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La Conciliación

La Conciliación

Introducción.

En nuestro país desde el año 1996 ha existido una cultura práctica en materia de conciliación, pero no es hasta la entrada en vigencia del CPP, cuando se incorpora como institución reglada, que procura la solución de determinados ­conflictos penales mediante su desjudicialización, considerando a las víctimas ­protagonistas centrales del proceso.

La Conciliación ayuda a la economía procesal ya que simplifica los conocimientos de delitos menores, permitiendo que se reserve la investigación a delitos de mayor gravedad.

La aplicación de esta salida alterna permite que el acusado de cometer un hecho sancionable penalmente se reintegre a la sociedad sin necesidad de sufrir los efectos, en gran medida dañinos, de la prisión preventiva. En fin per­mite que las partes puedan lograr soluciones generadas por ellas mismas.

¿Qué es conciliar?

La conciliación es un Método de Resolución Alterna de Conflictos que contribuye a reincorporar el conflicto a la víctima.

La conciliación, según señala José de la Mata Amaya, es un método de auto composición para la solución de conflictos que filtran el proceso y supone un acuerdo entre imputado y la víctima, que motiva la suspensión del procedi­miento y que conlleva, si el imputado cumple lo acordado, a la extinción de la acción penal.

La conciliación, medio persuasivo de solución de conflictos, busca una composición justa entre las partes facilitando su comunicación en pro de un arreglo. Para la víctima la consecución del acuerdo reparatorio y para el imputado evitar la imposición de una sanción que menoscabe su libertad y su patrimonio.

¿Cuándo es posible conciliar?

El artículo 37 del CPP, establece que procede la conciliación para hechos punibles:

  1. Las contravenciones son las infracciones a las leyes castigadas con penas de simple policía. Las penas de simple policía son aquellas que consisten en mul­tas o en arrestos en establecimientos no estrictamente penitenciarios.

Conforme a la definición dada por Henri Capitant las contravenciones son infracciones que no implican en su autor intención delictuosa, ni aún impru­dencia caracterizada.

  1. Infracciones de Acción Privada: son aquellos hechos punibles estableci­dos por el Código Procesal Penal en su artículo 32: Violación de propiedad, es el delito mediante el cual una persona se introduce a un predio que no es de su propiedad; Difamación e injuria “Difamación”: está definida como toda ale­gación o imputación que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al que se imputa, mientras que la “injuria” se refiere a toda expresión ultrajante, palabras de menosprecio o invectiva, que no encierra la imputa­ción de ningún hecho; Violación de la propiedad industrial, es la que se la encarga de la protección de las marcas, nombres, denominaciones de origen, diseños industriales, patentes de invención todos aplicados al comercio y a la industria, conforme a la ley 20-00 en de la República Dominicana.; Violación de la ley de cheques, es la infracción relativa a la emisión de cheques sin la debi­da provisión de fondos entre otras irregularidades concernientes a esta activi­dad de comercio, contempladas en la ley No.2859, modificada por la ley 62-­2000 del 3 de agosto del año 2000.

  1. Acción Penal Pública a Instancia Privada (Artículo 31 del CPP):, Son aquellos tipos penales descritos en este artículo y que enumeramos a continuación.

Vías de hecho: son aquellos atentados contra el derecho ajeno y/o de violen­cias no amparadas jurídicamente.

Golpes y heridas que no causen lesión permanente. El Artículo 309 del Código Penal Dominicano, establece que “el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resulta­re al agraviado (a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado  (a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

Como consecuencia de lo anterior si los golpes y las heridas han producido daños irreversibles como son la mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades.

Amenazas, son atentados contra la libertad y seguridad de las personas con­sistentes en dar a entender, con, actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Por otro lado el Artículo 305 del Código Penal Dominicano, esta­blece que: “La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesi­nar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de reclusión, siempre que a dicha amenaza acompañe la cir­cunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición cualquie­ra. Al culpable se fe podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más”.

El Art. 306.- Cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en deter­minado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía.

Art. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.

Art. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el Artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dos solamente.

La amenaza proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones, no son susceptibles de conciliación.

