Subjúdice. Lo que se entiende por tal. Abogado en ejercicio.

Considerando, que asimismo el citado prevenido alega que el artículo 12 del decreto 1289, del 2 de agosto del 1983, que ratifica el estatuto orgánico del Colegio de Abogados de la República Dominicana, dispone que: “será inscrito el abogado que se encuentre en uno de los casos siguientes: “… 2do. Procesado criminalmente, con providencia calificativa definitiva, por crimen o delito que conlleve o merezca la inhabilitación para el ejercicio de la profesión”;

Considerando, que la condición de que se haya dictado un mandamiento de conducencia o la detención o citación por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente o el envío ante su jurisdicción, sólo tiene aplicación cuando la propia ley así lo dispone, pero en los demás casos debe entenderse por Subjúdice toda persona que esté siendo enjuiciada por la imputación de un hecho sancionado penalmente;

Considerando, que la condición de Subjúdice sólo constituye un obstáculo para el ejercicio de un derecho cuando así expresamente lo disponga la ley;

Considerando, que por otra parte, el hecho de que el artículo 12 del decreto 1289, del 2 de agosto de 1983, que ratifica el Estatuto Orgánico del Colegio de Abogados de la República Dominicana, impida la inscripción en esa institución de los abogados que se encuentren procesados criminalmente, con providencia calificativa por crimen o delito que conlleve o merezca la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, no significa que cuando el procesamiento se inicia contra un abogado ya miembro del Colegio se produzca la inhabilitación de éste para realizar sus actividades profesionales, pues una cosa es el tratamiento que da dicho decreto a quienes, al tenor del artículo 6 del mismo, no pueden ejercer la profesión por no estar inscritos en el colegio, y otra es el que se concede al profesional, que estando en el disfrute de su ejercicio, ha contraído compromisos con las personas que han procurado sus servicios profesionales y con posterioridad deviene un enjuiciamiento en su contra;

Considerando, que la facultad de ejercer su profesión que tiene un abogado sometido a un juicio penal o disciplinario, cuyo resultado pudiere conllevar su inhabilitación deriva de la presunción de inocencia que favorece a todo inculpado, y se aprecia en la norma de la ley provisional bajo fianza antes referida y en las propias disposiciones del mencionado Estatuto Orgánico del Colegio de Abogados, el cual en su artículo 24 establece como una de las sanciones a imponer al abogado en falta, la suspensión del ejercicio de la profesión de un mes a cinco años, por lo que la adopción de toda medida que implique la suspensión del ejercicio de la profesión de un abogado por el hecho de su enjuiciamiento, constituye la aplicación de una sanción antes de la conclusión del mismo; (Pleno, 9 de septiembre de 2003, No. 5, B.J. No. 1114, página 30).