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Derechos de la mujer en la Constitución de 2010

Perspectiva de Género

Desde siempre la mujer ha desempeñado aquel papel para el que estaba naturalmente destinada: el hogar, la maternidad, la familia; fruto de ese “proceso de socialización diferenciada”, que es el que moldea a la persona según unos patrones de conducta socialmente establecidos, se le asignó un rol marcadamente desigual ante el hombre.

Nuestro país dispone hoy de una nueva Constitución, contentiva de principios y normativas que definen una nueva República Dominicana, un Estado moderno, definiendo los derechos sociales, económicos, políti­cos y culturales, entre otros, donde se destaca de ma­nera clara y precisa la plena igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Los adelantos en materia de equidad de género in­cluyen el hecho de que en la Carta Sustantiva se reco­noce de manera expresa la igualdad de derechos en­tre el hombre y la mujer (Artículo 39.4), se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e impone al Estado la obligación de promover las medidas que fueren necesarias para sancionar y erradicar las desigualdades y la violencia de género (Artículos 39.3, 39.4 y 42.2).

Otra conquista para la mujer es la prerrogativa que establece el equilibrio de género en la presentación de candidaturas y puestos de decisión en la Adminis­tración Pública, de justicia y en los órganos de control del Estado (Art. 39), así como la consecuente habilita­ción de mecanismos para lograr la igualdad.

También, los derechos de la mujer se ven protegi­dos en ciertos numerales del artículo 55 sobre los de­rechos de familia, especialmente el numeral 6, el cual indica que “La maternidad, sea cual fuere la condi­ción social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera de­recho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.

Otra disposición de corte progresista es el numeral 11 del mismo artículo 55, que señala lo siguiente:

“El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.

Sobre otros derechos relacionados con la participa­ción de la mujer en la vida política y pública queremos destacar el contenido del artículo 22 del texto sustan­tivo, sobre los derechos de la ciudadanía, el cual establece en su numeral 2 el derecho a “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”. Mientras que en el numeral 3 se consigna la libertad de “ejercer el derecho de iniciativa popular, legisla­tiva y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. Por último, el derecho de “formular peticiones a los poder

es públicos para solicitar medidas de interés público y obtener res­puesta de las autoridades en el término estableci­do por las leyes que se dicten al respecto“. Con ello nos ponemos a tono, además, con la recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1997, que pone a cargo de los Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Ahora bien, aunque los avances normativos son im­portantes, al profundizar en el análisis de su validez a la luz de sus objetivos y alcances, nos damos cuenta que aún quedan muchos obstáculos por salvar.

Se precisa de la construcción de un nuevo sistema de valores, actitudes y convicciones que conviertan en prácticas de vida la igualdad y la equidad entre mu­jeres y hombres como condición indispensable para construir una cultura de paz, libre de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

La educación para la igualdad de derechos y opor­tunidades en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los espacios en los que interactuamos es la única vía segura para que podamos construir una Re­pública Dominicana cada vez más humana, justa y so­lidaria, donde mujeres y hombres avancemos juntos, de igual a igual.

En lo relativo a la participación política de mujeres y hombres también debe existir equilibrio. Una ver­dadera participación política con enfoque de género deberá garantizar tres elementos: inclusión, represen­tación y paridad.

El Tribunal Constitucional deberá garantizar proac­tivamente el empoderamiento de la mujer en un diálogo constructivo que permita canalizar institucio­nalmente las posibilidades que le reconoce la Consti­tución. Podemos asegurar que el TC ha asumido ese compromiso dispuesto a trabajar sin descanso para que la nueva Constitución se convierta en un verdade­ro instrumento de derechos, de manera que esos de­rechos se traduzcan en hechos reales que se expresen en la igualdad de derechos; que contribuya a lograr una mayor representación de las mujeres a todos los niveles de la sociedad, en el respeto de su vida, de su autonomía y su soberanía plena.

¿Por qué se llaman derechos fundamentales?

Se llaman derechos fundamentales, pues al encontrarse establecidos en la Constitución, forman parte del fundamento jurídico y político del Estado, el cual está establecido en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.

El cual establece lo siguiente:

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.