Robos sin violencia y sin armas. Es la sustracción de bienes muebles, en la cual el agente comisor ni ejerce violencia en la consumación del hecho ni porta armas, en ese sentido es pertinente remitirnos a las disposiciones del artículo 401 del Código Penal Dominicano, que establece “Los demás robos no espe­cificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán confor­me a la siguiente escala: 1. Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos. En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El que a sabien­das de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho ser­vir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimien­tos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos. El que sin tener los recursos suficientes para pagar el alo­jamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos. Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los casos previstos en el artículo 401, inci­so 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo”.

La Estafa: conforme al Art. 405 del código penal, son los delitos consistentes en apropiarse en perjuicio ajeno del dinero, títulos u otros muebles corpora­les que el agente se ha hecho remitir o entregar usando de falsos nombres c calidades, o empleando maniobras fraudulentas para persuadir de la existen­cias de falsas empresas, o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico.

Abuso de confianza. Se incurre en este delito, cuando en ciertas infracciones se afecta el orden patrimonial, el agente se vale de las facilidades que le pro­porciona la persona perjudicada y que son debidas a la confianza que le dis­pensa.

El artículo 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incu­rren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propie­tarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devol­ver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada. Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al públi­co con el objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como direc­tor, administrador, o agente de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos. Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial público o ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en perjuicio de su amo, maes­tro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de reclu­sión. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los artí­culos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero 0 documentos en los depósitos y archivos públicos. Párrafo.- En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.

Trabajo pagado y no realizado. La ley 3143 de fecha 11 de Diciembre del año 1951, GO, 7363, sobre trabajo realizado y no pagado y el artículo 211 del Código de Trabajo, los cuales versan sobre la infracción que se comete cuan­do se pacta la realización de una labor y sucede una de estas dos situaciones: se realiza el trabajo y no se paga y/o, se realiza el pago de una labor y esta no es realizada.

Revelación de secretos. El Art. 377 del Código Penal Dominicano, establece “Los médicos, cirujanos, y demás oficiales de sanidad, los boticarios, las parte­ras y todas las demás personas que, en razón de su profesión u oficio son depositarias de secretos ajenos y que, fuera de los casos en que la ley les obli­ga a constituirse en denunciadores, revelaren esos secretos, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos”.

“Art. 378.- El que para descubrir secretos de otros, se apoderare de sus pape­les o cartas, y divulgare aquellos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de veinticinco a cien pesos. Si no los divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Las penas no son aplicables a los esposos, padres, tutores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus cónyuges o de los menores que se hallen bajo su tutela o dependencia”.

“Art. 418.-Todo director, dependiente y obrero de fábrica que haya comunica­do, o intentado comunicar a extranjeros o dominicanos, residentes en el extranjero, secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará con prisión de seis meses, y multa de diez a sesenta pesos. Se les podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42, durante uno a tres años, y poner bajo la vigilancia de la alta policía. Si estos secretos se han comunicado a dominicanos residentes en la República, la pena será de uno a tres meses de prisión, y multa de diez a treinta pesos. El máximum de la pena pronunciada por los párrafos primero y tercero del presente artículo, se impondrá necesa­riamente, si se tratare de secretos de fábricas de armas y municiones pertenecientes al Estado”.

Falsedades en escrituras privadas.

Antes de abordar el tema de la falsedad en escritura privada, conviene enten­der qué es un documento privado, concebido como el escrito otorgado por las partes mismas, con su sola firma, y sin intervención de oficiales públicos. En otras palabras, es cualquier documento firmado en el ejercicio de una acti­vidad privada, o también el documento privado que una persona redacta por si mismo en su calidad de simple particular.

El Art. 150 del Código Penal Dominicano, establece “Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo que, por uno de los medios expresados en el artí­culo 147, cometa falsedad en escritura privada”.

La falsedad establecida en el Artículo 147 se aplica a la imitación o alteración de las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposicio­nes, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos.

La acción pública también es pasible de conciliación toda vez que se lleve a cabo en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, la conciliación procede en cualquier esta­do de causa.

En conclusión la conciliación procede cuando el imputado comete el delito sin intención de cometerlo y cuando los delitos son cometidos sobre la moral, los bienes de persona o son valorados en suma de dinero.

