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La medida de coerción en el código procesal penal dominicano

La medida de coerción en el código procesal penal dominicano del Artículo 226 al 237

Art. 226. MedidasA solicitud del ministerio público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez podrá imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción:

  • La presentación de una garantía económica suficiente;
  • La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
  • La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez;
  • La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
  • La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado;
  • El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga;
  • La prisión preventiva. En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva, ni el arresto domiciliario, ni la colocación de localizadores electrónicos.

En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva ni el arresto domiciliario ni la colocación de localizadores electrónicos.

 

Art. 227. ProcedenciaProcede aplicar medidas de coerción, cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

  1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción;
  2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento;
  3. La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.

 

 

Art. 228. ImposiciónA solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción. En los casos de acción pública la medida de coerción sólo procede a solicitud del ministerio público.

 

En caso que el juez dicte prisión preventiva o arresto domiciliario, el plazo de la investigación es de tres meses, salvo que el ministerio público, la víctima o el querellante soliciten una prórroga en la forma que se establece en el presente código.

 

El juez no puede reducir el plazo de la investigación salvo que todas las partes estén de acuerdo. La concesión de la prórroga suspende la prisión preventiva y pone en libertad al imputado, a menos que el ministerio público, la víctima o el querellante justifique al juez la prolongación de la misma.

 

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.

 

Art. 229. Peligro de fugaPara decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

 

  • Arraigo en el país, determinado por el domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad, ocultamiento o falta de información sobre el domicilio del imputado, constituye presunción de fuga;

 

  • La imposibilidad de identificación cierta y precisa del imputado, como consecuencia de su pretensión de ocultar su verdadera identidad a los fines de evadir su responsabilidad, o la posesión de más de un documento de identidad, constituye presunción de peligro de fuga;

 

  • La gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, así como la pena imponible al imputado en caso de condena;

 

  • La importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo;

 

  • El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;

 

  • La existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, encontrarse sujeto a alguna medida de coerción personal, gozar de la suspensión, requerir la revisión de las medidas de coerción impuestas en todos los casos anteriores;

 

  • La no residencia legal en el país o, aún con residencia legal, la no existencia de los elementos serios de arraigo;

 

  • Haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso.

 

Art. 230. PruebaLas partes pueden proponer prueba con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de una medida de coerción.

Dicha prueba se individualiza en un registro especial cuando no está permitida su incorporación al debate.

El juez valora estos elementos de prueba conforme a las reglas generales establecidas en este código, exclusivamente para fundar la decisión sobre la medida de coerción.

En todos los casos el juez debe, antes de pronunciarse, convocar a una audiencia para oír a las partes o para recibir directamente la prueba. De dicha audiencia se levanta un acta.

 

 

Art. 231. ResoluciónLa resolución que impone una medida de coerción debe contener:

  1. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo;
  2. La enunciación del hecho que se le atribuye y su calificación jurídica;
  3. La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;
  4. La fecha en que vence el plazo máximo de vigencia de la medida.

 

Art. 232. ActaPrevio a la ejecución de las medidas de coerción, cuando corresponda, se levanta un acta en la que conste:

  1. La notificación al imputado;
  2. La identificación y el domicilio de la institución o de los particulares que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función u obligación que les ha sido asignada;
  3. El señalamiento del lugar o la forma para recibir notificaciones;
  4. La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.

 

Art. 233. InternamientoEl juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar el internamiento del imputado en un centro de salud mental, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso para sí o para terceros, siempre que medien las mismas condiciones que para aplicar la prisión preventiva.

 

 

Art. 234. Prisión preventivaAdemás de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona, para evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación, y cuando la libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la víctima o sus familiares, o los testigos del proceso.

 

No puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta y cinco años, si se estima que, en caso de condena, no le es imponible una pena mayor a cuatro años de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en perjuicio de mujeres embarazadas, de madres durante el período de la lactancia, según lo dispone el Código de Trabajo de la República Dominicana o de personas afectadas por una enfermedad grave y terminal.

 

Art. 235. GarantíaLa garantía es presentada por el imputado u otra persona mediante el depósito de dinero, valores, con el otorgamiento de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más personas solventes.

 

Previo a la suscripción de la garantía económica o fianza, corresponde al ministerio público verificar la certeza, valor y validez de la garantía acordada. Cuando se trate de una fianza, verificará que la compañía aseguradora tenga calidad y autorización para garantizar el monto de la fianza establecida. No se suscribirá contrato de fianza alguno si el imputado no presenta una identificación cierta y precisa.

 

Al decidir sobre la garantía, el juez fija el monto, la modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía excesiva ni de imposible cumplimiento en atención a los recursos económicos del imputado.

 

El juez hace la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones.

 

El imputado y el garante pueden sustituirla por otra equivalente, previa autorización del juez.

 

Se crea un Fondo Único de Garantía Procesal compuesto por los valores depositados procedentes de las garantías económicas en efectivo, impuestas por los tribunales. Dicho fondo, en ningún caso será menor del veinte por ciento de la totalidad de la suma depositada sucesivamente como consecuencia de dichas garantías.

 

Los valores restantes al Fondo Único de Garantía Procesal serán administrados por el ministerio público de conformidad con la legislación establecida en materia presupuestaria y administrativa.

 

 

Art. 236. Ejecución de la garantíaCuando se declare la rebeldía del imputado o cuando éste se sustraiga a la ejecución de la pena, el juez concede un plazo de veinte días al garante para que lo presente. Le advertirá que si no lo hace se procederá a la ejecución de la garantía. Una vez presentada la persona en rebeldía, el juez dicta la medida de coerción que corresponda, tomando en cuenta el estado de presunción de fuga, y el contrato de fianza es revocado.

 

Vencido el plazo sin la presentación de la persona en rebeldía, el juez dispone la ejecución en perjuicio del garante o la venta en pública subasta de los bienes dados en prenda o de los hipotecados, sin necesidad de embargo inmobiliario previo.

 

Si la fianza fue acordada a través de una compañía aseguradora, se le intima para que en el plazo de diez días deposite el monto del valor asegurado. En caso de incumplimiento, el ministerio público solicitará al juez que disponga la ejecución del modo que se indica en el párrafo anterior, al tiempo que deberá abstenerse de suscribirle nuevos contratos de fianza, hasta el cumplimiento de su obligación.

 

Art. 237. Cancelación de la garantíaLa garantía debe ser cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados, siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, cuando:

  1. Se revoque la decisión que la acuerda;
  2. Se dicte el archivo o la absolución;
  3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o ella no deba ejecutarse.