido que las imágenes fueran grabadas en espacios reservados a su privacidad, como serían los aseos, vestuarios, comedores, etc., sino que se trata de grabaciones que tienen que ver con la actividad laboral realizada en lugares abiertos y públicos, con lo cual el derecho a la intimidad establecido en la Constitución Dominicana, no ha sido violentado, que las imágenes grabadas, dentro del contexto de la libertad de pruebas establecidas en los artículos 541 y 542 del Código de Trabajo no contraría los fines del derecho a la intimidad consagrado como un derecho fundamental al amparo del artículo 44 de la Carta Sustantiva, ya que los espacios abiertos propicios para la efectividad del referido derecho son los lugares reservados para su aseo, descanso o domicilio;

Considerando, que la Corte a-qua ha realizado en la sentencia impugnada una relación completa de los hechos, no advirtiéndose que al formar su criterio, la misma incurriera en desnaturalización alguna, ni que se violentara el principio de la libertad de pruebas, ni la falta de ponderación y análisis de la integralidad de las pruebas.

 Fuente: Pág. 8, año 11, Núm. 53  El Judicial

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