¿Cuáles son los elementos del proceso conciliatorio?

EL AMBIENTE. Para realizar una conciliación es imprescindible que el lugar cuente con un espacio amplio, tranquilo e íntimo, para que las partes que se someten a la conciliación se sientan cómodas.

El Conciliador

Debe ser una persona que accione en dirección a que las partes en conflictos hallen una solución.

 

Las partes

Imputado y víctima, que son los sujetos y objetos de la acción conciliatoria, deben por si mismas sugerir soluciones, es decir que sean ellas mismas quie­nes la planteen.

Declaraciones Tardías de Nacimiento (Art. 40 y 41 Ley 659)

Son las instrumentadas después de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurre el nacimiento. Este plazo surte efecto para la zona urbana. Para la zona rural el plazo es después de 90 días.

a) Personas menores de 16 años:

Requisitos para su registro:

  1. Cédula de Identidad y Electo­ral de los padres o Cédula de Identidad de Extranjero si se trata de residentes legales en el país.
  2. Certificado de la Clínica u Hos­pital (debe contener la direc­ción, ya que ésta es la que determina la jurisdicción).
  3. Acta de matrimonio de los pa­dres si éstos son casados.

Si el Oficial del Estado Civil concibe alguna duda sobre la filiación, el lugar o el hecho del nacimiento, podrá requerir la presentación de otros documentos tales como: Certificación escolar, certificación de bautismo, tarjeta de vacunación, acta de nacimiento de los hermanos, etc. (Arts. 39 y40 Ley No.659/44).

Estos requerimientos debe hacerlos el Oficial del Estado Civil, dentro de su poder discrecional de investigación otorgado por el art. 40 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, pero no debe hacer uso abusi­vo de esta facultad, exigiendo documentos que no son necesarios, en atención a los derechos fundamentales de los niños, ni­ñas y adolescentes y a la problemática del sub-registro en el país.

b) Personas mayores de 16 años:

Requisitos para su registro:

a) Constancia de nacimiento o alum­bramiento del futuro inscrito, expe­dida por el médico, clínica u hospi­tal, Partera o Alcalde Pedáneo.

b) Cédulas de Identidad vigente de los padres del futuro inscrito, en caso de filiación legítima o reconocida o de la madre en caso de filiación natural; y del declarante previsto por la Ley. (Art.43 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil). En caso de que los padres o uno de ellos haya fallecido, deberá presentar Acta de Defunción, expedida por el Oficial del Estado Civil correspondiente.

c) Acta de Matrimonio de los padres del futuro inscrito, si éstos fueron casados.

d) Certificación de no inscripción de la o de las Oficialías del Municipio o del Distrito Municipal donde nació la persona a declarar, la cual se expedirá libre de impuestos y de manera gratuita.

e) Constancia de Bautismo

f) Dos fotografías 2×2 del futuro inscrito

Estos requisitos fueron establecidos por la Resolución de la junta Central Electoral No. 07-2003 de fecha 17 de noviembre del año 2003, sobre Declaraciones Tardías y su Manual de Aplicación.

Todos los documentos deben ser depositados en la Oficialía del Estado Civil por los propios interesados y/o por los padres declarantes, los cuales serán entrevistados por el Oficial del Estado Civil, a fin de confirmar los datos contenidos en dichos documentos. Para el trámite de expediente de declaración tardía no se podrán utilizar intermediarios o representantes.

El Oficial del Estado Civil remitirá a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil el expediente en original completo, indicando en caso de que los padres del futuro inscrito hayan fallecido, el nombre completo de la persona que actuará como declarante, anexando copia de su cédula de identidad y electoral y especificando el vínculo, parentesco o afinidad con la persona a declarar. (Circular No. 41 de la Dirección del Registro Civil de fecha 20-09­2007).

La Dirección Nacional del Registro del Es­tado Civil solicitará a la Dirección Nacional del Registro Electoral, la expedición de certificaciones o constancias que indiquen si él o la peticionaria están inscritas en la cédula de identidad y electoral o en los archivos de la cédula de identificación personal (cédula vieja), y en caso afirmativo hacer constar si para tales fines se aportó acta de nacimiento.

