Ley 344-98 sobre las sanciones a los organizadores de viajes ilegales

LEY No. 344-98 SOBRE LAS SANCIONES A LOS ORGANIZADORES DE VIAJES ILEGALES

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Considerando: Que las migraciones ilegales y masivas constituyen un fenómeno contemporáneo complejo y difícil, capaz de afectar sensiblemente tanto los intereses fundamentales de la nación, como sus relaciones con las demás naciones vecinas;

 

Considerando: Que, en los últimos tiempos, la República Dominicana ha venido experimentando preocupantes procesos de inmigración y emigración, lo que ha determinado que un considerable número de sus nacionales residan en el exterior, a la vez que se incrementa de forma desorbitada la presencia de extranjeros ilegales en el territorio nacional;

 

Considerando: Que estos flujos migratorios, desde y hacia el territorio nacional, son organizados y estimulados por la actividad de grupos criminales, lo que genera corrupción en nuestras instituciones, pérdida de vidas humanas y de bienes, así como la vulnerabilidad creciente de los límites de nuestro territorio;

 

Considerando: Que el funcionamiento de estas organizaciones criminales y las graves repercusiones de estos flujos migratorios ilegales en el orden económico, social y político interesan a la seguridad del país, lo que impone actuar frente a las mismas con mayor drasticidad;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Toda persona que desde el territorio nacional o el extranjero se dedique a planear, patrocinar, financiar, facilitar u organizar, por cualquier medio o forma, la realización de viajes o traslados para el ingreso o salida ilegal de personas, desde o hacia el territorio nacional, sean éstas nacionales o extranjeras, serán sancionadas con penas de 3 a 10 años de reclusión, y multas de RD$10,000.00 a RD$50,000.00.

 

Párrafo.- La tentativa se castigará conforme al Código Penal Dominicano y se asimilará como la tentativa misma la simulación fraudulenta de realización de viajes o transporte de personas con destino al exterior.

 

Artículo 2.- Si como resultado o en ocasión de la realización de estos viajes ilegales, se produjere la muerte de una o más personas, se impondrá a los responsables de cualquiera de las acciones castigadas en el presente artículo una pena dé reclusión no menor de 20 años ni mayor de 30, y multas de RD$25,000.00 a RD$100.000.00, así como la obligación de indemnizar a los familiares de la víctima por concepto de daños y perjuicios.

 

Artículo 3.- Toda persona implicada en la comisión de la infracción prevista .en el artículo uno (1) de la presente ley, que antes de poner en movimiento ¡a acción pública procediere a informar a las autoridades competentes acerca de los preparativos de viajes ¡legales, quedará exenta de toda responsabilidad.

 

Párrafo.- El tribunal impondrá las penas mínimas previstas en el Artículo uno (1) a todos aquellos implicados que habiéndose declarado culpables de cualquiera de las acciones castigadas por ese artículo, facilitaren el esclarecimiento de los hechos, aportando evidencias o pruebas contra los demás implicados. Las previsiones contempladas en el presente párrafo no se aplicarán en caso de reincidencia.

 

Artículo 4.- Cuando en la comisión de los hechos previstos en el artículo primero de la presente ley participen militares, policías o cualquier agente o depositario de la autoridad pública, se encontraren o no en servicio, el tribunal impondrá a éstos la penas máximas.

 

Artículo 5.- Además de las sanciones previstas en la presente ley, los tribunales impondrán el decomiso o la destrucción de las embarcaciones, vehículos o medios de transporte empleados para la ejecución de los hechos, salvo en los casos en que los mismos sean usados regularmente y en forma legal para el transporte de personas o carga. En los casos los tribunales impondrán a los propietarios de dichas embarcaciones, vehículos o medios de transporte, siempre que no estuvieren implicados directamente en la comisión de los hechos, la pena de multa de RD$2,000.00 a RD$10,000.00, de conformidad con la magnitud del trasiego ilegal de personas.

 

Artículo 6.- La presente ley deroga la Ley 1587, del 11 de diciembre de 1947, y sus previsiones se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones previstas en las leyes de migración, pasaportes y otras materias similares.

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de abril del año mil novecientos noventa ocho, años 155 de la Independencia y 135 de la Restauración.

 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de julio del año mil novecientos noventa y ocho (1998).-