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Demanda laboral en desalojo de vivienda que forman parte del Contrato de Trabajo.

Considerando, que las viviendas a que se refiere el indicado artículo 656, son aquellas que son facilitadas a los trabajadores en ocasión de la prestación de sus servicios personales y que como tal forman parte del contrato de trabajo que los liga a la empresa, por lo que al término del mismo deben ser desocupadas por éstos en el plazo de 45 días, plazo fijado en el ordinal 10mo. del artículo 44 del Código de Trabajo, siendo condición esencial para que el uso de esa vivienda siga la suerte del contrato de trabajo, que la concesión se haya hecho de manera gratuita, pues en los casos en que el trabajador tiene que pagar el precio de un alquiler para lograr su habitación, surge un contrato de inquilinato regido por las reglas establecidas para este tipo de contrato;

Considerando, que la disposición del artículo 589 del Código de Trabajo, en el sentido de que la excepción de declinatoria se fallará con lo principal, sólo se cumple cuando se rechaza la incompetencia planteada y el tribunal se declara competente, pues como consecuencia del tribunal declararse no apto para conocer del asunto puesto a su cargo, está impedido de conocer el fondo de la demanda de que se trate, como ocurrió en la especie; (Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 9 del 28 de mayo del 2003; Boletín Judicial No.1110, páginas 87 y 89).

Jurisprudencias sobre desahucio

Desahucio. Oferta real de pago. Artículo 653 del Código de Trabajo. Condiciones.

Considerando, que un documento donde el empleador comunica al trabajador que deja sin efecto el contrato de trabajo, sin invocar causa alguna para poner fin a dicho contrato, es una prueba fehaciente de que la terminación se produce por el ejercicio del desahucio de parte del empleador, pues este tipo de terminación del contrato se caracteriza por la circunstancia de que las partes no invocan ninguna causa para dar por concluida la relación contractual (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de marzo de 1998; B. J. 1048. Pág. 539).

 

Desahucio. Empleador que no comunica ninguna causa.

Considerando, que el elemento más caracterizante del desahucio, es que el mismo se genera por la voluntad unilateral de una de las partes contratantes, sin que la persona que lo realice atribuya ninguna falta a la otra ni invoque causa alguna para tomar la decisión de poner fin al contrato de trabajo;

Considerando, que el plazo del desahucio, es una obligación que contrae la persona que ejerce ese derecho, cuyo incumplimiento no varía la causa de terminación del contrato, sino que tiene como consecuencia, obligar a “la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente pagar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos” del desahucio, tal como lo dispone el artículo 79 del Código de Trabajo;

Considerando, que de igual manera, el no pago de esa indemnización sustitutiva y del auxilio de cesantía de parte del empleador que ejecuta el desahucio, tampoco torna el desahucio en despido injustificado, sino que hace aplicable las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, que le impone el deber de pagar, después del décimo día sin que cumpla con su obligación, “una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo”

Considerando, que precisamente el artículo 86, del Código de Trabajo, el cual rechazó aplicar, el tribunal a-quo al considerar que la no concesión del plazo del desahucio y el no pago del auxilio de cesantía, convirtió la terminación del contrato de trabajo “en un despido puro y simple”, ha sido instituido para ser utilizado en el caso del desahucio ejercido por el empleador sin el cumplimiento de las obligaciones que su decisión de poner término al contrato de trabajo sin invocar justa causa, le acarrea, por lo que de acogerse el criterio del tribunal a-quo, dicho artículo no tendría razón de ser;

Considerando, que por otra parte, a pesar de que la Corte a-qua decidió que en la especie no hubo desahucio, por el no ofrecimiento del pago de las prestaciones laborales al recurrente, en la sentencia impugnada se consigna que entre los documentos depositados por éste se encuentra la carta de desahucio, expedida por Molinos Dominicanos, C. x A., “donde se le avisa que pase a buscar sus prestaciones laborales el 18 de febrero de 1994”, lo que hace que la sentencia contenga motivos erróneos y contradictorios, que determinan su casación, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

Considerando, que cuando, la sentencia es casada por la violación a una norma procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 7 de octubre de 1998; B. J. 1055. Pág. 430).