En caso de que los padres del futuro inscri­to hayan fallecido, la Dirección apoderará a la Comisión de Oficialías para que autori­ce a la persona sugerida como declarante, no prevista en el Art.43 de la Ley 659 a hacer la declaración.

La Dirección del Registro del Estado Civil devolverá el expediente completo a la Oficialía correspondiente, pero este envío no exime al Oficial del Estado Civil de la responsabilidad de hacer sus investiga­ciones previas a la inscripción del naci­miento, de conformidad con el Art. 40 de la Ley No. 659.

En los casos de registro de declaraciones tardías de nacimiento, el Oficial del Estado Civil deberá solicitar en el más breve plazo, vía Procurador Fiscal del Distrito judicial correspondiente al Tribunal Judicial competente, la ratificación de la declaración.

En los casos de declaraciones tardías ya inscritas en los registros comprendidas entre los años 1965 hasta el año 1992, que no hayan sido ratificadas por el tribunal competente, deberán ratificarse presentando las documentaciones siguientes:

1.- Copia de las cédulas de los padres (o del que figure en el acta), o una certificación de las mismas o de otro documento del que pueda establecerse la identidad de esas personas.

2.- La declaración jurada a que se contrae el formulario OC-25, que firmarán ante el Oficial del Estado Civil actuante, la persona interesada o su representante legal, así como los testigos a que la misma se refiere, anexando copia de las respectivas cédulas de estos últimos.

3.- Cualquier otro documento que el Oficial del Estado Civil actuante estime pertinente.

(Resolución 5-99 de fecha 4 de agosto de 1999 de la Junta Central Electoral)

Muy importante: En todos los casos de registros de declaraciones de nacimientos oportunas o tardías, por lo menos uno de los padres debe ser dominicano, o si son extranjeros, uno de ellos o ambos deben ser residentes legales en el país, debidamente identificados con su cédula de identidad y electoral o con su cédula de identidad de extranjero.

Las declaraciones oportunas y tardías de nacimiento deberán reportarse mensualmente a la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, mediante el formulario RCRN-01, el cual deberá llenarse al momento de recibir la declaración y debe ser firmado por el declarante y por el Oficial del Estado Civil. En las Delegaciones de Oficialías en los Centros de Salud, lo firma el empleado responsable.

Este formulario se llena en triplicado: El original para la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil, la primera copia para el declarante y la segunda copia reposa en la Oficialía.

Las Oficialías o Delegaciones que operan con el Sistema Automatizado del Registro Civil están exentas del llenado y envío de estos formularios.

En los casos de padres extranjeros, residentes legales, portadores de cédula de identidad para extranjeros, se podrá además, consignarles su número de pasaporte, a fin de evitarle futuros inconvenientes con los trámites ante el consulado de su país de origen.

Fuente: Manual del Oficial del Estado Civil, Pág. #21

Declaraciones Oportunas de Nacimiento

Acta de Nacimiento
Acta de Nacimiento

Son las instrumentadas dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que ocurre el nacimiento.  Este plazo surte efecto para la zona urbana. Para la zona rural el plazo es de 90 días. La Declaración deberá ser hecha en la Oficialía del Estado Civil cuya demarcación jurisdiccional esté dentro de los límites del lugar donde ocurrió el nacimiento (clínica, hospital, etc. Art.39 Ley No. 659/44).

El nacimiento será declarado por el padre o a falta de éste, por la madre, o por los médicos, cirujanos, parteras u otras personas que hubiesen asistido al parto; y en el caso de que éste hubiese ocurrido fuera de la residencia de la madre, la declaración se hará además por la persona en cuya casa se hubiese verificado. (Art.43 Ley No.659/44).

En el caso de los padres estar fallecidos la junta Central Electoral autoriza la comparecencia de un tercero no citado en el párrafo anterior.

La madre menor de dieciséis (16) años de edad en estado de gestación, podrá decla­rar el nacimiento de su hijo (a) al nacer, siempre que este provista de su cédula de menor de conformidad con la Resolución No. 08-2007 de fecha 7 de noviembre del 2007 de la Junta Central Electoral.