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Jurisprudencia sobre vehículo dejado en el parqueo de Hotel

Rec: Hotel Jaragua Resort Casino and European Spa vs César García, de Fecha: 25 de enero de 2012.

Considerando, que, en el exno-somos-responsables-vehiculoamen de la cuestión referente a la responsabilidad por los daños causados al vehículo de un cliente hospedado en el hotel hoy recurrente y que éste ofrece un servicio adicional a sus potenciales clientes, no pueden menospreciarse los efectos de la publicidad en la relación contractual que se genera entre ellos, las características y alcances de la oferta realizada por el empresario hotelero y las obligaciones que surgen en consecuencia;

Considerando, que dicho contrato de hospedaje es entendido como un todo complejo en cuya formación tiene gran incidencia la publicidad y, aludiendo específicamente al que se conviene entre el hotel y los consumidores, aquél tiene la obligación, porque así lo ha ofrecido al llegar los huéspedes al hotel encontrando un área designada para estacionamiento de los huéspedes del mismo, mientras estos se encuentren en el hotel; que el servicio de estacionamiento gratuito, siendo una prestación accesoria y complementaria, genera en el hotel la obligación de custodia y guarda del vehículo, pues es de suma importancia para el cliente confiar en que el hotel va a adoptar las medidas y precauciones necesarias para alcanzar ese fin, cumpliendo con los elementos de prudencia y diligencia, ya que el uso del estacionamiento ha sido uno de los factores que posibilitaron la contratación principal, es decir, la de hospedaje; por tanto, procede que sean desestimados los medios examinados, por infundados, y con ello rechazado el presente recurso de casación;

Subjúdice. Lo que se entiende por tal. Abogado en ejercicio.

Considerando, que asimismo el citado prevenido alega que el artículo 12 del decreto 1289, del 2 de agosto del 1983, que ratifica el estatuto orgánico del Colegio de Abogados de la República Dominicana, dispone que: “será inscrito el abogado que se encuentre en uno de los casos siguientes: “… 2do. Procesado criminalmente, con providencia calificativa definitiva, por crimen o delito que conlleve o merezca la inhabilitación para el ejercicio de la profesión”;

Considerando, que la condición de que se haya dictado un mandamiento de conducencia o la detención o citación por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente o el envío ante su jurisdicción, sólo tiene aplicación cuando la propia ley así lo dispone, pero en los demás casos debe entenderse por Subjúdice toda persona que esté siendo enjuiciada por la imputación de un hecho sancionado penalmente;

Considerando, que la condición de Subjúdice sólo constituye un obstáculo para el ejercicio de un derecho cuando así expresamente lo disponga la ley;

Considerando, que por otra parte, el hecho de que el artículo 12 del decreto 1289, del 2 de agosto de 1983, que ratifica el Estatuto Orgánico del Colegio de Abogados de la República Dominicana, impida la inscripción en esa institución de los abogados que se encuentren procesados criminalmente, con providencia calificativa por crimen o delito que conlleve o merezca la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, no significa que cuando el procesamiento se inicia contra un abogado ya miembro del Colegio se produzca la inhabilitación de éste para realizar sus actividades profesionales, pues una cosa es el tratamiento que da dicho decreto a quienes, al tenor del artículo 6 del mismo, no pueden ejercer la profesión por no estar inscritos en el colegio, y otra es el que se concede al profesional, que estando en el disfrute de su ejercicio, ha contraído compromisos con las personas que han procurado sus servicios profesionales y con posterioridad deviene un enjuiciamiento en su contra;

Considerando, que la facultad de ejercer su profesión que tiene un abogado sometido a un juicio penal o disciplinario, cuyo resultado pudiere conllevar su inhabilitación deriva de la presunción de inocencia que favorece a todo inculpado, y se aprecia en la norma de la ley provisional bajo fianza antes referida y en las propias disposiciones del mencionado Estatuto Orgánico del Colegio de Abogados, el cual en su artículo 24 establece como una de las sanciones a imponer al abogado en falta, la suspensión del ejercicio de la profesión de un mes a cinco años, por lo que la adopción de toda medida que implique la suspensión del ejercicio de la profesión de un abogado por el hecho de su enjuiciamiento, constituye la aplicación de una sanción antes de la conclusión del mismo; (Pleno, 9 de septiembre de 2003, No. 5, B.J. No. 1114, página 30).