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Estatuto del Juez Iberoamericano

LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

 

 

CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

 

 

CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.

 

 

CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

 

 

DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

 

Aprueba y promulga el siguiente:

 

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO

 

 

INDEPENDENCIA

 

Art. 1. Principio general de independencia

Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

 

 

Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial

Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

 

 

Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación

La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.

 

 

Art. 4. Independencia interna

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.

 

 

Art. 5. Defensa de la independencia judicial

Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

 

 

Art. 6. Condiciones materiales de la independencia

El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.

 

IMPARCIALIDAD

 

Art. 7. Principio de imparcialidad

La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 8. Imparcialidad objetiva

La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.

 

 

Art. 9. Abstención y recusación

Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

 

Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.

 

 

Art. 10. Incompatibilidades

El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.

 

 

 

SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

 

Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.

 

 

Art. 12. Objetividad en la selección de jueces

Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

 

 

Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de jueces

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

 

 

Art. 14. Principio de inamovilidad

Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.

 

No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 15. Nombramiento a término de los jueces

Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.

 

 

Art. 16. Inamovilidad interna

La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado. Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional.

 

En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.

 

 

Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera judicial

Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.

 

 

Art. 18. Inamovilidad «ad hoc»

La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

 

 

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y

EVALUACIÓN DEL JUEZ

 

Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del juez

Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

 

La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

 

 

Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

 

 

Art. 21. Sistema de supervisión judicial

Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.

 

 

Art. 22. Evaluación del desempeño

En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.

 

 

Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño

El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

 

CAPACITACIÓN

 

Art. 24. Capacitación inicial

La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.

 

 

Art. 25. Centros de capacitación

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.

 

 

Art. 26. Costos de la capacitación inicial

Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.

 

 

Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

 

 

Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada

La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.

 

 

Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.

 

 

Art. 30. Evaluación en la capacitación

La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.

 

La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.

 

 

Art. 31. Participación judicial en la programación de la capacitación

En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.

 

 

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

 

Art. 32. Remuneración

Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.

 

 

Art. 33. Seguridad Social

El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.

 

Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.

 

 

Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos

Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.

 

El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.

 

En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.

 

 

Art. 35. Seguridad personal y familiar

En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL

 

Art. 36. Derecho de asociación de los jueces

La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.

 

ÉTICA JUDICIAL

 

Art. 37. Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

 

 

Art. 38. Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

 

Art. 39. Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

 

 

Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

 

 

Art. 41. Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

 

 

Art. 42. Resolución en plazo razonable

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

 

 

Art. 43. Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

 

 

Art. 44. Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

 

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.

Estructura orgánica del Registro del Estado Civil

Junta Central Electoral.

En adición a sus atribuciones electorales, este organismo tiene a su cargo el Registro del Estado Civil, a través de su Dirección Nacional. Está compuesta por cinco miembros y tiene una división en tres instancias:

El Pleno, conformado por la totalidad de sus Miembros y dirigido por el Presidente, una Cámara Administrativa, compuesta por un Presidente y dos miembros, y la Cámara Contenciosa, integrada por un Presidente y cuatro miembros. (Art.4 Ley Electoral No. 275-97).

El Pleno de la junta Central Electoral es la instancia competente de conocer todos los expedientes relativos al Registro del Estado Civil, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 9 de la Ley No.659 sobre Actos del Estado Civil de fecha 17 de julio del 1944. (Numeral 14 del artículo 3 del Reglamento Interno de la junta Central Electoral).

La Cámara Administrativa está facultada para recomendar al Pleno de la junta Central Electoral, el nombramiento de todos los funcionarios de la Institución y sus dependencias, así como fijar el horario de trabajo de todo el sistema del Registro Civil, que incluye la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil, entre otros. (Literales a y b, del Artículo 6 de la Ley Electoral No.275-97).

De igual manera, todo cuanto tenga que ver con la parte administrativa de las Oficialías del Estado Civil será de la competencia de la Cámara Administrativa. (Numeral 14 del Artículo 3 del Reglamento Interno de la Junta Central Electoral).

