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Jurisprudencias sobre Violación de Propiedad

¿Cuáles son los elementos Constitutivos de la Violación de Propiedad?

Atendido, que para que exista la infracción contenida en la Ley núm. 5869 es necesario probar la introducción en una propiedad sin el consentimiento delpropietario, arrendatario, usufructuario o simple detentador, que dicha introducción haya causado un perjuicio, y que haya intención delictuosa; que en el presente caso no se encuentran caracterizados los elementos constitutivos de esta infracción, toda vez que tanto el querellante como el querellado poseen sus respectivos certificados de títulos quedando evidenciado que el caso trata de una litis sobre terreno registrado, en consecuencia, procede declarar la incompetencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia para conocer y decidir el caso, y por consiguiente, dispone la declinatoria del mismo por ante la jurisdicción inmobiliaria; Auto núm. 17‐2009, de fecha Diecinueve (19) de mayo del año dos mil nueve (2009),

Asesinato. Condenado a 25 años, sanción no contemplada en escala de la ley.

Considerando, que en materia de privación de libertad, como sanción aplicable por los tribunales represivos, en la República Dominicana rige la siguiente escala de penas:

1ro.) A la luz del artículo 465 del Código Penal, el Arresto por Contravenciones de simple policía, de uno a cinco días de duración;

2do.) De acuerdo al artículo 40 del mismo código, la Prisión Correccional por delitos, de seis días a dos años de duración;

3ro.) En virtud del artículo 7 del código de referencia, modificado por la ley 46-99,

a) Reclusión Mayor de treinta años de duración, b) Reclusión Mayor de veinte años de duración;

c) Reclusión Mayor, que el artículo 18 del Código Penal determina que es de tres a veinte años de duración,

d) Detención, que el artículo 21 del Código Penal determina que es de tres a diez años de duración y

e) Reclusión Menor, que el artículo 23 del Código Penal determina que es de dos a cinco años de duración; que, por consiguiente, cuando la Corte a-qua condenó a Enrique Aníbal Matos Saladín (a) Pericles, por el crimen de que se trata, a veinticinco (25) años de reclusión mayor, impuso una pena que no está prevista en el ordenamiento jurídico de nuestro país; que si la Corte a-qua entendió dentro de su poder soberano de apreciación de los hechos que juzgó, que en la especie procedía acoger a favor del procesado Enrique Aníbal Matos Saladín (a) Pericles las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 463 del Código Penal, o si entendió que en virtud de los artículos 59 y 60 del citado código este coacusado no era autor sino un cómplice, debió aplicar la sanción que en la escala de penalidades precedentemente expuesta le correspondía, y al no hacerlo actuó fuera del marco de la ley, por lo que la sentencia merece ser casada en ese aspecto; (Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 17 del 9 de abril del 2003; Boletín Judicial No. 1109, Pág. 335).

Jurisprudencias sobre casacion en materia laboral

Casación. Motivos de las sentencias. Apartado 5to. del artículo 23 de la Ley de Casación.

Considerando, que en conocimiento de esa situación, la corte a-qua no podía declarar que el referido fallo había adquirido la autoridad de la cosa juzgada, pues era la Suprema Corte de Justicia, la que debía ponderar los méritos del recurso de casación y decidir sobre su procedencia o no; que mientras no sucediera una decisión de la Corte de Casación al respecto, la Corte a-qua, tenía que reconocer que la sentencia de la referencia había sido impugnada, lo que le impedía dar al asunto la característica de juzgado irrevocablemente, ni autorizar la entrega de los valores retenidos, en vista de que sí bien las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, al tenor del artículo 539 del Código de Trabajo a los fines de los embargos retentivos, para que el tercer embargado se obligue a entregar directamente los valores embargados al ejecutante, es necesario además, que esta sea irrevocable (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tri- butar io, 18 de septiembre de 1999).

Casación. Medio de orden público. Artículo 141 de la Ley 834 de 1978.

Considerando, que si bien es cierto que la jurisdicción de envío puede fundamentar su fallo en los medios de pruebas presentados al tribunal que dictó la sentencia casada, es a condición de que los mismos sean aportados al examen y ponderación de los jueces que conocerán nuevamente del recurso, para formar su criterio, lo que no se advierte haya ocurrido en la especie, en vista de que el tribunal menciona la ponderación realizada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, sin dejar constancia de que él haya ponderado la prueba que le fue aportada (Cámaras Reunidas, 20 de junio del 2001; B. J. 1087. Pág. 17).

 

Casación. Tribunal de envío. Poderes. Alegato de inadmisibilidad.

Considerando, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que “en los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria”;

Considerando, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se verifica que el Memorial de Casación fue depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago el 8 de julio de 1997 y notificado a los recurridos el 23 de julio del mismo año, cuando había transcurrido un plazo mayor al de los cinco días que prescribe el referido artículo 643;

Considerando, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho Código que trata del Recurso de Casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que al no haber en el nuevo Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la caducidad del recurso de Casación cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido Código, debe aplicarse el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que dispone “Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio” (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 500-501).