Comisión de Oficialías. Está integrada por cinco Miembros y tiene a su cargo el conocimiento para su opinión sobre los expedientes relativos a los Actos del Estado Civil asentados que presentan omisiones, irregularidades o los que para su asentamiento requieren autorización.

Esta Comisión tiene por finalidad, evaluar, estudiar y deliberar sobre cualquier aspecto del Estado Civil, bien sea de oficio o a requerimiento de cualquier otra instancia de la junta Central Electoral, y podrá tomar sus decisiones las cuales deberán ser refrendadas por el Pleno. (Conformada por Decisión del Pleno de la junta Central Electoral).

Dirección Nacional del Registro del Estado Civil. Es la entidad dependiente de la junta Central Electoral, encargada de todos los servicios del Estado Civil. Está a cargo de un Director Nacional en virtud del literal d, del Párrafo III del Art. 6 de la Ley No. 275­-97 del 21-12-97 y dos Sub-directores, cargos creados por la JCE en virtud del literal i, de esta misma disposición legal.

Oficina Central del Estado Civil. Es la institución que tiene como atribución principal, la custodia y conservación de uno de los Registros Originales que anualmente. deben enviarle los Oficiales del Estado Civil, de los cuales podrá expedir copias, y a la vez es la encargada de autenticar o legalizar las firmas estampadas por los Oficiales del Estado Civil en las actas. Está conformada por un Director y dos Sub-directores. (Art.5 Ley No.659/44).

Oficialías del Estado Civil. Son las oficinas integradas por un Oficial del Estado Civil, dos Suplentes y un Asistente Administrativo, encargadas de registrar y expedir las actas relacionadas con el estado civil de las personas. (Art. 1 Ley No.659/44).

Delegación de Oficialías del Estado Civil. Es la Oficina a cargo de un Delegado, que funciona en el Distrito Nacional, encargada de registrar y expedir las actas relativas a las defunciones. (Art. 1 Ley No.659/44).

Delegaciones en Centros de Salud. Son las oficinas encargadas de registrar oportunamente los nacimientos y las de­funciones en los centros hospitalarios, así como de registrar en los libros correspon­dientes, el nacimiento de hijos de padres extranjeros no residentes en el país. (Decisión Administrativa JCE, año 1997 y Art. 5, Párrafo III Ley No. 136-03).

Centros de Servicios. Son oficinas ubicadas en regiones estraté­gicas del país, desde las cuales se pueden expedir actas de cualquier índole, independientemente del lugar o de la Oficialía en la cual se encuentren registra­das. En estos centros se podrá también legalizar dichas actas. (Decisiones Admi­nistrativas,JCE)

Unidad Especializada de Declaraciones Tardías de Nacimiento.

(Decisión JCE, Acta No. 13/2005 del 7/9/2005). Es la encargada de recibir y depurar los expedientes de solicitud de declaraciones tardías de nacimientos para niños, niñas y personas mayores de 16 años de edad, está compuesta por una Encargada y una Sub-encargada.

Cuenta con Unidades Móviles que se desplazarán por lugares estratégicos de la geografía nacional en operativos de declaraciones tardías de nacimiento.

Todos los funcionarios y los empleados auxiliares del Registro Civil, son nombra­dos por la Junta Central Electoral. Para la designación del Director Nacional del Registro del Estado Civil, se requiere de la opinión de los partidos políticos.

Los Oficiales del Estado Civil serán designados conforme a la ley 8-92 de fecha 13 de abril de 1992 y a la Resolución de la Junta Central Electoral de fecha 30 de mayo del 2007, para el Sistema de carrera sobre la base de Concursos Públicos de Méritos por oposición.

Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC)

La Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) fue instituida mediante el Reglamento de fecha 07 de noviembre del 2007, aprobado en sesión administrativa de la junta Central Electoral mediante Acta No.31/2006.

Dentro de sus principales funciones se encuentra la evaluación y recomendación para el ingreso de los aspirantes a Oficiales del Estado Civil y sus Suplentes, y la capacitación de éstos y del personal técnico, administrativo del Sistema Nacional del Registro del Estado Civil.